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Manifiesto con ocasión de la asunción de Néstor Humberto Martínez Neira, como Fiscal General de la Nación

MANIFIESTO CON OCASIÓN DE LA ASUNCIÓN DE NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA, COMO FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN

 

Preámbulo

Los abajo firmantes, profesores de Derecho penal, Derecho procesal penal y Teoría del derecho penal, vinculados a Universidades de todo el país, presentamos a la opinión pública el siguiente manifiesto, motivado en la gravísima situación que afronta la justicia criminal en Colombia, porque entendemos que la posesión del nuevo Fiscal General representa una magnífica oportunidad para revisar múltiples desarrollos y prácticas judiciales que impactan a la justicia penal y que ponen en riesgo su acomodo a los postulados propios del Estado de Derecho Social y Democrático.

De forma concreta, queremos resaltar la urgente necesidad de revisar y replantear problemáticas como las siguientes: en primer lugar, la orientación político criminal del sistema de justicia penal; en segundo lugar, el fortalecimiento del sistema procesal penal de tendencia acusatoria. Así mismo, en tercer lugar, la intervención del aparato de justicia penal en los mecanismos de justicia transicional previstos para la reintegración a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la Ley; y, en cuarto lugar, el direccionamiento de la Fiscalía General de la Nación como entidad autónoma desde el punto de vista administrativo y presupuestal.

  1. 1. LA ORIENTACIÓN POLÍTICO CRIMINAL.

Creemos que la política criminal a desarrollar por parte de la Fiscalía General de la Nación tiene que respetar los principios constitucionales y los derechos humanos que condiciona su validez y que, además, determinan la orientación de la función punitiva del Estado. El proyecto de convivencia social que sintetiza la Constitución política de Colombia y, especialmente, los derechos fundamentales como garantías de legitimidad y eficacia del mismo, tienen que ser el ideario que guíe las relaciones entre el Estado y el ciudadano. El programa político criminal que se desprende y restringe a ese paradigma no puede ser socavado por impulsos procesales penales reactivos, sustentados en encasillamientos mediáticos, presiones gubernamentales o de tipo político partidista.

El sustento empírico de las decisiones político criminales y la evaluación constante del impacto de dichas medidas, deben ser presupuestos para disuadir el carácter reactivo e inconstitucional de la política criminal colombiana. Es urgente, por ende, anteponer estudios de impacto de muchos de los desenlaces político criminales para contrarrestar el marcado populismo punitivo y la eficacia puramente simbólica de la ley penal que hoy caracteriza el proyecto de persecución penal colombiano. La preocupación por las cargas de trabajo para los funcionarios judiciales, por la sobrepoblación del sistema penitenciario y, más importante aún, por un enfoque basado en el respeto de los derechos humanos, no pueden continuar omitiéndose en los procesos de toma de las decisiones político criminales.

Especial consideración deben tener los efectos de aquel diseño político criminal en la configuración y despliegue del sistema procesal penal y, específicamente, de la Fiscalía General de la Nación. La introducción del sistema procesal penal de tendencia acusatoria ha descuidado en sus ejercicios de investigación y juzgamiento un patrón democrático de investigación penal y respetuoso de las garantías fundamentales de muchos de los sometidos a la misma. Entre algunos de los aspectos más apremiantes a revisar, creemos que se encuentran los mencionados a continuación.

  1. 2. EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE TENDENCIA ACUSATORIA

2.1. El abuso de la detención preventiva.

Desentendida de las aspiraciones plasmadas tanto en el artículo 250 de la Constitución Política como en el artículo 295 del Código de Procedimiento Penal, la solicitud de restricción de la libertad de los sometidos a investigación penal es una regla general y práctica cotidiana de la Fiscalía General a través de sus delegados. La desmedida preocupación por la “cantidad” de órdenes de captura solicitadas y, efectivamente libradas, tiene un grave impacto no sólo en la concreción de un patrón democrático de investigación penal sino que, además, transmite el mensaje tan equívoco y lejano de un proyecto acusatorio de proceso penal, según el cual la eficiencia de éste se mide a partir de la capacidad de limitar las garantías fundamentales de los investigados, especialmente de su libertad.

2.2. Las prácticas de recolección de los elementos materiales probatorios y de evidencia física.

En tanto muchas de las preocupaciones del ente investigador se sintetizan en la consecución de una efectiva restricción de la libertad, el curso de la fase investigativa toma cuerpo en el trámite de acuerdos y negociaciones, incluidas las propias de la aplicación del “principio” de oportunidad, como formas llamadas a evitar el proceso penal. Bajo estas claves se estimula un desarrollo de las investigaciones penales que enfatiza y se soporta en las confesiones de los perseguidos y en cierta preponderancia de la prueba testimonial, de cara al logro de un “proceso penal” sin verdadero proceso.

Por ello, es apremiante fortalecer el sistema de investigación y reorientarlo a prácticas de recolección de los elementos materiales probatorios y de evidencias físicas que no se sostengan en los efectos de la negación de la libertad y en la afectación y menoscabo de la dignidad humana. Asimismo, debe evaluarse la instalación del proyecto de oralidad y, con la misma, de la efectiva realización de la inmediación, la concentración y la contradicción en las audiencias preliminares. Descuidada la satisfacción de necesidades básicas del aparato operativo y logístico del proyecto acusatorio, la oralidad como principio orientador del sistema ha quedado rezagada ante cierto retorno al escrituralismo y a la apropiación del mismo en muchas prácticas de impulso procesal.

2.3. La Policía judicial.

El cumplimiento del mandato contenido en el artículo 250 de la Constitución para la Fiscalía

(“3. Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen

la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley”) ha sido constantemente prorrogado y es, actualmente, un asunto pendiente de realización. Es necesario, entonces, poner en marcha una policía judicial técnica, unificada y profesional. La actual dispersión de operadores institucionales con funciones de policía judicial –que ha llevado, incluso, a que por ley esa función se le atribuya hasta los bomberos– impacta los desenlaces de las investigaciones penales y evita la posible realización del principio acusatorio en la investigación penal.

Es indispensable, pues, diseñar mecanismos idóneos para que haya una mejor coordinación interinstitucional, especialmente con la Policía Nacional de Colombia y unidades especializadas como la SIJIN. La instalación de un cuerpo de Policía Judicial no debe descuidar las dolencias técnicas y presupuestales del Cuerpo Técnico de Investigación, así como la disponibilidad de recursos humanos y técnicos de la Policía Nacional, instituciones con las cuales solo una debida coordinación interinstitucional podría propiciar una mejor realización de la función de policía judicial. A esos propósitos urge activar el Consejo Nacional de Policía Judicial – presidida por el señor Fiscal General de la Nación y del que también hacen parte la Policía Nacional-SIJIN, el Cuerpo Técnico de Investigación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – como instancia articuladora y escenario propio para la orientación de los entes que intervienen en el ejercicio de funciones de policía judicial.

2.4. La infraestructura y el recurso humano para el sistema acusatorio.

El ensanchamiento burocrático de la Fiscalía General de la Nación, por ejemplo, por medio del desmesurado crecimiento de Direcciones y Subdirecciones, dejan la constancia de un ámbito de prioridades que no corresponden a las necesidades inmediatas del sistema acusatorio. Tanto el descuido en la formación de los intervinientes en el sistema acusatorio, como la sobrecarga de funcionarios por medio de la confrontación con esquemas contextuales de investigación, bajo el modelo de rotación de personal según las fases del proceso y, más delicado aún, con una peculiar restricción de la autonomía de los inferiores jerárquicos en la conducción de procesos, parecieran no dejar espacio para la disuasión de una progresiva politización del ente investigador y de las prácticas de investigación penal.

  1. 3. LA JUSTICIA TRANSICIONAL

La evolución de esta forma de administrar justicia penal en Colombia encuentra en el Acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, un escenario crucial para el desenlace del conflicto armado colombiano. Para su concreción legal y puesta en marcha, la Fiscalía General de la Nación tendrá un papel fundamental que cumplir, esencialmente en lo que a la investigación de los delitos cometidos en ese marco se refiere. Por supuesto, si bien reconocemos la importancia de superar algunas claves ordinarias de comprensión del derecho penal y procesal penal para el trámite de la macrocriminalidad y las violaciones masivas a derechos humanos, también advertimos la importancia de discutir pública y abiertamente aquellos mecanismos que asumirán las cargas judiciales de transición hacia una situación pacífica. A propósito de la política de investigación que viene desarrollando la Fiscalía General en este ámbito, resulta trascendental una reflexión más amplia por lo menos en relación con los dos siguientes puntos:

3.1. La selección y priorización de los casos.

En el ámbito de la Jurisdicción Especial para la Paz resulta indispensable hacer un seguimiento detallado a la incorporación de criterios de selección y priorización de casos. Ante la desbordada dimensión ratione materiae y a la sub-especialización procesal dentro de esa jurisdicción (en caso de reconocimiento o no de la verdad por parte de los combatientes involucrados en el conflicto), las cláusulas del acuerdo sobre ese asunto relativas a la selección y priorización no asumen la dimensión de pautas de compensación a la sobrecarga procesal que se avizora.

Por ello, con miras a asegurar una política de investigación coherente, resulta relevante que el desarrollo de criterios de selección y priorización de casos en el marco de esa jurisdicción se interprete de forma sistemática y en correspondencia a los equivalentes normativos propios del Artículo transitorio 66 de la Constitución. En el ámbito práctico y en tanto la Fiscalía General de la Nación está llamada a soportar el flujo de información en la que se basará el desarrollo de la Jurisdicción especial, no se debe descuidar, por ejemplo, la importancia de las estrategias globales de investigación, la valoración unificada y contextualizada de procesos contra varios postulados y la necesidad de asegurar una participación eficaz de las víctimas por medio de procedimientos ágiles.

3.2. Las alternativas al derecho penal.

La definición sobre el sí, cuándo y cómo juzgar los hechos punibles vinculados al conflicto armado debe ponderarse con el propósito de lograr su superación. En ese sentido, la Jurisdicción Especial para la Paz no debe tornarse ni en una instancia de revisión del poder judicial colombiano ni en un escenario donde el procedimiento penal asuma un rol protagonista, que termine por extraer y minimizar la maniobrabilidad y las posibilidades adaptativas de otras condiciones para la resolución del conflicto armado.

De igual manera, ante la notoria inconstitucionalidad de la políticas y prácticas carcelarias en Colombia, la justicia transicional y su concreción por medio de dicha jurisdicción, deben estimular las discusiones sobre las posibilidades de brindar alternativas a la pena privativa de libertad para los condenados. Evidentemente, el sistema de penas existente es caduco, anticuado e injusto, máxime si solo piensa en la pena privativa de la libertad como única forma de reacción penal por parte del Estado. Ello debe ser un rendimiento de la justicia transicional frente a todo el sistema penal, por supuesto, sin descuidar la trascendencia del debido proceso penal para el logro de la superación del castigo penal ordinario, la promoción de alternativas a la pena y a la inconstitucionalidad de su ejecución.

El aseguramiento de unas debidas claves procesales debe anteceder y asegurar aquella apuesta por la alternatividad. En ese sentido, en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, resulta fundamental un permanente seguimiento y discusión tanto a los criterios con base en los cuales se definen la procedencia del otorgamiento de las amnistías e indultos como a las formas de verificación de los presupuestos de concesión de las mismas. Asimismo, se debe proceder en relación con los problemas de interpretación que se derivan de las diferentes cláusulas relativas a la conexidad con el delito político, la forma de elección de los magistrados del Tribunal para la paz y los medios de reconocimiento de la verdad y la responsabilidad, entre otros aspectos.

  1. 4. EL DIRECCIONAMIENTO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

De igual forma, es necesario consolidar la credibilidad de todos los ciudadanos en la Fiscalía General de la Nación y, por supuesto, en la Administración de Justicia. Por ello, son indispensables las iniciativas encaminadas a desburocratizar y, en contra de las prácticas de contratación antecedentes, a la instauración de una verdadera carrera fiscal. Esta última se debe poner en marcha a la mayor brevedad posible para que, en el marco de un concurso de méritos serio y objetivo, se puedan proveer las plazas con el recurso humano más idóneo. De nada serviría una simulación de meritocracia para encubrir prebendas, compromisos con los electores y corruptelas, si no se atacan los males de fondo y se dota a ese ente de investigadores y fiscales probos, capaces y comprometidos con la administración de justicia y el estado de derecho.

Además, es necesario sanear las finanzas y propiciar una administración más transparente del presupuesto de la entidad. En ese sentido, pues, es prioritario la construcción de un diseño claro y preciso que permita la viabilidad presupuestal de la Fiscalía y asegure que ella podrá cumplir con sus importantes funciones sin contratiempos de tipo material.

En fin, Señor Fiscal, creemos que la consigna de su despacho debe ser la de velar por el fortalecimiento de la Administración de Justicia en todos sus frentes porque ello resulta perentorio para construir el Estado de Derecho Social y Democrático que quiere la Constitución y anhelamos todos los colombianos. La debida justicia penal es condición para que advenga la verdadera paz, la única que puede posibilitar en el futuro la convivencia de todos en una sociedad armónica, democrática, participativa y justa. El papel de la Fiscalía General de la Nación para que esas metas se puedan lograr es, pues, fundamental y a ello se deben enderezar todos los esfuerzos; pero, para lograrlo, ella misma tiene que construirse con autonomía presupuestal y administrativa, independencia y fortaleza democrática.

Respetuosamente,

(en orden alfabético)

ARMANDO LUÍS CALLE CALDERÓN (Universidad de Antioquia).

CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO (Universidad Sergio Arboleda). CARLOS GUILLERMO CASTRO CUENCA (Universidad del Rosario)

CESAR ALEJANDRO OSORIO MORENO (Universidad Autónoma Latinoamericana). CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ LONDOÑO (Universidad de Caldas).

FERNANDO VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ (Universidad Sergio Arboleda). GUILLERMO OSPINA LÓPEZ (Universidad Autónoma del Cauca). HERNÁN GONZALO JIMÉNEZ B. (Universidad Sergio Arboleda).

HERNANDO LEÓN LONDOÑO BERRÍO (Universidad de Antioquia). JOHN E. ZULUAGA TABORDA (Universidad de Antioquia).

JORGE IVÁN GARCÉS VÁSQUEZ (Universidad de Envigado). JOSÉ FERNANDO BOTERO (Universidad de Medellín).

JUAN DAVID JARAMILLO (Universidad Sergio Arboleda) JUAN OBERTO SOTOMAYOR ACOSTA (Universidad EAFIT). JUAN PABLO SIERRA PIÑEROS (Universidad Sergio Arboleda).

LEONEL MAURICIO PEÑA SOLANO (Universidad Nacional de Colombia) MGUEL ANGEL PEDRAZA JAIMES (Consultor privado)

MIGUEL LAMADRID LUENGAS (Universidad Sergio Arboleda).

NAPOLEÓN  BOTACHE  DÍAZ  (Universidad  Incca  de  Colombia/Universidad  Sergio

Arboleda).

RICARDO ECHAVARRÍA RAMÍREZ (Universidad EAFIT) RICARDO MOLINA LÓPEZ (Universidad Pontificia Bolivariana).

RESPALDOS INTERNACIONALES

ERNESTO ABRIL (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina) JEAN PIERRE MATUS A. (Universidad de Chile)

SERGIO CUAREZMA TERÁN (Instituto de Estudio e Investigación Jurídica -INEJ-), Nicaragua

ASOCIACION GUATEMALTECA DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

Siete de agosto de 2016.

Manifiesto-Profesores-Derecho-penal-y-procesal-penal-Colombia

foto tomada de internet

El plebiscito para la paz: jurídicamente innecesario, políticamente indispensable, por Diego Fernando Tarapués Sandino

El plebiscito para la paz: jurídicamente innecesario, políticamente indispensable, por Diego Fernando Tarapués Sandino

 

La legitimación ciudadana

La declaración de exequibilidad del proyecto de ley estatutaria que regula el plebiscito para la paz pone fin a un debate sobre uno de los temas más controvertidos del proceso de La Habana: el mecanismo de refrendación popular de los acuerdos y los alcances de dicho mecanismo.

El plebiscito fue el instrumento elegido por el gobierno para validar lo acordado con las FARC mediante el voto ciudadano, para superar la presión de algunos sectores políticos y medios de comunicación que inicialmente se inclinaron por la convocatoria de un referendo. Igualmente, el plebiscito se sobrepuso a la propuesta insistente de las FARC de convocar una asamblea nacional constituyente.

Ya se han logrado acuerdos sobre los cinco primeros puntos de la agenda de La Habana y solo falta completar lo atinente al punto sexto sobre implementación, verificación y refrendación. En un comunicado reciente, las partes anunciaron su voluntad de someterse al  mecanismo que decidiera la Corte Constitucional para refrendar los acuerdos.

Con la Sentencia C-379 de 2016, el gobierno avanza en su propósito de someter a refrendación popular el acuerdo final que se suscribiría en los próximos meses. Al convocar  al “plebiscito para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, el presidente Santos no solo quiere cumplir la  promesa electoral de su campaña de reelección, sino legitimar el que sería el acuerdo de paz más importante de la historia colombiana.

Este es un hecho trascendente, no solo por la magnitud y duración del conflicto entre el Estado y la guerrilla más grande y antigua del continente, sino porque nunca antes se había planificado y desarrollado en Colombia un proceso de paz bajo las exigencias nacionales e internacionales que han rodeado al proceso de La Habana.

Hay que insistir en que el gobierno no está jurídicamente obligado a convocar al pueblo para concluir un proceso de paz, ya que la Constitución le otorga al presidente facultades para “conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado”. Basados en esta potestad, casi todos sus predecesores en las tres últimas décadas han adelantado y finalizado procesos de paz con diferentes guerrillas e incluso con grupos paramilitares sin recurrir a un mecanismo de participación ciudadana que avale los acuerdos.

No obstante, el gobierno Santos se ha propuesto desde el comienzo realizar un proceso que nos lleve por primera vez a lo que teóricamente se denomina una “transición democráticamente legitimada”, según la clasificación procedimental de las experiencias comparadas, Por este motivo, el uso de un mecanismo de refrendación ciudadana se ha vuelto un recurso político indispensable.

La discusión jurídica

La voluntad política del gobierno de consultar a la ciudadanía, sumada a la confusión mediática y política alrededor de los términos “refrendar”, “referendo” y “plebiscito”, así como las discusiones en el Congreso sobre la reglamentación y los alcances de la Ley estatutaria, condujeron a que el tema pasara a un nuevo escenario de discusión, pero esta vez con argumentos de carácter jurídico.

En ese sentido, surgieron posturas como la del magistrado Alberto Rojas en su salvamento parcial del voto, donde sostiene que el derecho fundamental a la paz no puede someterse a la decisión de la mayoría, aclarando que: “La doctrina constitucional contemporánea afirma que la paz constituye un valor supremo o fundamental que posibilita (sic) la convivencia civil y, por su gran importancia, presenta un carácter contra-mayoritario, esto es, no está sujeto a la regla de las mayorías”.

Otra postura crítica provino de la Fiscalía General de la Nación, que solicitó la declaratoria de inexequibilidad del plebiscito y subrayó que “las facultades del presidente de la República para alcanzar la paz [no pueden] estar condicionadas al veredicto de la ciudadanía”.

No menos polémico fue el tema del umbral aprobatorio del 13 por ciento del censo electoral vigente. Sobre este punto, la Corte precisó que la Constitución no contempla expresamente un umbral de participación o de aprobación para el plebiscito, sino exclusivamente para los referendos, lo cual implica delegar en el Congreso la competencia para definir tanto el umbral como el procedimiento para un plebiscito. El Congreso ha ejercido esta función mediante las Leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015, concernientes a los mecanismos de participación ciudadana. Ahora complementa esa labor con esta nueva Ley estatutaria que tendría efectos solo en lo concerniente al plebiscito para la paz.

Sobre este umbral en particular, la Corte considera que “es una medida idónea para cumplir con el fin de promover la participación, pues genera incentivos para que quienes apoyan o rechazan el Acuerdo Final expresen sus preferencias y las mismas sean identificables, lo que a su vez redunda en la legitimidad de la decisión en uno u otro sentido”. A esto se añade la opinión de la Corte en el sentido de que el nuevo umbral se ajusta a nuestra realidad social y política, pues reconoce que en Colombia no existe un precedente donde el 50 por ciento de las personas que conforman el censo hayan acudido a las urnas.

Un plebiscito sin efectos normativos

La Corte Constitucional separó las consecuencias políticas del plebiscito del proceso de adopción o desarrollo jurídico de los acuerdo entre el gobierno y las FARC. En efecto la sentencia precisó que el resultado del plebiscito será obligatorio para el presidente de la República pero no para los demás poderes públicos. Y esto a pesar de que la ley estatutaria que había aprobado el Congreso al igual que la ponencia inicial ante la propia Corte señalaban que el veredicto popular surtía efectos para “el desarrollo constitucional y legal del acuerdo”, obligando por tanto a los distintos órganos, instituciones y funcionarios del Estado.

Al declarar inexequible el inciso segundo del artículo 3 de la Ley, la Corte despejó todas las dudas jurídicas en torno a los alcances del plebiscito, pues el fallo establece que este mecanismo de participación tiene un “carácter exclusivamente político y relativo a un mandato de implementación del Acuerdo Final”, de modo que su resultado “no tiene un efecto normativo, esto es, de adición o modificación de norma jurídica alguna, entre ellas la Constitución”.

Para la Corte está claro que el plebiscito tiene elementos particulares que lo distinguen de los demás mecanismos de participación previstos en la Constitución del 91: solo puede ser convocado por el presidente con el propósito de buscar un respaldo ciudadano, que se traduce en un mayor grado de legitimación sobre decisiones en asuntos políticos que le competen al gobierno nacional.

El  plebiscito no es pues un instrumento para realizar reformas legales o constitucionales, como el referendo. Al ser un mecanismo para indagar en la voluntad ciudadana sobre un tema de política que le compete al presidente de la República, sus efectos se circunscriben  al plano social y político pero no pasan al plano de lo jurídico.

Aunque habrá que esperar la publicación del texto completo de la sentencia para conocer los detalles y condiciones, el presidente cuenta ahora con un valioso instrumento para la refrendación.

Y aunque el Congreso y la Corte hayan aprobado la Ley estatutaria, aún sigue siendo una potestad discrecional del gobierno nacional el “someter a consideración del pueblo el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, mediante plebiscito”. Algo que sin duda debe ocurrir, no tanto por su necesidad jurídica, sino por la importancia de la legitimación democrática luego de meses de discusiones sobre el tema que han despertado tanta expectativa entre los colombianos.

*Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Cali. LL.M. y Doctorando de la Universidad de Göttingen e investigador externo del Cedpal (Alemania). Página personal: www.tarapues.info

Publicado originalmente en Razón Pública:

http://www.razonpublica.com/index.php/escriben-en-razonpublica/384-diego-tarapu%C3%A9s

Foto tomada de internet

El rol del abogado en la fase de posconflicto Por Diego Fernando Tarapués Sandino

El rol del abogado en la fase de posconflicto Por Diego Fernando Tarapués Sandino*

Lo que denominamos posconflicto o fase de posacuerdo será sin duda alguna un desafío muy grande para toda la sociedad, incluyendo al abogado, quien deberá readaptar su rol en este nuevo escenario para contribuir socialmente a superar los retos que jurídica y socio-jurídicamente se avecinan. El abogado tiene un conocimiento técnico que a veces le es esquivo al ciudadano común y muchas de las regulaciones que se implementarán luego de la suscripción del tan anhelado acuerdo de paz en La Habana, pasan por conocer numerosas figuras jurídicas del derecho nacional e internacional que sólo los profesionales del derecho conocen a profundidad.

En ese sentido, el abogado tiene una gran responsabilidad al asumir y transmitir readaptaciones jurídicas que sin el contexto ni la fundamentación teórica, pueden ser objeto de prejuicios o sesgos ideológicos fundados en el desconocimiento y que pueden perturbar el ambiente de aplicación del derecho en un futuro cercano. Un ejemplo lo representa la forma de concebir la justicia y el derecho penal a la luz de la justicia transicional. Algunos ciudadanos no abogados difícilmente entenderán por qué a una persona, que se presume ha cometido decenas de crímenes en el marco del conflicto, se le impone una pena mucho menor que a alguien que en condiciones ordinarias comete tan solo un delito de menor reproche social. Posiblemente, solo el estudioso del derecho comprende y puede explicarle al no abogado que el componente penal de la denominada justicia transicional se aleja de la visión tradicional retribucionista enfocada en el victimario y en su lugar se basa en una concepción de justicia restaurativa que centra su finalidad en restaurar y satisfacer al máximo posible los derechos de las víctimas. Cualquier intento de justicia retributiva en un contexto de negociación de paz y de posacuerdo muy seguramente fracasará, no sólo porque en términos pragmáticos la flexibilización del derecho penal para resolver la situación jurídica de desmovilizados es una carta de negociación que ofrecen usualmente los gobiernos, sino también porque simbólica y jurídicamente no existe pena que pueda retribuir cabalmente los horrores de los múltiples crímenes realizados en el marco del conflicto. Por su parte, ajustar el modelo de justicia en función de las víctimas significa asegurar verdad, reparación y no repetición en casos que muchas veces llevan décadas en la justicia retributiva ordinaria sin lograr determinar responsables y sin restaurar derechos a favor de las víctimas.

Otro reto grande para los abogados tiene que ver con la comprensión y desarrollo activo de la nueva estrategia de persecución penal que se viene implementado en los procesos especiales de justicia y paz y que seguramente se aplicará dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz en tiempos de posconflicto. Recordemos que a partir del Marco Jurídico para la Paz se introdujo la posibilidad de crear criterios de selección y priorización, y que directivas de la Fiscalía y decretos del Gobierno Nacional han regulado nuevos instrumentos y metodologías de investigación como la elaboración de contextos y la reconstrucción de patrones con el propósito atribuir responsabilidad a niveles más altos, llegando incluso a los hombres de atrás o máximos responsables de los crímenes internacionales cometidos en el conflicto colombiano. Para que esta nueva forma de investigar sea exitosa, no solo requerimos de funcionarios judiciales, fiscales y jueces, bien capacitados, sino también de abogados defensores que comprendan a cabalidad la forma en que se orientará la investigación y juzgamiento en la justicia transicional.

Por último, otro de los tantos retos y a la vez contribuciones que se le plantea al abogado en el posconflicto está relacionado con su papel como sujeto activo que ayuda a construir y fortalecer la paz. El abogado conoce la Constitución y la Ley, tiene claras sus obligaciones y potencialidades no solo como ciudadano, sino también en el ejercicio de la profesión y sabe que puede coadyuvar al logro y mantenimiento de la paz. Además de su capacidad de ser pedagogo en la difusión ciudadana para propender por el respeto de los derechos humanos, la paz, la democracia y la Constitución, es un actor clave para resolver pacíficamente conflictos interpersonales de carácter jurídico o sociojurídico. En efecto, los mecanismos alternativos de solución de conflictos representan herramientas de paz a la mano de los profesionales del derecho, los cuales serán muy importantes en contextos de regiones apartadas y en zonas marginales de las grandes ciudades, donde tradicionalmente han impartido justicia fáctica los actores violentos del conflicto.

*Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Cali. LL.M. y Doctorando de la Universidad de Göttingen e investigador externo del Cedpal (Alemania). Página personal: www.tarapues.info

“Conclusiones y Recomendaciones del II Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal”, México

"Conclusiones y Recomendaciones del II Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal”, México

Para la consideración del lector dejamos a su disposición las Conclusiones y Recomendaciones del II Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal”, bajo el cual se llevó a cabo la revisión de los problemas y la funcionalidad del Código Nacional de Procedimientos Penales, a 7 años de la reforma constitucional de 2008. El Congreso fue realizado por el Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales, A.C. (CEPOLCRIM) y la Asociación Mexicana de Derecho Penal y Criminología (AMPEC) los días del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2015. Este evento conjuntó a expertos de países de Europa y América Latina y, por supuesto, de México, llevándose a cabo en el Complejo Mexicano de Capacitación, de San Andrés Cholula, Puebla.

Conclusiones_II_CongInt_Derecho, 14-04-16

X Congreso Internacional de Derecho procesal sobre “La Prueba como Derecho fundamental”

X Congreso Internacional de Derecho procesal sobre "La Prueba como Derecho fundamental"

Por si fuera de interés dejamos el afiche del: X Congreso Internacional de Derecho procesal sobre “La Prueba como Derecho fundamental”, del 2 al 4 de junio, Ciudad Neily, Costa Rica. Organizado por el Instituto de Costa Rica para la Promoción del Derecho procesal.

Del acuerdo de paz en Colombia y sus (re)formas procesales, por John Zuluaga

Del acuerdo de paz en Colombia y sus (re)formas procesales John Zuluaga

 

La primera promoción pública de la llamada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se complementa ahora con la presentación del Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto realizada el 15.12.2015 por el gobierno colombiano y las FARC-EP. Este acuerdo desarrolla en detalle los contenidos de la JEP y, a diferencia de lo expuesto en el Comunicado del 23.09.2015, concibe a la misma junto a otros mecanismos y medidas dirigidos a componer el llamado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). Se trata de una estructura judicial (penal) que incorpora las claves legales y procesales para satisfacer las expectativas ético-jurídicas vinculadas al sistema de justicia transicional. En el SIVJRNR se desarrollan en detalle tanto los parámetros procedimentales y las competencias de la JEP, como las reglas y principios que orientan el funcionamiento de la misma. Determinante resulta la específica consagración de la paz como principio orientador a los fines de influir procesos concretos de investigación y decisión judicial, acogiéndola no sólo como regla de decisión (pág. 45, num. 75), sino, incluso, como finalidad de la sanción (pág. 39, num. 60).

El dualismo procesal

Sumado a la dicotomía que irriga la composición de la JEP (salas de justicia y tribunal de paz), el proceso de la JEP es dualista en la reacción frente al “grado de contribución” de los procesados. Como lo advertí en otro momento, pareciera que el juego de etiquetas se apropia de la estructura judicial para concebir la bifurcación de sus rendimientos en materia de judicialización y sanción (véase mi columna del 6.11.2015). Ahora se confirma que el tipo de tratamiento en el marco de la JEP será concordante con el grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad (pág. 25, num. 28). Así se consagra tanto en las dos fórmulas procedimentales que concibe la JEP (pág. 29, num. 45), como en el tipo de consecuencias jurídicas que se siguen de estos trámites  (véase pág. 45 ss., listado de sanciones I a III). Precisamente por concebir la continuidad del trámite ante la existencia o ausencia de reconocimiento es que el dualismo procesal se consagra como esencial a la JEP. No será como otrora en la Ley de justicia y paz (LJP) donde, a partir de la estructura de la misma Ley, se derivaron cláusulas de exclusión en los casos de no contribución (véase nuestro trabajo sobre la LJP párr. 118 ss.). Al contrario, ahora la continuidad del sujeto procesal es preponderante frente a la pretensión de verdad y la permanencia del mismo prima sobre ésta, de tal manera que el reconocimiento de verdad y responsabilidad podría terminar siendo prescindible.

La ambigüedad en la delimitación del objeto procesal que arrastra aquel dualismo, sin duda, impactará los rendimientos de la JEP. No solo porque la JEP se propone abordar los delitos cometidos en el marco del conflicto armado colombiano, sino, además, por la necesidad que habría de investigarlos y juzgarlos ante la falta de reconocimiento de los mismos. A la (desbordada) dimensión ratione materiae y a la sub-especialización procesal dentro de la JEP, se suma el retorno del escriturismo como método de reconocimiento de verdad y responsabilidad (pág. 30 num. 47; pág. 32, num. 48 (g)). Ante la marcha triunfal que ha tenido el proyecto de oralidad introducido por el Acto Legislativo 03 de 2002, el retorno del escriturismo significa un replanteamiento, entre otras cosas, a la capacidad realizativa de principios como la inmediación, concentración y publicidad. De ese modo, en el intento de despersonalizar las audiencias en los procesos de la JEP de la verificación crítica por medio de la oralidad, la vocación minimizadora de la discrecionalidad de los intervinientes perdería contenido.

Selección y priorización de casos

La relativización de los rendimientos de la JEP tampoco encuentra en las cláusulas del acuerdo relativas a la selección y priorización de casos un parámetro de compensación procesal. Si bien el acuerdo concibe que la sala de definición de situaciones jurídicas podrá determinar “mecanismos procesales de selección y priorización para quienes no reconozcan verdad y responsabilidad” (pág. 34, num. 50 (c) y (g)), no hay claridad sobre la definición y alcance de estos mecanismos ni sobre las causales para la renuncia al ejercicio de la acción penal o disciplinaria que el mismo acuerdo concibe (pág. 35, num. 50 (f)). La interpretación de las cláusulas abiertas sobre criterios de selección y priorización de casos no solo exige cierta complementariedad con los parámetros normativos vigentes sobre dichos criterios, sino, también, conduce a que el futuro desarrollo legislativo del acuerdo integre sistemáticamente todas estas pautas. La pregunta es hasta qué punto el acuerdo es susceptible de una integración normativa, por ejemplo, con el Artículo transitorio 66 de la Constitución Nacional (CN) (véase al respecto nuestro trabajo sobre justicia transicional y Constitución pp. 168 ss.). Si así fuese, el desarrollo legislativo del acuerdo debería someterse a la Ley Estatutaria que debe regular el inciso 4 del Art. trans. 66 CN y, asimismo y a los fines de asegurar una mínima coordinación interinstitucional, la sala de definición de situaciones jurídicas no deberá descuidar en sus prácticas la lectura de las pautas de selección y priorización en clave de lo que las directivas institucionales de la Fiscalía General de la Nación (FGN) han ofrecido al respecto (véase nuestra columna sobre la Directiva 001 de 2012). La prevalencia que predica el SIVJRNR (pág. 23, num. 9; pág. 24, num 15 inc. 2; pág. 26, num. 33) no debe comprenderse como un factor de revisión del poder judicial, sino de integración y coordinación con los diferentes actores judiciales.

Respecto a la integración normativa del futuro desarrollo legislativo del acuerdo, resulta algo problemática la concepción de la responsabilidad por mando y, en ese sentido, la determinación de máximos responsables que promueve el acuerdo (pág. 29, num. 44; pág. 39, num. 59). Ya no se trata del cumplimiento de un rol esencial en la organización criminal como lo define la Corte Constitucional (véase nuestro trabajo sobre la sentencia C-579 de 2013, pp. 255 ss.), ni de la previsión razonable de la comisión del delito bajo las claves del nivel extendido del joint criminal enterprise en su variante III, como lo prevé la FGN en su directiva institucional (véase nuestra columna sobre la Directiva 001 de 2012). El acuerdo establece que no habrá responsabilidad por mando fundada en rango, jerarquía o ámbito de jurisdicción, sino, basada en el control efectivo y el conocimiento suficiente de la conducta de sus subordinados (pág. 29, num. 44; pág. 39 num. 59). En ese sentido, bajo los criterios de “control efectivo” y “conocimiento suficiente de la conducta”, parecería que la noción de máximo responsable se equipara a la de autor de acuerdo al criterio del dominio del hecho, lo cual excluiría a los determinadores como máximos responsables. De esta manera sigue siendo una definición abierta, indeterminada e igualmente problemática para los operadores judiciales. Es bastante polémico, también, porque en esa medida excluye a muchos agentes del Estado y del mismo secretariado de las FARC-EP, en tanto plantea una conexión entre el mando de las Fuerzas Armadas/guerrillas y sus operadores/subordinados a partir de un control efectivo y de información suficiente sobre las conductas de los mismos.

Delimitaciones pre-procesales

Last but not least deben examinarse las condiciones que se derivan del SIVJRNR para la definición de los ámbitos de aplicación de la JEP. En la determinación de estos ámbitos se concretan los núcleos de verdad que sobre el conflicto serán reconocidos y verificados en el procedimiento de la JEP. El asunto esencial en la JEP – así como en el trámite de la LJP – es la definición de los sujetos que se vincularán a dicha jurisdicción y en los que se soporta el reconocimiento de verdad y responsabilidad. Más allá de los roles en las estructuras armadas, por ejemplo el de máximo responsable, el SIVJRNR no incorpora las claves con las que se defina en la práctica la vinculación de los sujetos (procesales) fijados por el ámbito de aplicación ratione personae. Si bien la forma de vinculación, como condición preparatoria del proceso, es un asunto que debe resolverse aún en el acuerdo relativo al fin del conflicto y los procesos de desmovilización, desarme y reinserción (DDR), para el caso de los grupos guerrilleros se pueden encontrar elementos que contribuyen a establecer la manera como se determinará la pertenencia al grupo. Se trata de la nominación por medio de listado, conforme a lo que se establezca entre las partes para su verificación (pág. 27, num. 38). Si bien al respecto se plantea de nuevo un escenario de integración normativa, especialmente con los decretos 4760 de 2005 y 4417 de 2006, el problema de las nominaciones por medio de listado es fundamentalmente práctico. En los procesos de DDR predecesores, dichas nominaciones han mostrado múltiples dificultades en la determinación de los nombres a incluir, especialmente en los casos que se elaboraron de forma concomitante a la concentración de combatientes. Frente a esto será determinante tanto la intervención del mecanismo tripartito aprobado en la Resolución 2261 del 25.01.2016 (párag. 2) del Consejo de Seguridad de la ONU (véase al respecto Ambos, 01.02.2016), como también el diseño de un adecuado mecanismo de verificación de identidades por parte de los organismos judiciales y administrativos que intervengan en la fase de concentración y desmovilización.

 

John Zuluaga, LL.M y Doctorando de la Georg-August-Universität Göttingen (Alemania). Investigador adscripto al Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano (CEDPAL) de la misma Universidad.

 

Fotografía tomada de internet

II CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO PROCESAL PENAL, México, CEPOLCRIM

II CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO PROCESAL PENAL, México, organizado por CEPOLCRIM

Hacemos llegar el Programa del II CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO PROCESAL PENAL sobre “Los Grandes Retos y Perspectivas del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral en México” (Revisión de los problemas y la funcionalidad del Código Nacional de Procedimientos Penales a siete años de la reforma constitucional de 2008)a celebrarse en la Ciudad de Cholula, Puebla del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 201. El Congreso está organizado por el Centro de Estudios de Política criminal y Ciencias Penales, A. C. Bajo la dirección científica del Prof. Dr. Moisés Moreno

Descargar aquí el Programa del II Congreso

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“La naturaleza de la reforma de la justicia penal”, por Sergio J. Cuarezma Terán

"La naturaleza de la reforma de la justicia penal. Su impacto en los derechos del imputado en la fase de investigación criminal y la justicia negociada", por Sergio J. Cuarezma Terán

Dejamos la ponencia presentada por el profesor Sergio J. Cuarezma Terán, sobre “La naturaleza de la reforma de la justicia penal. Su impacto en los derechos del imputado en la fase de investigación criminal y la justicia negociada”, desarrollada en la Comisión de Trabajo sobre “Los debates actuales sobre el proceso penal” en el II Congreso Latinoamericano de Derecho Penal y Criminología que se realizó entre el 5 al 7 de noviembre de 2013, en la Universidad Nacional de La Matanza, Argentina, organizado por la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología con la presencia de especialistas de todo el mundo. Recientemente, salió publicado (2014) en dos textos la memoria del Congreso, uno que recoge las Conferencias y el otro que los trabajos de las Comisiones, del cual extraemos el presente trabajo.

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La naturaleza de la reforma de la justicia penal

“Mitos y realidades sobre la legislación de niñas, niños y adolescentes de Nicaragua”, por Sergio J. Cuarezma Terán

“Mitos y realidades sobre la legislación de niñas, niños y adolescentes de Nicaragua”, por Sergio J. Cuarezma Terán

Dejamos a su disposición el trabajo “Mitos y realidades sobre la legislación de niñas, niños y adolescentes de Nicaragua”, de Sergio J Cuarezma Terán. Publicado en el libro Justicia penal, política criminal y Estado social de  derecho en el siglo XXI, Tomo I, “Homenaje a Elías Carranza”, Coordinado por el Dr. Carlos Tiffer, Editorial EDIAR, Argentina, 2014, pp. 95 – 131

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Mitos-y-realidades-de-niñas-y-niños-y-adolescente-de-Nicaragua.pdf

¿Jurisdicción especial para la paz?, por John E. Zuluaga T.

¿Jurisdicción especial para la paz? Reflexiones sobre una tercera generación de justicia transicional para la resolución del conflicto armado en Colombia, por John E. Zuluaga T.

¿Jurisdicción especial para la paz? Reflexiones sobre una tercera generación de justicia transicional para la resolución del conflicto armado en Colombia.

El acuerdo de creación de una jurisdicción especial para la paz (“JEP”), dado a conocer de forma resumida el pasado 23.09.2015, propone un modelo de justicia que se aplicará a los delitos cometidos en el marco del conflicto armado colombiano. A pesar de que al momento del comunicado algunos contenidos concretos del acuerdo no estaban plenamente definidos, el mismo delimitó tanto los parámetros procedimentales como las competencias de esta nueva jurisdicción. El acuerdo sintetizó aquel optimismo que ha marcado el desarrollo de la justicia transicional (“JT”) en Colombia sobre el uso de la pena y del derecho penal como medidas de transición, frente a las que se ha subordinado la terminación del conflicto armado, es decir, una de las condiciones de probabilidad de la paz en Colombia. Paradójicamente, con el protagonismo que se le otorga al procedimiento penal en la JEP se podrían encontrar, una vez más, razones para explicar cómo ésta terminará por extraer y minimizar la maniobrabilidad y posibilidades adaptativas de otras condiciones para la resolución del conflicto armado colombiano.

  1. La jurisdicción especial para la paz

La JEP se incorpora como un nivel adicional de investigación y juzgamiento de los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado. Al instalarse junto a la jurisdicción ordinaria y a la Ley de justicia y paz (“LJP”), podría hablarse de una tercera generación de justicia para la superación del conflicto armado. Su composición, según lo descrito en el numeral 3 del Acuerdo, es mixta, es decir, con una participación minoritaria de extranjeros. A la misma se adscriben dos instancias básicas: unas salas de justicia y un tribunal para la paz. De esta manera se replica la estructura de lo que en el derecho penal internacional se ha llamado hybrid courts. Extraoficialmente se ha dado a conocer que la JEP contaría con cuatro salas (de verdad y reconocimiento de responsabilidad; de definición de situación jurídica; de acusación; de amnistías e indultos) y que el tribunal tendría, a su vez, tres salas que actuarán, respectivamente, como primera y segunda instancia y sala de revisión. En las salas del tribunal participaran 25 magistrados, cinco de los cuales serán extranjeros. (El Espectador, 17.10.2015)

La composición de la JEP recrea algunas dicotomías a partir de las cuales parece que se quiere mostrar, con el juego de etiquetas asignadas a las instancias que la componen, el hallazgo de un escenario de conciliación del dilema de justicia y paz. Con la bifurcación de la jurisdicción (salas y tribunal) y la respectiva asignación de rótulos (paz y justicia), se crean formas de ver y sugieren modos de actuar de lo que, en esencia, debe llegar a ser una misma estructura judicial. Como si la paz fuera consecuencia de la subordinación de la reincorporación civil a ciertas claves legalistas de justicia. Aquel juego de etiquetas (justicia y paz) reproduce el magnetismo conceptual que arrastran dilemas como “castigo-impunidad” o “guerra-paz”, capaces de aglutinar campos de la realidad y excluir otras referencias discursivas externas. Como lo he afirmado en otras ocasiones (véase mi columna del 13.06.2014), desde el punto de vista del Derecho Internacional Humanitario la paz no es equivalente a terminación del conflicto y a esta última conclusión sólo puede llegarse a partir de una real disminución del umbral de violencia (criterio material y no formal).

Al juego de etiquetas se suma una mixtura de participantes y de formas de intervención de éstos en la JEP. En la interacción entre nacionales y extranjeros pareciera que se busca prolongar el rol que han tenido estos últimos como “garantes” tanto de lo acordado en la Habana (Cuba) como de los desarrollos imparciales e independientes de las futuras investigaciones y juicios dentro de la JEP. Se trataría de una aspiración con rendimientos simbólicos, si se tiene en cuenta que de la elección de los mismos, según el informe extraoficial antes mencionado, se encargará una comisión conformada por delegados de las partes negociadoras (Gobierno-FARC), la que filtraría las reglas de elección de aquellos bajo el tamiz y la dimensión de lo que cada parte considere como “un buen magistrado”. En ese sentido, con las claves que presenta el acuerdo para la incorporación de extranjeros pareciera que se trata de la concesión de una patente de corso a favor de las partes negociadoras y de su mejor posición en el escenario de las investigaciones y judicializaciones en el marco de la JEP. La hibridación del tribunal para la paz y la cuota de extranjeros que la misma acarrea, debería ser vista y entendida como uno de los niveles de contradicción que aseguraría la legitimidad de una jurisdicción que pretende confrontar lesiones a los intereses que protegen la sanción de core crimes. Así, incluso, no deberían suprimirse en su integración muchas de las claves básicas que supone la judicatura colombiana en la conformación de sus propios tribunales.

  1. Procedimiento y competencias

El acuerdo para el desarrollo de una JEP prevé un trámite para quienes reconozcan verdad y responsabilidad y otro diferente para quienes no la reconozcan. El reconocimiento de verdad y responsabilidad es el factor determinante para definir el tipo de pena a aplicar. Dicho reconocimiento puede ser pleno, tardío o nulo. En el primer caso habrá una pena de 5 a 8 años de restricción de la libertad, en el segundo caso de 5 a 8 años de cárcel y en el tercer caso hasta 20 años de cárcel. En ese sentido, los trámites ante la JEP arrastran una lógica dualista: sometimiento o contradicción. Bajo estas claves de impulso procesal es fundamental tener en cuenta los antecedentes del proceso de la LJP, para discutir y proyectar los rendimientos de la JEP. No se trata sólo de un modelo paralelo a la LJP, sino, además, de la concurrencia que el mismo supone en términos de infraestructura y lógicas burocrático-judiciales. A la JEP parece subordinarse ahora uno de los niveles de maximalismo al que se ha llegado como resultado de la ejecución del procedimiento de la LJP. Las aspiraciones y rendimientos de esta jurisdicción, al contrario, deben ser realistas. No en vano la propia Constitución en su artículo transitorio 66 ha puesto a disposición de la JT un proyecto de selección y priorización procesal penal para confrontar la inviabilidad del maximalismo penal. En todo caso, que el modelo de selección y priorización sea un presupuesto de los rendimientos de la JEP no significa que este modelo sintetice las competencias material y subjetiva de aquella jurisdicción. Especialmente si es que en la JEP se busca distinguir la criminalidad política frente a “otra criminalidad”, debe entenderse que los ámbitos de selección y priorización, en los términos del artículo transitorio 66 de la Constitución, excluyen la criminalidad política como objeto de investigación.

  1. Restricciones

La JEP no sólo incorpora un trámite procesal complejo – quizás mucho más que el regulado por la LJP -, sino que, además, amplía la definición negativa del delito político, es decir, no sólo se excluyen como delitos políticos el genocidio, crímenes de lesa humanidad y graves crímenes de guerra, sino, también, otros graves delitos individuales. De esta manera, pareciera que la JEP le arrebata contenidos al llamado marco jurídico para la paz (acerca del mismo y sus condicionamientos jurisprudenciales véase nuestro trabajo sobre justicia transicional y Constitución) para ponerlos al servicio de su idea de justicia y de su aspiración de paz. Aunque el acuerdo se arrogue cierta libertad de configuración democrática (parlamentaria) y le sustraiga a ésta sus competencias de decisión sobre el sí, qué y cómo del castigo, ello no puede significar que los desarrollos de la JEP no sean objeto de interpretaciones sistemáticas, es decir, el mismo debe comprenderse en el marco de diferentes parámetros de interpretación de los mecanismos para la reincorporación de combatientes a la vida civil. En ese sentido, por ejemplo, sería discutible la conformidad del acuerdo con algunos de los lineamientos de la sentencia C-577 de 2014 de la Corte Constitucional. Pareciera que la relación de complementariedad que traza esta sentencia entre el llamado “componente penal” y el “componente político” fuera replanteada para concederle un margen de realización a la restricción de la libertad como producto del reconocimiento pleno de verdad y responsabilidad. Evidentemente el “cumplimiento de pena impuesta”, con el que la Corte Constitucional condiciona la posibilidad de participar en política, podría ser diferente a la idea y perspectivas de la “restricción de la libertad” que supone el acuerdo de una JEP, todo dependiendo de lo que se llegue a entender por cumplimiento o restricción. Se trata, sin duda, de un tema con un impacto político criminal de alta sensibilidad y uno de los dilemas a resolver más importantes, no sólo para valorar la constitucionalidad de los contenidos del acuerdo, sino, además, para garantizar su realizabilidad, es decir, la disputada aceptabilidad social de sus pretensiones.

 

John Zuluaga, LL.M y Doctorando de la Georg-August-Universität Göttingen (Alemania). Investigador adscripto al Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano (CEDPAL) de la misma Universidad.

Foto tomada de: internet

 

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