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Investigando crímenes internacionales ante la Corte Penal Internacional,por Kai Ambos

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Hemos subido el trabajo del Prof. Dr.  Kai Ambos, sobre “Investigando crímenes internacionales ante la Corte Penal Internacional ¿existe una estrategia de enjuiciamiento coherente y comprehensiva?” Publicado en Doctrina, Revista penal N° 32  julio,  2013″; documento que Usted puede bajar y leer.

Descargar en PDF (…)

Ambos, Stegmiller, Investigando crímenes internacionales ante la Corte Penal Internacional, Revista Penal 32 (julio 2013), 41-59

El enigma de la violencia en Centroamérica, por H. Zinecker, Universidad de Leipzig, Alemania.

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Más muertos que en la guerra civil. El enigma de la violencia en Centroamérica

1. Resultados empíricos y enigma

Después de África subsahariana es América Latina la región del mundo con la tasa mayor de violencia intraestatal. Con poco menos de 30 homicidios por cada 100.000 habitantes, la tasa de violencia en esta región es tres veces mayor a la media mundial. La Organización Mundial de la Salud (OMS) califica como epidemia una tasa que sobrepasa los 10 homicidios. Tales cifras no reflejan la situación de una revolución, una guerra civil o una dictadura militar, sino la situación que se vive en la paz existente actualmente y tras “la tercera ola de democratización”. Centroamérica es el espacio territorial de América Latina y, también, del planeta, donde se tienen las mayores tasas de violencia. Hoy día, transcurridos más de veinte años de haber llegado a término el conflicto centroamericano, se elevó la tasa de homicidios en Honduras a 82,1 por cada 100.000 habitantes y en El Salvador a 76,3, mientras tanto en Guatemala se bajó a 38,6. Honduras y El Salvador obtienen la primacía triste mundial de contar con más muertos por causa de la violencia.

¿Por qué sucede de esta manera? ¿Cómo se pueden explicar los excesos y la persistencia de la violencia por mucho tiempo aún en tiempos de paz en los tres países del triángulo del norte? ¿Hay tanta violencia en Honduras, El Salvador y también en Guatemala debido a que allá siempre ha habido tanta violencia? ¿Se trata tan sólo de una continuación de la violencia de guerra con nuevos medios, o existen nuevas y específicas causas de posguerra? ¿Será que la tasa alta de violencia se debe a la pobreza y a la desigualdad y, por ende, a fenómenos de largo plazo, cuyas raíces no lograron cortar los Acuerdos de Paz? O, ¿se debe “solamente” a las problemas de una transición incompleta? Ninguno de estos argumentos es erróneo o acertado del todo (…)

Más muertos que en la guerra civil. El enigma de la violencia en Centroamérica. (Descargar documento)

Investigación de Zinecker

Una figura polémica: El indulto es un premio, por Joan J. Queralt

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El indulto es una prerrogativa del rey absoluto que ha sobrevivido en las democracias y que representa una anomalía central en el Estado de derecho, pues deja en agua de borrajas las resoluciones judiciales firmes, al albur de decisiones políticas que, por su propia naturaleza, ni han de ser motivadas ni pueden ser controladas. En la práctica, como ha pasado con algún indulto reciente, el decreto de concesión polemizaba sobre la corrección de la condena, lo que resulta inaudito. Los datos de los indultos son de difícil acceso y se sustraen al control político y ciudadano (…)

Puede descargar el PDF:

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III Seminario: Integración Centroamericana y Derecho Comunitario, San José, Costa Rica

CR Seminario

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Sistema de Estudios de Posgrado, Doctorado en Derecho

Maestría en Derecho Comunitario y Derechos Humanos

UNIVERSIDAD NACIONAL

Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Relaciones Internacionales

COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE COSTA RICA

CORDIALMENTE INVITAN AL

III Seminario sobre Integración Centroamericana y Derecho Comunitario

(16, 17 y 18 de setiembre, 2013)

CO-PATROCINAN

Corte Suprema de Justicia

Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ, Nicaragua)

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)

Justificación:

Los procesos de integración, internacionalización y globalización, aparejados a Acuerdos de Asociación entre regiones del mundo, muestran el grado de interdependencia de la región Centroamericana, en su contexto jurídico, institucional, político, social y ambiental.

Este Seminario Internacional, organizado conjuntamente entre la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, la Maestría en Derecho Comunitario y Derechos Humanos de la Universidad de Costa Rica y el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, con el co-patrocinio de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, el  Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ, Nicaragua), y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), tiene como finalidad dar una visión global, de los fenómenos que afectan el proceso de integración, particularmente, el Sistema de la Integración Centroamericana, confrontándolo con otras experiencias comparadas.

Tiene como propósito, además, redoblar esfuerzos académicos conjuntos, para proyectar a futuro investigaciones que puedan potenciar el fortalecimiento del proceso de integración regional.

En particular se abordarán temas relacionados con los retos de la integración, la cohesión social, la unión aduanera, los acuerdos de asociación, la seguridad regional y el crimen organizado, la migración y pobreza, paz y multiculturalidad, la interpretación y aplicación de los Tratados comunitarios y, en fin, la justicia comunitaria y el medio ambiente.

Objetivo General:

Desarrollar seminarios interdisciplinarios dirigidos a la formación especializada de profesionales en distintas áreas del conocimiento, que permita ejercer y desarrollar nuevas capacidades académicas e investigativas en áreas de políticas comunes, integración regional, Derecho Comunitario y Derechos Humanos, en el entorno internacional.

Objetivos Específicos:

1.- Motivar a los estudiantes y profesionales de diversas disciplinas al estudio comparado de los procesos de integración regional.

2.- Brindar conocimientos especializados, sobre el marco jurídico institucional en los procesos de integración, así como relacionado con los diversos subsistemas: económico, social y ambiental.

3.- Profundizar las normas y políticas regionales del Sistema de Integración Centroamericana y compararlo con la experiencia suramericana y europea.

4.- Proveer al estudiante nuevos elementos para que puedan enfrentarse a los retos de los procesos de globalización regional, internacional y mundial, mediante el conocimiento de los Acuerdos de Asociación.

5. Discutir sobre los recientes conflictos y la solución de controversias que afectan el proceso de integración centroamericana.

Lunes 16 de Setiembre, 2013

9:30 Acto Inaugural.

Dr. Enrique  Napoleón Ulate Chacón. Coordinador General, Catedrático

Dr. Gary Amador Badilla. Presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica

Dr. Sandra León Coto. Rectora, Universidad Nacional de Costa Rica

Dr. Jenning Jensen Pennington. Rector, Universidad de Costa Rica

Dra. Zarella Villanueva Monge. Presidenta, Corte Suprema de Justicia

10:30 Conferencia Magistral

Dr. Vinicio Cerezo Arévalo. Presidente de la Fundación Esquipulas para la Integración Centroamericana (Expresidente de Guatemala)

Lugar: Auditorio “Clorito Picado”, Universidad Nacional de Costa Rica, Heredia.

Almuerzo Libre

2:00- 3:30  pm

Mesa 1: Crecimiento económico y cohesión social

Msc. José Miguel Alfaro Rodríguez, Experto en Derecho comunitario

Dr. Alberto Mora, Coordinador del Programa Estado de la Región

Licda. Olinda Salguero, Directora de la Fundación Esquipulas para la Integración.

Sr Félix Cristiá. Presidente del Comité Consultivo CC- SICA

Moderador: Dr. Keynor Ruiz. Director de CINPE

Lugar: Sala de conferencias, Facultad de Ciencias Sociales, 1ª planta.

3: 30 p.m Receso

4 p.m.

Mesa 2: Perspectivas de la Unión Aduanera

Sr. Oscar Ramos, Presidente Cámara Costarricense de Agentes de Aduana

Msc. Billy Quirós,  Doctorando en Derecho, UCR

Dr. Rodolfo Arce, Profesor de la Maestría en Relaciones Internacionales

Dr. Alejandro D. Perotti, Profesor de la Universidad Austral, Argentina

Moderador: Lic. Carlos Badilla Jiménez, Secretario Ejecutivo de la Asociación de Agentes de Aduanas

6:30 p.m.

Mesa 3. Acuerdo de Asociación Unión Europea-Centroamérica.

Msc. Fernando Ocampo, Viceministro de Comercio Exterior

Msc. Mariano Jiménez, Profesor Maestría Derecho Comunitario y Derechos Humanos UCR

Dr. Willy Soto Acosta, Profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA

Moderadora: Dra. Vanessa Fisher, Profesora de la Maestría en Derecho Comunitario, UCR

Martes 17 de setiembre:

Lugar: Auditorio “Alberto Brenes Córdoba”,  Facultad de Derecho, UCR.

2 p.m

Conferencia Magistral:

Dr. José Luis Molina Quesada. Profesor de La Maestría en Derecho Comunitario y Derechos Humanos.

3 p.m.

Mesa 4: Derecho Comunitario y Tratados de Integración

Dr. Enrique Castillo Barrantes, Ministro de Relaciones Exteriores  de Costa Rica,

Dr. Alejandro D. Perotti, Universidad Astral, Argentina.

Dr. Cesar Salazar, Asesor Jurídico de la Secretaría General del SICA, El Salvador.

Dr. Mauricio Herdocia Sacasa, Rector de la Universidad Americana, Nicaragua.

Msc. Luis Ricardo Rodríguez, Asesor Legal del Consejo Monetario Centroamericano, Costa Rica

Moderador: Dr. Enrique Ulate Chacón, Profesor de la Maestría Derecho Comunitario y Derechos Humanos UCR.

4:30 Receso. Café.

5 p.m.

Mesa 5: Seguridad Regional y Crimen Organizado

Msc. Celso Gamboa Sánchez, Director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad

Dr. Antonio Barrios Oviedo, Profesor Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA

Sergio Cuarezma Terán,  Vice-rector General del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), Nicaragua

Moderador: Dr. Jorge E. Romero Pérez, Coordinador del Doctorado en Derecho, UCR.

Mesa 5 –bis: Cultura de Paz, Multiculturalidad y Derechos Humanos en Centroamérica

6:30 p.m.

Dr. Jaime Delgado, Profesor de la Maestría en Derecho Comunitario y Derechos Humanos.

Dr. Daniel Camacho, CODEHUCA

Ms. Anahí Moyano, Ministerio de Cultura.

Msc. Esteban Quirós, Máster en Derecho comunitario y Derechos Humanos.

Moderador: Msc. Haideer Miranda, Doctorando de la Universidad de Pisa, Italia.

Miércoles 18 de setiembre:

Lugar Auditorio “Eduardo Ortiz Ortiz”, Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica

2:00 p.m.

Mesa 6: Migración y Pobreza

Dr. Guillermo Acuña, Director del Instituto de Estudios en Población (IDESPO)

Dr. Abelardo Morales, Flacso de Costa Rica.

Msc. Esteban Lemus Laporte. Miembro del Tribunal Administrativo Migratorio

Moderador: Lic. Francisco Flores, Profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA.

3.30 Café.

Mesa 7: Acceso a la Justicia Comunitaria y Medio Ambiente

4:00 p.m.

Dr. Isaac Martín, Director del Centro de Estudios Europeos, Universidad de Castilla-La Mancha.

Dr. Ricardo Acevedo, Presidente de la Corte Centroamericana de Justicia. Excanciller de El Salvador

MSc. Max Fernández López, Coordinador de la Maestría Derecho Comunitario y Derechos Humanos UCR.

Dr. César E. Salazar Grande. Asesor Jurídico del Sistema de la Integración Centroamericana.

Moderador: Dr. Enrique Ulate Chacón, profesor de la Maestría Derecho Comunitario y Derechos Humanos.

6:00. P.m.

Presentación de obras jurídicas:  lanzamiento de la Colección: Integración y Derecho Comunitario

Editorial Jurídica Continental.

–          “Derecho constitucional y Derecho comunitario” EJC, 1, 2013), del Msc. Marvin Vargas Alfaro, letrado de la Sala Constitucional, primer egresado de la Maestría.

–          “Integración Regional y legitimidad democrática” (EJC, 2, 2013) del Msc.  Luis Ricardo Rodríguez, Asesor legal del Consejo Monetario Centroamericano, segundo egresado de la Maestría.

6:40 p.m. Clausura.

7:00 Ágape ofrecido por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

UNA Escuela de Relaciones Internacionales. Tel 2562 4165

UCR  Posgrado en Derecho. Tel 2511 4787

INSCRIPCIONES. Correo Electrónico:

www.derechocomunitario.ucr.ac.cr (programa e inscripciones)

Panameños se especializan, INEJ clausura posgrado a 309 funcionarios del Poder Judicial de ese país.

Panameños se especializan, INEJ clausura posgrado a 309 funcionarios del Poder Judicial de ese país.

La Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá y el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), bajo la codirección del magistrado Jerónimo Mejía y el doctor Sergio Cuarezma Terán, clausuraron el posgrado en Derecho Procesal Penal con mención en los principios constitucionales que fundamentan el sistema acusatorio.

En la clausura realizada el pasado jueves, también estuvo presente el magistrado Harry Díaz, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, quien participó en la entrega de diplomas del posgrado impartido de forma virtual a 309 funcionarios del órgano judicial que laboran en todo el territorio panameño, con resultados y evaluaciones altamente positivas.

El magistrado Díaz además de haber expresado que el “instituto se ha lucido” con los estudios, el cual se “ajusta a las exigencias del sistema penal acusatorio”, agradeció a su colega el magistrado Mejía y a su equipo de trabajo, por estar “constantemente pendiente del nivel académico de esta institución (la Corte)”.

Harry Díaz, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá,

Estos programas de estudio se desarrollan en el marco del convenio de colaboración académica y científica que el órgano judicial de Panamá y el INEJ suscribieron para el fortalecimiento del sistema de administración de justicia, haciendo posible que sus funcionarios accedan a los estudios sin más ánimo que apoyarlos para su fortalecimiento y transformación personal y profesional en beneficio además, del órgano judicial panameño”, explicó el doctor Cuarezma.

El vicepresidente de la Corte Suprema de Panamá, Harry Díaz, resaltó el trabajo de su colega Jerónimo Mejía por impulsar la especialización de los funcionarios del poder judicial. LA PRENSA/CORTESÍA

Se fortalecen

“Para nosotros es de gran satisfacción, pero estoy seguro que para ustedes más, porque son los que estudiaron esas 14 semanas que se dictaron de clases en este posgrado. A nombre de la Corte Suprema de Justicia les expreso nuestras felicitaciones y el agradecimiento por estar haciendo este esfuerzo que ayuda a cambiar nuestra imagen y el servicio que brinda el Órgano Judicial”, expresó el vicepresidente de la Corte Suprema de Panamá, Harry Díaz.

Tomado de: http://www.laprensa.com.ni/2013/08/26/poderes/160032-panamenos-se-especializan?movil

Foto tamado de:http://www.laprensa.com.ni/2013/08/26/poderes/160032-panamenos-se-especializan?movil

PARA AMÉRICA LATINA: Cuarezma integra comité de alto nivel

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El jurista Sergio Cuarezma Terán fue electo recientemente para formar parte del Comité Permanente para América Latina para la Prevención del Crimen junto con varios otros renombrados juristas y científicos de América Latina.

Este Comité tendrá como primera tarea elaborar un reporte sobre “Prácticas en América Latina para la prevención del crimen urbano” que será presentado en el 13ro Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Crimen y Justicia Criminal que tendrá lugar del 12 al 19 de abril de 2015 en Doha, Qatar.

El tema central del 13ro Congreso será: “La integración de manera amplia de la prevención del crimen y justicia criminal en la agenda de las Naciones Unidas para atender los retos sociales y económicos, y promover el estado de derecho en niveles nacionales e internacionales, y en la participación social/pública”.

El Comité tiene un lapso de 18 meses contados a partir del 31 de mayo para elaborar el reporte y cuenta con la asistencia técnica del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (Ilanud). El reporte final del Comité será publicado en inglés, español, francés y portugués.

Este Comité está presidido por Ricardo Lewandowski, de Brasil; Elías Carranza (director de Ilanud), de Costa Rica, y su vicepresidente Eugenio Raúl Zaffaroni, de Argentina.

Tomado de: http://www.laprensa.com.ni/2013/08/05/poderes/157414-cuarezma-integra-comite-alto?movil

Foto tomada de: LA PRENSA/CORTESÍA

Libro Homenaje al 50° Aniversario de la universidad de San Martin De Porres

Libro Homenaje al 50° Aniversario de la universidad de San Martin De Porres

El Fondo editorial  de la  Universidad  San Martin De Porres (USMP) , bajo la coordinación  general del Dr. Felipe Villavicencio Terreros, responsable del centro de investigaciones de derecho penal, ha publicado el libro  Homenaje al 50° Aniversario de la universidad  de  San Martin  De Porres  Temas de ciencias penales, volumen I y II.

Temas de ciencias penales volumen I

De Gürtel a Bárcenas,por Joan j. Queralt

De Gürtel a Bárcenas,por Joan j. Queralt

La existencia de una contabilidad B implica haber cometido varios delitos no prescritos

Separar la responsabilidad penal de la política es algo que se predica, pero no solo no se practica, sino todo lo contrario. Así, la responsabilidad penal se emborrona; y más cuando se intenta presionar para orientar el proceso en beneficio propio. Por ejemplo, desde que a finales de 2012 aparecieran nuevos indicios en contra de Bárcenas, su causa vivió un eterno trimestre en el limbo, hasta que una aparente cuestión de competencia la desatascó y aquí estamos. ¿Por qué? En mi opinión por algo que, pese a su evidencia, no se ha explicitado. Bárcenas viene, procesalmente hablando, de Gürtel, pero es Gürtel lo que se integra en Bárcenas y no al revés. Dicho de otro modo, Gürtel, primero en el tiempo judicial, es una manifestación del sistema de financiación del PP, que encarna Bárcenas, como encargado, más o menos leal o aprovechado, de la trama.

Al separar la responsabilidad penal de la política, dejamos de lado pagos y cobros ilegítimos y desvergonzados de las dos últimas décadas, pero inasequibles por razones de seguridad jurídica a la acción de la justicia penal o de la inspección administrativa. Ahora nos centramos en lo contemporáneo, en lo que se puede juzgar con plenitud jurídica y física, al menos en parte, si no se revelan incumplimientos bancarios como los detectados en la instrucción del caso Millet. Se va a dilucidar ahora si hay delitos fiscales, en el PP, desde 2007 para acá.

Pero el delito fiscal es meramente instrumental. Si existe, ¿a qué se debe? Si existiera, sería porque habría una caja B, de enormes proporciones, destinada a financiar un partido muy costoso en todos los sentidos. Pero esa eventual caja B no se nutre de productos de rifas, bingos o verbenas. Se nutre de sustanciosas aportaciones de sujetos, individuales o corporativos, que ven en el triunfo o mantenimiento de una determinada opción política una suculenta fuente de ingresos. ¿Por qué alguien habría de donar dinero, bienes o servicios a un partido con aspiraciones o realidades gubernamentales? ¿Para respirar mejor aire? ¿Para dotar debidamente escuelas, hospitales y centros de investigación? ¿Para levantar y mantener adecuadas infraestructuras? La respuesta es sí, si el donante puede hacer todo eso a cargo de las Administraciones. Beneficio que debe compensar por supuesto el gasto no declarado.

La ley impide a quienes contratan con las administraciones donar ni un céntimo a los partidos

Sin embargo, la ley, no siempre tan mala como se quiere hacer ver, pero sí inoperante en la medida en que los controladores son sucursales de los controlados, impide a quienes contratan con las Administraciones donar ni un céntimo a los partidos, ni fuera ni dentro de campañas electorales. Y lo prohíbe sin excepciones.

Así las cosas, las donaciones de dinero, bienes o servicios han de ser forzosamente no solo anónimas, sino opacas. Por su volumen y complejidad figuran en la contabilidad B —la que no se remite a ningún organismo de control, ni en directo ni en diferido— de los beneficiarios, pero también de los donantes, extremo este que casi siempre se pasa por alto. Al delito fiscal por no declarar ingresos se añaden los delitos contables que cobijan el entramado tanto de donantes como de beneficiarios. Como tampoco es pensable que estos enjuagues se lleven por donantes y donatarios a pleno conocimiento de socios y militantes, respectivamente, se nos presentan más falsedades contables, que colman el grado de irritación ciudadana (y partidaria) con los sobresueldos opacos o desfigurados de ilegales gastos de representación y otras gabelas.

Todo este entramado, por ahora, para los últimos 5 años, y, quizás, sin mayor dificultad 10, comporta la presunta comisión de delitos fiscales y contables, falsedades mercantiles, prevaricaciones y malversaciones, consumadas o intentadas, tráfico de influencias y cohechos. Interesante esta última figura delictiva, pues para que se aprecie como consumada no requiere ni que el soborno se haya materializado, esto es, que se haya entregado el importe venal, ni que se haya realizado la acción administrativa pretendida, lícita o ilícita. Basta con probar el concierto ilegal entre corruptor privado y corruptor público.

Los dirigentes políticos inmersos en estos tejemanejes  no carecen de motivos para estar inquietos

Como puede verse, los dirigentes del partido político que pueda estar inmerso en estos tejemanejes que nos tienen en vilo no carecen de motivos para estar inquietos. De estas fechorías tan delictivas como antidemocráticas —no ha de pasarse por alto esta calificación— responden, en las corporaciones privadas, quienes las hayan practicado, ordenado y aprobado, por un lado, y, a sabiendas, les hayan dado cobertura jurídica, con declaraciones falsas. En los partidos políticos, quienes hayan recibido directamente los importes, los hayan distribuido y quienes hayan organizado, aprobado, consentido y ocultado esta captación de fondos. Y también estos mismos, junto con los prevaricadores y malversadores, si los hubiere, en cada una de las concretas Administraciones implicadas en contratos públicos concedidos antes de nacer, como consecuencia de la opacidad creada al efecto.

En fin, aunque el panorama no es nada alentador en lo ético, parece que empieza, por fin, a aclararse en lo judicial. Si además la justicia tuviera los medios necesarios y no se le recortara cada día un poco más, cabría razonablemente esperar que a medio plazo habría personal apartado de la política y a buen recaudo.

Joan J. Queralt es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona e investigador principal del Grupo “Estrategias preventivas y reactivas contra la corrupción”.

Tomado de: http://elpais.com/elpais/2013/07/23/opinion/1374582578_940529.html

ALPEC:Dichiarazione del Guatemala

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Associazione Latinoamericana di Diritto Penale e Criminologia (ALPEC)

Creazione ed obiettivi

L’Associazione Latinoamericana di Diritto Penale e Criminologia (ALPEC) si costituisce in Guatemala, il giorno  quattordici  (14) del mese di Aprile dell’anno

2011,  da  parte  dei  sottoscrittori,  con  la  finalità  di  pruomovere  la  ricerca, la diffusione  della  conoscenza, il  dibattito   giuridico,  criminologico  e  politico,  lo scambio tra docenti, ricercatori, studenti, la critica giuridica e sociale ed il perfezionamento istituzionale.

Ragioni della creazione

La creazione  dell’Associazione  Latinoamerica  di  Diritto  Penale e Criminologia (ALPEC) risponde alla necessità di disporre di un’entità di incontro specifico di penalisti e criminologi latinoamericani in cui si approfondiscano i temi comuni alle rispettive materie, tenendo  conto delle realtà regionali e delle loro particolarità, tanto sociali, legali, politiche ed economiche, quanto, in particolare, delle strutture dei sistemi penali e delle agenzie che li compongono.

L’ALPEC non ha come obiettivo  quello di competere  o di separarsi dalle associazioni mondiali  che  si occupano  delle  materie  che  le  sono  proprie,  al contrario vuole configurare un foro che coordini una maggiore e migliore partecipazione  della regione  nelle suddette  associazioni. Fino ad oggi  la voce degli  studiosi latinoamericani in queste realtà, sebbene importanta  in qualche

frequenza della comunicazione tra i diversi paesi della regione sta aumentando, potenziata dalle attuali tecnologie,  il che evidenzia l’alta convenienza di una partecipazione  più  coordinata  e ricca nei fori  mondiali,  in conformità  al livello degli studi e dei lavori regionali. Leer más »

Associação Latino-americana de Direito Penal e Criminologia (ALPEC)

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Declaração de Guatemala

Criação e objetivos

A Associação Latino-americana de Direito Penal e Criminologia (ALPEC) constituiu-se na Guatemala, aos catorze dias do mês de abril do ano de dois mil e onze, pelos abaixo-assinados, com a finalidade de promover a investigação, a difusão do conhecimento, o debate jurídico, criminológico e político, o intercâmbio acadêmico e docente (professores, pesquisadores e estudantes), a crítica jurídica e social e o aperfeiçoamento institucional

Razões de sua criação

A criação da Associação Latino-americana de Direito Penal e Criminologia (ALPEC) responde à necessidade de dispor de uma entidade de encontro específico entre penalistas e criminólogos latino-americanos para aprofundar os temas comuns de suas disciplinas levando em conta as realidades regionais e suas particularidades sociais, legais, políticas e econômicas bem como as estruturas de seus sistemas penais e dos órgãos que os compõem.

A ALPEC não tem por objetivo competir nem afastar-se das associações mundiais que já se ocupam dessas matérias, senão de configurar um fórum que coordene uma maior e melhor participação da região nelas. Até agora a voz dos estudiosos latino-americanos nestas associações, ainda que presente em certas ocasiões, é quase individual e carente de um intercâmbio prévio de opiniões, sendo muitas vezes ocasional e descontínua. No entanto, a frequência da comunicação entre os diversos países da região aumenta, potencializada pela tecnologia atual, com o que se manifesta a grande conveniência de uma participação mais coordenada e rica nos fóruns mundiais, como corresponde ao nível dos estudos e trabalhos regionais.

A ALPEC se propõe a intensificar a informação sobre a produção científica regional entre os próprios estudiosos de seus países. Não escapa à observação que a tradição latino-americana se nutre de fontes de conhecimento diversificadas da Europa e da América do Norte, produzindo obras com altos níveis de comparação, fato pouco frequente nos países de onde emergem as fontes originárias, que em geral se concentram em sua própria produção ou quase exclusivamente naquela de sua própria língua. A complementação desta informação com um melhor conhecimento da própria produção regional resulta indispensável e produz uma síntese de alta originalidade que merece fazer-se ouvir nos debates mundiais em de outros continentes e regiões.

A difusão da produção regional nos fóruns mundiais é escassa. Mesmo sendo o castelhano e o português idiomas entre os mais falados no planeta, tendo ainda a vantagem de sua mútua compreensão sem maior esforço, é preciso encarregar-se da difusão da produção científica latino-americana ao menos na língua inglesa, para que seja difundida nos países centrais e nos fóruns mundiais, que usam esta língua como meio habitual de comunicação. A região conservará sem dúvida seus idiomas ibéricos e deve fazer os maiores esforços para que sejam eles admitidos nos âmbitos mundiais, mas não pode ignorar que a comunicação contemporânea globalizada produz-se em um idioma comum, de modo análogo ao uso que se fazia do latim há alguns séculos na Europa.

Muito provavelmente, num futuro próximo, a técnica permitirá a tradução mecanizada de textos, mas enquanto este desenvolvimento não é alcançado, a produção científica regional não pode ficar à margem dos debates nos fóruns mundiais, o que costuma acontecer atualmente. Esta tarefa, que implica a inserção da ciência latino-americana nos debates mundiais, supera amplamente as possibilidades dos estudiosos e inclusive dos países isoladamente, pelo que se faz necessário coordenar os esforços e otimizar o emprego dos recursos existentes.

A penosa situação atual, criada pela publicidade única do punitivismo totalitário, impõe que os estudiosos da região adquiram capacidade de comunicação para valer-se dos mesmos meios para neutralizá-lo. O punitivismo totalitário seleciona vítimas capazes de gerar identificações e as promove com crueldade, fomentando desenvolvimentos patológicos ao impedi-las ou desvia-las do luto pela perda. Esta grande discriminação na exibição pública da vitimização não pode ser respondida sem apelo aos próprios meios de massa, para o que os estudiosos sérios deverão dispor dos conhecimentos adequados, a fim de levar a cabo esta comunicação social. O fomento deste treinamento é indispensável para salvar os Estados de direito da região, hoje presos e debilitados pela publicidade única à qual nenhuma outra se opõe, cedendo ou fazendo mal uso dos limitados espaços públicos que de qualquer maneira existem e devem ser adequadamente utilizados.

Diretrizes para a obtenção dos objetivos

A ALPEC não se constitui como uma entidade científica com pretensões de assepsia ou neutralidade valorativa. Seus membros são conscientes de que as ciências penais e criminológicas não são neutras frente ao poder, precisamente porque se ocupam de fenômenos do poder. Por conseguinte, a realização de seus objetivos estará enquadrada em uma maior e melhor realização dos Direitos Humanos na região, especialmente no sistema penal. A defesa da dignidade da pessoa humana, a exclusão e denúncia de todos os preconceitos discriminadores ou hierarquizantes de seres humanos, e a consequente promoção do respeito ao direito a ser diferente são princípios que regem sem exceção toda sua atividade.

É inegável que as sociedades latino-americanas padecem de graves estratificações, polarização de riqueza, exclusão social e, por fim, enorme disparidade de oportunidades para a realização pessoal de seus habitantes. As mesmas forças que retardaram, detiveram e mesmo fizeram regredir seu desenvolvimento refugiam-se em uma publicidade única de punitivismo com aspiração totalitária, dominante nos meios de comunicação social, que ameaça os precários Estados de direito e invade os discursos políticos até que deles desapareçam qualquer outro conteúdo programático, ante a impotência dos protagonistas, presos entre o temor e o oportunismo. A manipulação do medo chega aos próprios trabalhos jurídicos e se traduz em certa aprovação de alguns âmbitos acadêmicos que é preciso denunciar, pondo em evidência seu sentido autoritário e regressivo. Ante esta realidade, a atividade científica responsável na região não pode menos que assumir uma atitude crítica, sempre contando com o paradigma dos direitos humanos positivados nas constituições e nas convenções e tratados regionais e internacionais.

A indiferença frente à violência entre pessoas que pertencem aos segmentos mais desfavorecidos da população é tanto criminosa quanto útil à manutenção de sua condição, e isto será matéria de preferencial atenção nos trabalhos da ALPEC.

A ALPEC observará atentamente as tentativas de desvinculação dos Estados em relação às suas responsabilidades no sistema penal, especialmente no que toca à privatização da segurança ou abandono do serviço público de segurança, privatização das prisões e estabelecimentos análogos, em suas diversas variáveis, e qualquer outra renúncia que, com pretexto de maior eficácia, leve a cabo em favor de concessionárias ou empresas privadas. Pelo contrário, fomentará com especial cuidado o aperfeiçoamento e profissionalização dos serviços policiais e penitenciários, respeitando os direitos trabalhistas elementares, como salário justo, descanso adequado, capacitação qualificada, carreira e estabilidade trabalhista, assistência social e cuidado da saúde e integridade física, sindicalização e formação com vista ao respeito à dignidade humana.

A ALPEC observará de perto as reformas processuais na região, assim como a criação de foros especializados e suas respectivas leis, cuidando para que estas não introduzam expressa ou encobertamente instituições inquisitoriais, que possam facilitar situações tais como tortura física e psíquica, violação das garantias de privacidade e defesa, sob o pretexto de eficiência e pragmatismo; delegação policial de funções jurisdicionais, policização dos Ministérios Públicos, extorsão sob pretexto de negociação e celeridade, introdução de provas obtidas de forma ilegal e multiplicação de resquícios pré-modernos como presunção de culpabilidade e agentes encobertos, ou qualquer outra forma de agente provocador ou instigadores oficializados.

Deve-se ter em conta o sistema de garantias que cerca as contravenções e as infrações penais de menor potencial ofensivo, cuidando para que se preservem as mesmas, particularmente em qualquer aspecto que permita convertê-las em instrumento de penalização da pobreza.

O atual uso generalizado da prisão preventiva como pena – ao ponto de quase não se empregarem as penas do Código Penal, como demonstra o fato de que a ampla maioria de presos da região não estejam condenados – deve ser revertido, e denunciada qualquer manipulação desta instituição, que deve reduzir-se à mínima expressão de coerção direta indispensável.

A preservação da independência, imparcialidade e pluralismo do poder judicial é fundamental na região. Com este objetivo, serão denunciadas todas as tentativas de coagir os juízes, por parte de qualquer poder político, econômico ou midiático. Serão promovidos os melhores meios para a seleção, recrutamento e formação dos magistrados e funcionários judiciais em geral. Qualquer lesão aos poderes que são próprios da jurisdição, em especial a tendência à administrativização de funções judiciais, deve ser denunciada e seriamente criticada. O funcionamento do poder judicial com aplicação de técnicas empresariais deve ser cuidadosamente analisado e oportunamente criticado, tendo em conta que não se trata de produzir um maior número de sentenças, mas de melhorar sua qualidade e de superar os atrasos processuais.

O estado atual da codificação penal na região é calamitoso. Produziu-se um verdadeiro retrocesso aos tempos da pré-codificação, com a demolição dos códigos penais mediante reformas pontuais inconsulteis que desbaratam todo seu sistema: fixação de penas que não mantêm relação com a ofensa ao bem jurídico, introdução de delitos sem perigo (perigo abstrato ou presunção de perigo), delitos sem ofensa ao bem jurídico mediante sua espiritualização ou clonagem e uma amplíssima legislação penal especial não codificada. A ALPEC promoverá comissões e jornadas de legislação e direito comparado e convocará os especialistas para estabelecer regras comuns de codificação penal, processual e de execução penal na região. Também colaborará com os estudiosos dos países que se encontram trabalhando em processos de recodificação penal.

A ALPEC promoverá as investigações de campo necessárias para uma melhor e mais clara compreensão da operacionalidade dos sistemas penais latino-americanos e do controle social punitivo na região. O punitivismo totalitário promove reformas sem nenhuma base fática, pois trata-se de pura propaganda política sem conteúdo. Somente as investigações de campo podem neutralizar seus dogmas reiterativos. Por outro lado, existe sem dúvida na região uma considerável conflitividade violenta que em sua quase totalidade é produto das tristes alternativas de seu desenvolvimento nas últimas décadas do século passado. Ainda que em boa medida esta conflitividade será resolvida com a volta a ritmos acelerados de desenvolvimento e oportunidades, deve-se no entanto diagnosticar a situação a fim de diminuir sua violência e acelerar a superação da exclusão e marginalidade sociais. Esta empreitada é impossível sem investigação orientada para este objetivo.

Em particular a ALPEC opõe-se às tendências que procuram, com base em investigações genéticas, reduzir a criminologia novamente a um biologismo que inevitavelmente leva a uma nova hierarquização dos seres humanos. A região padeceu amplamente com o reducionismo biologista do positivismo criminológico do século XIX e primeira metade do XX, com sua carga de racismo e classismo, legitimadora de toda forma de abusos policiais e práticas seletivas que, em última instância, tendem à supressão de seres humanos e à própria aniquilação do conceito de pessoa. A triste extensão ao ser humano de programas de origem veterinária, iniciada nos Estados Unidos há mais de um século, com leis de esterilização forçada que impediram o nascimento de milhares de pessoas e que culminaram, na Alemanha nazista, com a supressão física de milhões, deve alertar a criminologia regional frente a este novo avanço do reducionismo.

Igualmente, a ALPEC deve denunciar qualquer tentativa de introduzir na região uma pretensa criminologia econômica ou pragmática, que leve em conta somente variáveis de custo e eficácia.

No plano jurídico, deverá a ALPEC evitar as construções que se refugiem em um idealismo pretensamente apto para qualquer país do mundo, e que assim passe por cima dos dados concretos da realidade, esquecendo que qualquer construção é um projeto de jurisprudência que se traduz em inevitáveis efeitos sociais e individuais.

A vitimização na região se divide tão desigual e seletivamente quanto a criminalização, e infelizmente, costuma recair sobre os próprios setores excluídos e marginalizados. A análise da vitimização e os estudos de campo a respeito são indispensáveis, assim como tudo que seja possível para aliviar a situação das vítimas e reduzir seus riscos.

É inegável que existe na região uma tendência que, afastada e contra o marco do direito internacional, procura criminalizar brutalmente as crianças e adolescentes das classes mais desfavorecidas e marginalizadas, impondo-lhes as mesmas penas que as dos adultos, jogando-os em prisões dissimuladas com alto nível de crueldade de tratamento, produzindo irreversíveis carreiras criminais e, assim, buscando um efeito claramente reprodutor do sistema, sem considerar a menor possibilidade de censura em razão de sua inegável etapa evolutiva. A ALPEC enfrentará abertamente esta tendência e fomentará as legislações especializadas que se enquadrem nos princípios internacionais e no respeito que as crianças e adolescentes merecem como pessoas e, assim, credores das mesmas garantias que os adultos.

A ALPEC apoiará todas as iniciativas que aperfeiçoem o sistema regional de Direitos Humanos e o avanço da justiça penal internacional contra crimes de Estado, no sentido de uma maior e melhor transparência e imparcialidade.

Foto tomada de :  http://www.aladpc.com/

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