Posgrado en Derecho Procesal Penal con Mención a los Principios, Garantías y Reglas Constitucionales que Fundamenta el Sistema Acusatorio (Tercera Edición)

Novedades

Declaración sobre: “Policía e investigación en Brasil”,en Göttingen

Declaración sobre: "Policía e investigación en Brasil"

Declaración derivada del seminario sobre “Policía e Investigación en Brasil”, que tuvo lugar en la Universidad de Göttingen, Alemania, Abril 14 e 15 de 2014.

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DeclaracionGottingen

Ley 861 Ley de Reformas y adiciones a la Ley General de Educación

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Dejamos a su disposición la publicación en La Gaceta, Diario Oficial, de la Ley 861 Ley de Reformas y adiciones a la Ley 852, Ley General de Educación.

Ley 861 Ley de Reformas y adiciones a la Ley General de Educación

AN: Aprueba Ley de reforma y adición a la Ley General de Educación

AN: Aprueba Ley

El  26 de marzo la Asamblea Nacional, discutió y aprobó  “PROYECTO DE LEY DE REFORMAS Y ADICIONES  A LA LEY  No. 582, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN”, iniciativa Registro No. 20138062, de forma  unánime con 88 votos presentes del plenario de la Asamblea Nacional.

El objeto de la  Ley  es regular  la emisión de certificados, diplomas y títulos que en materia de formación continua  actualización y estudios profesionales de postgrado en los niveles  de especialización, maestrías y doctorados  imparten los centros e institutos de estudio e investigación, creados de conformidad a la Ley No. 582, Ley General de Educación, publicada en la Gaceta.  Diario Oficial  No 150 del 3 de agosto del 2006”. (art. 1)

Esta reforma no afecta a los Institutos o Centros creados previamente: El Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (Inej), el Instituto Iberoamericano de Estudios e Investigación (Ibesi), el Instituto de Administración y Políticas Públicas (IAP) y el Centro de Estudios Tributarios, Administrativos y Empresariales (Cetae), creados por ley en la Asamblea Nacional y, según indica la reforma a la Ley General de Educación, estos continuarán en el desarrollo de sus funciones, finalidades y actividades de estudio e investigación científica conforme a sus respectivas leyes creadoras, transcribimos la disposición tal y como fue aprobada:

“Articulo  Cuatro. Disposición especial. Se adiciona un nuevo artículo, el que deberá ubicarse posterior al artículo 132 de la ley No 582, ley General de educación, el que se leerá  así:

Artículo 132 bis. En el caso particular de los centros o institutos de estudio e investigación que han sido  aprobados por la Asamblea Nacional  bajo el amparo de la Ley  No 582, Ley General de educación. Estos continuaran de acuerdo  al artículo 38 de la Constitución  Política en el desarrollo de sus funciones, finalidades  y actividades de estudio e investigación  científica conforme a sus  respectivas leyes creadoras  siendo única disposición  aplicable de la presente Ley a tales  centros e institutos.”

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Proyecto de ley de reforma adiciones Asamblea nacional (1)

Nicaragua: claroscuros de la reforma constitucional de 2014 – Gabriel Álvarez y Joan Vintró.

Nicaragua: claroscuros de la reforma constitucional de 2014 – Gabriel Álvarez y Joan Vintró.

Introducción.

El pasado 10 de febrero de 2014 La Gaceta-Diario Oficial de Nicaragua publicó la Ley 854, de reforma parcial de la Constitución de Nicaragua que, por mandato de una disposición final de la propia ley, entró en vigor el mismo día de dicha publicación. En las páginas que siguen se va a efectuar un breve comentario de los puntos más relevantes de esta reforma constitucional partiendo del contexto político en el que ha surgido y de las normas de procedimiento que han regido su tramitación.

Contexto político y reglas de procedimiento: hegemonía sandinista; ausencia de consenso; no exigencia de ratificación popular.

La Constitución vigente en Nicaragua sigue siendo la de 1987, es decir, la aprobada tras la revolución popular de 1979 y las elecciones de 1984 en un marco político de claro predominio institucional y social del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Esta Constitución se ha situado siempre dentro de la tradición liberal-democrática ya que tanto el texto original como las diversas reformas han mantenido, con notables y variados matices en cada caso, el respeto en todo momento al principio democrático, al pluralismo político, a la separación de poderes y a los derechos de los ciudadanos. [+ info]


Tomado  de:
http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/eapc-rcdp/

Carta Magna debe ser un espacio integrador, por Sergio Cuarezma Terán

Carta Magna debe ser un espacio integrador, por Sergio Cuarezma

Redacción Central

La Constitución Política debe ser un símbolo integrador del país y en ella debe desenvolverse el dinamismo de la comunidad nicaragüense, pero esto es posible solo “con una conciencia que entienda que la política no debe rebasar los cauces del Estado de Derecho, y que tanto los derechos y libertades constitucionales, como el funcionamiento de los poderes públicos constitucionales, deben moverse dentro del marco constitucional, dentro del marco integrador de la Constitución Política, límite para un poder abusivo”.

Lo anterior es la opinión del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sergio Cuarezma Terán, expresada en el texto El valor de la Constitución Política, publicada en el blog “Por decir algo”, de su nueva página web www.sergiocuarezma.com en la que enfatiza que la Constitución debe ser un espacio no personal, ni partidario, sino uno integrador que permita consolidar valores democráticos y de compromiso con la nación.

En el sitio web están contenidas las publicaciones de Cuarezma Terán, experto en Derecho Penal, a lo largo de su desarrollo profesional, las cuales pueden descargarse en formato PDF.

BASE PARA SISTEMA DEMOCRÁTICO

La propuesta de Cuarezma es que si Nicaragua desea un sistema de vida democrático, en desarrollo y progreso económico y humano, “tiene que construir una Constitución Política integradora que conjugue en su contenido las expectativas, intereses y visiones de todas y todos, sus aspiraciones de libertad, justicia y respeto a la dignidad humana; de una sociedad vertebrada y activa en las tomas de decisiones públicas”.

Asimismo que contenga “un modelo de educación de calidad y competitivo, un Estado de Derecho, moderno y funcional que garantice la seguridad jurídica de las personas y de las inversiones, y promueva el desarrollo económico, en fin, la articulación de todo aquello necesario para hacer una realidad la integración de todas y todos en un espacio común y seguro. Es decir, una nación de y para todos”.

Recuperado de: http://www.laprensa.com.ni/2014/03/18/poderes/187240-carta-magna-debe-espacio

País tiene 17 nuevos másteres

País tiene 17 nuevos másteres

 La Maestría contribuye, según el rector del INEJ, no solo en lo teórico, sino en el ejercicio del Derecho Público. LA PRENSA/ CORTESÍA

 Roy Moncada

Después de 15 meses de estudio, 17 profesionales nicaragüenses culminaron la Maestría en Derecho Público, realizada por el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ).

En la clausura, Mario Houed Vega, rector del INEJ, manifestó que la Maestría contribuye no solo en lo teórico, sino en el ejercicio del Derecho Público, y viene a fortalecer la institucionalidad de nuestro país y la región.

“Para el INEJ es un honor contribuir con la preparación de profesionales con conocimiento novedoso para el fortalecimiento del Estado social de derecho y proceso democrático que experimenta la región y Nicaragua, sin perjuicio de sus retos internos”, aseguró Houed durante el acto de graduación.

En la clausura fueron reconocidos los tres primeros estudiantes que alcanzaron la puntuación más alta. El promedio más alto de la Maestría fue compartido entre el abogado Aníbal Baldizón Fletes e Iván Lacayo Berríos.

Obligados a la docencia

El abogado Aníbal Baldizón Fletes dijo que “el grado de máster nos obliga a la docencia, a la cátedra, al intercambio de ideas y compartir conocimientos, a un mejor ejercicio de la profesión, contribuyendo con ello a mejorar nuestro sistema jurídico en todos sus niveles”.

Por su parte, Iván Lacayo destacó que el método de la Maestría requirió “más disciplina, más orden, más compromiso, y que con toda certeza aprendieron mucho”.

Baldizón Fletes manifestó que el método aplicado en la Maestría — que fue semipresencial— fue “novedoso, práctico, acucioso, formador en todo el sentido de la palabra (…) y que lograron recibir abundantes conocimientos de un magnífico claustro de profesores y de sus cátedras”

Recuperado de: http://www.laprensa.com.ni/2014/03/14/ambito/186643-pais-17-nuevos-masteres?movil

INEJ capacita a personal del INE

INEJ capacita a personal del INE

Funcionarios formados en especialidad de derecho administrativo

Más de 25 funcionarios del Instituto de Energía Eléctrica (INE) se graduaron en la especialidad de Derecho Administrativo que el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ) llevó a cabo a lo largo de 12 meses en Managua.

Esta especialidad, que el INEJ ganó en una licitación de contratación menor, tenía como objetivo “proporcionar al funcionario del INE una perspectiva conceptual y práctica del Derecho Administrativo contemporáneo y formar profesionales del Derecho Administrativo a través de concienciación y capacitación, para que utilicen dichos conocimientos en su actividad profesional y funcionarial y así fortalezcan un normal y adecuado desarrollo del servicio público para la configuración de las necesidades del administrado y la protección de sus derechos fundamentales”, expresó el rector del INEJ, el doctor Mario Houed Vega.

En la actividad se otorgaron diplomas de honor a los alumnos con más alto promedio, tal es el caso del ingeniero y abogado Hjalmar Ruiz Tückler con 99, quien además expresó a las autoridades del INEJ, “que el contenido y desarrollo de la especialidad, así como la preparación y experiencia de los miembros del instituto han sobrepasado nuestras expectativas”.

Recuperado de: http://www.laprensa.com.ni/2014/03/12/ambito/186309-inej-capacita-a-personal

 

Fin de la pena y selección y priorización en el Marco jurídico para la paz

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El Grupo de Investigación en Derecho -GRID- de la Universidad Pontificia Bolivariana invitó a la comunidad universitaria al conversatorio “Marco jurídico para la paz: análisis desde el Derecho penal” con los profesores Jörn Halling de Alemania y John Zuluaga como invitados.

Moderado por el profesor de la UPB  Ricardo Molina, este encuentro entre el profesor alemán de la Universidad Johann Wolfgang Goethe de Fráncfort del Meno y el profesor colombiano doctorando en la Universidad de Göttingen, del mismo país, tuvo como objetivo promover la discusión abierta sobre los diálogos de paz que se adelantan en el país a través de los procesos judiciales que se involucran en su desarrollo

La primera intervención titulada “Ley de justicia y paz y fines de la pena”, por el profesor Halling y que surge de una investigación en proceso, tuvo como primer objetivo el análisis de los conceptos sobre los fines de la pena de la que parte la Ley de justicia y paz.

Según el profesor hay una opinión predominante que asume la ausencia de pena como injusticia o impunidad, y la pena como un acto de justicia.

Para él, esta opinión es el resultado de teorías absolutas sobre los fines de la pena, que comprenden la justicia como un bi en absoluto e inviolable, “una justicia retributiva que es la que tiene menos que ver con las víctimas pues considera que la justificación de la pena no depende de su efecto para alguien”, es decir, de su efecto práctico.

Señaló también las teorías relativas que asocian la pena con un fin social y buscan evitar la futura comisión de delitos, como la teoría de la prevención general negativa según la cual el castigo para el autor de un delito sirve para intimidar al resto de la sociedad; o la teoría de la prevención general positiva con la que se afirma el orden normativo sin basarse en la intimidación, aunque implica la dificultad de establecer si con ella de verdad se tiene un efecto preventivo.

Después de este recorrido por algunas teorías tradicionales, el profesor Jörn concluye que ninguna de estas pueden justificarla satisfactoriamente. Propone por esto el concepto de dos profesores de las universidades de Frankfurt y Oxford, quienes entienden la sentencia condenatoria como “un juicio de desaprobación que confirma que los hechos cometidos en medio de un conflicto armado pueden ser actos criminales y como tales son reprochables independientemente de los fines superiores con el que los autores los justifiquen”.

Para conocer más sobre este juicio de desaprobación sobre el delito y sobre la aplicación de este concepto a la Ley de justicia y paz haga clic en la ponencia del profesor Jörn Halling fines de la pena.

La segunda ponencia a cargo del abogado de la U. de A. John Zuluaga, que trata la sentencia sobre el marco jurídico para la paz, surgió en el Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano de Gotinga, Alemania,

Sus objetivos fueron analizar las consideraciones de la Corte Constitucional sobre la solución o terminación del conflicto y las justificaciones de la corte al sistema de selección y priorización del Marco jurídico para la paz.

Antes de presentar sus reflexiones el profesor hizo una descripción de la sentencia C-579 del 2013 de la Corte Constitucional, en la que se analizó el artículo 1, inciso cuarto del Acto Legistativo 01 de 2012 del Marco Jurídico para la paz; y en la que se aborda como premisa menor la estrategia de seleccionar y priorizar en los macro procesos e imputar a máximos responsables.

Sentencia sin antecedentes en Latinoamérica que aporta a la comprensión de los mecanismos de justicia transicional, incluso más allá del caso colombiano.

Según el profesor Zuluaga, la corte, siguiendo la doctrina del juicio de sustitución, se preguntó si este inciso cuarto puede ser el asunto que sustituya la premisa mayor, en este caso el pilar fundamental de la constitución que consiste en el deber de investigar y juzgar adecuadamente todas las violaciones graves a derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

Para escuchar más sobre la incorporación a la constitución de esta estrategia, sobre si la terminación del conflicto puede entenderse como un fin de la aplic ación de instrumentos de justicia transicional y sobre los vacíos de la corte sobre el alcance del sistema de priorización y selección en Colombia haga clic en la ponencia del profesor John Zuluaga selección y priorización.

Recuperado  de:  http://www.upb.edu.co/portal/page?

Ley No. 854/2014, Ley de reforma a la Constitución Política de la República de Nicaragua.

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Para su información y uso, dejamos el texto escaneado de la Ley No. 854/2014, Ley de reforma a la Constitución Política de la República de Nicaragua.

Descargar: Ley de reforma a la constitución

Revista Justicia de la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras

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Revista Justicia, Asociación de Jueces por la Democracia. II Época, Año 6, Nº 13, Diciembre, Tegucigalpa, Honduras.

Descargar revista completa:

Revista Justicia 2a época Año 6 No 13 Honduras (1)


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