III Diplomado en Derecho procesal penal, con mención en los principios, garantías y reglas constitucionales que fundamenta el modelo acusatorio

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IX Congreso Internacional de Derecho Procesal, Instituto para la Promoción del Derecho Procesal Costa Rica

IX  Congreso  Internacional  De Derecho Procesal  San Vito De Coto Brus Costa Rica

Amigos  y amigas: El Colegio de Abogados de Costa Rica, la Asociación de abogados y abogadas de la zona sur  y el Instituto para la Promoción del Derecho procesal  invitan  a  su   IX congreso internacional  de derecho procesal  que se realizará los días 28, 29 y 30 de mayo en Costa Rica.

Descargar  aquí programa del  congreso PDF.

PROGRAMA IX CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO PROCESAL (1)

 

Las propuestas de Unasur para acompañar el proceso de paz en Colombia, por Diego Fernando Tarapués Sandino

Las propuestas de Unasur para acompañar el proceso de paz en Colombia, por Diego Fernando Tarapués Sandino

El miércoles  8de abril se llevó a cabo una conferencia en la sede de Unasur, en la cual el Fiscal Eduardo Montealegre departió con los miembros de este organismo sobre el modelo de justicia transicional que viene diseñando el Estado colombiano para facilitar la terminación del conflicto armado y lograr la tan anhelada paz. De la conferencia surgieron algunas propuestas, las cuales tuvieron una mayor difusión gracias a las entrevistas que realizaron los medios colombianos al Secretario General de Unasur, Ernesto Samper, y al Fiscal General de Colombia. Estas propuestas se centran en la posibilidad de crear una comisión de la verdad de composición mixta y en la eventual colaboración de un contingente militar adscrito al organismo con el fin de participar en procesos como el de desarme.

Una comisión de la verdad mixta para el caso colombiano
El Secretario General de Unasur ha puesto sobre la mesa la posibilidad de crear una comisión dirigida a establecer “la verdad social” sobre el conflicto colombiano. Esta comisión estaría conformada por destacados miembros tanto colombianos, como de los demás países sudamericanos. Frente a estos planteamientos, el Fiscal Montealegre ha tildado la propuesta de “muy interesante” y ha enfatizado en que “cualquier esfuerzo regional que pueda contribuir a esclarecer las verdades del conflicto, sin lugar a dudas, va a ser de gran utilidad”. Si bien esta iniciativa surge de un ex mandatario colombiano y cuenta con el beneplácito del máximo jefe del ente acusador, constituye aún una propuesta muy incipiente que a duras penas ha sido conversada informalmente con el presidente Juan Manuel Santos y que, ante todo, exige el pleno convencimiento del Estado colombiano de la conveniencia de una comisión de estas características antes de proceder a una solicitud formal para tal efecto. En relación con esta propuesta surgen algunas inquietudes que desde ya exigen respuestas para tomarla como un planteamiento serio y evitar que se quede en el mundo de las especulaciones.
Indiscutiblemente, Colombia requiere de una comisión de la verdad que ayude a esclarecer los hechos de violencia y, en general, a identificar el por qué de las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas durante un largo periodo de tiempo por los diferentes actores armados institucionales, parainstitucionales y contrainstitucionales. En ese sentido, resulta necesario trabajar en torno a la reconstrucción y narración histórica del conflicto, de modo que las causas y consecuencias del conflicto sean explicadas con claridad y credibilidad. Ya al término del vigésimo segundo ciclo de los diálogos de paz en La Habana se evidenció el interés del gobierno y de la guerrilla en crear una comisión para estos fines, aunque las partes negociadoras difieren del momento de su implementación. Para el gobierno, esta comisión debe crearse “después de que se alcance un acuerdo definitivo de paz”, mientras que los insurgentes consideran que debe conformarse inmediatamente. Además de la controversia relacionada con el momento de inicio, muy seguramente esta comisión también generará diferencias en lo concerniente a su composición. De hecho este factor ya se tuvo en cuenta en la conformación de la “Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas”, cuyo informe -hay que advertirlo- no remplaza la labor que deberá hacer la comisión de la verdad. En ese sentido, la propuesta surgida desde la Secretaría General de Unasur puede constituir una alternativa interesante, ya que este organismo representa un actor internacional en el que ambas partes confían.
No obstante, la comisión no debe orientarse por cuestiones políticas o por salidas conciliatorias entre las partes, sino que debe atender a aspectos jurídicos y a estándares y experiencias comparadas de reconstrucción de la verdad y de la memoria histórica. Desde el plano jurídico, ya existe una disposición constitucional que además de instar a la aplicación de “mecanismos de carácter extra-judicial para el esclarecimiento de la verdad”, faculta, y a la vez compromete, al legislador a “crear una Comisión de la Verdad y [a] definir su objeto, composición, atribuciones y funciones”. De acuerdo a estas directrices fijadas en el artículo transitorio 66 de la Constitución, incorporado por el Marco Jurídico para la Paz, en Colombia existirá sí o sí una comisión de la verdad, pero sus características serán definidas exclusivamente por la Ley. En este orden de ideas, la propuesta surgida desde la Secretaría General de Unasur no solo debe esperar, sino también ajustarse a lo que el legislador determine en esta materia, no al revés. Por consiguiente, el carácter mixto o regional de la comisión así como también la idea de limitarla a un escenario de construcción de la verdad exclusivamente social, principales rasgos de la propuesta de Unasur, deben contar con la venia del Congreso, mas no es suficiente la mera solicitud del Gobierno Nacional a la Secretaría General y a la Presidencia pro tempore de Unasur, tal como lo ha señalado Samper.
Más allá de los formalismos legales y de los buenos gestos de los países de la región en acompañar el proceso de paz, la creación de una comisión de la verdad debe gozar de amplia legitimidad social y esta solo se tendrá con el vivo testimonio de las víctimas que han experimentado los horrores del conflicto y que tienen interés de reconstruir la memoria de lo sucedido. El proceso de creación de la comisión de la verdad exige, por consiguiente, que prime la confianza por parte de las víctimas y de la sociedad por encima de la confianza que pueda despertar Unasur en las partes negociadoras.

El papel de la Fuerza de Paz Cruz del Sur en el posacuerdo

La segunda propuesta consiste en la eventual participación de una fuerza militar de Unasur en situaciones que se darán después de la firma del acuerdo de paz, lo cual constituye una iniciativa más viable que la primera. En concreto, se ha planteado la posibilidad de que la “Fuerza de Paz Binacional Cruz del Sur”, creada inicialmente por Argentina y Chile hace menos de una década y que se encuentra a disposición de la ONU para operaciones de mantenimiento de la paz, pueda acompañar el proceso de desarme y desmovilización de la guerrilla producto de los compromisos derivados de un acuerdo de paz. Esta es una labor operativa donde la confianza que tenga el gobierno y, sobre todo, la guerrilla es determinante para la realización efectiva de estos compromisos. El acompañamiento de organismos internacionales o de ciertos Estados en cuestiones operativas ligadas a hechos de paz no es nada novedoso en nuestro contexto. El acompañamiento de la Cruz Roja Internacional y de países amigos en procesos de liberación de secuestrados, hasta programas como la Misión de Apoyo al Proceso de Paz realizado por la OEA en el proceso con los paramilitares, son comunes y no distan mucho de lo que se plantea con esta posible participación de Unasur en el proceso de desarme y de verificación de los acuerdos. Aquí la confianza, la garantía y la voluntad políticas son claves.

La propuesta que hace el Secretario General de Unasur es muy valiosa, pero obviamente solo es un gesto que demuestra el compromiso e interés de acompañar, ya que la solicitud debe venir directamente del Gobierno y deberá tramitarse por medio del Consejo Suramericano de Defensa. En todo caso, Unasur debería enfocarse primeramente en fortalecer la representación de más países dentro de la Fuerza de Paz Cruz del Sur, para que en realidad pase a ser una verdadera institución con sentido de región, pues hoy en día sigue siendo una fuerza binacional bajo el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU. Mientras llega el momento de la firma del deseado acuerdo de paz, Unasur debería encargarse de organizar adecuadamente esta fuerza a partir de un modelo regional y así mostrar la capacidad para llevar a cabo esta interesante propuesta de manera autónoma. Es decir, la viabilidad de que esta iniciativa se materialice depende más de la capacidad y la garantía técnica y operativa que demuestre, que de la voluntad y la confianza política que le depositen las partes negociadoras.

El mito de la Corte Penal de Unasur

Por último, producto de la formulación de estas nuevas propuestas, se ha especulado nuevamente alrededor del rol que jugaría una hipotética Corte Penal de Unasur en el proceso de paz colombiano. Sobre este punto, tanto el Secretario General de Unasur, como también el Fiscal General han sido tajantes al descartar cualquier competencia de un tribunal regional supranacional en casos vinculados a los hechos de macrocriminalidad cometidos en el conflicto armado colombiano. Esta Corte, si es que verdaderamente se crea (ver análisis al respecto), solo estaría facultada para judicializar casos de crimen organizado transnacional en la región que no se equiparan a los crímenes internacionales que bajo las estrategias de selección y priorización busca investigar y judicializar la justicia transicional colombiana. Por lo tanto, las iniciativas de Unasur de apoyar la creación de una comisión de la verdad mixta y de brindar acompañamiento al proceso de desarme y protección de desmovilizados mediante una fuerza de paz, deben ser vistas por fuera de la propuesta en curso de crear un tribunal penal en América del Sur.

*Profesor de la Universidad Santiago de Cali (Colombia), LL.M. y doctorando de la Universidad de Göttingen e investigador del Cedpal (Alemania). www.tarapues.info

Foto tomada de internet

Control de las Omisiones Inconstitucionales e Inconvencionales, por Víctor Bazán

Control de las Omisiones Inconstitucionales e Inconvencionales Recorrido por el derecho y la Jurisprudencia Americanos y Europeos, por Víctor Bazán

Este libro, en palabras de su autor, se inscribe en la búsqueda de caminos para incrementar los niveles de eficacia y cumplimiento de la Constitución y de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. En él, Víctor Bazán, académico argentino e integrante del Grupo de Estudios sobre Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales, da cuenta de un exhaustivo trabajo investigativo que estamos seguros será útil tanto para académicos como para operadores jurídicos.

 Descargar  aqui libro en formato PDF

Control de las Omisiones Inconstitucionales e Inconvencionales

Tomado  de: http://www.kas.de/rspla/es/publications/40437/

Cultura jurisdiccional y represión de las torturas policiales, por José Luis Ramírez Ortiz

Cultura jurisdiccional y represión de las torturas policiales, por José Luis Ramírez Ortiz

Todos los informes y recomendaciones elaborados por los organismos internacionales coinciden en destacar la falta de investigación efectiva de las denuncias de tortura por parte de los jueces españoles, dato que confirman el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional, cuyas sentencias han puesto de relieve tal estado de cosas. Este déficit investigador no se explica por un solo factor, sino que es el resultado de diversos elementos de tipo normativo, institucional y cultural, de modo que solo considerándolos en su conjunto podrá realizarse un diagnóstico correcto. Me referiré, brevemente, al factor cultural.

La promulgación de la Constitución de 1978 supuso un hito sustancial en la transformación del papel de la magistratura. Los derechos fundamentales y la legalidad constitucional se erigieron en límites sustanciales de la actividad de los poderes públicos y privados, lo que determinó una redistribución del poder que atribuyó una nueva posición a la jurisdicción. En adelante, debía dejar de ser un instrumento funcional del poder político para convertirse en una instancia de control de dicho poder, de garantía de los derechos y, por tanto, desde cierto punto de vista y con todos los matices, en contrapoder.

Sin embargo, las transformaciones son lentas. Y siglos de dependencia no se borran en un instante con la aprobación de un texto normativo, por más alto que sea su nivel. Especialmente cuando, además, en el poder judicial se da la paradoja de que, formando parte del núcleo duro del propio Estado, está llamado a controlar la actividad de este y a sancionar sus excesos. Los jueces no hemos asumido aún, plenamente y con todas sus consecuencias, nuestro papel, lo que se ha traducido en una suerte de ceguera institucional hacia determinados comportamientos abusivos provenientes de quienes tienen encomendadas las necesarias y relevantes funciones de preservación del orden público, la prevención y la represión del delito. No debemos olvidar que durante muchos siglos la tortura ha estado regulada legalmente y que era practicada por los propios jueces. Desde esta premisa, cabe destacar tres factores concurrentes de singular relevancia:
1) En primer lugar, el mantenimiento de la figura del juez instructor, quien dirige formalmente una fase de investigación, de naturaleza inquisitiva, en la que se involucra intensamente y durante la cual mantiene una estrecha e inevitable relación profesional, y, en algunos casos, personal, con los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado quienes, materialmente, protagonizan las averiguaciones. Esta situación no solo compromete seriamente la imparcialidad del juez durante la investigación, creando un prejuicio sobre la responsabilidad del sospechoso, sino que lo hace también más proclive a minimizar la relevancia de las garantías, supeditadas al fin del descubrimiento de una supuesta verdad sustancial. Este conjunto de circunstancias, a la postre, pueden generar escepticismo cuando se denuncian situaciones de maltrato policial por quienes están siendo investigados o, cuando menos, cierta tolerancia hacia el abuso. En síntesis, el juez acabará desarrollando un sesgo de grupo que le llevará a valorar de forma injustificadamente homogénea las actitudes, actos y manifestaciones de las personas que pertenecen al mismo grupo, y por la sola razón de pertenencia a ese grupo (policías honestos versus detenidos culpables que mienten), pues, por lo general, se sentirá más próximo a los sujetos con los que suele trabajar y más alejado de aquellos que constituyen el objeto de su trabajo. Sesgo al que, caso de arrancarse en algún momento una investigación, se vinculará otro: el de confirmación, lo que provocará que busque y sobrevalore las pruebas y argumentos que confirmen su propia posición inicial e ignore y no valore las pruebas y argumentos que no la respalden

2) En segundo lugar, la estructuración de la carrera judicial fortalece esos vínculos y prejuicios. Por una parte, el juez suele iniciar el ejercicio de la jurisdicción en juzgados mixtos de pequeñas poblaciones donde esas relaciones, así como los controles informales sobre la población, son más intensos. En tal contexto, de inexperiencia en los primeros destinos unido al enorme poder que el ordenamiento atribuye al juez instructor, pueden fructificar pautas incompatibles con la cultura constitucional de las garantías. Por otra parte, esa deficiente socialización acompañará al juez durante el resto de su carrera cuando pase a desempeñar funciones de enjuiciamiento en juzgados unipersonales y Audiencias Provinciales, órganos en los que los sesgos se refuerzan en la relación con compañeros que han seguido idéntico itinerario.

3) La situación se agrava en el ámbito de un órgano jurisdiccional como la Audiencia Nacional. La historia demuestra el vínculo entre la represión de determinados delitos, afectantes a la soberanía de los Estados, a su propia existencia, y la utilización de torturas, casos en los que se ha solido anteponer la razón de Estado a los derechos individuales. Siendo así, la concentración de la dirección de la investigación y el enjuiciamiento de asuntos de una enorme trascendencia política en unos pocos jueces, que manejan continuamente informaciones que les suministran unos cuerpos policiales de élite, acaba repercutiendo, inevitable y negativamente, en la imparcialidad de quienes componen el órgano. Lo que determina, en el mejor de los casos de manera inconsciente, una aceptación acrítica de las informaciones policiales y una perpetua sospecha hacia las que provienen de quienes están siendo investigados, cuando no unos estrechos lazos con los mandos de los cuerpos de seguridad. Sospecha y lazos que comprometen el rol judicial de control de garantías. El hecho de que la mayor parte de las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional por la falta de investigación de los jueces cuando se han denunciado torturas en los interrogatorios policiales, provengan de asuntos instruidos o enjuiciados por la Audiencia Nacional, en especial en casos de terrorismo, es paradigmático del ámbito en el que es más frecuente la existencia de abusos. Es relativamente fácil rechazar intelectualmente los excesos en los interrogatorios para esclarecer, por ejemplo, un delito de robo. Pero es en los casos que afectan al núcleo de la convivencia cuando pueden sobrevenir más dudas, si no se tiene claro que por encima de la eficacia represiva hay valores absolutos. Y esa claridad puede quedar desdibujada cuando quienes deben controlar a los que operan, pues deben hacerlo, en las zonas límite del sistema, han desarrollado con ellos tales vínculos que han perdido la imparcialidad (daremos por su supuesta la independencia), eje de su función.
La realidad demuestra que la interpretación y aplicación de las leyes penales supone un paso de lo abstracto a lo concreto, un procedimiento de concretización, no reducible al modelo clásico del silogismo, en el que intervienen numerosos criterios valorativos e inciden los factores extratextuales o de contexto. Así, juegan un papel relevante circunstancias tales como las opiniones personales del intérprete, sus prejuicios, sus concepciones ideológicas, la preocupación por las consecuencias que la decisión pueda provocar, o las relaciones entre los diversos sujetos institucionales que intervienen en el proceso, entre otras.

Si ya hemos destacado el peso de los prejuicios y sesgos en el juez (que se traducen, a grandes rasgos, bien en el olvido o relativización de la intimidación y compulsión propia de las detenciones e intervenciones en el ámbito policial, bien en la asunción, aun inconsciente, de que cierto nivel de exceso es consustancial a la actuación policial), ello repercutirá inevitablemente en el modo en que se aproxime a la interpretación del conjunto de artículos del Código Penal que regulan los delitos de torturas (artículos 173 a 176). Así, que numerosas sentencias opten por estimar que los hechos integran, a lo sumo, una falta de lesiones y no delitos de los artículos 174 o 175, constituye una traducción directa de estos prejuicios. Pero también el factor cultural encontrará eco en el ámbito de la valoración probatoria, como en la atribución, aun a nivel inconsciente, de presunción de veracidad a las declaraciones de los funcionarios policiales o la presunción de que las denuncias tienen un origen puramente estratégico.

En un artículo publicado en el mes de enero de 1970 (“La violencia de Estado”), Norberto Bobbio decía:  “Hay hechos inquietantes que nos impiden reposar en la tranquila certeza de que la violencia solo existe en el otro lado (del lado de la protesta, de las marchas y de la agitación estudiantil). La única manera de vencer la violencia es reconociéndola, aun cuando esta no invada las calles gritando, sino que se esconda tras la decorosa fachada de las instituciones que defendemos”.

Solo reconociendo que su germen puede anidar en cualquier parte, y con esto podemos concluir por el momento, comprenderemos la necesidad de partir de un bien entendido principio de desconfianza institucional, en que se sintetiza el juego de pesos y contrapesos, y que se instituye como garantía de que nadie invada o se subrogue en papeles ajenos y opere libre de ataduras. Solo cuando cada poder ocupe su sitio, y el del poder judicial es, entre otros, el del control de los custodios, estaremos libres de derivas autoritarias.

José Luis Ramírez Ortiz
Magistrado Audiencia Provincial Barcelona
Miembro del Grupo de Estudios Judiciales

 

Tomado de: https://www.diagonalperiodico.net/blogs/fundaciondeloscomunes/cultura-jurisdiccional-y-represion-torturas-policiales.HTML

 

Seminario: El giro punitivo en América Latina, marzo 9 y 10 de 2015

universidad de los andes

Escuela Intensiva de Criminología “Problemas y perspectivas sobre policías y prisiones

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“El proceso penal en los sistemas del Common law y civil law: los modelos acusatorio e inquisitivo en el pleno siglo XXI”, por Mar Jimeno Bulnes.

"El proceso penal en los sistemas del Common law y civil: los modelos acusatorio e inquisitivo en el pleno siglo XXI", por Mar Jimeno Bulnes, Universidad de Burgos, España

 

Este trabajo tiene la finalidad, según su autora, es “añadir algunas reflexiones a esta materia tan controvertida a fin de determinar a fin de determinar si habría modificarse tanto dicha terminología como el criterio y perspectiva de distinción entre los llamados procesos acusatorio e inquisitivo penal.”

Foto recuperada de internet

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El proceso penal en los sistemas del common law y civil law

‘La última palabra es de la sociedad’,por Kai Ambos

'La última palabra es de la sociedad', por Kai Ambos

Kai Ambos es un reconocido profesor alemán, jurista y uno de los redactores del Estatuto de Roma. Esta es su visión sobre la justicia transicional y el derecho penal en el proceso de paz colombiano.

Para Kai Ambos, en el propósito de lograr la reconciliación entre los colombianos el proceso de paz debe ir más allá de lo penal. /Óscar Pérez

- ¿Cuál es la relación entre los estándares internacionales de derechos humanos y los criterios de priorización y selectividad que se aplicarían en un modelo de justicia transicional en Colombia?

En el sistema penal siempre tenemos que seleccionar y priorizar. Lo que se hace ahora en Colombia con la estrategia de la Fiscalía en cuanto a los crímenes internacionales, sean de grupos paramilitares, el Estado o la guerrilla, tener el enfoque a los más responsables, la selección de los crímenes más representativos, priorizar es algo normal en el mismo sistema penal. Tal vez es más importante en situaciones de macrocriminalidad, por el mismo hecho de que tenemos muchos más crímenes y eso en el caso colombiano es más obvio. Tenemos tantos crímenes, tantos posibles autores de crímenes, que es imposible que un sistema, aunque sea un sistema más moderno como el alemán, pueda tratar todos esos crímenes.

- ¿No es una obligación del Estado investigar todos los crímenes?

Todos seguramente no. Uno podría hablar de la obligación de investigar y perseguir crímenes internacionales en sentido estricto, es decir, genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, como lo han dicho la Corte Interamericana y otras cortes. Si vemos la justicia de transición, o la justicia posconflicto, con la situación de un país que está en un proceso de paz, en una negociación con un actor tan importante com las Farc, uno tendría que repensar si esta posición muy dogmática, según la cual hay que perseguir “todos” los crímenes, es algo realista. Tenemos que poner otros modelos, por ejemplo justicia alternativa, comisión de verdad, etc.

- Modelos que no serían incompatibles con estándares internacionales.

No lo son. Sobre todo en una situación como la colombiana, donde tenemos una democracia formal como contexto y no tenemos una situación de crímenes de una dictadura como en el Cono Sur, que fueron los casos de la Corte Interamericana. Tenemos un estado democrático formal con instituciones, con prensa libre, y hay un grupo armado. Si uno quiere que dejen las armas, hay que ser más flexibles y no dar demasiada prioridad a la parte penal del asunto.

La opinión común es que las amnistías son incompatibles con los derechos humanos.

No es tan simple, depende de cada caso y del tipo de amnistía y crimen. Por ejemplo, si tomamos la ley 975, no es una amnistía sino una ley que reduce la pena. Son modelos alternativos. Hemos creado muchos modelos en los últimos 20 o 30 años en procesos también fuera de América Latina. Colombia es protagonista en esos modelos, la ley 975 fue absolutamente novedosa, en el sentido de que hubo un ingrediente de justicia penal en la justicia paralela, y una sanción mínima en vez de una amnistía.

Ahora tenemos que ser mucho más sofisticados, porque al final la cuestión es qué es mejor para la sociedad. Esa decisión la tiene que tomar la sociedad, no puede tomarla la Corte Interamericana, ni EE.UU. ni la Unión Europea. Es una decisión de los colombianos. Para mí, es mucho más importante la participación de la sociedad civil en estos procesos, la transparencia del proceso. El gran problema tal vez en la negociación con las Farc es si es suficientemente transparente para comunicar a la sociedad colombiana qué están negociando. Hay que ser inclusivo, llevar a la sociedad como negociador, para que sepa qué se negocia y qué debe aceptar.

- ¿Cuál es el valor de la verdad en el posconflicto?

Es muy importante. Es algo extrapenal. La pregunta es cómo se logra. Hay diferentes modelos, puede haber una comisión de verdad en sentido estricto, con autoridades nacionales donde los posibles autores tienen que aparecer y confesar —ese es el caso sudafricano, que tiene muchos defectos—. Hay otros modelos, como la Memoria Histórica en Colombia. Si uno ve los informes que produce Memoria Histórica, hay algo de verdad, pero tal vez necesitamos otros procesos. Cómo lograr la verdad es algo flexible y toma tiempo. En Alemania aún discutimos sobre nacionalsocialismo, aparecen críticas y nuevas investigaciones. Son procesos largos.

- Otro concepto importante es la reparación.

La reparación está desvinculada de la ejecución de una pena. Es más compleja y puede ser el reconocimiento mismo de que alguien sufrió como víctima. Poner un símbolo, un monumento, en el pueblo o en el lugar donde hubo una masacre. Tomar en serio a las víctimas. La parte penal es la que a veces es muy exagerada, ahí realmente la cuestión es si necesitas mandar la gente a la cárcel. Como el fin es la reconciliación, hay que pensar en qué puede contribuir el derecho penal para reconciliar a los colombianos. Si las víctimas se reúnen con sus victimarios y los victimarios piden disculpas honestamente —no como tal vez en el proceso de la ley 975—, y si uno cree como víctima que los victimarios sienten lo que hicieron, tal vez eso sea mejor que enviarlos a la cárcel. Esa reconciliación autor-víctima puede ser mejor.

- Usted ha dicho que no podrá haber amnistías totales…

Algo tienen que pagar, la cuestión es cómo definir ese pago. Las Farc no quieren aceptar penas de cárcel. La estrategia del ministro de Justicia concibe la pena impuesta pero no ejecutada. Hay que ofrecerles algo mejor, en la ley 975 dijimos ocho años mínimo como pena alternativa. Con las Farc, la solución podría ser imponer condenas o hacer procesos, pero nunca implementar la pena. Pero la cuestión no es legal aquí. Si uno tiene un referendo después del proceso y el pueblo en su mayoría acepta, la comunidad internacional debe aceptar. La última palabra la tiene la sociedad. La legitimidad del proceso viene por referendo. Para los colombianos mi consejo es: olvídense de todo lo internacional, la CPI, la Corte Interamericana, y resuelvan sus problemas internos, traten de llegar a la reconciliación. Es cien veces más importantes un seminario entre víctimas y victimarios en Barranquilla, que lo que digan cortes internacionales.

Tomado de: http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/ultima-palabra-de-sociedad-articulo-525556

Declaración del grupo latinoamericano de estudios de derecho Penal internacional sobre el tratamiento jurídico del terrorismo

Declaración del grupo latinoamericano de estudios de derecho Penal internacional sobre el tratamiento jurídico del terrorismo

Compartimos la Declaración de Lima del Grupo Latinoamericano de Estudios sobre Derecho Penal Internacional (GLEDPI)

Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano  CEDPA

Descaragar PDF:

DeclaracionGLEDPI

El papa contra la pena de muerte y la crueldad en el sistema penal

El papa contra la pena de muerte y la crueldad en el sistema penal

El Papa Francisco recibe a los Presidentes de las Sociedades Científicas de materia penal y pronunció un discurso que contiene un verdadero manifiesto de política criminal humanista, tal y como proclama la Société Internationale de Défense  Sociale.

Descargar PDF:

Discurso-Papa

Tomado de:  http://blog.uclm.es/luisarroyozapatero/2014/10/28/el-papa-contra-la-pena-de-muerte-y-la-crueldad-en-el-sistema-penal/

 

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