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“Conclusiones y Recomendaciones del II Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal”, México

"Conclusiones y Recomendaciones del II Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal”, México

Para la consideración del lector dejamos a su disposición las Conclusiones y Recomendaciones del II Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal”, bajo el cual se llevó a cabo la revisión de los problemas y la funcionalidad del Código Nacional de Procedimientos Penales, a 7 años de la reforma constitucional de 2008. El Congreso fue realizado por el Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales, A.C. (CEPOLCRIM) y la Asociación Mexicana de Derecho Penal y Criminología (AMPEC) los días del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2015. Este evento conjuntó a expertos de países de Europa y América Latina y, por supuesto, de México, llevándose a cabo en el Complejo Mexicano de Capacitación, de San Andrés Cholula, Puebla.

Conclusiones_II_CongInt_Derecho, 14-04-16

X Congreso Internacional de Derecho procesal sobre “La Prueba como Derecho fundamental”

X Congreso Internacional de Derecho procesal sobre "La Prueba como Derecho fundamental"

Por si fuera de interés dejamos el afiche del: X Congreso Internacional de Derecho procesal sobre “La Prueba como Derecho fundamental”, del 2 al 4 de junio, Ciudad Neily, Costa Rica. Organizado por el Instituto de Costa Rica para la Promoción del Derecho procesal.

Del acuerdo de paz en Colombia y sus (re)formas procesales, por John Zuluaga

Del acuerdo de paz en Colombia y sus (re)formas procesales John Zuluaga

 

La primera promoción pública de la llamada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se complementa ahora con la presentación del Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto realizada el 15.12.2015 por el gobierno colombiano y las FARC-EP. Este acuerdo desarrolla en detalle los contenidos de la JEP y, a diferencia de lo expuesto en el Comunicado del 23.09.2015, concibe a la misma junto a otros mecanismos y medidas dirigidos a componer el llamado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). Se trata de una estructura judicial (penal) que incorpora las claves legales y procesales para satisfacer las expectativas ético-jurídicas vinculadas al sistema de justicia transicional. En el SIVJRNR se desarrollan en detalle tanto los parámetros procedimentales y las competencias de la JEP, como las reglas y principios que orientan el funcionamiento de la misma. Determinante resulta la específica consagración de la paz como principio orientador a los fines de influir procesos concretos de investigación y decisión judicial, acogiéndola no sólo como regla de decisión (pág. 45, num. 75), sino, incluso, como finalidad de la sanción (pág. 39, num. 60).

El dualismo procesal

Sumado a la dicotomía que irriga la composición de la JEP (salas de justicia y tribunal de paz), el proceso de la JEP es dualista en la reacción frente al “grado de contribución” de los procesados. Como lo advertí en otro momento, pareciera que el juego de etiquetas se apropia de la estructura judicial para concebir la bifurcación de sus rendimientos en materia de judicialización y sanción (véase mi columna del 6.11.2015). Ahora se confirma que el tipo de tratamiento en el marco de la JEP será concordante con el grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad (pág. 25, num. 28). Así se consagra tanto en las dos fórmulas procedimentales que concibe la JEP (pág. 29, num. 45), como en el tipo de consecuencias jurídicas que se siguen de estos trámites  (véase pág. 45 ss., listado de sanciones I a III). Precisamente por concebir la continuidad del trámite ante la existencia o ausencia de reconocimiento es que el dualismo procesal se consagra como esencial a la JEP. No será como otrora en la Ley de justicia y paz (LJP) donde, a partir de la estructura de la misma Ley, se derivaron cláusulas de exclusión en los casos de no contribución (véase nuestro trabajo sobre la LJP párr. 118 ss.). Al contrario, ahora la continuidad del sujeto procesal es preponderante frente a la pretensión de verdad y la permanencia del mismo prima sobre ésta, de tal manera que el reconocimiento de verdad y responsabilidad podría terminar siendo prescindible.

La ambigüedad en la delimitación del objeto procesal que arrastra aquel dualismo, sin duda, impactará los rendimientos de la JEP. No solo porque la JEP se propone abordar los delitos cometidos en el marco del conflicto armado colombiano, sino, además, por la necesidad que habría de investigarlos y juzgarlos ante la falta de reconocimiento de los mismos. A la (desbordada) dimensión ratione materiae y a la sub-especialización procesal dentro de la JEP, se suma el retorno del escriturismo como método de reconocimiento de verdad y responsabilidad (pág. 30 num. 47; pág. 32, num. 48 (g)). Ante la marcha triunfal que ha tenido el proyecto de oralidad introducido por el Acto Legislativo 03 de 2002, el retorno del escriturismo significa un replanteamiento, entre otras cosas, a la capacidad realizativa de principios como la inmediación, concentración y publicidad. De ese modo, en el intento de despersonalizar las audiencias en los procesos de la JEP de la verificación crítica por medio de la oralidad, la vocación minimizadora de la discrecionalidad de los intervinientes perdería contenido.

Selección y priorización de casos

La relativización de los rendimientos de la JEP tampoco encuentra en las cláusulas del acuerdo relativas a la selección y priorización de casos un parámetro de compensación procesal. Si bien el acuerdo concibe que la sala de definición de situaciones jurídicas podrá determinar “mecanismos procesales de selección y priorización para quienes no reconozcan verdad y responsabilidad” (pág. 34, num. 50 (c) y (g)), no hay claridad sobre la definición y alcance de estos mecanismos ni sobre las causales para la renuncia al ejercicio de la acción penal o disciplinaria que el mismo acuerdo concibe (pág. 35, num. 50 (f)). La interpretación de las cláusulas abiertas sobre criterios de selección y priorización de casos no solo exige cierta complementariedad con los parámetros normativos vigentes sobre dichos criterios, sino, también, conduce a que el futuro desarrollo legislativo del acuerdo integre sistemáticamente todas estas pautas. La pregunta es hasta qué punto el acuerdo es susceptible de una integración normativa, por ejemplo, con el Artículo transitorio 66 de la Constitución Nacional (CN) (véase al respecto nuestro trabajo sobre justicia transicional y Constitución pp. 168 ss.). Si así fuese, el desarrollo legislativo del acuerdo debería someterse a la Ley Estatutaria que debe regular el inciso 4 del Art. trans. 66 CN y, asimismo y a los fines de asegurar una mínima coordinación interinstitucional, la sala de definición de situaciones jurídicas no deberá descuidar en sus prácticas la lectura de las pautas de selección y priorización en clave de lo que las directivas institucionales de la Fiscalía General de la Nación (FGN) han ofrecido al respecto (véase nuestra columna sobre la Directiva 001 de 2012). La prevalencia que predica el SIVJRNR (pág. 23, num. 9; pág. 24, num 15 inc. 2; pág. 26, num. 33) no debe comprenderse como un factor de revisión del poder judicial, sino de integración y coordinación con los diferentes actores judiciales.

Respecto a la integración normativa del futuro desarrollo legislativo del acuerdo, resulta algo problemática la concepción de la responsabilidad por mando y, en ese sentido, la determinación de máximos responsables que promueve el acuerdo (pág. 29, num. 44; pág. 39, num. 59). Ya no se trata del cumplimiento de un rol esencial en la organización criminal como lo define la Corte Constitucional (véase nuestro trabajo sobre la sentencia C-579 de 2013, pp. 255 ss.), ni de la previsión razonable de la comisión del delito bajo las claves del nivel extendido del joint criminal enterprise en su variante III, como lo prevé la FGN en su directiva institucional (véase nuestra columna sobre la Directiva 001 de 2012). El acuerdo establece que no habrá responsabilidad por mando fundada en rango, jerarquía o ámbito de jurisdicción, sino, basada en el control efectivo y el conocimiento suficiente de la conducta de sus subordinados (pág. 29, num. 44; pág. 39 num. 59). En ese sentido, bajo los criterios de “control efectivo” y “conocimiento suficiente de la conducta”, parecería que la noción de máximo responsable se equipara a la de autor de acuerdo al criterio del dominio del hecho, lo cual excluiría a los determinadores como máximos responsables. De esta manera sigue siendo una definición abierta, indeterminada e igualmente problemática para los operadores judiciales. Es bastante polémico, también, porque en esa medida excluye a muchos agentes del Estado y del mismo secretariado de las FARC-EP, en tanto plantea una conexión entre el mando de las Fuerzas Armadas/guerrillas y sus operadores/subordinados a partir de un control efectivo y de información suficiente sobre las conductas de los mismos.

Delimitaciones pre-procesales

Last but not least deben examinarse las condiciones que se derivan del SIVJRNR para la definición de los ámbitos de aplicación de la JEP. En la determinación de estos ámbitos se concretan los núcleos de verdad que sobre el conflicto serán reconocidos y verificados en el procedimiento de la JEP. El asunto esencial en la JEP – así como en el trámite de la LJP – es la definición de los sujetos que se vincularán a dicha jurisdicción y en los que se soporta el reconocimiento de verdad y responsabilidad. Más allá de los roles en las estructuras armadas, por ejemplo el de máximo responsable, el SIVJRNR no incorpora las claves con las que se defina en la práctica la vinculación de los sujetos (procesales) fijados por el ámbito de aplicación ratione personae. Si bien la forma de vinculación, como condición preparatoria del proceso, es un asunto que debe resolverse aún en el acuerdo relativo al fin del conflicto y los procesos de desmovilización, desarme y reinserción (DDR), para el caso de los grupos guerrilleros se pueden encontrar elementos que contribuyen a establecer la manera como se determinará la pertenencia al grupo. Se trata de la nominación por medio de listado, conforme a lo que se establezca entre las partes para su verificación (pág. 27, num. 38). Si bien al respecto se plantea de nuevo un escenario de integración normativa, especialmente con los decretos 4760 de 2005 y 4417 de 2006, el problema de las nominaciones por medio de listado es fundamentalmente práctico. En los procesos de DDR predecesores, dichas nominaciones han mostrado múltiples dificultades en la determinación de los nombres a incluir, especialmente en los casos que se elaboraron de forma concomitante a la concentración de combatientes. Frente a esto será determinante tanto la intervención del mecanismo tripartito aprobado en la Resolución 2261 del 25.01.2016 (párag. 2) del Consejo de Seguridad de la ONU (véase al respecto Ambos, 01.02.2016), como también el diseño de un adecuado mecanismo de verificación de identidades por parte de los organismos judiciales y administrativos que intervengan en la fase de concentración y desmovilización.

 

John Zuluaga, LL.M y Doctorando de la Georg-August-Universität Göttingen (Alemania). Investigador adscripto al Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano (CEDPAL) de la misma Universidad.

 

Fotografía tomada de internet

II CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO PROCESAL PENAL, México, CEPOLCRIM

II CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO PROCESAL PENAL, México, organizado por CEPOLCRIM

Hacemos llegar el Programa del II CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO PROCESAL PENAL sobre “Los Grandes Retos y Perspectivas del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral en México” (Revisión de los problemas y la funcionalidad del Código Nacional de Procedimientos Penales a siete años de la reforma constitucional de 2008)a celebrarse en la Ciudad de Cholula, Puebla del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 201. El Congreso está organizado por el Centro de Estudios de Política criminal y Ciencias Penales, A. C. Bajo la dirección científica del Prof. Dr. Moisés Moreno

Descargar aquí el Programa del II Congreso

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“La naturaleza de la reforma de la justicia penal”, por Sergio J. Cuarezma Terán

"La naturaleza de la reforma de la justicia penal. Su impacto en los derechos del imputado en la fase de investigación criminal y la justicia negociada", por Sergio J. Cuarezma Terán

Dejamos la ponencia presentada por el profesor Sergio J. Cuarezma Terán, sobre “La naturaleza de la reforma de la justicia penal. Su impacto en los derechos del imputado en la fase de investigación criminal y la justicia negociada”, desarrollada en la Comisión de Trabajo sobre “Los debates actuales sobre el proceso penal” en el II Congreso Latinoamericano de Derecho Penal y Criminología que se realizó entre el 5 al 7 de noviembre de 2013, en la Universidad Nacional de La Matanza, Argentina, organizado por la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología con la presencia de especialistas de todo el mundo. Recientemente, salió publicado (2014) en dos textos la memoria del Congreso, uno que recoge las Conferencias y el otro que los trabajos de las Comisiones, del cual extraemos el presente trabajo.

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La naturaleza de la reforma de la justicia penal

“Mitos y realidades sobre la legislación de niñas, niños y adolescentes de Nicaragua”, por Sergio J. Cuarezma Terán

“Mitos y realidades sobre la legislación de niñas, niños y adolescentes de Nicaragua”, por Sergio J. Cuarezma Terán

Dejamos a su disposición el trabajo “Mitos y realidades sobre la legislación de niñas, niños y adolescentes de Nicaragua”, de Sergio J Cuarezma Terán. Publicado en el libro Justicia penal, política criminal y Estado social de  derecho en el siglo XXI, Tomo I, “Homenaje a Elías Carranza”, Coordinado por el Dr. Carlos Tiffer, Editorial EDIAR, Argentina, 2014, pp. 95 – 131

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Mitos-y-realidades-de-niñas-y-niños-y-adolescente-de-Nicaragua.pdf

¿Jurisdicción especial para la paz?, por John E. Zuluaga T.

¿Jurisdicción especial para la paz? Reflexiones sobre una tercera generación de justicia transicional para la resolución del conflicto armado en Colombia, por John E. Zuluaga T.

¿Jurisdicción especial para la paz? Reflexiones sobre una tercera generación de justicia transicional para la resolución del conflicto armado en Colombia.

El acuerdo de creación de una jurisdicción especial para la paz (“JEP”), dado a conocer de forma resumida el pasado 23.09.2015, propone un modelo de justicia que se aplicará a los delitos cometidos en el marco del conflicto armado colombiano. A pesar de que al momento del comunicado algunos contenidos concretos del acuerdo no estaban plenamente definidos, el mismo delimitó tanto los parámetros procedimentales como las competencias de esta nueva jurisdicción. El acuerdo sintetizó aquel optimismo que ha marcado el desarrollo de la justicia transicional (“JT”) en Colombia sobre el uso de la pena y del derecho penal como medidas de transición, frente a las que se ha subordinado la terminación del conflicto armado, es decir, una de las condiciones de probabilidad de la paz en Colombia. Paradójicamente, con el protagonismo que se le otorga al procedimiento penal en la JEP se podrían encontrar, una vez más, razones para explicar cómo ésta terminará por extraer y minimizar la maniobrabilidad y posibilidades adaptativas de otras condiciones para la resolución del conflicto armado colombiano.

  1. La jurisdicción especial para la paz

La JEP se incorpora como un nivel adicional de investigación y juzgamiento de los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado. Al instalarse junto a la jurisdicción ordinaria y a la Ley de justicia y paz (“LJP”), podría hablarse de una tercera generación de justicia para la superación del conflicto armado. Su composición, según lo descrito en el numeral 3 del Acuerdo, es mixta, es decir, con una participación minoritaria de extranjeros. A la misma se adscriben dos instancias básicas: unas salas de justicia y un tribunal para la paz. De esta manera se replica la estructura de lo que en el derecho penal internacional se ha llamado hybrid courts. Extraoficialmente se ha dado a conocer que la JEP contaría con cuatro salas (de verdad y reconocimiento de responsabilidad; de definición de situación jurídica; de acusación; de amnistías e indultos) y que el tribunal tendría, a su vez, tres salas que actuarán, respectivamente, como primera y segunda instancia y sala de revisión. En las salas del tribunal participaran 25 magistrados, cinco de los cuales serán extranjeros. (El Espectador, 17.10.2015)

La composición de la JEP recrea algunas dicotomías a partir de las cuales parece que se quiere mostrar, con el juego de etiquetas asignadas a las instancias que la componen, el hallazgo de un escenario de conciliación del dilema de justicia y paz. Con la bifurcación de la jurisdicción (salas y tribunal) y la respectiva asignación de rótulos (paz y justicia), se crean formas de ver y sugieren modos de actuar de lo que, en esencia, debe llegar a ser una misma estructura judicial. Como si la paz fuera consecuencia de la subordinación de la reincorporación civil a ciertas claves legalistas de justicia. Aquel juego de etiquetas (justicia y paz) reproduce el magnetismo conceptual que arrastran dilemas como “castigo-impunidad” o “guerra-paz”, capaces de aglutinar campos de la realidad y excluir otras referencias discursivas externas. Como lo he afirmado en otras ocasiones (véase mi columna del 13.06.2014), desde el punto de vista del Derecho Internacional Humanitario la paz no es equivalente a terminación del conflicto y a esta última conclusión sólo puede llegarse a partir de una real disminución del umbral de violencia (criterio material y no formal).

Al juego de etiquetas se suma una mixtura de participantes y de formas de intervención de éstos en la JEP. En la interacción entre nacionales y extranjeros pareciera que se busca prolongar el rol que han tenido estos últimos como “garantes” tanto de lo acordado en la Habana (Cuba) como de los desarrollos imparciales e independientes de las futuras investigaciones y juicios dentro de la JEP. Se trataría de una aspiración con rendimientos simbólicos, si se tiene en cuenta que de la elección de los mismos, según el informe extraoficial antes mencionado, se encargará una comisión conformada por delegados de las partes negociadoras (Gobierno-FARC), la que filtraría las reglas de elección de aquellos bajo el tamiz y la dimensión de lo que cada parte considere como “un buen magistrado”. En ese sentido, con las claves que presenta el acuerdo para la incorporación de extranjeros pareciera que se trata de la concesión de una patente de corso a favor de las partes negociadoras y de su mejor posición en el escenario de las investigaciones y judicializaciones en el marco de la JEP. La hibridación del tribunal para la paz y la cuota de extranjeros que la misma acarrea, debería ser vista y entendida como uno de los niveles de contradicción que aseguraría la legitimidad de una jurisdicción que pretende confrontar lesiones a los intereses que protegen la sanción de core crimes. Así, incluso, no deberían suprimirse en su integración muchas de las claves básicas que supone la judicatura colombiana en la conformación de sus propios tribunales.

  1. Procedimiento y competencias

El acuerdo para el desarrollo de una JEP prevé un trámite para quienes reconozcan verdad y responsabilidad y otro diferente para quienes no la reconozcan. El reconocimiento de verdad y responsabilidad es el factor determinante para definir el tipo de pena a aplicar. Dicho reconocimiento puede ser pleno, tardío o nulo. En el primer caso habrá una pena de 5 a 8 años de restricción de la libertad, en el segundo caso de 5 a 8 años de cárcel y en el tercer caso hasta 20 años de cárcel. En ese sentido, los trámites ante la JEP arrastran una lógica dualista: sometimiento o contradicción. Bajo estas claves de impulso procesal es fundamental tener en cuenta los antecedentes del proceso de la LJP, para discutir y proyectar los rendimientos de la JEP. No se trata sólo de un modelo paralelo a la LJP, sino, además, de la concurrencia que el mismo supone en términos de infraestructura y lógicas burocrático-judiciales. A la JEP parece subordinarse ahora uno de los niveles de maximalismo al que se ha llegado como resultado de la ejecución del procedimiento de la LJP. Las aspiraciones y rendimientos de esta jurisdicción, al contrario, deben ser realistas. No en vano la propia Constitución en su artículo transitorio 66 ha puesto a disposición de la JT un proyecto de selección y priorización procesal penal para confrontar la inviabilidad del maximalismo penal. En todo caso, que el modelo de selección y priorización sea un presupuesto de los rendimientos de la JEP no significa que este modelo sintetice las competencias material y subjetiva de aquella jurisdicción. Especialmente si es que en la JEP se busca distinguir la criminalidad política frente a “otra criminalidad”, debe entenderse que los ámbitos de selección y priorización, en los términos del artículo transitorio 66 de la Constitución, excluyen la criminalidad política como objeto de investigación.

  1. Restricciones

La JEP no sólo incorpora un trámite procesal complejo – quizás mucho más que el regulado por la LJP -, sino que, además, amplía la definición negativa del delito político, es decir, no sólo se excluyen como delitos políticos el genocidio, crímenes de lesa humanidad y graves crímenes de guerra, sino, también, otros graves delitos individuales. De esta manera, pareciera que la JEP le arrebata contenidos al llamado marco jurídico para la paz (acerca del mismo y sus condicionamientos jurisprudenciales véase nuestro trabajo sobre justicia transicional y Constitución) para ponerlos al servicio de su idea de justicia y de su aspiración de paz. Aunque el acuerdo se arrogue cierta libertad de configuración democrática (parlamentaria) y le sustraiga a ésta sus competencias de decisión sobre el sí, qué y cómo del castigo, ello no puede significar que los desarrollos de la JEP no sean objeto de interpretaciones sistemáticas, es decir, el mismo debe comprenderse en el marco de diferentes parámetros de interpretación de los mecanismos para la reincorporación de combatientes a la vida civil. En ese sentido, por ejemplo, sería discutible la conformidad del acuerdo con algunos de los lineamientos de la sentencia C-577 de 2014 de la Corte Constitucional. Pareciera que la relación de complementariedad que traza esta sentencia entre el llamado “componente penal” y el “componente político” fuera replanteada para concederle un margen de realización a la restricción de la libertad como producto del reconocimiento pleno de verdad y responsabilidad. Evidentemente el “cumplimiento de pena impuesta”, con el que la Corte Constitucional condiciona la posibilidad de participar en política, podría ser diferente a la idea y perspectivas de la “restricción de la libertad” que supone el acuerdo de una JEP, todo dependiendo de lo que se llegue a entender por cumplimiento o restricción. Se trata, sin duda, de un tema con un impacto político criminal de alta sensibilidad y uno de los dilemas a resolver más importantes, no sólo para valorar la constitucionalidad de los contenidos del acuerdo, sino, además, para garantizar su realizabilidad, es decir, la disputada aceptabilidad social de sus pretensiones.

 

John Zuluaga, LL.M y Doctorando de la Georg-August-Universität Göttingen (Alemania). Investigador adscripto al Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano (CEDPAL) de la misma Universidad.

Foto tomada de: internet

 

IV Congreso Latino Americano de Derecho Penal y Criminología, ALPEC, del 29 al 30 de octubre Rio de Janeiro, Brasil

IV Congreso Latino Americano de Direito Penal e Criminología del 29 al 30 de octubre Rio de janeiro

Dejamos el programa  del IV Congreso Latino Americano de Derecho Penal y Criminología, ALPEC, a realizarse los días   29 y  30 de octubre en Rio de Janeiro, Brasil

Programa del congreso

Sobre el desarrollo del Derecho procesal penal alemán, por Claus Roxin

Sobre el desarrollo del Derecho procesal penal alemán, por Claus Roxin

Claus Roxin, “Sobre el desarrollo del derecho procesal penal alemán”, en Andrés Duque (Comp.), Perspectivas y retos del proceso penal, Medellín, Universidad Pontificia Bolivariana, 2015, pp. 366-378.

*Publicado originalmente en portugués: “Sobre o desenvolvimento do direito procesual penal alemão”, en: Que Futuro para o Direito Processual Penal? Simpósio em homenagem a Jorge de Figueiredo Dias, por ocasião dos 20 anos do Código de Processo Penal Português. Dir. Mário Ferreira Monte, Coimbra: Coimbra Editora, 2009./ Traducido del portugués al español por Esteban González Jiménez (UPB). Revisado con base en el texto alemán, corregido y actualizado por John Zuluaga (LL.M.), Georg-August-Universität Göttingen (Alemania) –-(Orig. “Zur Entwicklung des deutschen Strafprozessrechts”-).

(foto tomada del internet)

Claus Roxin, Sobre el desarrollo del proceso penal alemán, en Perspectivas y retos del proceso penal, UPB, pp. 366-378

Congreso internacional sobre criminalidad y sistemas de justicia penal en América Latina y el Caribe

Congreso internacional sobre criminalidad y sistemas de justicia penal en América Latina y el Caribe

Dejamos a su disposición el Programa del Congreso internacional sobre criminalidad y sistemas de justicia penal en América Latina y el Caribe, a celebrarse en el mes de Octubre 5, 6 y 7 de 2015, San José, Costa Rica, en el marco de la celebración de los 40 Aniversarios del Instituto de Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD).

El INEJ participará con la presentación de una Conferencia sobre La reforma de la justicia penal en América Latina, avances y desafíos

PROGRAMA-OCTUBRE-Sept.-30-ILANUD1.pdf

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