Posgrado en Derecho Procesal Penal con Mención a los Principios, Garantías y Reglas Constitucionales que Fundamenta el Sistema Acusatorio (Tercera Edición)

Novedades

AN: Aprueba Ley de reforma y adición a la Ley General de Educación

AN: Aprueba Ley

El  26 de marzo la Asamblea Nacional, discutió y aprobó  “PROYECTO DE LEY DE REFORMAS Y ADICIONES  A LA LEY  No. 582, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN”, iniciativa Registro No. 20138062, de forma  unánime con 88 votos presentes del plenario de la Asamblea Nacional.

El objeto de la  Ley  es regular  la emisión de certificados, diplomas y títulos que en materia de formación continua  actualización y estudios profesionales de postgrado en los niveles  de especialización, maestrías y doctorados  imparten los centros e institutos de estudio e investigación, creados de conformidad a la Ley No. 582, Ley General de Educación, publicada en la Gaceta.  Diario Oficial  No 150 del 3 de agosto del 2006”. (art. 1)

Esta reforma no afecta a los Institutos o Centros creados previamente: El Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (Inej), el Instituto Iberoamericano de Estudios e Investigación (Ibesi), el Instituto de Administración y Políticas Públicas (IAP) y el Centro de Estudios Tributarios, Administrativos y Empresariales (Cetae), creados por ley en la Asamblea Nacional y, según indica la reforma a la Ley General de Educación, estos continuarán en el desarrollo de sus funciones, finalidades y actividades de estudio e investigación científica conforme a sus respectivas leyes creadoras, transcribimos la disposición tal y como fue aprobada:

“Articulo  Cuatro. Disposición especial. Se adiciona un nuevo artículo, el que deberá ubicarse posterior al artículo 132 de la ley No 582, ley General de educación, el que se leerá  así:

Artículo 132 bis. En el caso particular de los centros o institutos de estudio e investigación que han sido  aprobados por la Asamblea Nacional  bajo el amparo de la Ley  No 582, Ley General de educación. Estos continuaran de acuerdo  al artículo 38 de la Constitución  Política en el desarrollo de sus funciones, finalidades  y actividades de estudio e investigación  científica conforme a sus  respectivas leyes creadoras  siendo única disposición  aplicable de la presente Ley a tales  centros e institutos.”

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Proyecto de ley de reforma adiciones Asamblea nacional (1)

Nicaragua: claroscuros de la reforma constitucional de 2014 – Gabriel Álvarez y Joan Vintró.

Nicaragua: claroscuros de la reforma constitucional de 2014 – Gabriel Álvarez y Joan Vintró.

Introducción.

El pasado 10 de febrero de 2014 La Gaceta-Diario Oficial de Nicaragua publicó la Ley 854, de reforma parcial de la Constitución de Nicaragua que, por mandato de una disposición final de la propia ley, entró en vigor el mismo día de dicha publicación. En las páginas que siguen se va a efectuar un breve comentario de los puntos más relevantes de esta reforma constitucional partiendo del contexto político en el que ha surgido y de las normas de procedimiento que han regido su tramitación.

Contexto político y reglas de procedimiento: hegemonía sandinista; ausencia de consenso; no exigencia de ratificación popular.

La Constitución vigente en Nicaragua sigue siendo la de 1987, es decir, la aprobada tras la revolución popular de 1979 y las elecciones de 1984 en un marco político de claro predominio institucional y social del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Esta Constitución se ha situado siempre dentro de la tradición liberal-democrática ya que tanto el texto original como las diversas reformas han mantenido, con notables y variados matices en cada caso, el respeto en todo momento al principio democrático, al pluralismo político, a la separación de poderes y a los derechos de los ciudadanos. [+ info]


Tomado  de:
http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/eapc-rcdp/

Carta Magna debe ser un espacio integrador, por Sergio Cuarezma Terán

Carta Magna debe ser un espacio integrador, por Sergio Cuarezma

Redacción Central

La Constitución Política debe ser un símbolo integrador del país y en ella debe desenvolverse el dinamismo de la comunidad nicaragüense, pero esto es posible solo “con una conciencia que entienda que la política no debe rebasar los cauces del Estado de Derecho, y que tanto los derechos y libertades constitucionales, como el funcionamiento de los poderes públicos constitucionales, deben moverse dentro del marco constitucional, dentro del marco integrador de la Constitución Política, límite para un poder abusivo”.

Lo anterior es la opinión del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sergio Cuarezma Terán, expresada en el texto El valor de la Constitución Política, publicada en el blog “Por decir algo”, de su nueva página web www.sergiocuarezma.com en la que enfatiza que la Constitución debe ser un espacio no personal, ni partidario, sino uno integrador que permita consolidar valores democráticos y de compromiso con la nación.

En el sitio web están contenidas las publicaciones de Cuarezma Terán, experto en Derecho Penal, a lo largo de su desarrollo profesional, las cuales pueden descargarse en formato PDF.

BASE PARA SISTEMA DEMOCRÁTICO

La propuesta de Cuarezma es que si Nicaragua desea un sistema de vida democrático, en desarrollo y progreso económico y humano, “tiene que construir una Constitución Política integradora que conjugue en su contenido las expectativas, intereses y visiones de todas y todos, sus aspiraciones de libertad, justicia y respeto a la dignidad humana; de una sociedad vertebrada y activa en las tomas de decisiones públicas”.

Asimismo que contenga “un modelo de educación de calidad y competitivo, un Estado de Derecho, moderno y funcional que garantice la seguridad jurídica de las personas y de las inversiones, y promueva el desarrollo económico, en fin, la articulación de todo aquello necesario para hacer una realidad la integración de todas y todos en un espacio común y seguro. Es decir, una nación de y para todos”.

Recuperado de: http://www.laprensa.com.ni/2014/03/18/poderes/187240-carta-magna-debe-espacio

País tiene 17 nuevos másteres

País tiene 17 nuevos másteres

 La Maestría contribuye, según el rector del INEJ, no solo en lo teórico, sino en el ejercicio del Derecho Público. LA PRENSA/ CORTESÍA

 Roy Moncada

Después de 15 meses de estudio, 17 profesionales nicaragüenses culminaron la Maestría en Derecho Público, realizada por el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ).

En la clausura, Mario Houed Vega, rector del INEJ, manifestó que la Maestría contribuye no solo en lo teórico, sino en el ejercicio del Derecho Público, y viene a fortalecer la institucionalidad de nuestro país y la región.

“Para el INEJ es un honor contribuir con la preparación de profesionales con conocimiento novedoso para el fortalecimiento del Estado social de derecho y proceso democrático que experimenta la región y Nicaragua, sin perjuicio de sus retos internos”, aseguró Houed durante el acto de graduación.

En la clausura fueron reconocidos los tres primeros estudiantes que alcanzaron la puntuación más alta. El promedio más alto de la Maestría fue compartido entre el abogado Aníbal Baldizón Fletes e Iván Lacayo Berríos.

Obligados a la docencia

El abogado Aníbal Baldizón Fletes dijo que “el grado de máster nos obliga a la docencia, a la cátedra, al intercambio de ideas y compartir conocimientos, a un mejor ejercicio de la profesión, contribuyendo con ello a mejorar nuestro sistema jurídico en todos sus niveles”.

Por su parte, Iván Lacayo destacó que el método de la Maestría requirió “más disciplina, más orden, más compromiso, y que con toda certeza aprendieron mucho”.

Baldizón Fletes manifestó que el método aplicado en la Maestría — que fue semipresencial— fue “novedoso, práctico, acucioso, formador en todo el sentido de la palabra (…) y que lograron recibir abundantes conocimientos de un magnífico claustro de profesores y de sus cátedras”

Recuperado de: http://www.laprensa.com.ni/2014/03/14/ambito/186643-pais-17-nuevos-masteres?movil

INEJ capacita a personal del INE

INEJ capacita a personal del INE

Funcionarios formados en especialidad de derecho administrativo

Más de 25 funcionarios del Instituto de Energía Eléctrica (INE) se graduaron en la especialidad de Derecho Administrativo que el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ) llevó a cabo a lo largo de 12 meses en Managua.

Esta especialidad, que el INEJ ganó en una licitación de contratación menor, tenía como objetivo “proporcionar al funcionario del INE una perspectiva conceptual y práctica del Derecho Administrativo contemporáneo y formar profesionales del Derecho Administrativo a través de concienciación y capacitación, para que utilicen dichos conocimientos en su actividad profesional y funcionarial y así fortalezcan un normal y adecuado desarrollo del servicio público para la configuración de las necesidades del administrado y la protección de sus derechos fundamentales”, expresó el rector del INEJ, el doctor Mario Houed Vega.

En la actividad se otorgaron diplomas de honor a los alumnos con más alto promedio, tal es el caso del ingeniero y abogado Hjalmar Ruiz Tückler con 99, quien además expresó a las autoridades del INEJ, “que el contenido y desarrollo de la especialidad, así como la preparación y experiencia de los miembros del instituto han sobrepasado nuestras expectativas”.

Recuperado de: http://www.laprensa.com.ni/2014/03/12/ambito/186309-inej-capacita-a-personal

 

Fin de la pena y selección y priorización en el Marco jurídico para la paz

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El Grupo de Investigación en Derecho -GRID- de la Universidad Pontificia Bolivariana invitó a la comunidad universitaria al conversatorio “Marco jurídico para la paz: análisis desde el Derecho penal” con los profesores Jörn Halling de Alemania y John Zuluaga como invitados.

Moderado por el profesor de la UPB  Ricardo Molina, este encuentro entre el profesor alemán de la Universidad Johann Wolfgang Goethe de Fráncfort del Meno y el profesor colombiano doctorando en la Universidad de Göttingen, del mismo país, tuvo como objetivo promover la discusión abierta sobre los diálogos de paz que se adelantan en el país a través de los procesos judiciales que se involucran en su desarrollo

La primera intervención titulada “Ley de justicia y paz y fines de la pena”, por el profesor Halling y que surge de una investigación en proceso, tuvo como primer objetivo el análisis de los conceptos sobre los fines de la pena de la que parte la Ley de justicia y paz.

Según el profesor hay una opinión predominante que asume la ausencia de pena como injusticia o impunidad, y la pena como un acto de justicia.

Para él, esta opinión es el resultado de teorías absolutas sobre los fines de la pena, que comprenden la justicia como un bi en absoluto e inviolable, “una justicia retributiva que es la que tiene menos que ver con las víctimas pues considera que la justificación de la pena no depende de su efecto para alguien”, es decir, de su efecto práctico.

Señaló también las teorías relativas que asocian la pena con un fin social y buscan evitar la futura comisión de delitos, como la teoría de la prevención general negativa según la cual el castigo para el autor de un delito sirve para intimidar al resto de la sociedad; o la teoría de la prevención general positiva con la que se afirma el orden normativo sin basarse en la intimidación, aunque implica la dificultad de establecer si con ella de verdad se tiene un efecto preventivo.

Después de este recorrido por algunas teorías tradicionales, el profesor Jörn concluye que ninguna de estas pueden justificarla satisfactoriamente. Propone por esto el concepto de dos profesores de las universidades de Frankfurt y Oxford, quienes entienden la sentencia condenatoria como “un juicio de desaprobación que confirma que los hechos cometidos en medio de un conflicto armado pueden ser actos criminales y como tales son reprochables independientemente de los fines superiores con el que los autores los justifiquen”.

Para conocer más sobre este juicio de desaprobación sobre el delito y sobre la aplicación de este concepto a la Ley de justicia y paz haga clic en la ponencia del profesor Jörn Halling fines de la pena.

La segunda ponencia a cargo del abogado de la U. de A. John Zuluaga, que trata la sentencia sobre el marco jurídico para la paz, surgió en el Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano de Gotinga, Alemania,

Sus objetivos fueron analizar las consideraciones de la Corte Constitucional sobre la solución o terminación del conflicto y las justificaciones de la corte al sistema de selección y priorización del Marco jurídico para la paz.

Antes de presentar sus reflexiones el profesor hizo una descripción de la sentencia C-579 del 2013 de la Corte Constitucional, en la que se analizó el artículo 1, inciso cuarto del Acto Legistativo 01 de 2012 del Marco Jurídico para la paz; y en la que se aborda como premisa menor la estrategia de seleccionar y priorizar en los macro procesos e imputar a máximos responsables.

Sentencia sin antecedentes en Latinoamérica que aporta a la comprensión de los mecanismos de justicia transicional, incluso más allá del caso colombiano.

Según el profesor Zuluaga, la corte, siguiendo la doctrina del juicio de sustitución, se preguntó si este inciso cuarto puede ser el asunto que sustituya la premisa mayor, en este caso el pilar fundamental de la constitución que consiste en el deber de investigar y juzgar adecuadamente todas las violaciones graves a derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

Para escuchar más sobre la incorporación a la constitución de esta estrategia, sobre si la terminación del conflicto puede entenderse como un fin de la aplic ación de instrumentos de justicia transicional y sobre los vacíos de la corte sobre el alcance del sistema de priorización y selección en Colombia haga clic en la ponencia del profesor John Zuluaga selección y priorización.

Recuperado  de:  http://www.upb.edu.co/portal/page?

Ley No. 854/2014, Ley de reforma a la Constitución Política de la República de Nicaragua.

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Para su información y uso, dejamos el texto escaneado de la Ley No. 854/2014, Ley de reforma a la Constitución Política de la República de Nicaragua.

Descargar: Ley de reforma a la constitución

Revista Justicia de la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras

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Revista Justicia, Asociación de Jueces por la Democracia. II Época, Año 6, Nº 13, Diciembre, Tegucigalpa, Honduras.

Descargar revista completa:

Revista Justicia 2a época Año 6 No 13 Honduras (1)


“La Justicia (independiente) como presupuesto para el desarrollo de los derechos humanos y de la economía”, por Sergio Cuarezma Terán

Honduras conferenica

Ponencia presentada en Tegucigalpa, Honduras, última y primera semana de octubre y noviembre del 2013, en un Encuentro de Juristas Europeos y Centroamericanos sobre «Experiencias sobre la defensa de la Independencia Judicial».

Descargar  Artículo :

Revista la justicia independiente como presupuesto para el desarrollo

Análisis del fallo sobre el Marco Jurídico para la Paz, por Kai Ambos y John Zuluaga

COLOMBIA DESMOVILIZACION PARAMILITARES

Análisis del fallo sobre el Marco Jurídico para la Paz*

Kai Ambos y John Zuluaga**

La sentencia de la Corte Constitucional sobre el llamado Marco Jurídico para la Paz (MJP) resolvió la demanda planteada a las expresiones “máximos”, “cometidos de manera sistemática” y “todos los”, contenidas en el artículo 1º del Acto Legislativo 01 del 2012. La decisión es de especial relevancia, pues aborda la discusión sobre la constitucionalización de mecanismos de justicia transicional (JT), concretamente de la aplicación de criterios de selección y priorización en la judicialización de crímenes internacionales.

En una sentencia muy extensa (más de 400 págs.) y sin antecedentes en Latinoamérica, la Corte declaró la exequibilidad de las expresiones demandadas. El fallo es un aporte muy importante para la comprensión de mecanismos de JT, incluso más allá del caso colombiano. En ella, la Corte intenta plantear unas líneas de interpretación que comprometan tanto el respeto de la obligación de investigar y juzgar, como también los derechos de las víctimas y el fin de la “paz estable”.

Sin embargo, es necesario abordar algunos puntos de la sentencia que hacen difícil establecer el alcance de las expresiones demandadas y del mismo MJP. Por razones de espacio, comentaremos solo algunos puntos especialmente relevantes.

Sobre el uso del “juicio de sustitución”

La Corte, siguiendo la doctrina del juicio de sustitución, se pregunta si el MJP sustituye un pilar fundamental de la Constitución, o sea, concretamente como premisa mayor, el deber de investigar y juzgar adecuadamente todas las graves violaciones de derechos humanos (DD HH) y las infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario (DIH) (párr. 3). Mientras que, en la demanda, se afirmó que este pilar fundamental constituye una regla y, por lo tanto, no admite restricción, la Corte sostiene que tiene el carácter de principio y, por ello, puede ser objeto de ponderación.

Como resultado, la Corte encontró que la incorporación a la Constitución de la estrategia de seleccionar y priorizar en la investigación de graves violaciones de DD HH en los así denominados “macroprocesos”, e imputarlas a sus máximos responsables (premisa menor) se encuentra justificada. La Corte alude a dos razones: por una parte, dicha estrategia contribuye de manera eficaz al logro de la garantía de no repetición. Por otra parte, se justifica, dado que no significa “que se dejen de investigar todos los delitos (…), sino que permite que sean imputados solo quienes cumplieron un rol esencial en su comisión”. Adicionalmente, la Corte determinó que se debe asegurar, como mínimo, que se enjuiciarán los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática.

Al analizar la renuncia condicionada a la persecución penal (también parte de la premisa menor), la Corte sostuvo que ello se justifica, dado que se encuentra limitada al no ser aplicable a los máximos responsables de los crímenes graves mencionados. Para la Corte, la renuncia condicionada se justifica como resultado de la ponderación entre la obligación de investigar, juzgar y sancionar las violaciones a los DD HH y al DIH, con la garantía de no repetición de dichas violaciones. La Corte afirma que las medidas orientadas a una ejecución “alternativa” del castigo (suspensión condicional de ejecución de la pena, sanciones extrajudiciales, penas alternativas y modalidades especiales de cumplimiento) no implican por sí solas una sustitución de la Constitución. El fundamento de esta conclusión es la orientación de dichas medidas a la satisfacción de los derechos de las víctimas (verdad, justicia, reparación y no repetición).

Del juicio de sustitución como método de análisis y del uso del mismo dado por la Corte se podría discrepar en diferentes aspectos: primero, su fundamento se encuentra en una norma constitucional que solo hace referencia al control formal de las reformas constitucionales. Segundo, resulta peculiar el hecho de que sea la misma Corte la que establezca cuáles aspectos constituyen pilares fundamentales o elementos definitorios de la Constitución (límites del juicio de sustitución), los cuales, por consiguiente, no pueden ser modificados sin que se incurra en una “sustitución”. En síntesis, la aplicación de dicho método de análisis debe dar cuenta de componentes argumentativos más estrictos en su sistemática (premisa mayor, menor y análisis de sustitución), para que el mismo no se tergiverse como un discurso formal o superficial en una decisión de constitucionalidad.

Constitucionalización de la JT

La elevación a rango constitucional de la JT no solo es aceptada por la Corte, sino que en la sentencia se establecen algunos aspectos fundamentales para la comprensión de la categoría JT en el modelo constitucional. Por un lado, la declaración de los derechos de las víctimas como derechos constitucionales y, por el otro, el concepto de JT bajo la idea de un modelo holístico en donde el juez constitucional debe encontrar un balance entre los intereses y valores enfrentados. Sin embargo, las consideraciones de la Corte son discutibles, por lo menos, en dos aspectos.

En cuanto a los objetivos de la JT, la sentencia presenta una valoración incompleta de dos temas: reconciliación y fortalecimiento de la democracia. En cuanto al primer punto, se extraña una referencia al propio debate constitucional que se abrió cuando, precisamente, se presentó una demanda contra el concepto de reconciliación de la Ley 975 del 2005, y que la Corte resolvió en la Sentencia C-1199 del 2009. Sobre el segundo punto, es discutible si el fortalecimiento democrático – propio de la agenda de un Estado de derecho moderno y de los principios de “buen gobierno” – debe hacer parte de la agenda de transición, mucho más si se tiene en cuenta que la transición colombiana es más hacia el cese de la violencia que de una transición a la democrática.

Frente a los mecanismos de JT, la sentencia parece confundir el sustento de justicia que justifica su creación con los mecanismos propiamente dichos. La sentencia señala como mecanismos de JT: la justicia penal, histórica, reparadora, administrativa y “otras medidas”. La forma como la Corte aborda estos mecanismos no deja claro si a lo que se hace referencia es a las necesidades de justicia, frente a las que se busca dar respuesta con estos mecanismos, o a los mecanismos específicos a través de los cuales se expresa la JT. Por otro lado, el estudio comparado sobre procesos transicionales realizado por la Corte no resulta útil ni genera una conclusión que sea de provecho para el resto de la sentencia. La Corte efectúa una descripción superficial de cada uno de los casos sin establecer ejes o instituciones comparativas. Tampoco menciona, en su análisis comparado, medidas como las comisiones de verdad u otras que han sido de vital importancia para el desarrollo de estos procesos en las experiencias nacionales.

Consideraciones sobre el análisis de sustitución

(i) De la paz estable y duradera

Para la Corte, el derecho a la paz impone el deber de prevención de la guerra y morigerar (solucionar) los efectos del conflicto. Sin embargo, la Corte misma deja abierta la pregunta: ¿cómo y cuándo se considera solucionado el conflicto armado? De las consideraciones de la sentencia, así como de la exposición de motivos se deduce la prevalencia de una interpretación basada en un criterio formal (acuerdo de paz) para entender la terminación del conflicto.

A nivel de las discusiones sobre consolidación de la paz como consecuencia de la terminación del conflicto, la Corte descuida que el criterio determinante para definir la terminación de un conflicto no internacional es el cese real de hostilidades. Independiente de un acuerdo de paz, el DIH sigue siendo aplicable, si las condiciones de la violencia llegan al umbral del conflicto armado.

La comprensión sobre el momento a partir del cual se considera terminado el conflicto armado colombiano, más allá de un acuerdo de paz, tiene otras importantes repercusiones en la forma como se entenderá la continuidad de la violencia, especialmente de los grupos guerrilleros que no lleguen a desmovilizarse en caso de un acuerdo de paz. Se plantea la pregunta de si aquellos grupos no desmovilizados (como Bacrim) pueden llegar a ser considerados partes del conflicto (¿combatientes o delincuentes?).

(ii) Selección y priorización

Respecto al análisis de los criterios para una estrategia de selección y priorización, puede decirse que la Corte se desentiende de una plataforma conceptual previa que ya había sido desarrollada fundamentalmente a partir de la Directiva 001 de la Fiscalía General de la Nación (FGN) y que anticipó, incluso, la ley estatutaria que debe expedirse para tales fines.

En las justificaciones para la adopción de criterios de priorización, la Corte aborda cuatro temas de especial relevancia: (i) impacto externo e interno de las estrategias de priorización, (ii) contexto y gravedad del hecho punible como fundamento para la definición de criterios, (iii) profesionalismo y objetividad de los criterios y (iv) legitimidad del proceso. Sin embargo, las razones expuestas resultan discutibles en el siguiente sentido: primero, la idea de comunicación y manejo de expectativas de la población de ningún modo resulta determinada por la formulación de un criterio de priorización. Segundo, el argumento sobre el nivel de realidad que se encuentra detrás de la adopción de criterios es vago. La expresión “ambiente politizado” usada por la Corte no representa ningún concepto analítico.

Tercero, la discusión sobre la limitación de la discrecionalidad en la investigación penal no se puede reducir a categorías inocuas como “profesional” y “objetivo”. La Corte omitió introducir un análisis más amplio de la base estatutaria o legal que regula la discrecionalidad en el ejercicio de la investigación penal. Cuarto, resulta inapropiada la relación directa entre absolución (falta de castigo) y sensación de abandono de ciertos grupos. La privación de libertad solo es un medio “histórico contingente” y superable, para plasmar el contenido simbólico-expresivo de la reacción a comportamientos criminales expresada en el proceso penal a través de la sentencia.

(iii) La expresión “cometidos de manera sistemática”

La Corte equipara equivocadamente el significado de la expresión “cometidos sistemáticamente” al elemento contextual material que caracteriza a los crímenes de guerra. Los crímenes de guerra por definición son conductas ligadas a un conflicto armado; no requieren  un patrón o línea de conducta, es decir, una práctica sistemática, tal como ocurre con los crímenes de lesa humanidad. Si la expresión “cometidos sistemáticamente” realmente equivaliese al nexo que debe existir entre el crimen y un conflicto armado, no tendría ningún sentido haberla incluido en el texto del artículo 1º del MJP. Esta postura tendría, además, consecuencias problemáticas en la interpretación de los delitos del Código Penal, en donde se sancionan infracciones al DIH.

(iv) Máximos responsables

Esta expresión puede ser entendida de dos maneras: ya sea como los jefes máximos de la organización, o bien como las personas con mayor jerarquía o poder de mando en cuanto a los hechos concretos a ser imputados penalmente. En el primer caso se estaría hablando, por ejemplo, de la investigación penal en contra de los miembros del secretariado del grupo guerrillero FARC. En el segundo caso se estaría haciendo alusión también a mandos medios o, incluso, a eslabones más bajos de la cadena de mando. La Corte utiliza de manera indiferenciada estas dos formas de comprensión. Sin embargo, cualquiera de los dos sentidos conduce a restricciones, pues no todas las conductas pueden ser imputadas a jefes máximos y porque los miembros de menor jerarquía no serían en principio un objeto relevante de investigación penal.

Hubiese sido más consistente con la finalidad del MJP aceptar que la FGN puede seleccionar del universo de conductas que constituyen crímenes de guerra únicamente las que fueron cometidas de manera sistemática -entendiendo la sistematicidad solo como un criterio que señala la gravedad que las conductas deben tener, precisamente, para ser seleccionadas-. De esta manera, los esfuerzos de investigación se podrían concentrar en quienes desde las instancias más altas organizaron su perpetración, acogiendo entonces la primera interpretación aquí expuesta de la noción “máximos responsables”.

*Este artículo se basa en las conclusiones generales del seminario Análisis de la sentencia de la Corte Constitucional sobre el Marco Jurídico para la Paz, que se realizó el pasado 7 de enero, en el Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano (CEDPAL) de la Georg-August-Universität Göttingen (Alemania); véase en http://cedpal.uni-goettingen.de/index.php/2013-12-29-19-06-16/seminarios.

**Kai Ambos es catedrático de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Comparado y Derecho Penal Internacional en la Georg-August-Universität Göttingen (Alemania); Juez del Tribunal Estadual (Landgericht) y Director del CEDPAL. John Zuluaga (LL. M) es doctorando e investigador adscripto al CEDPAL.

Recuperado: http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti140127-06_analisis_del_fallo_sobre_el_marco_juridico_para_la_paz/noti140127-06_analisis_del_fallo_sobre_el_marco_juridico_para_la_paz.asp?Miga=1

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