III Diplomado en Derecho procesal penal, con mención en los principios, garantías y reglas constitucionales que fundamenta el modelo acusatorio

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Las propuestas de Unasur para acompañar el proceso de paz en Colombia, por Diego Fernando Tarapués Sandino

Las propuestas de Unasur para acompañar el proceso de paz en Colombia, por Diego Fernando Tarapués Sandino

El miércoles  8de abril se llevó a cabo una conferencia en la sede de Unasur, en la cual el Fiscal Eduardo Montealegre departió con los miembros de este organismo sobre el modelo de justicia transicional que viene diseñando el Estado colombiano para facilitar la terminación del conflicto armado y lograr la tan anhelada paz. De la conferencia surgieron algunas propuestas, las cuales tuvieron una mayor difusión gracias a las entrevistas que realizaron los medios colombianos al Secretario General de Unasur, Ernesto Samper, y al Fiscal General de Colombia. Estas propuestas se centran en la posibilidad de crear una comisión de la verdad de composición mixta y en la eventual colaboración de un contingente militar adscrito al organismo con el fin de participar en procesos como el de desarme.

Una comisión de la verdad mixta para el caso colombiano
El Secretario General de Unasur ha puesto sobre la mesa la posibilidad de crear una comisión dirigida a establecer “la verdad social” sobre el conflicto colombiano. Esta comisión estaría conformada por destacados miembros tanto colombianos, como de los demás países sudamericanos. Frente a estos planteamientos, el Fiscal Montealegre ha tildado la propuesta de “muy interesante” y ha enfatizado en que “cualquier esfuerzo regional que pueda contribuir a esclarecer las verdades del conflicto, sin lugar a dudas, va a ser de gran utilidad”. Si bien esta iniciativa surge de un ex mandatario colombiano y cuenta con el beneplácito del máximo jefe del ente acusador, constituye aún una propuesta muy incipiente que a duras penas ha sido conversada informalmente con el presidente Juan Manuel Santos y que, ante todo, exige el pleno convencimiento del Estado colombiano de la conveniencia de una comisión de estas características antes de proceder a una solicitud formal para tal efecto. En relación con esta propuesta surgen algunas inquietudes que desde ya exigen respuestas para tomarla como un planteamiento serio y evitar que se quede en el mundo de las especulaciones.
Indiscutiblemente, Colombia requiere de una comisión de la verdad que ayude a esclarecer los hechos de violencia y, en general, a identificar el por qué de las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas durante un largo periodo de tiempo por los diferentes actores armados institucionales, parainstitucionales y contrainstitucionales. En ese sentido, resulta necesario trabajar en torno a la reconstrucción y narración histórica del conflicto, de modo que las causas y consecuencias del conflicto sean explicadas con claridad y credibilidad. Ya al término del vigésimo segundo ciclo de los diálogos de paz en La Habana se evidenció el interés del gobierno y de la guerrilla en crear una comisión para estos fines, aunque las partes negociadoras difieren del momento de su implementación. Para el gobierno, esta comisión debe crearse “después de que se alcance un acuerdo definitivo de paz”, mientras que los insurgentes consideran que debe conformarse inmediatamente. Además de la controversia relacionada con el momento de inicio, muy seguramente esta comisión también generará diferencias en lo concerniente a su composición. De hecho este factor ya se tuvo en cuenta en la conformación de la “Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas”, cuyo informe -hay que advertirlo- no remplaza la labor que deberá hacer la comisión de la verdad. En ese sentido, la propuesta surgida desde la Secretaría General de Unasur puede constituir una alternativa interesante, ya que este organismo representa un actor internacional en el que ambas partes confían.
No obstante, la comisión no debe orientarse por cuestiones políticas o por salidas conciliatorias entre las partes, sino que debe atender a aspectos jurídicos y a estándares y experiencias comparadas de reconstrucción de la verdad y de la memoria histórica. Desde el plano jurídico, ya existe una disposición constitucional que además de instar a la aplicación de “mecanismos de carácter extra-judicial para el esclarecimiento de la verdad”, faculta, y a la vez compromete, al legislador a “crear una Comisión de la Verdad y [a] definir su objeto, composición, atribuciones y funciones”. De acuerdo a estas directrices fijadas en el artículo transitorio 66 de la Constitución, incorporado por el Marco Jurídico para la Paz, en Colombia existirá sí o sí una comisión de la verdad, pero sus características serán definidas exclusivamente por la Ley. En este orden de ideas, la propuesta surgida desde la Secretaría General de Unasur no solo debe esperar, sino también ajustarse a lo que el legislador determine en esta materia, no al revés. Por consiguiente, el carácter mixto o regional de la comisión así como también la idea de limitarla a un escenario de construcción de la verdad exclusivamente social, principales rasgos de la propuesta de Unasur, deben contar con la venia del Congreso, mas no es suficiente la mera solicitud del Gobierno Nacional a la Secretaría General y a la Presidencia pro tempore de Unasur, tal como lo ha señalado Samper.
Más allá de los formalismos legales y de los buenos gestos de los países de la región en acompañar el proceso de paz, la creación de una comisión de la verdad debe gozar de amplia legitimidad social y esta solo se tendrá con el vivo testimonio de las víctimas que han experimentado los horrores del conflicto y que tienen interés de reconstruir la memoria de lo sucedido. El proceso de creación de la comisión de la verdad exige, por consiguiente, que prime la confianza por parte de las víctimas y de la sociedad por encima de la confianza que pueda despertar Unasur en las partes negociadoras.

El papel de la Fuerza de Paz Cruz del Sur en el posacuerdo

La segunda propuesta consiste en la eventual participación de una fuerza militar de Unasur en situaciones que se darán después de la firma del acuerdo de paz, lo cual constituye una iniciativa más viable que la primera. En concreto, se ha planteado la posibilidad de que la “Fuerza de Paz Binacional Cruz del Sur”, creada inicialmente por Argentina y Chile hace menos de una década y que se encuentra a disposición de la ONU para operaciones de mantenimiento de la paz, pueda acompañar el proceso de desarme y desmovilización de la guerrilla producto de los compromisos derivados de un acuerdo de paz. Esta es una labor operativa donde la confianza que tenga el gobierno y, sobre todo, la guerrilla es determinante para la realización efectiva de estos compromisos. El acompañamiento de organismos internacionales o de ciertos Estados en cuestiones operativas ligadas a hechos de paz no es nada novedoso en nuestro contexto. El acompañamiento de la Cruz Roja Internacional y de países amigos en procesos de liberación de secuestrados, hasta programas como la Misión de Apoyo al Proceso de Paz realizado por la OEA en el proceso con los paramilitares, son comunes y no distan mucho de lo que se plantea con esta posible participación de Unasur en el proceso de desarme y de verificación de los acuerdos. Aquí la confianza, la garantía y la voluntad políticas son claves.

La propuesta que hace el Secretario General de Unasur es muy valiosa, pero obviamente solo es un gesto que demuestra el compromiso e interés de acompañar, ya que la solicitud debe venir directamente del Gobierno y deberá tramitarse por medio del Consejo Suramericano de Defensa. En todo caso, Unasur debería enfocarse primeramente en fortalecer la representación de más países dentro de la Fuerza de Paz Cruz del Sur, para que en realidad pase a ser una verdadera institución con sentido de región, pues hoy en día sigue siendo una fuerza binacional bajo el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU. Mientras llega el momento de la firma del deseado acuerdo de paz, Unasur debería encargarse de organizar adecuadamente esta fuerza a partir de un modelo regional y así mostrar la capacidad para llevar a cabo esta interesante propuesta de manera autónoma. Es decir, la viabilidad de que esta iniciativa se materialice depende más de la capacidad y la garantía técnica y operativa que demuestre, que de la voluntad y la confianza política que le depositen las partes negociadoras.

El mito de la Corte Penal de Unasur

Por último, producto de la formulación de estas nuevas propuestas, se ha especulado nuevamente alrededor del rol que jugaría una hipotética Corte Penal de Unasur en el proceso de paz colombiano. Sobre este punto, tanto el Secretario General de Unasur, como también el Fiscal General han sido tajantes al descartar cualquier competencia de un tribunal regional supranacional en casos vinculados a los hechos de macrocriminalidad cometidos en el conflicto armado colombiano. Esta Corte, si es que verdaderamente se crea (ver análisis al respecto), solo estaría facultada para judicializar casos de crimen organizado transnacional en la región que no se equiparan a los crímenes internacionales que bajo las estrategias de selección y priorización busca investigar y judicializar la justicia transicional colombiana. Por lo tanto, las iniciativas de Unasur de apoyar la creación de una comisión de la verdad mixta y de brindar acompañamiento al proceso de desarme y protección de desmovilizados mediante una fuerza de paz, deben ser vistas por fuera de la propuesta en curso de crear un tribunal penal en América del Sur.

*Profesor de la Universidad Santiago de Cali (Colombia), LL.M. y doctorando de la Universidad de Göttingen e investigador del Cedpal (Alemania). www.tarapues.info

Foto tomada de internet

Control de las Omisiones Inconstitucionales e Inconvencionales, por Víctor Bazán

Control de las Omisiones Inconstitucionales e Inconvencionales Recorrido por el derecho y la Jurisprudencia Americanos y Europeos, por Víctor Bazán

Este libro, en palabras de su autor, se inscribe en la búsqueda de caminos para incrementar los niveles de eficacia y cumplimiento de la Constitución y de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. En él, Víctor Bazán, académico argentino e integrante del Grupo de Estudios sobre Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales, da cuenta de un exhaustivo trabajo investigativo que estamos seguros será útil tanto para académicos como para operadores jurídicos.

 Descargar  aqui libro en formato PDF

Control de las Omisiones Inconstitucionales e Inconvencionales

Tomado  de: http://www.kas.de/rspla/es/publications/40437/

Cultura jurisdiccional y represión de las torturas policiales, por José Luis Ramírez Ortiz

Cultura jurisdiccional y represión de las torturas policiales, por José Luis Ramírez Ortiz

Todos los informes y recomendaciones elaborados por los organismos internacionales coinciden en destacar la falta de investigación efectiva de las denuncias de tortura por parte de los jueces españoles, dato que confirman el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional, cuyas sentencias han puesto de relieve tal estado de cosas. Este déficit investigador no se explica por un solo factor, sino que es el resultado de diversos elementos de tipo normativo, institucional y cultural, de modo que solo considerándolos en su conjunto podrá realizarse un diagnóstico correcto. Me referiré, brevemente, al factor cultural.

La promulgación de la Constitución de 1978 supuso un hito sustancial en la transformación del papel de la magistratura. Los derechos fundamentales y la legalidad constitucional se erigieron en límites sustanciales de la actividad de los poderes públicos y privados, lo que determinó una redistribución del poder que atribuyó una nueva posición a la jurisdicción. En adelante, debía dejar de ser un instrumento funcional del poder político para convertirse en una instancia de control de dicho poder, de garantía de los derechos y, por tanto, desde cierto punto de vista y con todos los matices, en contrapoder.

Sin embargo, las transformaciones son lentas. Y siglos de dependencia no se borran en un instante con la aprobación de un texto normativo, por más alto que sea su nivel. Especialmente cuando, además, en el poder judicial se da la paradoja de que, formando parte del núcleo duro del propio Estado, está llamado a controlar la actividad de este y a sancionar sus excesos. Los jueces no hemos asumido aún, plenamente y con todas sus consecuencias, nuestro papel, lo que se ha traducido en una suerte de ceguera institucional hacia determinados comportamientos abusivos provenientes de quienes tienen encomendadas las necesarias y relevantes funciones de preservación del orden público, la prevención y la represión del delito. No debemos olvidar que durante muchos siglos la tortura ha estado regulada legalmente y que era practicada por los propios jueces. Desde esta premisa, cabe destacar tres factores concurrentes de singular relevancia:
1) En primer lugar, el mantenimiento de la figura del juez instructor, quien dirige formalmente una fase de investigación, de naturaleza inquisitiva, en la que se involucra intensamente y durante la cual mantiene una estrecha e inevitable relación profesional, y, en algunos casos, personal, con los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado quienes, materialmente, protagonizan las averiguaciones. Esta situación no solo compromete seriamente la imparcialidad del juez durante la investigación, creando un prejuicio sobre la responsabilidad del sospechoso, sino que lo hace también más proclive a minimizar la relevancia de las garantías, supeditadas al fin del descubrimiento de una supuesta verdad sustancial. Este conjunto de circunstancias, a la postre, pueden generar escepticismo cuando se denuncian situaciones de maltrato policial por quienes están siendo investigados o, cuando menos, cierta tolerancia hacia el abuso. En síntesis, el juez acabará desarrollando un sesgo de grupo que le llevará a valorar de forma injustificadamente homogénea las actitudes, actos y manifestaciones de las personas que pertenecen al mismo grupo, y por la sola razón de pertenencia a ese grupo (policías honestos versus detenidos culpables que mienten), pues, por lo general, se sentirá más próximo a los sujetos con los que suele trabajar y más alejado de aquellos que constituyen el objeto de su trabajo. Sesgo al que, caso de arrancarse en algún momento una investigación, se vinculará otro: el de confirmación, lo que provocará que busque y sobrevalore las pruebas y argumentos que confirmen su propia posición inicial e ignore y no valore las pruebas y argumentos que no la respalden

2) En segundo lugar, la estructuración de la carrera judicial fortalece esos vínculos y prejuicios. Por una parte, el juez suele iniciar el ejercicio de la jurisdicción en juzgados mixtos de pequeñas poblaciones donde esas relaciones, así como los controles informales sobre la población, son más intensos. En tal contexto, de inexperiencia en los primeros destinos unido al enorme poder que el ordenamiento atribuye al juez instructor, pueden fructificar pautas incompatibles con la cultura constitucional de las garantías. Por otra parte, esa deficiente socialización acompañará al juez durante el resto de su carrera cuando pase a desempeñar funciones de enjuiciamiento en juzgados unipersonales y Audiencias Provinciales, órganos en los que los sesgos se refuerzan en la relación con compañeros que han seguido idéntico itinerario.

3) La situación se agrava en el ámbito de un órgano jurisdiccional como la Audiencia Nacional. La historia demuestra el vínculo entre la represión de determinados delitos, afectantes a la soberanía de los Estados, a su propia existencia, y la utilización de torturas, casos en los que se ha solido anteponer la razón de Estado a los derechos individuales. Siendo así, la concentración de la dirección de la investigación y el enjuiciamiento de asuntos de una enorme trascendencia política en unos pocos jueces, que manejan continuamente informaciones que les suministran unos cuerpos policiales de élite, acaba repercutiendo, inevitable y negativamente, en la imparcialidad de quienes componen el órgano. Lo que determina, en el mejor de los casos de manera inconsciente, una aceptación acrítica de las informaciones policiales y una perpetua sospecha hacia las que provienen de quienes están siendo investigados, cuando no unos estrechos lazos con los mandos de los cuerpos de seguridad. Sospecha y lazos que comprometen el rol judicial de control de garantías. El hecho de que la mayor parte de las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional por la falta de investigación de los jueces cuando se han denunciado torturas en los interrogatorios policiales, provengan de asuntos instruidos o enjuiciados por la Audiencia Nacional, en especial en casos de terrorismo, es paradigmático del ámbito en el que es más frecuente la existencia de abusos. Es relativamente fácil rechazar intelectualmente los excesos en los interrogatorios para esclarecer, por ejemplo, un delito de robo. Pero es en los casos que afectan al núcleo de la convivencia cuando pueden sobrevenir más dudas, si no se tiene claro que por encima de la eficacia represiva hay valores absolutos. Y esa claridad puede quedar desdibujada cuando quienes deben controlar a los que operan, pues deben hacerlo, en las zonas límite del sistema, han desarrollado con ellos tales vínculos que han perdido la imparcialidad (daremos por su supuesta la independencia), eje de su función.
La realidad demuestra que la interpretación y aplicación de las leyes penales supone un paso de lo abstracto a lo concreto, un procedimiento de concretización, no reducible al modelo clásico del silogismo, en el que intervienen numerosos criterios valorativos e inciden los factores extratextuales o de contexto. Así, juegan un papel relevante circunstancias tales como las opiniones personales del intérprete, sus prejuicios, sus concepciones ideológicas, la preocupación por las consecuencias que la decisión pueda provocar, o las relaciones entre los diversos sujetos institucionales que intervienen en el proceso, entre otras.

Si ya hemos destacado el peso de los prejuicios y sesgos en el juez (que se traducen, a grandes rasgos, bien en el olvido o relativización de la intimidación y compulsión propia de las detenciones e intervenciones en el ámbito policial, bien en la asunción, aun inconsciente, de que cierto nivel de exceso es consustancial a la actuación policial), ello repercutirá inevitablemente en el modo en que se aproxime a la interpretación del conjunto de artículos del Código Penal que regulan los delitos de torturas (artículos 173 a 176). Así, que numerosas sentencias opten por estimar que los hechos integran, a lo sumo, una falta de lesiones y no delitos de los artículos 174 o 175, constituye una traducción directa de estos prejuicios. Pero también el factor cultural encontrará eco en el ámbito de la valoración probatoria, como en la atribución, aun a nivel inconsciente, de presunción de veracidad a las declaraciones de los funcionarios policiales o la presunción de que las denuncias tienen un origen puramente estratégico.

En un artículo publicado en el mes de enero de 1970 (“La violencia de Estado”), Norberto Bobbio decía:  “Hay hechos inquietantes que nos impiden reposar en la tranquila certeza de que la violencia solo existe en el otro lado (del lado de la protesta, de las marchas y de la agitación estudiantil). La única manera de vencer la violencia es reconociéndola, aun cuando esta no invada las calles gritando, sino que se esconda tras la decorosa fachada de las instituciones que defendemos”.

Solo reconociendo que su germen puede anidar en cualquier parte, y con esto podemos concluir por el momento, comprenderemos la necesidad de partir de un bien entendido principio de desconfianza institucional, en que se sintetiza el juego de pesos y contrapesos, y que se instituye como garantía de que nadie invada o se subrogue en papeles ajenos y opere libre de ataduras. Solo cuando cada poder ocupe su sitio, y el del poder judicial es, entre otros, el del control de los custodios, estaremos libres de derivas autoritarias.

José Luis Ramírez Ortiz
Magistrado Audiencia Provincial Barcelona
Miembro del Grupo de Estudios Judiciales

 

Tomado de: https://www.diagonalperiodico.net/blogs/fundaciondeloscomunes/cultura-jurisdiccional-y-represion-torturas-policiales.HTML

 

Seminario: El giro punitivo en América Latina, marzo 9 y 10 de 2015

universidad de los andes

Escuela Intensiva de Criminología “Problemas y perspectivas sobre policías y prisiones

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“El proceso penal en los sistemas del Common law y civil law: los modelos acusatorio e inquisitivo en el pleno siglo XXI”, por Mar Jimeno Bulnes.

"El proceso penal en los sistemas del Common law y civil: los modelos acusatorio e inquisitivo en el pleno siglo XXI", por Mar Jimeno Bulnes, Universidad de Burgos, España

 

Este trabajo tiene la finalidad, según su autora, es “añadir algunas reflexiones a esta materia tan controvertida a fin de determinar a fin de determinar si habría modificarse tanto dicha terminología como el criterio y perspectiva de distinción entre los llamados procesos acusatorio e inquisitivo penal.”

Foto recuperada de internet

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El proceso penal en los sistemas del common law y civil law

‘La última palabra es de la sociedad’,por Kai Ambos

'La última palabra es de la sociedad', por Kai Ambos

Kai Ambos es un reconocido profesor alemán, jurista y uno de los redactores del Estatuto de Roma. Esta es su visión sobre la justicia transicional y el derecho penal en el proceso de paz colombiano.

Para Kai Ambos, en el propósito de lograr la reconciliación entre los colombianos el proceso de paz debe ir más allá de lo penal. /Óscar Pérez

- ¿Cuál es la relación entre los estándares internacionales de derechos humanos y los criterios de priorización y selectividad que se aplicarían en un modelo de justicia transicional en Colombia?

En el sistema penal siempre tenemos que seleccionar y priorizar. Lo que se hace ahora en Colombia con la estrategia de la Fiscalía en cuanto a los crímenes internacionales, sean de grupos paramilitares, el Estado o la guerrilla, tener el enfoque a los más responsables, la selección de los crímenes más representativos, priorizar es algo normal en el mismo sistema penal. Tal vez es más importante en situaciones de macrocriminalidad, por el mismo hecho de que tenemos muchos más crímenes y eso en el caso colombiano es más obvio. Tenemos tantos crímenes, tantos posibles autores de crímenes, que es imposible que un sistema, aunque sea un sistema más moderno como el alemán, pueda tratar todos esos crímenes.

- ¿No es una obligación del Estado investigar todos los crímenes?

Todos seguramente no. Uno podría hablar de la obligación de investigar y perseguir crímenes internacionales en sentido estricto, es decir, genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, como lo han dicho la Corte Interamericana y otras cortes. Si vemos la justicia de transición, o la justicia posconflicto, con la situación de un país que está en un proceso de paz, en una negociación con un actor tan importante com las Farc, uno tendría que repensar si esta posición muy dogmática, según la cual hay que perseguir “todos” los crímenes, es algo realista. Tenemos que poner otros modelos, por ejemplo justicia alternativa, comisión de verdad, etc.

- Modelos que no serían incompatibles con estándares internacionales.

No lo son. Sobre todo en una situación como la colombiana, donde tenemos una democracia formal como contexto y no tenemos una situación de crímenes de una dictadura como en el Cono Sur, que fueron los casos de la Corte Interamericana. Tenemos un estado democrático formal con instituciones, con prensa libre, y hay un grupo armado. Si uno quiere que dejen las armas, hay que ser más flexibles y no dar demasiada prioridad a la parte penal del asunto.

La opinión común es que las amnistías son incompatibles con los derechos humanos.

No es tan simple, depende de cada caso y del tipo de amnistía y crimen. Por ejemplo, si tomamos la ley 975, no es una amnistía sino una ley que reduce la pena. Son modelos alternativos. Hemos creado muchos modelos en los últimos 20 o 30 años en procesos también fuera de América Latina. Colombia es protagonista en esos modelos, la ley 975 fue absolutamente novedosa, en el sentido de que hubo un ingrediente de justicia penal en la justicia paralela, y una sanción mínima en vez de una amnistía.

Ahora tenemos que ser mucho más sofisticados, porque al final la cuestión es qué es mejor para la sociedad. Esa decisión la tiene que tomar la sociedad, no puede tomarla la Corte Interamericana, ni EE.UU. ni la Unión Europea. Es una decisión de los colombianos. Para mí, es mucho más importante la participación de la sociedad civil en estos procesos, la transparencia del proceso. El gran problema tal vez en la negociación con las Farc es si es suficientemente transparente para comunicar a la sociedad colombiana qué están negociando. Hay que ser inclusivo, llevar a la sociedad como negociador, para que sepa qué se negocia y qué debe aceptar.

- ¿Cuál es el valor de la verdad en el posconflicto?

Es muy importante. Es algo extrapenal. La pregunta es cómo se logra. Hay diferentes modelos, puede haber una comisión de verdad en sentido estricto, con autoridades nacionales donde los posibles autores tienen que aparecer y confesar —ese es el caso sudafricano, que tiene muchos defectos—. Hay otros modelos, como la Memoria Histórica en Colombia. Si uno ve los informes que produce Memoria Histórica, hay algo de verdad, pero tal vez necesitamos otros procesos. Cómo lograr la verdad es algo flexible y toma tiempo. En Alemania aún discutimos sobre nacionalsocialismo, aparecen críticas y nuevas investigaciones. Son procesos largos.

- Otro concepto importante es la reparación.

La reparación está desvinculada de la ejecución de una pena. Es más compleja y puede ser el reconocimiento mismo de que alguien sufrió como víctima. Poner un símbolo, un monumento, en el pueblo o en el lugar donde hubo una masacre. Tomar en serio a las víctimas. La parte penal es la que a veces es muy exagerada, ahí realmente la cuestión es si necesitas mandar la gente a la cárcel. Como el fin es la reconciliación, hay que pensar en qué puede contribuir el derecho penal para reconciliar a los colombianos. Si las víctimas se reúnen con sus victimarios y los victimarios piden disculpas honestamente —no como tal vez en el proceso de la ley 975—, y si uno cree como víctima que los victimarios sienten lo que hicieron, tal vez eso sea mejor que enviarlos a la cárcel. Esa reconciliación autor-víctima puede ser mejor.

- Usted ha dicho que no podrá haber amnistías totales…

Algo tienen que pagar, la cuestión es cómo definir ese pago. Las Farc no quieren aceptar penas de cárcel. La estrategia del ministro de Justicia concibe la pena impuesta pero no ejecutada. Hay que ofrecerles algo mejor, en la ley 975 dijimos ocho años mínimo como pena alternativa. Con las Farc, la solución podría ser imponer condenas o hacer procesos, pero nunca implementar la pena. Pero la cuestión no es legal aquí. Si uno tiene un referendo después del proceso y el pueblo en su mayoría acepta, la comunidad internacional debe aceptar. La última palabra la tiene la sociedad. La legitimidad del proceso viene por referendo. Para los colombianos mi consejo es: olvídense de todo lo internacional, la CPI, la Corte Interamericana, y resuelvan sus problemas internos, traten de llegar a la reconciliación. Es cien veces más importantes un seminario entre víctimas y victimarios en Barranquilla, que lo que digan cortes internacionales.

Tomado de: http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/ultima-palabra-de-sociedad-articulo-525556

Declaración del grupo latinoamericano de estudios de derecho Penal internacional sobre el tratamiento jurídico del terrorismo

Declaración del grupo latinoamericano de estudios de derecho Penal internacional sobre el tratamiento jurídico del terrorismo

Compartimos la Declaración de Lima del Grupo Latinoamericano de Estudios sobre Derecho Penal Internacional (GLEDPI)

Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano  CEDPA

Descaragar PDF:

DeclaracionGLEDPI

El papa contra la pena de muerte y la crueldad en el sistema penal

El papa contra la pena de muerte y la crueldad en el sistema penal

El Papa Francisco recibe a los Presidentes de las Sociedades Científicas de materia penal y pronunció un discurso que contiene un verdadero manifiesto de política criminal humanista, tal y como proclama la Société Internationale de Défense  Sociale.

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Discurso-Papa

Tomado de:  http://blog.uclm.es/luisarroyozapatero/2014/10/28/el-papa-contra-la-pena-de-muerte-y-la-crueldad-en-el-sistema-penal/

 

¿Es viable y necesaria la creación de la Corte Penal de Unasur?, por Diego Fernando Tarapués Sandino

¿Es viable y necesaria la creación de la Corte Penal de Unasur?, Por Diego Fernando Tarapués Sandino

Desde hace unos años se viene gestando la idea de crear una corte penal en el ámbito regional suramericano. La propuesta es liderada por el fiscal ecuatoriano Galo Chiriboga quien lleva tres años impulsando la creación de esta instancia que estaría adscrita a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y que “debería” entrar a regir el próximo año. Dentro de la campaña de socialización de su propuesta, el fiscal general de Ecuador ha conversado sobre el asunto con algunos de sus homólogos en la región e incluso luego de una reunión entre las fiscalías de Colombia y Ecuador (en agosto de 2014) se decidió crear una comisión técnica para establecer los delitos que estarían bajo competencia de este tribunal. La hasta ahora denominada “Corte Penal de Unasur” está pensada para atender básicamente casos concernientes al crimen organizado transnacional. En ese sentido, los delitos transnacionales que azotan a los países de la región como narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, trata de personas, etc., serían los casos que conocería esta “novedosa” corte, cuyo objetivo fundamental “es que seamos mucho más eficaces, creando situaciones de seguridad para todos los ciudadanos de la región”, según apunta el defensor de esta propuesta.

 

Como era de esperarse tal iniciativa ha generado críticas y apoyos a lo largo y ancho del subcontinente. Por esta razón, entre más se comparte el proyecto con las autoridades nacionales y regionales así como con los medios, más se debe aclarar la “naturaleza” y “alcances” de esta corte. De esta forma, el fiscal Chiriboga ha tenido que explicar reiteradamente, entre otras cosas, que esta corte no sustituiría la competencia de los tribunales nacionales, no colisionaría con la competencia de otros tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la Corte Penal Internacional (CPI) e incluso ha tenido que sortear interrogantes sobre la posibilidad de que esta corte investigue y procese judicialmente a jefes de Estado. Es comprensible que la formulación de una propuesta de esta naturaleza genere éstas y otras dudas, pues se trata de un caso de “ingeniería institucional” que claramente puede bordear las fronteras de la “improvisación institucional” en la creación de organismos judiciales supranacionales de orden regional. En este orden de ideas, sería bueno hacer una breve revisión sobre la eventual creación de dicha corte penal suramericana.

 

Si bien es cierto que los índices de delincuencia organizada transnacional en los países suramericanos son muy elevados y que se deben promover mayores medidas en la lucha contra las diversas expresiones criminales asociadas a redes delincuenciales que operan en dos o más países, la propuesta de crear una jurisdicción penal de orden regional para “hacer justicia” en estos casos no resulta del todo convincente. A las constantes críticas e inquietudes que se han suscitado en los diversos medios hay que sumarle argumentos basados en experiencias internacionales que demuestran las dificultades para la creación y el funcionamiento de un organismo judicial supranacional de esta naturaleza.

 

En primer lugar, desde el punto de vista teórico-jurídico sería bueno preguntarse por la fundamentación y finalidad de este tribunal penal. Aunque aún no se conoce el documento oficial de este proyecto –un borrador del mismo se daría a conocer apenas en diciembre de este año–, en diversas entrevistas su promotor ha insistido en que el tribunal se basaría en la voluntad de los Estados de crear una corte que combata estos delitos sin quitarle competencia a las jurisdicciones penales nacionales cuando el delito no sea transnacional. Así las cosas, se requeriría la suscripción de un tratado internacional de los países miembros de Unasur que constituya dicho tribunal. Además, su finalidad se centraría en generar una mayor eficacia a la hora de investigar y juzgar aquellas conductas criminales transnacionales. Sobre esta fundamentación y finalidad se deben hacer algunos reparos. No solo se trata de una argumentación muy superficial, sino que muestra rasgos de ingenuidad o desconocimiento de demás experiencias, ya que parece ignorar la complejidad de justificar el ius puniendi que actualmente ejerce la CPI en el ámbito del derecho penal internacional. Trabajos como el del penalista internacional Kai Ambos intentan elaborar un sustento teórico que fundamente la existencia de un derecho a punir en un ámbito supranacional sin la existencia de un soberano (¿Castigo sin soberano? La cuestión del ius puniendi en derecho penal internacional, 2013). La solución teórica que plantea este experto alemán se basa en derivar un “ius puniendi supranacional” de la protección de derechos humanos universales, en un escenario asociado al reconocimiento de una “sociedad mundial” (de Estados soberanos) conformada por “ciudadanos mundiales” (que son sujetos de derechos).

 

Pese a las dificultades teóricas para sustentar de manera consistente el derecho a castigar de un tribunal penal a nivel supraestatal, podemos ver que existe una justificación para casos de violaciones de derechos humanos universales. Ya que los defensores de la corte penal suramericana han insistido en que no se trataría de un tribunal que “reemplazaría el trabajo de la CIDH o de la CPI” y que por tanto “no afectaría el Sistema Interamericano de Derechos Humanos porque no busca sancionar a los Estados, sino a las personas vinculadas a delitos”, sería bueno preguntarse entonces cuál sería la fundamentación del ius puniendi de la Corte Penal de Unasur para perseguir y castigar delitos que no son crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra, ni de agresión.

 

Ahora bien, dado que la finalidad de crear la Corte Penal de Unasur devela una visión optimista y esperanzadora, según la cual mediante este tribunal los países sudamericanos serían “mucho más eficaces” para judicializar las redes delincuenciales transnacionales, es apropiado traer a colación lo que ha sido el trabajo adelantado por la CPI, con el propósito de demostrar mediante cifras que no se puede esperar mucho –en términos cuantitativos– de “eficacia judicial” por parte de un tribunal penal supranacional. Desde el 2003, año en que finalmente el fiscal y los jueces asumieron sus cargos, la Fiscalía de la CPI ha formulado 36 acusaciones en el marco de las nueve situaciones que investiga formalmente, ha adelantado 13 investigaciones preliminares (de las cuales ya cuatro se han concluido, denegando la apertura de un proceso) y se han proferido solamente tres sentencias: las condenas de Thomas Lubanga en julio de 2012 a 14 años de prisión y de Germain Katanga en mayo de 2014 a 12 años de prisión, así como la absolución de Mathieu Ngudjolo en diciembre de 2012. Si bien la labor de un tribunal no se puede resumir en la cantidad de sentencias que dicta, la justificación de la necesidad de crear un tribunal penal para América del Sur debería moderar su énfasis en la “mayor eficacia” que traería dicha corte y no seguir “ofertándola” como la panacea para judicializar el crimen transnacional que padece la región.

 

Esta promesa de ser un organismo judicial supranacional que ayudará notoriamente a contener los fenómenos delincuenciales transnacionales incluso resulta contradictoria con otros argumentos que se han brindado para insistir en la viabilidad de su creación. Pues bien, se ha dicho que esta corte “no aumentaría la burocracia en la región y tampoco generaría grandes costos para los países porque los mismos investigadores y uniformados que hoy investigan delitos transnacionales en cada país serían asignados a los casos que asumiría el tribunal”. Sobre este punto es pertinente volver al ejemplo de la CPI, ya que esta tampoco cuenta con policías, cárceles, etc., y pese a que solo lleva “pocos casos”, emplea más de €100.000.000 por año para su sostenimiento. Supongo que en el caso suramericano no se estaría dimensionando ni la infraestructura ni los recursos que tiene la CPI, por lo cual estaríamos quizás hablando de una “mini corte penal” en relación y proporción a lo que estamos en capacidad material de hacer y solventar; por ello –insisto– no se debe ignorar o pasar por alto las experiencias que ha brindado el tribunal penal con sede en La Haya para revisar y repensar la propuesta que se trabaja ahora para América del Sur.

 

Por supuesto que hay que insistir en la importancia de luchar contra el crimen organizado transnacional, el cual sin duda alguna constituye la principal amenaza que enfrentan hoy en día los países latinoamericanos no solo en términos de seguridad, sino también para la consolidación de sus democracias. Sin embargo, se debería repensar la necesidad de crear dicho tribunal penal suramericano y más bien insistir en avanzar en la creación de un derecho de cooperación y asistencia judicial en materia penal, tal como lo ha desarrollado Europa. Ni siquiera en el marco de la Unión Europea, que a todas luces es un proceso de integración mucho más avanzado que Unasur y que a diferencia del incipiente “derecho comunitario” suramericano cuenta con lo que se suele denominar un “derecho penal europeo”, se ha fijado en su agenda la creación de un tribunal penal europeo.

 

Unasur debería fortalecer el recién creado “Consejo Suramericano en materia de Seguridad Ciudadana, Justicia y Coordinación de Acciones contra la Delincuencia Organizada Trasnacional” (noviembre de 2012), además debería articular en la práctica las labores de este consejo con el “Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas” e incluso con el “Consejo de Defensa Suramericano” antes de pensar en crear nuevas instituciones, nuevas funciones, nuevos cargos, etc. También podría articular sus actividades con las que adelantan la Comunidad de Policías de América (Ameripol), que combate a la delincuencia organizada transnacional del continente, o reforzar el trabajo antilavados del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), etc. Asimismo, debería promover medidas de armonización de la legislación tanto penal como policial para lograr un consenso mínimo en la definición de crimen organizado y de las respectivas conductas que comprende. Debería promover la facilitación de los procedimientos de investigación policiales, judiciales, de extinción de dominio, de extradición, entre otros, de sus países miembros y que lo puede hacer sin necesidad de crear organismos judiciales supranacionales. En especial sería maravilloso si Unasur impulsara la creación y puesta en funcionamiento de un mecanismo similar al de la orden de detención y entrega europea (la denominada Euroorden­). En suma, Unasur y las autoridades de los países que la integran deberían priorizar un enfoque técnico y concentrarse en acuerdos eminentemente ejecutivos y operacionales, puesto que en el ámbito político ya existe un consenso claro de fortalecer la cooperación y la lucha conjunta contra el crimen transnacional.

 

Diego Tarapués es profesor de la Universidad Santiago de Cali (Colombia), LL.M. y doctorando de la Universidad de Göttingen (Alemania).

Foto tomada de: https://www.google.com.ni/search?q=Corte+Penal+de+Unasur&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=waFrVL-fAYamgwT3sIPoAg&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1600&bih=756

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