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Congreso sobre “Aspectos fundamentales de la justicia penal en América Latina en el siglo XXI”, lunes 24 y martes 25 de noviembre de 2014

Congreso sobre “Aspectos fundamentales de la justicia penal en América Latina en el siglo XXI”

El Congreso sobre “Aspectos fundamentales de la justicia penal en América Latina en el siglo XXI” es un espacio de debate académico y científico de temas particulares de la justicia penal en el hemisferio en un contexto de particular importancia para la República de Panamá por la aplicación de su modelo procesal de carácter acusatorio. El Congreso, concluye los Programas de Posgrado en Derecho procesal penal (tercera edición) y Maestría en Derecho penal y Derecho procesal penal (segunda edición) realizados por la Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ), la Escuela Judicial del Órgano de Panamá y el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ) en el marco del Convenio de Colaboración Académica y Científica que la CSJ de Panamá y el INEJ suscribieron oportunamente, cuenta con el auspicio y apoyo de la Procuraduría General de la Nación de Panamá, la Oficina de Implementación del Sistema Acusatorio del Órgano Judicial (OISPA) e ILANUD.

 

Se trasmitirá vía Internet en esta web del INEJ el lunes 24 y martes 25 a partir de las 1:00 pm hora de Nicaragua, 2:00 hora de Panamá. Esfuerzo conjunto de la CSJ de Panamá y el INEJ.

‘La última palabra es de la sociedad’,por Kai Ambos

'La última palabra es de la sociedad', por Kai Ambos

Kai Ambos es un reconocido profesor alemán, jurista y uno de los redactores del Estatuto de Roma. Esta es su visión sobre la justicia transicional y el derecho penal en el proceso de paz colombiano.

Para Kai Ambos, en el propósito de lograr la reconciliación entre los colombianos el proceso de paz debe ir más allá de lo penal. /Óscar Pérez

- ¿Cuál es la relación entre los estándares internacionales de derechos humanos y los criterios de priorización y selectividad que se aplicarían en un modelo de justicia transicional en Colombia?

En el sistema penal siempre tenemos que seleccionar y priorizar. Lo que se hace ahora en Colombia con la estrategia de la Fiscalía en cuanto a los crímenes internacionales, sean de grupos paramilitares, el Estado o la guerrilla, tener el enfoque a los más responsables, la selección de los crímenes más representativos, priorizar es algo normal en el mismo sistema penal. Tal vez es más importante en situaciones de macrocriminalidad, por el mismo hecho de que tenemos muchos más crímenes y eso en el caso colombiano es más obvio. Tenemos tantos crímenes, tantos posibles autores de crímenes, que es imposible que un sistema, aunque sea un sistema más moderno como el alemán, pueda tratar todos esos crímenes.

- ¿No es una obligación del Estado investigar todos los crímenes?

Todos seguramente no. Uno podría hablar de la obligación de investigar y perseguir crímenes internacionales en sentido estricto, es decir, genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, como lo han dicho la Corte Interamericana y otras cortes. Si vemos la justicia de transición, o la justicia posconflicto, con la situación de un país que está en un proceso de paz, en una negociación con un actor tan importante com las Farc, uno tendría que repensar si esta posición muy dogmática, según la cual hay que perseguir “todos” los crímenes, es algo realista. Tenemos que poner otros modelos, por ejemplo justicia alternativa, comisión de verdad, etc.

- Modelos que no serían incompatibles con estándares internacionales.

No lo son. Sobre todo en una situación como la colombiana, donde tenemos una democracia formal como contexto y no tenemos una situación de crímenes de una dictadura como en el Cono Sur, que fueron los casos de la Corte Interamericana. Tenemos un estado democrático formal con instituciones, con prensa libre, y hay un grupo armado. Si uno quiere que dejen las armas, hay que ser más flexibles y no dar demasiada prioridad a la parte penal del asunto.

La opinión común es que las amnistías son incompatibles con los derechos humanos.

No es tan simple, depende de cada caso y del tipo de amnistía y crimen. Por ejemplo, si tomamos la ley 975, no es una amnistía sino una ley que reduce la pena. Son modelos alternativos. Hemos creado muchos modelos en los últimos 20 o 30 años en procesos también fuera de América Latina. Colombia es protagonista en esos modelos, la ley 975 fue absolutamente novedosa, en el sentido de que hubo un ingrediente de justicia penal en la justicia paralela, y una sanción mínima en vez de una amnistía.

Ahora tenemos que ser mucho más sofisticados, porque al final la cuestión es qué es mejor para la sociedad. Esa decisión la tiene que tomar la sociedad, no puede tomarla la Corte Interamericana, ni EE.UU. ni la Unión Europea. Es una decisión de los colombianos. Para mí, es mucho más importante la participación de la sociedad civil en estos procesos, la transparencia del proceso. El gran problema tal vez en la negociación con las Farc es si es suficientemente transparente para comunicar a la sociedad colombiana qué están negociando. Hay que ser inclusivo, llevar a la sociedad como negociador, para que sepa qué se negocia y qué debe aceptar.

- ¿Cuál es el valor de la verdad en el posconflicto?

Es muy importante. Es algo extrapenal. La pregunta es cómo se logra. Hay diferentes modelos, puede haber una comisión de verdad en sentido estricto, con autoridades nacionales donde los posibles autores tienen que aparecer y confesar —ese es el caso sudafricano, que tiene muchos defectos—. Hay otros modelos, como la Memoria Histórica en Colombia. Si uno ve los informes que produce Memoria Histórica, hay algo de verdad, pero tal vez necesitamos otros procesos. Cómo lograr la verdad es algo flexible y toma tiempo. En Alemania aún discutimos sobre nacionalsocialismo, aparecen críticas y nuevas investigaciones. Son procesos largos.

- Otro concepto importante es la reparación.

La reparación está desvinculada de la ejecución de una pena. Es más compleja y puede ser el reconocimiento mismo de que alguien sufrió como víctima. Poner un símbolo, un monumento, en el pueblo o en el lugar donde hubo una masacre. Tomar en serio a las víctimas. La parte penal es la que a veces es muy exagerada, ahí realmente la cuestión es si necesitas mandar la gente a la cárcel. Como el fin es la reconciliación, hay que pensar en qué puede contribuir el derecho penal para reconciliar a los colombianos. Si las víctimas se reúnen con sus victimarios y los victimarios piden disculpas honestamente —no como tal vez en el proceso de la ley 975—, y si uno cree como víctima que los victimarios sienten lo que hicieron, tal vez eso sea mejor que enviarlos a la cárcel. Esa reconciliación autor-víctima puede ser mejor.

- Usted ha dicho que no podrá haber amnistías totales…

Algo tienen que pagar, la cuestión es cómo definir ese pago. Las Farc no quieren aceptar penas de cárcel. La estrategia del ministro de Justicia concibe la pena impuesta pero no ejecutada. Hay que ofrecerles algo mejor, en la ley 975 dijimos ocho años mínimo como pena alternativa. Con las Farc, la solución podría ser imponer condenas o hacer procesos, pero nunca implementar la pena. Pero la cuestión no es legal aquí. Si uno tiene un referendo después del proceso y el pueblo en su mayoría acepta, la comunidad internacional debe aceptar. La última palabra la tiene la sociedad. La legitimidad del proceso viene por referendo. Para los colombianos mi consejo es: olvídense de todo lo internacional, la CPI, la Corte Interamericana, y resuelvan sus problemas internos, traten de llegar a la reconciliación. Es cien veces más importantes un seminario entre víctimas y victimarios en Barranquilla, que lo que digan cortes internacionales.

Tomado de: http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/ultima-palabra-de-sociedad-articulo-525556

Declaración del grupo latinoamericano de estudios de derecho Penal internacional sobre el tratamiento jurídico del terrorismo

Declaración del grupo latinoamericano de estudios de derecho Penal internacional sobre el tratamiento jurídico del terrorismo

Compartimos la Declaración de Lima del Grupo Latinoamericano de Estudios sobre Derecho Penal Internacional (GLEDPI)

Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano  CEDPA

Descaragar PDF:

DeclaracionGLEDPI

El papa contra la pena de muerte y la crueldad en el sistema penal

El papa contra la pena de muerte y la crueldad en el sistema penal

El Papa Francisco recibe a los Presidentes de las Sociedades Científicas de materia penal y pronunció un discurso que contiene un verdadero manifiesto de política criminal humanista, tal y como proclama la Société Internationale de Défense  Sociale.

Descargar PDF:

Discurso-Papa

Tomado de:  http://blog.uclm.es/luisarroyozapatero/2014/10/28/el-papa-contra-la-pena-de-muerte-y-la-crueldad-en-el-sistema-penal/

 

¿Es viable y necesaria la creación de la Corte Penal de Unasur?, por Diego Fernando Tarapués Sandino

¿Es viable y necesaria la creación de la Corte Penal de Unasur?, Por Diego Fernando Tarapués Sandino

Desde hace unos años se viene gestando la idea de crear una corte penal en el ámbito regional suramericano. La propuesta es liderada por el fiscal ecuatoriano Galo Chiriboga quien lleva tres años impulsando la creación de esta instancia que estaría adscrita a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y que “debería” entrar a regir el próximo año. Dentro de la campaña de socialización de su propuesta, el fiscal general de Ecuador ha conversado sobre el asunto con algunos de sus homólogos en la región e incluso luego de una reunión entre las fiscalías de Colombia y Ecuador (en agosto de 2014) se decidió crear una comisión técnica para establecer los delitos que estarían bajo competencia de este tribunal. La hasta ahora denominada “Corte Penal de Unasur” está pensada para atender básicamente casos concernientes al crimen organizado transnacional. En ese sentido, los delitos transnacionales que azotan a los países de la región como narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, trata de personas, etc., serían los casos que conocería esta “novedosa” corte, cuyo objetivo fundamental “es que seamos mucho más eficaces, creando situaciones de seguridad para todos los ciudadanos de la región”, según apunta el defensor de esta propuesta.

 

Como era de esperarse tal iniciativa ha generado críticas y apoyos a lo largo y ancho del subcontinente. Por esta razón, entre más se comparte el proyecto con las autoridades nacionales y regionales así como con los medios, más se debe aclarar la “naturaleza” y “alcances” de esta corte. De esta forma, el fiscal Chiriboga ha tenido que explicar reiteradamente, entre otras cosas, que esta corte no sustituiría la competencia de los tribunales nacionales, no colisionaría con la competencia de otros tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la Corte Penal Internacional (CPI) e incluso ha tenido que sortear interrogantes sobre la posibilidad de que esta corte investigue y procese judicialmente a jefes de Estado. Es comprensible que la formulación de una propuesta de esta naturaleza genere éstas y otras dudas, pues se trata de un caso de “ingeniería institucional” que claramente puede bordear las fronteras de la “improvisación institucional” en la creación de organismos judiciales supranacionales de orden regional. En este orden de ideas, sería bueno hacer una breve revisión sobre la eventual creación de dicha corte penal suramericana.

 

Si bien es cierto que los índices de delincuencia organizada transnacional en los países suramericanos son muy elevados y que se deben promover mayores medidas en la lucha contra las diversas expresiones criminales asociadas a redes delincuenciales que operan en dos o más países, la propuesta de crear una jurisdicción penal de orden regional para “hacer justicia” en estos casos no resulta del todo convincente. A las constantes críticas e inquietudes que se han suscitado en los diversos medios hay que sumarle argumentos basados en experiencias internacionales que demuestran las dificultades para la creación y el funcionamiento de un organismo judicial supranacional de esta naturaleza.

 

En primer lugar, desde el punto de vista teórico-jurídico sería bueno preguntarse por la fundamentación y finalidad de este tribunal penal. Aunque aún no se conoce el documento oficial de este proyecto –un borrador del mismo se daría a conocer apenas en diciembre de este año–, en diversas entrevistas su promotor ha insistido en que el tribunal se basaría en la voluntad de los Estados de crear una corte que combata estos delitos sin quitarle competencia a las jurisdicciones penales nacionales cuando el delito no sea transnacional. Así las cosas, se requeriría la suscripción de un tratado internacional de los países miembros de Unasur que constituya dicho tribunal. Además, su finalidad se centraría en generar una mayor eficacia a la hora de investigar y juzgar aquellas conductas criminales transnacionales. Sobre esta fundamentación y finalidad se deben hacer algunos reparos. No solo se trata de una argumentación muy superficial, sino que muestra rasgos de ingenuidad o desconocimiento de demás experiencias, ya que parece ignorar la complejidad de justificar el ius puniendi que actualmente ejerce la CPI en el ámbito del derecho penal internacional. Trabajos como el del penalista internacional Kai Ambos intentan elaborar un sustento teórico que fundamente la existencia de un derecho a punir en un ámbito supranacional sin la existencia de un soberano (¿Castigo sin soberano? La cuestión del ius puniendi en derecho penal internacional, 2013). La solución teórica que plantea este experto alemán se basa en derivar un “ius puniendi supranacional” de la protección de derechos humanos universales, en un escenario asociado al reconocimiento de una “sociedad mundial” (de Estados soberanos) conformada por “ciudadanos mundiales” (que son sujetos de derechos).

 

Pese a las dificultades teóricas para sustentar de manera consistente el derecho a castigar de un tribunal penal a nivel supraestatal, podemos ver que existe una justificación para casos de violaciones de derechos humanos universales. Ya que los defensores de la corte penal suramericana han insistido en que no se trataría de un tribunal que “reemplazaría el trabajo de la CIDH o de la CPI” y que por tanto “no afectaría el Sistema Interamericano de Derechos Humanos porque no busca sancionar a los Estados, sino a las personas vinculadas a delitos”, sería bueno preguntarse entonces cuál sería la fundamentación del ius puniendi de la Corte Penal de Unasur para perseguir y castigar delitos que no son crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra, ni de agresión.

 

Ahora bien, dado que la finalidad de crear la Corte Penal de Unasur devela una visión optimista y esperanzadora, según la cual mediante este tribunal los países sudamericanos serían “mucho más eficaces” para judicializar las redes delincuenciales transnacionales, es apropiado traer a colación lo que ha sido el trabajo adelantado por la CPI, con el propósito de demostrar mediante cifras que no se puede esperar mucho –en términos cuantitativos– de “eficacia judicial” por parte de un tribunal penal supranacional. Desde el 2003, año en que finalmente el fiscal y los jueces asumieron sus cargos, la Fiscalía de la CPI ha formulado 36 acusaciones en el marco de las nueve situaciones que investiga formalmente, ha adelantado 13 investigaciones preliminares (de las cuales ya cuatro se han concluido, denegando la apertura de un proceso) y se han proferido solamente tres sentencias: las condenas de Thomas Lubanga en julio de 2012 a 14 años de prisión y de Germain Katanga en mayo de 2014 a 12 años de prisión, así como la absolución de Mathieu Ngudjolo en diciembre de 2012. Si bien la labor de un tribunal no se puede resumir en la cantidad de sentencias que dicta, la justificación de la necesidad de crear un tribunal penal para América del Sur debería moderar su énfasis en la “mayor eficacia” que traería dicha corte y no seguir “ofertándola” como la panacea para judicializar el crimen transnacional que padece la región.

 

Esta promesa de ser un organismo judicial supranacional que ayudará notoriamente a contener los fenómenos delincuenciales transnacionales incluso resulta contradictoria con otros argumentos que se han brindado para insistir en la viabilidad de su creación. Pues bien, se ha dicho que esta corte “no aumentaría la burocracia en la región y tampoco generaría grandes costos para los países porque los mismos investigadores y uniformados que hoy investigan delitos transnacionales en cada país serían asignados a los casos que asumiría el tribunal”. Sobre este punto es pertinente volver al ejemplo de la CPI, ya que esta tampoco cuenta con policías, cárceles, etc., y pese a que solo lleva “pocos casos”, emplea más de €100.000.000 por año para su sostenimiento. Supongo que en el caso suramericano no se estaría dimensionando ni la infraestructura ni los recursos que tiene la CPI, por lo cual estaríamos quizás hablando de una “mini corte penal” en relación y proporción a lo que estamos en capacidad material de hacer y solventar; por ello –insisto– no se debe ignorar o pasar por alto las experiencias que ha brindado el tribunal penal con sede en La Haya para revisar y repensar la propuesta que se trabaja ahora para América del Sur.

 

Por supuesto que hay que insistir en la importancia de luchar contra el crimen organizado transnacional, el cual sin duda alguna constituye la principal amenaza que enfrentan hoy en día los países latinoamericanos no solo en términos de seguridad, sino también para la consolidación de sus democracias. Sin embargo, se debería repensar la necesidad de crear dicho tribunal penal suramericano y más bien insistir en avanzar en la creación de un derecho de cooperación y asistencia judicial en materia penal, tal como lo ha desarrollado Europa. Ni siquiera en el marco de la Unión Europea, que a todas luces es un proceso de integración mucho más avanzado que Unasur y que a diferencia del incipiente “derecho comunitario” suramericano cuenta con lo que se suele denominar un “derecho penal europeo”, se ha fijado en su agenda la creación de un tribunal penal europeo.

 

Unasur debería fortalecer el recién creado “Consejo Suramericano en materia de Seguridad Ciudadana, Justicia y Coordinación de Acciones contra la Delincuencia Organizada Trasnacional” (noviembre de 2012), además debería articular en la práctica las labores de este consejo con el “Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas” e incluso con el “Consejo de Defensa Suramericano” antes de pensar en crear nuevas instituciones, nuevas funciones, nuevos cargos, etc. También podría articular sus actividades con las que adelantan la Comunidad de Policías de América (Ameripol), que combate a la delincuencia organizada transnacional del continente, o reforzar el trabajo antilavados del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), etc. Asimismo, debería promover medidas de armonización de la legislación tanto penal como policial para lograr un consenso mínimo en la definición de crimen organizado y de las respectivas conductas que comprende. Debería promover la facilitación de los procedimientos de investigación policiales, judiciales, de extinción de dominio, de extradición, entre otros, de sus países miembros y que lo puede hacer sin necesidad de crear organismos judiciales supranacionales. En especial sería maravilloso si Unasur impulsara la creación y puesta en funcionamiento de un mecanismo similar al de la orden de detención y entrega europea (la denominada Euroorden­). En suma, Unasur y las autoridades de los países que la integran deberían priorizar un enfoque técnico y concentrarse en acuerdos eminentemente ejecutivos y operacionales, puesto que en el ámbito político ya existe un consenso claro de fortalecer la cooperación y la lucha conjunta contra el crimen transnacional.

 

Diego Tarapués es profesor de la Universidad Santiago de Cali (Colombia), LL.M. y doctorando de la Universidad de Göttingen (Alemania).

Foto tomada de: https://www.google.com.ni/search?q=Corte+Penal+de+Unasur&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=waFrVL-fAYamgwT3sIPoAg&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1600&bih=756

EN HOMENAJE A MIGUEL LARREYNAGA: RECONOCIMIENTO A CINCO JURISTAS

EN HOMENAJE A MIGUEL LARREYNAGA Reconocimiento a cinco juristas Por: Redacción Central

Por: Redacción Central

En la Universidad de Ciencias Comerciales (UCC), la Comisión Nacional Académica de Facultades de Derecho (Conader) entregó diplomas de reconocimiento a cinco connotados juristas de Nicaragua y a otros dos in memorian, por sus valiosos aportes al país.

La solemne ceremonia académica se anticipó al Día Nacional del Abogado y Abogada, que se celebra hoy, en reconocimiento y homenaje al doctor Miguel Larreynaga, primer abogado nicaragüense, catedrático y prócer de la Independencia.

Los juristas homenajeados fueron el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Sergio Cuarezma Terán, doctora Mayling Lau, doctora Auxiliadora Meza, doctor Mauricio Herdocia y el doctor Orlando Guerrero.

Los abogados reconocidos in memorian son el doctor Adrián Meza y el doctor Roberto Ortiz Urbina.

COMPROMISO CON LA CALIDAD

“Todos los que ejercen la noble profesión del abogado disponen de una posición privilegiada para contribuir al desarrollo integral de la sociedad y por tal razón nuestra universidad reitera ese compromiso con la calidad en el área de las ciencias jurídicas, a partir del ejemplo del jurista Miguel Larreynaga, para fomentar la vocación jurídica de la juventud nicaragüense”, expresó en su discurso, el rector de la UCC, Iván Ortiz Guerrero.

El presidente de Conader, Richard Gómez Centeno, expresó que es necesaria una mayor profesionalización y una observancia de códigos de ética. “Sobre todo, es necesario que el Consejo Nacional de la Educación Superior, supervise y obligue a las escuelas de Derecho a mantener actualizados sus planes y revisar el desempeño de los alumnos”, señaló.

INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA PARA EL DESARROLLO

Por su parte, el doctor Cuarezma Terán considera que la investigación y la docencia basada en la misma es un presupuesto para la transformación y el desarrollo económico, social, cultural, tecnológico y político de un país y que esta idea es fundamental para que la nación nicaragüense pase de ser una sociedad básica a una sociedad moderna y próspera.

“Un país que no investiga está irremediablemente condenado al empobrecimiento y al fracaso. La investigación científica tiene además la finalidad de solidificar la formación integral de las personas a través de la producción de conocimiento, innovar conocimiento y, con la producción de este, transformar la sociedad y contribuir al desarrollo sostenible de la nación nicaragüense y de la región y transformar a la persona. La investigación debe ser prioridad en nuestro país, ella hace posible conocer nuestra realidad o la de la región y así proveer acciones dirigidas a transformarse, fortalecerse y crecer institucional y económicamente”, dijo Cuarezma.

 

Universidad de Guanajauto e INEJ concluyen Diplomado en Derecho Procesal Penal

Concluye en la UG diplomado en derecho procesal penal

Guanajuato, Gto. a 15 de septiembre de 2014.- Concluyó en la Universidad de Guanajuato (UG) el “Segundo diplomado en derecho procesal penal con mención en los principios, garantías y reglas constitucionales que fundamenta el sistema acusatorio“.

En total egresaron 123 funcionarios de la Defensoría Procesal Penal del Estado de México y funcionarios públicos que laboran dentro de la administración de justicia de la región.

El diploma fue organizado conjuntamente por la Universidad de Guanajuato y el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ) en Nicaragua, con el apoyo de la Defensoría Pública de la Secretaria de Gobierno de Guanajuato.

Con este diplomado se fortalece el análisis crítico del derecho procesal penal enfatizando en la aplicación de la dogmática penal en el ejercicio práctico.

En la ceremonia estuvieron presentes los directores del diplomado el Secretario General de la Universidad de Guanajuato, Dr. Manuel Vidaurri Aréchiga; la Directora de la División de Derecho, Política y Gobierno, Dra. Teresita de Jesús Rendón Huerta Barrera; y por parte del INEJ, el Dr. Sergio Cuarezma Terán.

Con este diplomado se pretende dotar a los egresados de herramientas necesarias para la comprensión y aplicación de los principios, garantías y reglas del sistema acusatorio en los procesos penales situado en el contexto de las reformas del derecho procesal penal en América Latina con especialidad en las reformas de México.

Los estudios se desarrollaron a través del Aula Virtual del INEJ a lo largo de 17 semanas, del 17 de octubre del 2013 al 24 de febrero del 2014, con profesores expertos en materia penal como el Dr. Manuel Vidaurri Aréchiga, el Dr. Mario A. Houed Vega, el Mtro. Silvio Antonio Grijalva Silva, la Dra. Mar Jimeno Bulnes, el Mtro. Jaime Campaner Muñoz, el Dr. Gustavo Alberto Arocena y el Mtro. Sergio Javier Cuarezma Terán.

Tomado de: http://www.ugto.mx/noticias/noticias/6242-concluye-en-la-ug-diplomado-en-derecho-procesal-penal

 

Transformación del Procedimiento de Extradición, del Sistema Mixto al Acusatorio, por Digna M. Atencio Bonilla

Transformación del Procedimiento de Extradición, del Sistema Mixto al Acusatorio, por Digna M. Atencio Bonilla

Conferencia dictada en el III Congreso y Conmemoración del Sistema Penal Acusatorio, 3 de septiembre de 2014. Ciudad de Chitré, Provincia de Herrera, Panamá.

Digna M. Atencio Bonilla es Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y Magistra en Derecho con Especialización en Ciencias Penales egresada de la Universidad de Panamá. Obtuvo el título de Máster en Derecho Penal y Procesal Penal en el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ). Se desempeña como Asistente de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala Segunda de lo Penal. Es profesora e investigadora del INEJ y ha colaborado como formadora en cursos de la Escuela Judicial y la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio del Órgano Judicial.

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Transformación del Procedimiento de Extradición-Digna Atencio

 

Profa. Msc. Digna M Atencio Bonilla

Profa. Msc. Digna M Atencio Bonilla

 

Anotaciones preliminares sobre la sentencia C-577 de 2014. A propósito de la participación política de combatientes, por John Zuluaga

Anotaciones preliminares sobre la sentencia C-577 de 2014. A propósito de la participación política de combatientes, por John Zuluaga

El pasado 06.08.2014 la Corte Constitucional presentó su decisión sobre la segunda acción de inconstitucionalidad instaurada contra el Marco Jurídico para la Paz (MJP), en la que se demandó el Artículo transitorio 67 de la Constitución Nacional de Colombia (CN), incorporado por el Artículo 3 del Acto Legislativo 01 de 2012 o MJP (véase comunicado de prensa 31). El problema discutido fue si había una sustitución de los parámetros constitucionales de participación democrática a raíz de la no inclusión de los “crímenes de guerra, los delitos transnacionales el narcotráficos, y los actos de terrorismo como límites al legislador al momento de determinar qué delitos son conexos al delito político para efectos de participación en política” (Nr. 3. Síntesis de los fundamentos). La decisión de la Corte es especialmente relevante, por un lado, en la delimitación del alcance del mismo MJP acerca de las reglas introducidas para la participación política de integrantes de grupos armados organizados al margen de la ley (GAOML). Por otro lado, complementa la sentencia C-579 de 2013 sobre el MJP. Este último fallo, que ya hemos analizado extensamente en otro momento (véase nuestro estudio sobre la sentencia C-579 de 2013), abordó la discusión sobre la aplicación de criterios de selección y priorización en la judicialización de crímenes internacionales ejecutados durante el conflicto colombiano. Si bien el comunicado de prensa permite sólo un acercamiento a los aspectos esenciales de la sentencia, delimita el alcance del Art. transitorio 67 CN, lo cual ameritaría unos comentarios preliminares:

1. (Re) delimitación de la conexidad con el delito político

Siguiendo el tenor literal del Art. transitorio 67 CN, la Corte ratifica la definición negativa del delito político, es decir, determina qué no se puede entender como delito político. A partir de ello excluye la conexidad del mismo con “los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática”. Al tratarse de una delimitación negativa – no incluyente, sino excluyente de esas dos connotaciones punibles -, debe decirse que no se restringe una discusión más amplia sobre la tipificación o no de otros delitos políticos. En otras palabras, la definición sobre los ámbitos de conexidad del delito político esta aún en manos del legislador (libertad de configuración legislativa). Así lo ratifica la Corte al exhortar a la adopción de una Ley estatutaria – de rango constitucional – que determine qué delitos se consideran conexos al delito político. La definición de los delitos conexos permitiría concretar los ámbitos de reproche penal que no excluirían la posibilidad de participación en política de quienes hayan tomado parte en el conflicto.

Esta primera delimitación dada por el Art. transitorio 67 CN y ratificada por la Corte, debería necesariamente establecer cuál es el fundamento de exclusión de los crímenes de lesa humanidad (CLH) y genocidio como conexos al delito político. Una respuesta a ello no se encuentra ni en la exposición de motivos del MJP, ni en el comunicado de prensa dado por la Corte. En la normatividad internacional, aunque la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados en el Art. 1 lit. F delimita algunos hechos punibles por los cuales no es aplicable dicha Convención, es decir, por los que se negaría la condición de refugiado (de cierta manera análoga a la de los perseguidos por delitos políticos), tampoco existe una expresa prescripción normativa internacional a partir de la cual se establezca la exclusión de conexidad aludida en el Art. transitorio 67. De una interpretación sistemática del Acto Legislativo 01 de 2012 se podría deducir que el MJP busca un tratamiento (reproche) especial a los máximos responsables de CLH, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. Así se desprende del Art. 1 inc. 4 MJP (Art. transitorio 66) que concreta el ámbito material y subjetivo de aplicación del MJP. En ese sentido, las reglas que incorpora el Art. transitorio 67 CN presentarían por lo menos dos incoherencias frente a dichos ámbitos de aplicación del MJP. Primero, la delimitación negativa de conexidad no vincula los crímenes de guerra. Segundo, la exclusión aludida no se concreta sólo frente a los máximos responsables, sino que, al contrario, subordina esa decisión a la libertad de configuración legislativa. Si bien no se puede equiparar el régimen procesal penal (Art. transitorio 66) con el régimen de participación política que desarrolla el MJP (Art. transitorio 67), la reproducción del tenor literal del Art. transitorio 67 por parte de la Corte incurre en la misma generalización del contenido de dicho artículo. Ello desconoce, en principio, el alcance de los instrumentos de Justicia transicional (criterios de priorización y selección) que precisamente incorporó el Art. transitorio 66 CN ante la imposibilidad de investigaciones y juzgamientos exhaustivos (véase al respecto nuestro análisis en ZIS 4/2014 pp. 171 ss.). En ese sentido, ante la ausencia de criterios de armonización entre estos dos regímenes, se desprenden dos preguntas que deberán profundizarse una vez que se haga la publicación integra de la sentencia: ¿estarían excluidos de participar en política aquellos que no son máximos responsables de CLH y genocidio? ¿Debería el sistema de justicia transicional descifrar todos los responsables de CLH y genocidio para determinar quienes están excluidos para participar en política?

2. De las condiciones de exclusión para participar en política       

Reproduciendo el Art. transitorio 67 CN, la Corte afirma que “no podrán participar en política quienes, en el marco de los instrumentos de justicia transicional previstos por el artículo transitorio 66 de la Constitución, hayan sido seleccionados y condenados por estos delitos” (CLH y genocidio cometidos de manera sistemática). Esta regla de aplicación del Art. transitorio 67 prevé la “selección y condena” como condiciones para la determinación de quienes no podrán participar en política. En ese sentido, esto supone que la exclusión de participación se tramita y se define a partir del sistema de selección y priorización, que fue elevado a rango constitucional por el MJP. En otras palabras, la aplicación de los criterios de selección y priorización representaría el “filtro” que conduce a la decisión de condena y negación de los derechos políticos de integrantes de GAOML. Esto daría a entender, de entrada, que no todos los vinculados a hechos representativos de CLH o genocidio serán judicializados. Así se desprende no sólo del MJP, sino también de la Directiva 001 de 2012 de la Fiscalía General de la Nación y los diferentes planes de acción diseñados a partir de la misma (véase en detalle nuestras Observaciones a la Directiva 001). Por lo tanto, los sujetos y los casos que no lleguen al umbral de responsabilidad (máximos responsables), representatividad e impacto que supone el sistema de selección y priorización no serán, en principio, condenados por CLH o genocidio y, por lo tanto, no podrían considerarse excluidos de participar en política.

3. Los dilemas de la inclusión para participar en política

Las condiciones de exclusión para participar en política planteadas por el Art. transitorio 67 dejan un vacío a la hora de resolver el dilema de exclusión/inclusión de algunos supuestos concretos. Primero, en tanto los requisitos de “selección y condena” son acumulativos, el tenor literal del Art. transitorio 67 CN pareciera no dar lugar a una amplificación del condicionamiento. Por lo tanto, en principio, este ámbito de exclusión para participar en política no podría extenderse a los no seleccionados ni condenados, más allá de si son hipotéticamente responsables de CLH y genocidio. En estos casos (no seleccionados ni priorizados), como se advirtió antes, la posibilidad de participar en política seguiría vigente, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la Corte (verdad y reparación). Sin embargo, es un asunto en el cual la Corte deberá profundizar mucho más.

Segundo, en la impugnación al Art. transitorio 67 CN se reprochó que dicho artículo conducía a que responsables de CLH ejecutados de manera no sistemática pudieran participar en política. Dicho supuesto debe descartarse, es decir, la discusión sobre los responsables de CLH o genocidio que no fueron cometidos de manera sistemática no tiene sentido. Así como lo señalamos en el análisis a la sentencia C-579 de 2013, la mención adicional de la expresión “cometidos de manera sistemática” es antitécnica (véase una síntesis de las críticas en ZIS 4/2014 p. 175). La sistematicidad de los hechos punibles tiene una connotación diferente ya en los CLH o en el genocidio, sin embargo es un elemento connatural de los mismos. En el caso de los CLH, el ataque sistemático es un elemento esencial, es decir, actos aislados o espontáneos no se pueden calificar como CLH. En ese sentido, debe descartarse cualquier consideración sobre responsables de CLH cometidos de manera no sistemática.

Tercero, como se ha dicho, el Art. transitorio 67 CN excluye la posibilidad de participación política frente a los supuestos de CLH y genocidio. Sin embargo, esta posibilidad también podría abarcar crímenes de guerra cuando los mismos puedan ser aplicados junto a genocidio y/o CLH, es decir, en los supuestos de un concurso ideal. Esta hipótesis de concurso ha sido reconocida por la jurisprudencia de diferentes Tribunales penales internacionales y con ello se ha aceptado que una misma conducta puede constituir diferentes delitos (unidad de acción y pluralidad de hechos punibles).

4. De la promulgación de una Ley Estatutaria

Al exhortar a que se adopte una Ley estatutaria que determine qué delitos se consideran conexos al delito político, la Corte advierte que se trataría de un instrumento de carácter excepcional y estaría dirigido a facilitar la terminación del conflicto armado interno y a lograr una paz estable y duradera. Esta primera regla reproduce la primera parte del Art. 3 MJP y lo vincula a la teleología del mismo Marco (Art. 1). Independiente del debate sobre los contenidos de la futura Ley y las discusiones sobre la vigencia de la misma (¿aplicación irretroactiva?), esta pauta de interpretación amerita un comentario. Tal como lo advertíamos en el análisis a la sentencia C-579 de 2013 (véase una síntesis de los comentarios en ZIS 4/2014 p. 169 ss.), la Corte asume una comprensión formal sobre el significado de terminación del conflicto. En la sentencia C-579 aludió al acuerdo de paz como condición para la finalización del mismo. En este segundo pronunciamiento, exhorta a la promulgación de una Ley Estatutaria que regule la participación política de quienes hayan tomado parte en el conflicto. En ese sentido, no sólo se diluye el énfasis que debería dársele al criterio material y determinante (cese real de hostilidades) para la comprensión de la finalización del conflicto, sino que, además, sigue alimentando la falacia normativista que envía el mensaje tan equívoco y tan discutible de que para la paz y, ahora, para la participación política de combatientes bastaría con mecanismos formales y jurídicos.

* John Zuluaga (LL.M) es Doctorando e investigador adscripto al Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano (CEDPAL) de la Georg-August-Universität Göttingen (Alemania).

Documento PDF:

Análisis de la sentencia C 577 de 2014 (1)

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