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Propondrán Ley de Justicia Constitucional

Propondrán Ley de Justicia Constitucional

La bancada oficialista en la Asamblea Nacional tendrá listo el proyecto de Ley de Justicia Constitucional a finales de este año, aseguró el diputado Edwin Castro, durante una disertación en el Primer Congreso sobre Modernización de la institucionalidad nicaragüense: retos y desafíos.

Esta Ley tiene el objeto del perfeccionamiento del Estado de Derecho y la mejor protección de los derechos constitucionales, tendría la finalidad de proteger los derechos constitucionales o amenaza de violación de un derecho constitucional o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo”, aseguró el presidente de la bancada sandinista ante la Asamblea Nacional y profesor del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (Inej).

El evento organizado por el Inej, junto con el Centro de Estudios Tributarios, Administrativos y Empresariales (Cetae), el Instituto de Administración y Políticas Públicas (IAP) y el Instituto Iberoamericano de Estudio e Investigación (Ibesi), fue realizado en el Auditorio de la Vicepresidencia de la República.

El congreso estuvo presidido por Castro, Karlos Navarro e Iván Escobar Fornos, del Ibesi; Sergio Cuarezma Terán, del Inej; Manuel Carcache, del Cetae y Denis Mayorga Lizano, del IAP. Karlos Navarro, del Ibesi, destacó el hecho positivo que la Asamblea Nacional esté trabajando sobre la conformación de la legalidad administrativa y los procedimientos para que la administración pública sea más efectiva y resguardar los derechos fundamentales de los administrados.

El exmagistrado Sergio Cuarezma abogó por la necesidad de una ley para que proteja a la víctima del delito. “Es de imperiosa necesidad que el Estado y la sociedad deben formular una ley que redescubra a la víctima, sus derechos, garantías, reinserción e indemnización, en la medida de lo posible, del daño que le causen determinados delitos, articulando lo que la reforma constitucional positivamente ha expresado sobre la víctima”.

Manuel Carcache, del Cetae, expresó que Nicaragua actualmente cuenta con leyes tributarias modernas y tiene el reto de capacitar a sus funcionarios de administración tributaria con jurisdicción y competencia para aplicarlas e interpretarlas de forma adecuada

POLÍTICAS RETRIBUTIVAS

Denis Mayorga, del IAP, expresó que las políticas públicas retributivas son el instrumento del Estado para interactuar con los ciudadanos para buscar soluciones a los problemas más sentidos, como salud, educación, seguridad social, vivienda y seguridad ciudadana. “En particular pretenden transferir recursos de un sector de la población más favorecido económicamente a la población más vulnerable”.
 

Tomado  de:Tomado  de: http://www.laprensa.com.ni/2015/08/24/politica/1889047-propondran-ley-de-justicia-constitucional

“Retos del Sistema Penal Acusatorio en Centroamérica”, por Sergio J. Cuarezma Terán

“Retos del Sistema Penal Acusatorio en Centroamérica”, por Sergio J. Cuarezma Terán

Dejamos a su disposición la Ponencia “Retos del Sistema Penal Acusatorio en Centroamérica”, por Sergio J. Cuarezma Terán, presentada en el XII° Congreso de Derecho Procesal organizado por el Instituto Colombo-Panameño de Derecho Procesal, ciudad de Panamá, los días 12, 13 y 14 de agosto de 2015.

Descargar ponencia en PDF aquí:

Retos del Sistema Penal Acusatorio en Centroamérica Panamá

La justicia, base del crecimiento

La justicia, base del crecimiento

Un país no crece económicamente por accidente, sino porque tiene instituciones democráticas sólidas y se respetan las reglas del juego y además porque su gente tiene visión de futuro”, aseguró el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sergio Cuarezma Terán, durante un seminario denominado El rol del periodista en el Sistema Penal Acusatorio , realizado en Panamá.

Cuarezma dijo a los periodistas que cubren temas judiciales, durante el evento organizado por la Secretaría de Comunicación del Órgano Judicial de Panamá, que “Panamá con este modelo de justicia acusatorio resolverá sus conflictos sociales de forma más democrática y sin burocracia, lo cual impactará en mejor calidad de vida y crecimiento económico para el país”.

En la inauguración del seminario realizado en la Escuela Judicial del Órgano Judicial de Panamá participó el magistrado de la Corte Suprema de Justicia y presidente consultivo de la Escuela Judicial, Harley James Mitchell, para quien, los periodistas deben tener conocimiento del sistema procesal penal acusatorio para que su crítica pueda permitir su aplicación eficaz y eficiente en los derechos de las personas involucradas.

“Este sistema respeta los derechos, a través de garantías que van a asegurar el derecho del implicado para llegar a la verdad”, dijo Mitchell a los asistentes.

El seminario fue impartido por Cuarezma, catedrático de Derecho Penal; Nohelia González, jefa de Información del Diario LA PRENSA, y José Correa, director de la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio (OISPA).

La jefa de Información de LA PRENSA compartió la experiencia del rol del periodista en el modelo procesal acusatorio y recordó que, aunque en otras experiencias esto no se da con mucha rigurosidad, es fundamental que el periodista respete los derechos y garantías de la persona sometida al proceso penal y a la víctima del delito.

“El modelo procesal acusatorio de Panamá es transparente, humano, permite al periodista mayor acceso al hecho para informar, lo cual obliga a hacerlo con mayor veracidad, diligencia y responsabilidad sin crear fricciones con los derechos fundamentales de la persona”, dijo.

El exmagistrado Cuarezma Terán advirtió del valor intangible de la justicia independiente y de calidad para el crecimiento humano y económico de un país.

El nuevo Sistema Penal Acusatorio se implementó en Panamá a partir del 2 de septiembre de 2011 en las provincias de Cocle y Veraguas. Posteriormente se implementó en Herrera y Los Santos y a partir del 2 de septiembre próximo se implementará en Chiriquí y Bocas del Toro y la comarca Gnäbe Buglé. El próximo año se implementará en Ciudad Panamá.

Ver en la versión impresa las páginas: 5 A

Tomado de:http://www.laprensa.com.ni/2015/07/13/nacionales/1865942-la-justicia-base-del-crecimiento

Periodistas participan en seminario sobre el Sistema Penal Acusatorio, por la Escuela Judicial Organó Judicial de Panamá, OISPA y el INEJ

Periodistas participan en seminario sobre el Sistema Penal Acusatorio

Con la asistencia de periodistas de medios de comunicación social e instituciones, se llevó a cabo el seminario denominado “El rol del periodista en el Sistema Penal Acusatorio”, organizado por la Secretaría de Comunicación del Órgano Judicial en la Escuela Judicial, el cual contó con expertos expositores en la materia nacionales e internacionales.

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia y presidente consultivo de la Escuela Judicial, Harley James Mitchell al dar las palabras de bienvenida a los periodistas manifestó entre otros puntos que “para que ustedes tengan conocimientos fundamentales de este nuevo sistema penal, que tengan elementos, conocer para criticar; el Sistema Penal acusatorio (SPA) es un sistema que reconoce desde el primer momento los derechos del encausado. Este sistema respeta los derechos, a través de garantías que van asegurar el derecho del implicado para llegar a la verdad, va a despertar mucha perspicacia.”

Las generalidades del SPA, las abordó el director de la Oficina de Implementación del SPA (OISPA), José Correa, quien dijo las diferencias entre el sistema inquisitivo y el SPA, las etapas, el rol y separación de funciones, principios del proceso, la motivación de las decisiones, la validez de las pruebas, impugnación o derechos al recurso, justicia en tiempo, control judicial de afectación de derechos, la víctima, la actuación del Ministerio Público, las normas generales del proceso, días y horas hábiles, oralidad, digitalización, entre otros aspectos.

Durante el seminario, intervino el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José E. Prado Canals para explicar acerca de la implementación del SPA, la infraestructuras, requerimientos, la transición, ya que “el seminario es con el objetivo de que los periodistas desempeñen su labor de acuerdo a este sistema, cómo deben canalizar la información para comunicarla a la comunidad y ubicarla en la realidad.”

Agregó el magistrado Ayú Prado que ya el Pleno está haciendo dentro de este sistema audiencias en apelaciones, Hábeas Corpus, casaciones en penal acusatorio, juicios que corresponden a este sistema y extradiciones.

Por su parte “El proceso penal acusatorio: Nueva forma democrática y humana de resolver los conflictos sociales”, estuvo a cargo del expositor nicaragüense, Sergio Cuarezma, el cual aclaró que el respeto a los derechos humanos es la gran diferencia entre el SPA y el inquisitivo, y la separación de los roles es muy importante. Recalcó a los periodistas que deben de preguntar al fiscal, policía, defensa, no al imputado.

Cuarezma también mencionó la democratización del proceso penal, la racionalización del poder primitivo. Se refirió a las ventajas del SPA , como la oralidad, publicidad, el acceso a las fuentes.

El seminario tuvo además la exposición de la periodista y editora del diario la Prensa de Nicaragua Nohelia González, quien a través de sus experiencias y casos dijo a estos profesionales “estamos obligados a conocer las leyes, cuál es el papel de cada uno en el proceso, saber por qué este sistema es un cambio de chip en todo el proceso; es garantista; conocer el idioma, los términos, la presunción de inocencia, dominar todos los aspectos del proceso y conocer cada una de las fases. ¿Qué informar? ¿Cómo hacerlo?”.

Recuperado de: http://www.organojudicial.gob.pa/noticias/periodistas-participan-en-seminario-sobre-el-sistema-penal-acusatorio/

 

 

Nuevo Código Penal: así afecta a las empresas, por Jaime Campaner

Nuevo Código Penal: así afecta a las empresas, por Jaime Campaner

Esta semana ha entrado en vigor el nuevo Código Penal. Trae con él novedades en lo que se refiere a la responsabilidad penal de las empresa. A éstas, a partir de ahora, se les exige, para estar exentas de responsabilidad penal, una especie de Plan de Prevención de riesgos penales para prevenir delitos y luchar contra la corrupción.

Pero, ¿qué supone esto en la práctica?¿Cómo afecta, por ejemplo, a una cadena hotelera? Repasamos junto con Jaime Campaner, doctor en Derecho Procesal por la UCM y responsable de Formación Penal del Colegio de Abogados de Baleares, Icaib, las novedades del Código. Primero, definiciones: ¿Qué es la responsabilidad penal para una empresa ante delitos como la apropiación indebida, estafa, insolvencia punible, alzamiento de bienes…? «La responsabilidad penal de empresa implica que ésta puede ser sujeto pasivo de un procedimiento penal y se le pueden imponer penas (y, previamente, medidas cautelares) que van desde la multa, pasando por el cierre de establecimientos o la intervención judicial, hasta la pena de muerte para la empresa (su disolución), explica el abogado.

Entre los cambios, Campaner señala como uno de los más transcendentales la posibilidad de instaurar un programa de prevención de delitos penales. «Se recoge por primera vez en nuestro Derecho la figura del compliance officer (una persona de la empresa a la que el órgano de administración le confía poderes autónomos de control del cumplimiento normativo), lo cual supone un reto a nivel formativo así como la necesidad de que las empresas se asesoren debidamente en materia penal», señala el letrado. Ahora, destaca, «para que una persona jurídica quede exenta de responsabilidad criminal, no basta con que compre un compliance program y designe a un compliance officer, sino que tal exención requiere más: que el programa preventivo sea personalizado -no valen aquí los modelos- y eficaz, así como que la empresa realice verificaciones periódicas del programa preventivo, incluso modificaciones cuando se ponga de manifiesto alguna carencia o se detecte algún nuevo peligro».

Se abre un nuevo abanico laboral para los abogados:«Al penalista siempre se le ha considerado un médico de urgencias, alguien que trata de poner remedio a un problema», explica Campaner. Con esta reforma será además médico preventivo. Ahora bien, el abogado recuerda que «no cualquiera está en condiciones de implantar un compliance program». Este tipo de «protocolos preventivos» ya «funcionan en otros países que tienen más arraigada la cultura preventiva», si bien, en España, indica, «desde 2010, venimos implantando por imperativo de la Ley de Blanqueo de Capitales protocolos de prevención de esta concreta tipología delictiva a empresas de diversos sectores de riesgo y, realmente, no es tan distinto».

Este Plan de Prevención no es obligatorio, pero sí recomendable, puesto que el Código prevé que la empresa que lo tenga quedará exenta de responsabilidad penal en caso de delito.

Una empresa hotelera, por ejemplo, ¿qué tendrá que cambiar en su departamento legal?

Digamos que tendrá que reforzarlo: formar específicamente a sus componentes y designar a un compliance officer. Posiblemente incluso no sea suficiente con esto, sino que deberán asesorarse permanentemente con expertos en responsabilidad penal de empresa.

El Código, ¿simplifica o complica la política empresarial de nuestro país? Y centrándonos en Baleares, con la de empresas turísticas que operan internacionalmente, ¿qué ventajas y desventajas ofrece?

Se obliga a la empresa a invertir en prevención pero se le garantiza seguridad jurídica. El Estado ha decidido regular una autorregulación empresarial, lanzando un mensaje muy claro, aplicable también, obviamente, a empresas turísticas baleares: autodiagnostíquese, establezca normas y controles internos, canales de denuncias y procedimientos para la imposición de sanciones a sus componentes y yo le garantizo que si ha ejercido el debido control y ha seleccionado a los profesionales idóneos para llevar a cabo esta autorregulación no sufrirá ninguna consecuencia penal ni reputacional.

Campaner está seguro de que con esta nueva regulación vamos a ver empresas más responsables:«Sin duda, esta reforma fomenta la ética empresarial y el buen gobierno corporativo», dice. Es más, asegura que con estas normas se evitarán grandes pufos empresariales, como los que hemos vivido con la descapitalizada Marsans. «En efecto, así es. Con un debido control interno, difícilmente se habrían dado estos supuestos, o, al menos, se habrían detectado a tiempo», desgrana.

Ahora bien, se muestra más «escéptico» cuando se le pregunta si con estos planes de prevención se va a recuperar más dinero en caso de fraude. Aunque sí confía en que «tal vez se defraudará menos dinero». Respecto a esa recuperación, hace hincapié en que «la reforma de los delitos fiscales, contra la seguridad social y fraude de subvenciones, incorpora un régimen de suspensión de la ejecución de las penas, exigiendo al defraudador el abono de la deuda para no ingresar en prisión (aunque no sea superior a dos años y carezca de antecedentes penales)».Es decir, se fomenta la recuperación del dinero.

Como abogado, ¿qué recomienda a las empresas baleares?

Que estudien en profundidad la reforma y que entiendan que, en materia penal, más vale prevenir que curar, aunque ello suponga una inversión inicial a la hora de instaurar un compliance program, designar un officer y una partida anual para asesoramiento externo y verificaciones periódicas del modelo preventivo. Y que tengan claro que la detección de riesgos penales en una empresa y la implantación de los programas preventivos no es como comprar un antivirus: cada empresa requiere un estudio y tratamiento específico y singular, por lo que huiría de determinadas ofertas económicas pero vacías de contenido real.

@mfuentealamo

Cambios para las empresas y partidos

El ‘compliance program’. Como si de un Plan de riesgos laborales se tratara, las empresas pueden contar a partir de ahora con un Plan de prevención de riesgos penales:un ‘compliance program’. El plan servirá para eximirla de culpabilidad en caso de delito de un trabajador o directivo. Autorregulación. Es la base de la normativa: «El mensaje es muy claro, autodiagnostíquese, establezca normas y controles internos y si ha ejercido el debido control, no sufrirá ninguna consecuencia penal ni reputacional», explica Jaime Campaner. Financiación ilegal de partidos políticos. Se introduce un nuevo delito consistente en la financiación ilegal de partidos políticos que castiga la aceptación y recepción de donaciones ilegales. La novedad es el castigo penal de estas conductas. Se prohíben donaciones anónimas, o de una misma persona por más de 50.000 euros al año y donaciones de personas jurídicas o entes sin personalidad jurídica.

Tomado de:

http://www.elmundo.es/baleares/2015/07/05/5598f09a22601d95118b4572.html#comentarios

 

Fusiones y adquisiciones en Nicaragua, Por Juan Carlos Cortez

Fusiones y adquisiciones en Nicaragua, Por Juan Carlos Cortez

Se estima que el noventa por ciento de los inversionistas que han seleccionado a Nicaragua han modelado su plan de inversión mediante la utilización de fusión mercantil, como resultado de toma de decisiones agresivas de captar mercado con mayor celeridad, proceso que debe llevarse con el mayor cuidado y diligencia debida.

¿Qué es una fusión de sociedades?, curiosamente nuestra legislación mercantil vigente no proveeuna definición, por ello acudimos a literatura mercantil y para el jurisconsulto francés Durand, fusión es “la reunión de dos o más sociedades preexistentes, bien sea que una u otra sea absorbida por otra o que sean confundidas para constituir una nueva sociedad subsistente y esta última hereda a título universal los derechos y obligaciones delas sociedades intervinientes”.

A continuación mencionamos las tareas importantes que deberán ser atendidas en las distintas áreas de trabajo en el proceso de fusión (por absorción) y que en nuestra experiencia, la mejor manera de administrarlo es mediante la elaboración y seguimiento de un cronograma de tareas o “schedule” del proceso, como son:

Aspectos societarios: Los cambios y decisiones en cada una de las empresas deberán formalizarse según dispongan los estatutos aprobados en cada sociedad, como son: convocatoria a sesión extraordinaria, actas de sesión general extraordinaria de accionistas de ambas empresas donde se acuerdan llevar a cabo la fusión, acta de sesión general extraordinaria de accionistas de aprobación de las condiciones que regirán la fusión (acuerdo general), protocolización o elevación a Escritura Pública del Acuerdo General de Fusión.

De conformidad con el artículo 263 C.C., el Acuerdo General de Fusión deberá ser publicado en La Gaceta Diario Oficial para fines de posible oposición de terceros. Transcurrido el período de oposición, deberá diligenciar ante juez competente la aprobación respectiva y de reforma al pacto social de la sociedad subsistente. A la fecha efectiva de la fusión, deberán cancelarse y emitirse nuevos títulos (certificados accionarios) del nuevo patrimonio contable de la sociedad absorbente.

Aspectos registrales: Atendiendo el principio de publicidad registral (por los efectos que tendrá frente a terceros), la certificación de la resolución judicial de aprobación de la fusión dictada por el Juzgado competente, deberá ser inscrita ante el Registro Público Mercantil respectivo, momento que en la mayoría de los casos determina la fecha efectiva de fusión.

Al respecto, el artículo 264 CC nos aclara que la fusión solo tendrá efecto transcurridos los tres meses desde la publicación del respectivo acuerdo; a no ser que conste de modo auténtico que se hayan satisfecho todas las deudas de cada una de las sociedades que tratan de fusionarse, esta disposición tiene por finalidad garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las sociedades fusionadas previo a su materialización. Finalmente, proceder con cambios registrales en bienes susceptibles de inscripción ante registro público como efecto jurídico de la fusión.

Aspectos fiscales: Partiendo que la obligación tributaria es personal e intransferible (art 12 C.T.), la sociedad a ser absorbida (fusión por absorción) o sociedades a disolverse (fusión por disolución), deberán preparar y presentar Declaración Anual de Impuesto sobre la Renta (IR) (actividades económicas), a partir del cierre contable con la cual liquidarían el Impuesto sobre la Renta a la fecha de la decisión de disolución. Las implicaciones fiscales atribuibles a los accionistas las abordaremos en un artículo por separado por su especialidad.

La sociedad absorbente será solidariamente responsable de obligaciones tributarias de la absorbida para períodos no prescritos (4 años), tiempo en el que deberá conservar en buen estado la documentación y de más soportes contables (numeral 3, Art 103 C.T.). Finalmente, llevar el proceso de cierre de obligaciones ante las autoridades tributarias.

Aspectos contables: El tratamiento contable a la adición de activos y pasivos de la absorbida en la absorbente se encuentra establecido en la Sección 19 NIIF Pymes, “Combinación de Negocios y Plusvalía, debiendo asignarse a los activos a adicionar, el valor razonable, teniendo en cuenta que en el caso de que el monto pagado en la transacción exceda de dicho valor, deberá representar para la sociedad adquirente o absorbente un activo inmaterial o “Goodwill”.

Sinergias: Consiste en el análisis cuidadoso de las ventajas y oportunidades que podría generar el proceso de integración de ambos negocios, logrando eficiencia en áreas de la organización como son —Ventas y Mercadeo (marcas a subsistir). —Finanzas, Operaciones y Recursos Humanos, mediante el aprovechamiento de fuerzas de ventas, medios de publicidad, renegociaciones de instrumentos financieros, centralización de logística operativa, reorganización del personal, entre otras.

El Anteproyecto del Nuevo Código de Comercio, brinda concepto de fusión, tipos de fusión, sus efectos, el contenido que debería contener el acuerdo de fusión e inclusive de la escisión como un tipo de reorganización de sociedades.

El aurtor es Gerente Senior de Servicios de Impuestos & Legal Deloitte, con colaboración de Claudia Moreno G., miembro de la práctica.

Tomado de: http://www.laprensa.com.ni/2015/06/22/economia/1854157-fusiones-y-adquisiciones-en-nicaragua-opinion-economica

Narcotraficantes y narcodependientes, por Osman Soza Mendoza

Narcotraficantes y narcodependientes. Breves consideraciones sobre el art. 358 y 561 CP, por Osman Soza Mendoza

Ponemos a su disposición el interesante articulo sobre Narcotraficantes y narcodependientes. Breves consideraciones sobre  el art. 358 y 561 CP de Nicaragua, del profesor Osman Soza Mendoza, Juez I Local Penal de Masaya, Nicaragua, docente del Instituto de Altos Estudios Judiciales (IAEJ-CSJ), de 4 de junio del 2015.

Descargar PDF :

Narcotraficantes y narcodependientes.

 

I Parte: JUECES y FISCALES antes del juicio: Una costumbre ANTIESTÉTICA

I Parte: JUECES y FISCALES antes del juicio: Una costumbre ANTIESTÉTICA

Recientemente me vi en una conversación con un conocido fiscal con el que salió a colación el tema de la “estética”, en los juicios.

Para las personas que penetran en las salas de vistas de la Justicia de toda España, por vez primera, lo que más les llama la atención es eso, precisamente, la “estética”.

O la falta de estética, hay que decirlo claro y alto.

En concreto, la costumbre extendida en todos los tribunales penales de que el fiscal esté ya en la sala, junto con los jueces, charlando amigablemente con ellos, como si se conocieran de toda la vida y fueran amigos íntimos.

Antes que el abogado defensor y su cliente.

Esto, hay que decirlo, pone públicamente en tela de juicio –al menos en apariencia- la neutralidad, imparcialidad e independencia del propio tribunal.

Los letrados, fogueados en mil juicios, lo tienen ya asumido y hacen como si no fuera con ellos.

El fiscal, del que hablaba al principio de esta columna, me miró con sorpresa a los ojos. Como si yo fuera un extraterrestre.

“Así que cada vez que termine un juicio el fiscal tendría que salir de la sala, esperar fuera y volver a entrar. ¿Y si son varios los juicios en los que tiene que intervenir ante ese tribunal esa mañana? ¡Pues vaya lío! ¡No lo veo!”, me contestó.

¡No lo veía!

“Pues deberían verlo. Y deberían hacerlo cuanto antes”, le contesté con una sonrisa amigable.

Y tenerlo en cuenta para cuando se elabore la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal, el código procesal penal que sustituirá al vigente, redactado en su primera versión en 1882.

Entre muchos letrados se comparte al ciento por ciento esta visión, pero no se le ve ninguna salida, tengo que decirlo.

“Es cierto, tienes toda la razón. Es una mala costumbre. pero ahí está, ¿cómo la cambias?”, me decía uno de ellos.

La cara de los clientes, cuando les toca vivir esto, es siempre la misma: Una mezcla de perplejidad y sorpresa.

Porque tienen la impresión de que entre jueces y fiscales el “pescado está todo vendido”.

“¿Cómo era eso de la igualdad de armas de la que me hablabas el otro día, que decías que pone la ley? Eso de que el juez es como un árbitro en un combate de boxeo y de que vosotros y los fiscales sois como dos púgiles y que vuestros golpes son el uso que hacéis de las pruebas en el juicio en cada momento. Pues, querido abogado, con jueces tan amigos de los fiscales como estos, aquí no veo victoria. Es la impresión que me dan”, cuenta el letrado que le dijo un cliente antes de un juicio.

Lo que me trajo a la memoria una conversación que mantuve en su día con Enrique Bacigalupo cuando era magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Bacigalupo, hoy reconvertido en abogado, me dijo que ese era, precisamente, su planteamiento.

“En ningún país de nuestro entorno, salvo en el nuestro, el tribunal está sentado cuando el público penetra en la sala. Es al contrario. Sucede como en las películas que todos conocemos”, relataba el magistrado.

“En todos los países entran primero las partes; el fiscal, el abogado defensor, el acusado, el público. Y cuando están todos sentados en la sala se da la voz clásica: ‘¡En pié! Entran los señores magistrados’. Entonces todo el mundo se pone de pie y así permanece, hasta que el tribunal da la orden de que se sienten. Y empieza el juicio”, añadió Bacigalupo.

En esto España es anómalamente distinta.

En los juicios que le tocó presidir el tribunal en el Supremo Bacigalupo siempre lo hacía así. Al estilo europeo. O americano. Fueron varios.

Y funcionó.

Acabó con la impresión pública de conchabeo antiestético.

Sin embargo, su iniciativa no se generalizó entre sus compañeros.

Parecía como si a ellos les diera reparo, vergüenza o pudor seguir una mal llamada “tradición” que no era española.

Así que se echó en el baúl de los recuerdos una vez que Bacigalupo dejó el Alto Tribunal.

Tengo que decir que el conocido magistrado no lo hizo porque sí.

Se amparó en la inexistencia de una norma específica en la mencionada Ley de Enjuiciamiento Criminal que estableciera que se hiciera de esta forma concreta.

No pone en ningún sitio que el tribunal y el fiscal tienen que estar en la sala antes de comenzar el juicio y que, después, entran el abogado y su cliente.

Tampoco dice que no se puede hacer como se hace en el resto del mundo.

“Desde mi punto de vista, esta escenografía realza más la figura del tribunal como árbitro neutral ante las partes”, relataba Bacigalupo.

El conocido magistrado se sirvió del viejo principio del derecho: “Lo que no está prohibido está permitido”.

Es decir, si nada lo impide de forma expresa, se puede.

Es evidente que esta es una costumbre poco adecuada para los tiempos que vivimos.

¿Por qué no cambiarla?

El artículo 120 de la Constitución dice que la justicia emana del pueblo y que los jueces y magistrados la administran en su nombre.

La base de la legitimidad de los hombres y mujeres que hacen justicia en nuestro país se puede resumir en dos palabras: confianza pública.

No hay más.

Confianza pública en su trabajo, en su profesionalidad, en su independencia y neutralidad.

No hay peor disolvente de la confianza pública hacia los jueces y hacia los fiscales, que esta mala costumbre.

“La mujer del César además de ser honrada debe parecerlo”, dice el viejo dicho.

¿Por qué no parecerlo?

Ya va siendo hora.

Tomado de: http://www.confilegal.com/carlos-berbell/costumbre-antiestetica-31052015-1733

 

 

II Parte: Jueces, fiscales y juicios: ÉTICA Y ESTÉTICA

II Parte: Jueces, fiscales y juicios: ÉTICA Y ESTÉTICA

Leía hace nada en estas mismas páginas –o mejor dicho, pantallas- un interesante artículo de opinión acerca de la estética de los juicios, y en particular del modo en que jueces y fiscales se sitúan en los momentos previos al mismo y la impresión que ello puede producir. Y digo interesante porque tal me parecen todas las opiniones, aunque no las comparta, como es el caso, siempre que sean respetuosas. Y de todo se aprende.

Pero como la libertad de expresión es lo que tiene, por fortuna, decidí ejercitar la mía, y contar por qué no comparto tales afirmaciones, o la mayoría de ellas. Y he de reconocer que mi sugerencia fue recibida al instante. Así que ahí va.

A jueces y fiscales se nos atribuye una costumbre como antiestética, la de estar o permanecer en la sala de vistas antes que los letrados, y que éstos nos encuentren allí en amigable conversación. En cuanto a lo primero, justo es reconocer que es lo que ocurre habitualmente, aunque no sea exactamente una costumbre, como veremos. En cuanto a lo segundo, ni siempre ocurre ni tiene por qué ocurrir. Ni siempre hay conversación ni siempre es amigable. Pero ésa es otra cuestión.

Lo bien cierto es que al decir que puede generar cierta desconfianza al justiciable observar que juez y fiscal están, por así decirlo, a partir un piñón, parece olvidarse la misión del Ministerio Fiscal en nuestro Derecho y, desde luego, que tener buena sintonía no empece en absoluto la imparcialidad ni la profesionalidad de uno u otro, como tampoco la obstaculiza tenerla con uno o varios de los Letrados. Pero vayamos por partes.

Parece que se está partiendo de un supuesto concreto: los juicios penales, en que hay un solo señalamiento. Y que, además, se toma el cliché que muchos conocen a través de la cultura audiovisual de películas y series americanas, cuyo modelo jurídico es bien diferente al nuestro. Y se está olvidando que un altísimo porcentaje de los juicios que se celebran en España no son en salas de vistas de los más altos tribunales ni en sesión única. Qué más quisiéramos, la verdad. La mayoría de nuestro trabajo se desarrolla en salas de vistas de pueblos y ciudades que celebran una docena de juicios –si hablamos de Juzgados de lo Penal- o hasta treinta o cuarenta –si se trata de juicios de faltas, que pronto se convertirán en juicios por delitos leves, o mejor “levitos”- por sesión diaria. ¿Se imaginan al fiscal saliendo y entrando cuarenta veces de la sala, teniendo en cuenta que no tiene despacho en esa sede? ¿Qué puede hacer si no tiene ni una triste silla en el ínterin entre juicio y juicio si hay alguna suspensión? ¿Y cómo combinamos esto con el hecho de que los fiscales estén adscritos a un juzgado, precisamente ése donde están celebrando?. No parece razonable ni operativo, por más que se aleguen motivos estéticos.

Pero la cuestión es mucho más profunda, además de estos inconvenientes meramente logísticos. Y es que el Ministerio Fiscal, tal como lo configura nuestra Constitución, no es una parte sin másHace ya mucho tiempo que se superó la figura del fiscal como un mero acusador público, y su papel es asumir la defensa de la legalidad. Y no solo en el procedimiento penal. Los fiscales también intervenimos en el proceso civil, en el de Menores –con un papel esencial, ya que nos corresponde la instrucción- y en multitud de materias donde lo que se ventila es un interés público o la defensa de los derechos, como ocurre en materia contencioso administrativa o social. Y este papel es lo que nos convierte en algo diferente de una parte del procedimiento. No se es más ni menos, sino diferente, o, dicho en términos más pedantes, no es un plus sino un aliud. Por eso precisamente la propia ley establece que el Ministerio Fiscal está integrado con autonomía en el poder judicial. Por más que algunos no lo crean.

Ciertamente, no estamos en Estados Unidos. Y los países de nuestro entorno jurídico contemplan la figura del Ministerio Fiscal en pie de igualdad con la de los jueces, como miembros de una carrera única, y con pasarelas de ida y vuelta a una y otra carrera. Nuestro sistema no llega a esos extremos, pero la oposición es única, y se elige una vez aprobado la pertenencia a uno u otro cuerpo. Y en el ámbito militar, por ejemplo, sí que hay carrera única. Por eso se puede afirmar que no se trata de una parte sin más, sino que es una función que va mucho más allá y como tal debe tratarse. En todo, incluido el vestuario, por supuesto, toga, placa y puñetas o no según la categoría. Y es precisamente la Ley Orgánica del Poder Judicial la que afirma sin género de dudas que jueces y fiscales son iguales en cargos, honores y tratamientos. Y otro tanto ocurre en los actos públicos, donde las más altas autoridades de ambas carreras deben ocupar sitio parejo, lo que algunas veces ha ocasionado algún desacuerdo, por cierto. ¿Acaso se imagina alguien a la Fiscal General del Estado saliendo de un acto público hasta que entren todos los magistrados? Pues eso.

Pero es que, además, la ley no establece eso. Nuestro ya vetusto Reglamento –de 1969, nada menos- establecía que el fiscal esperaría en su despacho hasta ser avisado para acudir a la Sala. Y en los principios de mi actividad profesional, alguna vez ví hacerlo así, aunque hace mucho tiempo que de eso nada de nada, porque además es inviable. El despacho del fiscal puede estar perfectamente a cien kilómetros de la sala de vistas en cuestión.

Pero como todo no va a ser echarnos flores, también hay que hacer autocrítica, o sana crítica, si se prefiere. Porque una cosa es una conversación educada, y otra que nos encuentren en franco compadreo, risas incluidas, al llegar abogados o imputados. Y eso sí que no, que las formas y el respeto hay que cuidarlos, como es de sentido común.Recuerdo hace años que una juez contaba que, desde que oyó como los médicos que la operaban de menisco, con anestesia local, discutían sobre fútbol en lugar de fijarse en su rodilla, decidió ser más cuidadosa en la sala por no causar el mismo efecto. Afortunadamente, he de decir que tanto ella como su rodilla siguen perfectamente. Pero el ejemplo es muy gráfico. Tampoco parece razonable permanecer en la sala mientras los magistrados deliberan, o que ellos lo hagan en presencia del fiscal, pero esto es pura sensatez. Y también lo es permitir que letrados y fiscal puedan pactar una conformidad sin la presencia del juez que ha de juzgar, sea él quien se retire, o seamos los otros. Y así me consta que se hace en muchos casos.

No obstante, quizás si nos retrotraemos a un momento anterior al juicio, podamos tener una perspectiva diferente que nos permita vislumbrar la especialidad de nuestra labor. Y así, en la guardia, el fiscal aún no puede ser parte, porque todavía no ha tomado una decisión. Está presente en la declaración, hace sus preguntas, escucha las de lo demás y, a la vista de todo ello, toma la decisión que proceda sobre si acusa o pide el sobreseimiento, o si pide prisión o libertad, o solicita una orden de protección o no lo hace. Y esa decisión es esencial para determinar la marcha del procedimiento. Se siente donde se siente. Es más, incluso ambos, juez y fiscal, nos salimos discretamente cuando traen al detenido para que pueda entrevistarse reservadamente con su Letrado, porque hacerlo en un pasillo poco tiene de reservado. Así que somos nosotros quienes vamos al pasillo, y tampoco pasa nada. Ni se nos caen los anillos, vaya que no.ç

Por todo ello, hay que concluir que no se pueden simplificar las cosas y pretender que los juicios sean como los que vemos en televisión, porque nada es del todo blanco o del todo negro. Salvo las togas, claro. Del juez, del fiscal y del secretario judicial, pero también del abogado y del procurador.

Y así son las cosas, a mi entender. Tal vez sea orgullo, pero tampoco pasa nada por enorgullecerse de la profesión que una ejerce lo mejor que puede. Probablemente, estaría igual de orgullosa de ser juez, o secretaria judicial, y hasta tornero fresador, pero no es el caso. Y si nosotros mismos no nos reivindicamos, no creo que nadie vaya a venir a hacerlo. Pero igual me equivoco.

Tomado de: http://www.confilegal.com/susana-gisbert/jueces-fiscales-juicios-etica-estetica-02062015-0837

Foto Recuperada: https://www.google.com.ni/search?q=Jueces,+fiscales+y+juicios:+%C3%89TICA+Y+EST%C3%89TICA&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=QXlwVYvVMcHfoASAtIN4&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=Jueces%2C+fiscales&imgrc=ifqVZMYPppl9CM%253A%3BknzlVjZPhwjHbM%3Bhttps%253A%252F%252Fnoticiasmicrojuris.files.wordpress.com%252F2013%252F10%252Fshutterstock_138223571.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Faldia.microjuris.com%252Ftag%252Ffiscales%252F%3B1000%3B667

III Parte: REFLEXIÓN sobre jueces, fiscales y APARIENCIAS

IV Parte: REFLEXIÓN sobre jueces, fiscales y APARIENCIAS

En Confilegal ha surgido una interesante polemica sobre el comportamiento habitual de jueces y fiscales de estar en la sala de vistas normalmente conversando entre sí, antes de que entren los justiciables y sus abogados. Y de permanecer en ella entre los distintos juicios.

La tesis de Carlos Berbell director de este medio -con gran experiencia periodistica en los juzgados y tribunales- es que eso crea en los justiciables la idea de que existe una preeminencia del fiscal sobre los abogados. Con la consecuencia de la consiguiente merma de la confianza publica en la imparcialidad del sistema.

Esta praxis contrasta con la de numerosos países, y precisa, según mi opinión, que sea corregida mediante la normativa adecuada.

A esta tesis se opone la fiscal Susana Gisbert que, en síntesis, contraargumenta, de un lado, con la relevancia de la función del fiscal y su equiparación estatutaria a los jueces. Y aduce razones logísticas y operativas para mantenerla.

Alude Gisbert a otras actuaciones del Ministerio Fiscal, más allá de las vistas penales.

Pero eso es extralimitar la polémica referida.

Por ello, solo me centraré sólo a las vistas penales.

Hay un hecho cierto que ambos aceptan, y es la existencia de dicha practica, que es un hecho evidente y notorio, constatable por cualquiera que se acerque a un juzgado un día de vistas, en cualquier pueblo o ciudad.

Discrepo, a efectos dialécticos del planteamiento de Gisbert, que, en síntesis dice que, a diferencia de los Estados Unidos, el Ministerio Fiscal no es una parte del proceso sin más, pues actúa en defensa de la legalidad.

No es un plus sino un aliud, integrado con autonomía en el Poder Judicial. Sus miembros tienen similitud de estatus a jueces y magistrados (oposición idéntica, honores, sueldo, rango, etc).

La regulación del Ministerio Fiscal, sin embargo, debe verse a nivel constitucional y de legislación orgánica y ordinaria.

Según el artículo 125 de la Constitución, el Ministerio Fiscal tiene como misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos, etc., ejerciendo sus funciones por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad y dependencia jerárquica. Y dice que la Ley regulara su estatuto orgánico.

El artículo 126 se refiere, por su parte, a la dependencia de la policía judicial de jueces y tribunales y del Ministerio Fiscal. El artículo 127 establece sus incompatibilidades y las asimila a las de los jueces.

Finalmente, el 172 le atribuye la legitimación para interponer el recurso de amparo. 

No hay mas referencias al Ministerio Fiscal en la Carta Magna.

Me pregunto ahora, ¿supone eso equiparar el Ministerio Fiscal al Poder Judicial? En mi opinión, no.

De los jueces sí dice la Constitución, en su artículo 117, que sí son independientes. Entre ellos no hay jerarquía de mando, salvo, como es lógico, la procesal, de instancias superiores de resolución vía recurso.

Lo más importante es que la Constitución dice de forma expresa y clara que la potestad jurisdiccional en todo tipo de proceso corresponde “exclusivamente” a los juzgados y tribunales, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado.

Por tanto, pese al estatus funcionarial idéntico –por rango legal no constitucional- la diferencia es sustancial. Pues sólo juzgan los jueces, y solo éstos son personalmente independientes, dentro de la legalidad.

Los fiscales, por el contrario, están sometidos al principio de jerarquía.

Según el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de 1981, reformado en 2003 y 2007, el, o la, fiscal general del Estado puede darles instrucciones generales y específicas.

Otro artículo, el 26, dice que puede llamarles a su presencia y darles instrucciones. El Ministerio Fiscal es, por lo tanto –mutatis mutandi- un “ejército jurídico”.

El fiscal general, como todos sabemos, es nombrado por S.M. el Rey a propuesta del Gobierno.

Por otro lado, la equiparación del estatus jurídico funcionarial no la hacen ni la Constitución Española ni la Ley Orgánica del Poder Judicial que, en su artículo 541, remite al Estatuto Orgánico. El ya citado, de 1981. Ley ordinaria que sí establece la mencionada equiparación, no de funciones en que prevalece, sin duda, la judicial, pues es quien, en definitiva, decide.

En esta polémica, sin embargo, nos olvidamos de algo muy importante. Vital. Fundamental: la relevancia constitucional del Abogado, recogida en el artículo 24 de la Constitución, que habla de la asistencia de letrado. Y del 125, que menciona la acción popular, importantísima en España, que convierte al ciudadano en figura acusadora, como verdadero fiscal independiente del Poder.

Una función que tiene que ejercer a través de un letrado, contemplado en el artículo 162, en cuanto legitima a interponer recurso de amparo, y en el reconocimiento de los colegios profesionales, del artículo 36, recogido a instancias del entonces decano del Colegio de Abogados de Madrid y senador real en las Cortes Constituyentes, Pedrol Rius.

Volviendo al debate planteado, la apariencia de imparcialidad e independencia del juez del Ministerio Fiscal exige que se modifique el escenario de celebración del juicio.

La aparente complicidad de jueces y fiscales atenta gravemente, sí, contra la percepción popular sobre la imparcialidad y neutralidad del sistema, aunque sus protagonistas, encerrados en su burbuja, en su mundo, no se enteren o no quieran enterarse.

No legitima la costumbre las deficiencias de instalaciones, asunto en el que acierta la fiscal Gisbert. Esto exige respuestas materiales de las autoridades competentes, que tienen la obligación de proveer de medios a la Administración de Justicia, que se haya inmersa en un caos administrativo por la absurda distribución de competencias materiales entre el Ministerio de Justicia, las Comunidades Autónomas y el Consejo General del Poder Judicial.

De otro lado, se debería hacer ya un protocolo procesal de actuaciones en estrados que haga visible la separación de poderes e influencias en las salas de vistas.

Ni al Juez ni al Ministerio Fiscal le beneficia esa imagen de compadreo de la que hablaba Berbell en su artículo, por lo que suscribo su planteamiento de acabar con ello. O de limitarlo, en lo posible.

La impresión puede ser falsa, es cierto, pero basta con que la ciudadanía la dé por verdadera, por la mera observación directa, para que se cierne la sombra de la duda sobre la confianza pública que debe existir, hacia el trabajo de ambos.

Por eso, hay que cuidar tanto, o más, las formas que el fondo.

Quiero, por último, recordar la preocupación expresada en los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, aprobado en la Haya en 2002, basados fundamentalmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también hacen referencia a la confianza publica en la independencia judicial.

La Administración de Justicia es la última trinchera en la defensa del sistema democrático. Se está demostrando que es así en estos tiempos de corrupción generalizada.

¿Por qué, entonces, ponerla en peligro de esta manera, con costumbres como estas, que no son las adecuadas?

Tomado de: http://www.confilegal.com/reflexion-jueces-fiscales-apariencias-04062015-0046

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