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Universidad de Guanajauto e INEJ concluyen Diplomado en Derecho Procesal Penal

Concluye en la UG diplomado en derecho procesal penal

Guanajuato, Gto. a 15 de septiembre de 2014.- Concluyó en la Universidad de Guanajuato (UG) el “Segundo diplomado en derecho procesal penal con mención en los principios, garantías y reglas constitucionales que fundamenta el sistema acusatorio“.

En total egresaron 123 funcionarios de la Defensoría Procesal Penal del Estado de México y funcionarios públicos que laboran dentro de la administración de justicia de la región.

El diploma fue organizado conjuntamente por la Universidad de Guanajuato y el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ) en Nicaragua, con el apoyo de la Defensoría Pública de la Secretaria de Gobierno de Guanajuato.

Con este diplomado se fortalece el análisis crítico del derecho procesal penal enfatizando en la aplicación de la dogmática penal en el ejercicio práctico.

En la ceremonia estuvieron presentes los directores del diplomado el Secretario General de la Universidad de Guanajuato, Dr. Manuel Vidaurri Aréchiga; la Directora de la División de Derecho, Política y Gobierno, Dra. Teresita de Jesús Rendón Huerta Barrera; y por parte del INEJ, el Dr. Sergio Cuarezma Terán.

Con este diplomado se pretende dotar a los egresados de herramientas necesarias para la comprensión y aplicación de los principios, garantías y reglas del sistema acusatorio en los procesos penales situado en el contexto de las reformas del derecho procesal penal en América Latina con especialidad en las reformas de México.

Los estudios se desarrollaron a través del Aula Virtual del INEJ a lo largo de 17 semanas, del 17 de octubre del 2013 al 24 de febrero del 2014, con profesores expertos en materia penal como el Dr. Manuel Vidaurri Aréchiga, el Dr. Mario A. Houed Vega, el Mtro. Silvio Antonio Grijalva Silva, la Dra. Mar Jimeno Bulnes, el Mtro. Jaime Campaner Muñoz, el Dr. Gustavo Alberto Arocena y el Mtro. Sergio Javier Cuarezma Terán.

Tomado de: http://www.ugto.mx/noticias/noticias/6242-concluye-en-la-ug-diplomado-en-derecho-procesal-penal

 

Transformación del Procedimiento de Extradición, del Sistema Mixto al Acusatorio, por Digna M. Atencio Bonilla

Transformación del Procedimiento de Extradición, del Sistema Mixto al Acusatorio, por Digna M. Atencio Bonilla

Conferencia dictada en el III Congreso y Conmemoración del Sistema Penal Acusatorio, 3 de septiembre de 2014. Ciudad de Chitré, Provincia de Herrera, Panamá.

Digna M. Atencio Bonilla es Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y Magistra en Derecho con Especialización en Ciencias Penales egresada de la Universidad de Panamá. Obtuvo el título de Máster en Derecho Penal y Procesal Penal en el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ). Se desempeña como Asistente de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala Segunda de lo Penal. Es profesora e investigadora del INEJ y ha colaborado como formadora en cursos de la Escuela Judicial y la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio del Órgano Judicial.

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Transformación del Procedimiento de Extradición-Digna Atencio

 

Profa. Msc. Digna M Atencio Bonilla

Profa. Msc. Digna M Atencio Bonilla

 

Anotaciones preliminares sobre la sentencia C-577 de 2014. A propósito de la participación política de combatientes, por John Zuluaga

Anotaciones preliminares sobre la sentencia C-577 de 2014. A propósito de la participación política de combatientes, por John Zuluaga

El pasado 06.08.2014 la Corte Constitucional presentó su decisión sobre la segunda acción de inconstitucionalidad instaurada contra el Marco Jurídico para la Paz (MJP), en la que se demandó el Artículo transitorio 67 de la Constitución Nacional de Colombia (CN), incorporado por el Artículo 3 del Acto Legislativo 01 de 2012 o MJP (véase comunicado de prensa 31). El problema discutido fue si había una sustitución de los parámetros constitucionales de participación democrática a raíz de la no inclusión de los “crímenes de guerra, los delitos transnacionales el narcotráficos, y los actos de terrorismo como límites al legislador al momento de determinar qué delitos son conexos al delito político para efectos de participación en política” (Nr. 3. Síntesis de los fundamentos). La decisión de la Corte es especialmente relevante, por un lado, en la delimitación del alcance del mismo MJP acerca de las reglas introducidas para la participación política de integrantes de grupos armados organizados al margen de la ley (GAOML). Por otro lado, complementa la sentencia C-579 de 2013 sobre el MJP. Este último fallo, que ya hemos analizado extensamente en otro momento (véase nuestro estudio sobre la sentencia C-579 de 2013), abordó la discusión sobre la aplicación de criterios de selección y priorización en la judicialización de crímenes internacionales ejecutados durante el conflicto colombiano. Si bien el comunicado de prensa permite sólo un acercamiento a los aspectos esenciales de la sentencia, delimita el alcance del Art. transitorio 67 CN, lo cual ameritaría unos comentarios preliminares:

1. (Re) delimitación de la conexidad con el delito político

Siguiendo el tenor literal del Art. transitorio 67 CN, la Corte ratifica la definición negativa del delito político, es decir, determina qué no se puede entender como delito político. A partir de ello excluye la conexidad del mismo con “los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática”. Al tratarse de una delimitación negativa – no incluyente, sino excluyente de esas dos connotaciones punibles -, debe decirse que no se restringe una discusión más amplia sobre la tipificación o no de otros delitos políticos. En otras palabras, la definición sobre los ámbitos de conexidad del delito político esta aún en manos del legislador (libertad de configuración legislativa). Así lo ratifica la Corte al exhortar a la adopción de una Ley estatutaria – de rango constitucional – que determine qué delitos se consideran conexos al delito político. La definición de los delitos conexos permitiría concretar los ámbitos de reproche penal que no excluirían la posibilidad de participación en política de quienes hayan tomado parte en el conflicto.

Esta primera delimitación dada por el Art. transitorio 67 CN y ratificada por la Corte, debería necesariamente establecer cuál es el fundamento de exclusión de los crímenes de lesa humanidad (CLH) y genocidio como conexos al delito político. Una respuesta a ello no se encuentra ni en la exposición de motivos del MJP, ni en el comunicado de prensa dado por la Corte. En la normatividad internacional, aunque la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados en el Art. 1 lit. F delimita algunos hechos punibles por los cuales no es aplicable dicha Convención, es decir, por los que se negaría la condición de refugiado (de cierta manera análoga a la de los perseguidos por delitos políticos), tampoco existe una expresa prescripción normativa internacional a partir de la cual se establezca la exclusión de conexidad aludida en el Art. transitorio 67. De una interpretación sistemática del Acto Legislativo 01 de 2012 se podría deducir que el MJP busca un tratamiento (reproche) especial a los máximos responsables de CLH, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. Así se desprende del Art. 1 inc. 4 MJP (Art. transitorio 66) que concreta el ámbito material y subjetivo de aplicación del MJP. En ese sentido, las reglas que incorpora el Art. transitorio 67 CN presentarían por lo menos dos incoherencias frente a dichos ámbitos de aplicación del MJP. Primero, la delimitación negativa de conexidad no vincula los crímenes de guerra. Segundo, la exclusión aludida no se concreta sólo frente a los máximos responsables, sino que, al contrario, subordina esa decisión a la libertad de configuración legislativa. Si bien no se puede equiparar el régimen procesal penal (Art. transitorio 66) con el régimen de participación política que desarrolla el MJP (Art. transitorio 67), la reproducción del tenor literal del Art. transitorio 67 por parte de la Corte incurre en la misma generalización del contenido de dicho artículo. Ello desconoce, en principio, el alcance de los instrumentos de Justicia transicional (criterios de priorización y selección) que precisamente incorporó el Art. transitorio 66 CN ante la imposibilidad de investigaciones y juzgamientos exhaustivos (véase al respecto nuestro análisis en ZIS 4/2014 pp. 171 ss.). En ese sentido, ante la ausencia de criterios de armonización entre estos dos regímenes, se desprenden dos preguntas que deberán profundizarse una vez que se haga la publicación integra de la sentencia: ¿estarían excluidos de participar en política aquellos que no son máximos responsables de CLH y genocidio? ¿Debería el sistema de justicia transicional descifrar todos los responsables de CLH y genocidio para determinar quienes están excluidos para participar en política?

2. De las condiciones de exclusión para participar en política       

Reproduciendo el Art. transitorio 67 CN, la Corte afirma que “no podrán participar en política quienes, en el marco de los instrumentos de justicia transicional previstos por el artículo transitorio 66 de la Constitución, hayan sido seleccionados y condenados por estos delitos” (CLH y genocidio cometidos de manera sistemática). Esta regla de aplicación del Art. transitorio 67 prevé la “selección y condena” como condiciones para la determinación de quienes no podrán participar en política. En ese sentido, esto supone que la exclusión de participación se tramita y se define a partir del sistema de selección y priorización, que fue elevado a rango constitucional por el MJP. En otras palabras, la aplicación de los criterios de selección y priorización representaría el “filtro” que conduce a la decisión de condena y negación de los derechos políticos de integrantes de GAOML. Esto daría a entender, de entrada, que no todos los vinculados a hechos representativos de CLH o genocidio serán judicializados. Así se desprende no sólo del MJP, sino también de la Directiva 001 de 2012 de la Fiscalía General de la Nación y los diferentes planes de acción diseñados a partir de la misma (véase en detalle nuestras Observaciones a la Directiva 001). Por lo tanto, los sujetos y los casos que no lleguen al umbral de responsabilidad (máximos responsables), representatividad e impacto que supone el sistema de selección y priorización no serán, en principio, condenados por CLH o genocidio y, por lo tanto, no podrían considerarse excluidos de participar en política.

3. Los dilemas de la inclusión para participar en política

Las condiciones de exclusión para participar en política planteadas por el Art. transitorio 67 dejan un vacío a la hora de resolver el dilema de exclusión/inclusión de algunos supuestos concretos. Primero, en tanto los requisitos de “selección y condena” son acumulativos, el tenor literal del Art. transitorio 67 CN pareciera no dar lugar a una amplificación del condicionamiento. Por lo tanto, en principio, este ámbito de exclusión para participar en política no podría extenderse a los no seleccionados ni condenados, más allá de si son hipotéticamente responsables de CLH y genocidio. En estos casos (no seleccionados ni priorizados), como se advirtió antes, la posibilidad de participar en política seguiría vigente, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la Corte (verdad y reparación). Sin embargo, es un asunto en el cual la Corte deberá profundizar mucho más.

Segundo, en la impugnación al Art. transitorio 67 CN se reprochó que dicho artículo conducía a que responsables de CLH ejecutados de manera no sistemática pudieran participar en política. Dicho supuesto debe descartarse, es decir, la discusión sobre los responsables de CLH o genocidio que no fueron cometidos de manera sistemática no tiene sentido. Así como lo señalamos en el análisis a la sentencia C-579 de 2013, la mención adicional de la expresión “cometidos de manera sistemática” es antitécnica (véase una síntesis de las críticas en ZIS 4/2014 p. 175). La sistematicidad de los hechos punibles tiene una connotación diferente ya en los CLH o en el genocidio, sin embargo es un elemento connatural de los mismos. En el caso de los CLH, el ataque sistemático es un elemento esencial, es decir, actos aislados o espontáneos no se pueden calificar como CLH. En ese sentido, debe descartarse cualquier consideración sobre responsables de CLH cometidos de manera no sistemática.

Tercero, como se ha dicho, el Art. transitorio 67 CN excluye la posibilidad de participación política frente a los supuestos de CLH y genocidio. Sin embargo, esta posibilidad también podría abarcar crímenes de guerra cuando los mismos puedan ser aplicados junto a genocidio y/o CLH, es decir, en los supuestos de un concurso ideal. Esta hipótesis de concurso ha sido reconocida por la jurisprudencia de diferentes Tribunales penales internacionales y con ello se ha aceptado que una misma conducta puede constituir diferentes delitos (unidad de acción y pluralidad de hechos punibles).

4. De la promulgación de una Ley Estatutaria

Al exhortar a que se adopte una Ley estatutaria que determine qué delitos se consideran conexos al delito político, la Corte advierte que se trataría de un instrumento de carácter excepcional y estaría dirigido a facilitar la terminación del conflicto armado interno y a lograr una paz estable y duradera. Esta primera regla reproduce la primera parte del Art. 3 MJP y lo vincula a la teleología del mismo Marco (Art. 1). Independiente del debate sobre los contenidos de la futura Ley y las discusiones sobre la vigencia de la misma (¿aplicación irretroactiva?), esta pauta de interpretación amerita un comentario. Tal como lo advertíamos en el análisis a la sentencia C-579 de 2013 (véase una síntesis de los comentarios en ZIS 4/2014 p. 169 ss.), la Corte asume una comprensión formal sobre el significado de terminación del conflicto. En la sentencia C-579 aludió al acuerdo de paz como condición para la finalización del mismo. En este segundo pronunciamiento, exhorta a la promulgación de una Ley Estatutaria que regule la participación política de quienes hayan tomado parte en el conflicto. En ese sentido, no sólo se diluye el énfasis que debería dársele al criterio material y determinante (cese real de hostilidades) para la comprensión de la finalización del conflicto, sino que, además, sigue alimentando la falacia normativista que envía el mensaje tan equívoco y tan discutible de que para la paz y, ahora, para la participación política de combatientes bastaría con mecanismos formales y jurídicos.

* John Zuluaga (LL.M) es Doctorando e investigador adscripto al Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano (CEDPAL) de la Georg-August-Universität Göttingen (Alemania).

Documento PDF:

Análisis de la sentencia C 577 de 2014 (1)

(Re)definiendo las víctimas del conflicto en Colombia, por John E. Zuluaga T

(Re)definiendo las víctimas del conflicto en Colombia

En el intento de recoger la “voz” de las víctimas del conflicto armado colombiano, se ha dado inicio al llamado “Foro Nacional de Víctimas”. De estos foros se seleccionarán temas y representantes de víctimas que tendrán la oportunidad de discutir en la Habana (Cuba) con los delegados del Estado colombiano y los dirigentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los primeros foros han propiciado desconcertantes debates (v.gr. Panel de “Hora 20” en Caracol Radio, 4.08.2014.), incluso, sobre aspectos tan esenciales como el concepto de víctimas del conflicto armado y la definición de las personas que se consideran protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en un conflicto armado no internacional. Especialmente controvertido ha sido el debate sobre si los miembros de grupos armados organizados pueden ser considerados víctimas de crímenes de guerra. A propósito de estas “revictimizantes” polémicas, resulta urgente discutir sobre lo que podrían ser algunas imprecisiones.

¿Quiénes son víctimas de crímenes del conflicto armado?

La definición de víctimas de crímenes del conflicto armado (crímenes de guerra) tiene como premisa insustituible que se trata de una noción que envuelve a las “personas protegidas” por el derecho de Ginebra. La determinación de las personas que llegan a considerarse protegidas por el DIH, depende del tipo de conflicto, es decir, de si se trata o no de un conflicto armado internacional. En un conflicto no internacional, como es el caso colombiano, una protección mínima sólo se otorga a todas las personas que no participan directamente en las hostilidades (Art. 3 Común a los Convenidos de Ginebra –CG- I a IV). En este ámbito se encuentran, incluso, las personas pertenecientes a partes del conflicto pero que han entregado las armas o están retenidas por la parte enemiga, incluso para integrantes de fuerzas armadas estatales (Ejército, Policía, etc.). Lo mismo vale para aquellos que están fuera de combate en razón, por ejemplo, de enfermedad, heridas, etc. Aparte de ello, en todo caso, siempre es objeto de protección del DIH la población civil.

Es de recordar que en un conflicto armado no internacional, no se diferencia entre combatientes y civiles y tampoco se reconoce formalmente el estatus de combatiente. La facultad para realizar actos bélicos lesivos (inmunidad de combatiente) no se otorga a grupos insurgentes en un conflicto no internacional. En el DIH se considera que la persecución de este tipo de acciones debe definirse soberanamente por cada Estado y a partir de su derecho penal interno. En otras palabras, como no se les reconoce el estatus formal de combatientes son ciudadanos normales, es decir, no tienen derecho a ejecutar acciones armadas. Por otro lado, en principio gozan de la misma protección como ciudadanos, salvo que participen directamente en acciones bélicas.

¿Protege el DIH a combatientes en un conflicto no internacional?

Con fundamento en el Protocolo Adicional (PA) II se considera que en un conflicto no internacional se protege tanto la población civil como los objetos o equipos necesarios para su supervivencia (Arts. 3 ss. PA II). Frente a integrantes de grupos armados organizados (v.gr. FARC) debe decirse que se consideran, como ya lo anotamos, parte de la población civil, es decir, no existe el reconocimiento formal de combatiente. Esta protección desaparece “si participan directamente en hostilidades y mientras dure tal participación” (Art. 13 num. 13 PA II). En otras palabras, si el integrante de un grupo armado organizado se involucra en hostilidades pierde su derecho a protección. En los casos en que sean retenidos por combatientes enemigos, de nuevo, es aplicable el estándar mínimo de protección del DIH (Art. 3 común y Arts. 4-6 PA II). Por ello mismo, la neutralización (asesinato) de “combatientes” civiles no se considera un crimen de guerra, ya que la participación directa en hostilidades de dichos civiles los inhibe de protección por las reglas del DIH (son objetivos militares legítimos). De igual manera, en conflictos armados no internacionales, no se reconoce ningún estatus de prisionero de guerra a aquellos civiles organizados en “grupos rebeldes”, cuando estos se encuentren en manos enemigas. El Art. 5 num. 5 PA II sólo habla de hacer esfuerzos por “conceder la amnistía más amplia posible”.

¿Pueden ser los combatientes, a su vez, víctimas de crímenes del conflicto armado?

Como se ha dicho, la protección del DIH se focaliza frente a aquellas personas que no participan directamente en las hostilidades (Art. 3 Común CG I-IV). En ese sentido, los miembros de grupos armados (incluidos Fuerzas Armadas estatales) que no tomen parte directa en las hostilidades, ya sea por captura, rendición u otra razón análoga, se encuentra en el ámbito de personas protegidas por el DIH. La condición de víctima se concretaría en todos los casos de lesiones ilegítimas a los derechos fundamentales de este tipo de personas protegidas, lo cual constituye una violación grave del DIH y en algunos casos pueden ser consideradas crímenes del conflicto armado (v.gr. tortura, tratos inhumanos, asesinatos fuera de combate, etc.). Los miembros de una parte del conflicto que han sido capturados o que han depuesto las armas son objeto de protección por el DIH.

Esta posición ya ha sido sostenida por la Corte Constitucional colombiana (sentencia C-291 de 2007). Además, el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado ya se ha establecido normativamente en Colombia. El concepto de víctima y sus derechos, en la discusión que desarrolla una idea de justicia transicional y que se diferencia frente al perjudicado-víctima del proceso penal, han sido objeto de una evolución dinámica, especialmente orientada por la jurisprudencia de diferentes Tribunales colombianos (véase nuestro estudio sobre la Ley de Justicia y Paz,  párrs. 285 ss.). Esta evolución se plasma en la Ley 1448 de 2011 (Ley de víctimas), en la que incluso las infracciones del DIH son incorporadas como parte de los criterios de la definición de víctimas (Art. 3 Ley de víctimas).

¿(Re)definiendo las víctimas del conflicto armado colombiano?

En ese sentido, son inconcebibles las polémicas suscitadas sobre el concepto de víctimas de crímenes del conflicto armado, a propósito del inicio de los foros sobre víctimas del conflicto colombiano. Las imprecisiones de los enfoques recreados en estos foros y los debates subsiguientes a los mismos, tienen impactos colaterales. Tanto las negaciones a la condición de víctimas, como también las moderadas relativizaciones de los criterios para reconocer a las mismas, impide distinciones fundamentales de los variados procesos de victimización que han tenido lugar en el conflicto colombiano. Cualquier homogeneización a partir de la abstracción de las víctimas a la manera de “iconos” (Reed, 28.07.2014), no sólo invisibiliza o distrae las responsabilidades de los diferentes participantes en las hostilidades, sino que neutraliza aquellas acciones colectivas que surgen en los procesos de identificación como víctimas.

John Zuluaga, Abogado de la Universidad de Antioquia (Colombia), LL.M y Doctorando de la Georg-August-Universität Göttingen (Alemania).

Documento PDF:

Re-definiendo las victimas del conflicto armado colombiano

El Derecho Penal Económico Brasileño en un Análisis Constitucional, por Diego Bayer y Thiago Minagé

El Derecho Penal Económico Brasileño en un Análisis Constitucional, de Diego Augusto Bayer1 y Thiago M. Minagé2

El Centro de Investigación Interdisciplinaria en Derecho Penal Económica, ha actualizado su contenido con el trabajo “El Derecho Penal Económico Brasileño en un Análisis Constitucional”, de  Diego Augusto Bayer1 y Thiago M. Minagé.

Prof. Dr. Gustavo A. Arocena, Codirector del  CIIDPE

Pueden consultar el  texto en el link:

http://www.ciidpe.com.ar/area1/DPEMayerMinage.pdf

Texto en PDF:

DPEMayerMinage

Seminario: “Neurociencias y Derecho Penal”, Universidad de León España.

"Neurociencias y Derecho Penal".

Dejamos  invitación  del  XV Seminario Internacional de Filosofía del Derecho y Derecho Penal, que se celebrará los días 11 y 12 de septiembre de 2014 y versará sobre el tema “Neurociencias y Derecho Penal”. Adjuntamos documento sobre hoteles de León y el cartel del Seminario. Esta información fue facilitada por el Prof. Dr. Miguel Díaz y García Conlledo/Prof. Dr. Juan Antonio García Amado Catedrático de Derecho Penal/Catedrático de Filosofía del Derecho Director del Departamento de Derecho Público Facultad de Derecho Universidad de León Campus de Vegazana s/n 24071 LEÓN (ESPAÑA)

Invitación XV Seminario FDDP (2014)

HotelesSeminario2014

Cartel XV Seminario de FD y DP. Neurociencias y D. Penal definitivo

Conferencia de Sergio Cuarezma en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Pilar, Paraguay.

Conferencia de Sergio Cuarezma en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Pilar, Paraguay

El Vicerrector General del INEJ, dirigiéndose a la comunidad universitaria, autoridades, docente y alumnas y alumnos de los seis años que integran la carrera de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la la Universidad Nacional del Pilar con la conferencia “La función de la teoría del delito en un Estado democrático y social de derecho”. Ciudad del Pilar, Paraguay. Junio 30, 2014

Universidad Nacional del Pilar e INEJ firman Convenio académico y científico

Universidad Nacional del Pilar e INEJ firman Convenio académico y científico

El Señor Decano Víctor Encina Silva de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Pilar, Paraguay y el ]Vicerrector General del INEJ, suscribieron el 30 de junio un Convenio de Colaboración académica y científica, con el objeto de apoyar el proceso de investigación científica y los estudios de posgrados entre ambas Casas de Estudios.

Universidad Nacional de Pilar, Paraguay e INEJ firmarán Convenio Académico y Científico

Universidad Nacional de Pilar, Paraguay e INEJ firmarán Convenio Académico y Científico

Entre los días lunes 30 de junio a viernes 4 de julio el Vicerrrector General del INEJ, Sergio Cuarezma Terán desarrollará una conferencia en la Universidad de San Lorenzo, Asunción, Paraguay y posteriormente llevará a cabo un curso sobre teoría del delito en la Universidad Nacional del Pilar en Ciudad Pilar. También, y en el marco de dicha actividad académica suscribirá en nombre del señor Rector del INEJ un Convenio de Colaboración Académica y Científica con la Universidad Nacional de Pilar.

El Control de Convencionalidad en el Sistema IPDH…, por Mahmad Daud Hasan

El Control de Convencionalidad en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y su Aplicación en Panamá, por Mahmad Daud Hasan

Dejamos  la obra  de: Mahmad Daud Hasan, Control de Convencionalidad en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y su Aplicación en Panamá

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