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Anotaciones preliminares sobre la sentencia C-577 de 2014. A propósito de la participación política de combatientes, por John Zuluaga

Anotaciones preliminares sobre la sentencia C-577 de 2014. A propósito de la participación política de combatientes, por John Zuluaga

El pasado 06.08.2014 la Corte Constitucional presentó su decisión sobre la segunda acción de inconstitucionalidad instaurada contra el Marco Jurídico para la Paz (MJP), en la que se demandó el Artículo transitorio 67 de la Constitución Nacional de Colombia (CN), incorporado por el Artículo 3 del Acto Legislativo 01 de 2012 o MJP (véase comunicado de prensa 31). El problema discutido fue si había una sustitución de los parámetros constitucionales de participación democrática a raíz de la no inclusión de los “crímenes de guerra, los delitos transnacionales el narcotráficos, y los actos de terrorismo como límites al legislador al momento de determinar qué delitos son conexos al delito político para efectos de participación en política” (Nr. 3. Síntesis de los fundamentos). La decisión de la Corte es especialmente relevante, por un lado, en la delimitación del alcance del mismo MJP acerca de las reglas introducidas para la participación política de integrantes de grupos armados organizados al margen de la ley (GAOML). Por otro lado, complementa la sentencia C-579 de 2013 sobre el MJP. Este último fallo, que ya hemos analizado extensamente en otro momento (véase nuestro estudio sobre la sentencia C-579 de 2013), abordó la discusión sobre la aplicación de criterios de selección y priorización en la judicialización de crímenes internacionales ejecutados durante el conflicto colombiano. Si bien el comunicado de prensa permite sólo un acercamiento a los aspectos esenciales de la sentencia, delimita el alcance del Art. transitorio 67 CN, lo cual ameritaría unos comentarios preliminares:

1. (Re) delimitación de la conexidad con el delito político

Siguiendo el tenor literal del Art. transitorio 67 CN, la Corte ratifica la definición negativa del delito político, es decir, determina qué no se puede entender como delito político. A partir de ello excluye la conexidad del mismo con “los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática”. Al tratarse de una delimitación negativa – no incluyente, sino excluyente de esas dos connotaciones punibles -, debe decirse que no se restringe una discusión más amplia sobre la tipificación o no de otros delitos políticos. En otras palabras, la definición sobre los ámbitos de conexidad del delito político esta aún en manos del legislador (libertad de configuración legislativa). Así lo ratifica la Corte al exhortar a la adopción de una Ley estatutaria – de rango constitucional – que determine qué delitos se consideran conexos al delito político. La definición de los delitos conexos permitiría concretar los ámbitos de reproche penal que no excluirían la posibilidad de participación en política de quienes hayan tomado parte en el conflicto.

Esta primera delimitación dada por el Art. transitorio 67 CN y ratificada por la Corte, debería necesariamente establecer cuál es el fundamento de exclusión de los crímenes de lesa humanidad (CLH) y genocidio como conexos al delito político. Una respuesta a ello no se encuentra ni en la exposición de motivos del MJP, ni en el comunicado de prensa dado por la Corte. En la normatividad internacional, aunque la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados en el Art. 1 lit. F delimita algunos hechos punibles por los cuales no es aplicable dicha Convención, es decir, por los que se negaría la condición de refugiado (de cierta manera análoga a la de los perseguidos por delitos políticos), tampoco existe una expresa prescripción normativa internacional a partir de la cual se establezca la exclusión de conexidad aludida en el Art. transitorio 67. De una interpretación sistemática del Acto Legislativo 01 de 2012 se podría deducir que el MJP busca un tratamiento (reproche) especial a los máximos responsables de CLH, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. Así se desprende del Art. 1 inc. 4 MJP (Art. transitorio 66) que concreta el ámbito material y subjetivo de aplicación del MJP. En ese sentido, las reglas que incorpora el Art. transitorio 67 CN presentarían por lo menos dos incoherencias frente a dichos ámbitos de aplicación del MJP. Primero, la delimitación negativa de conexidad no vincula los crímenes de guerra. Segundo, la exclusión aludida no se concreta sólo frente a los máximos responsables, sino que, al contrario, subordina esa decisión a la libertad de configuración legislativa. Si bien no se puede equiparar el régimen procesal penal (Art. transitorio 66) con el régimen de participación política que desarrolla el MJP (Art. transitorio 67), la reproducción del tenor literal del Art. transitorio 67 por parte de la Corte incurre en la misma generalización del contenido de dicho artículo. Ello desconoce, en principio, el alcance de los instrumentos de Justicia transicional (criterios de priorización y selección) que precisamente incorporó el Art. transitorio 66 CN ante la imposibilidad de investigaciones y juzgamientos exhaustivos (véase al respecto nuestro análisis en ZIS 4/2014 pp. 171 ss.). En ese sentido, ante la ausencia de criterios de armonización entre estos dos regímenes, se desprenden dos preguntas que deberán profundizarse una vez que se haga la publicación integra de la sentencia: ¿estarían excluidos de participar en política aquellos que no son máximos responsables de CLH y genocidio? ¿Debería el sistema de justicia transicional descifrar todos los responsables de CLH y genocidio para determinar quienes están excluidos para participar en política?

2. De las condiciones de exclusión para participar en política       

Reproduciendo el Art. transitorio 67 CN, la Corte afirma que “no podrán participar en política quienes, en el marco de los instrumentos de justicia transicional previstos por el artículo transitorio 66 de la Constitución, hayan sido seleccionados y condenados por estos delitos” (CLH y genocidio cometidos de manera sistemática). Esta regla de aplicación del Art. transitorio 67 prevé la “selección y condena” como condiciones para la determinación de quienes no podrán participar en política. En ese sentido, esto supone que la exclusión de participación se tramita y se define a partir del sistema de selección y priorización, que fue elevado a rango constitucional por el MJP. En otras palabras, la aplicación de los criterios de selección y priorización representaría el “filtro” que conduce a la decisión de condena y negación de los derechos políticos de integrantes de GAOML. Esto daría a entender, de entrada, que no todos los vinculados a hechos representativos de CLH o genocidio serán judicializados. Así se desprende no sólo del MJP, sino también de la Directiva 001 de 2012 de la Fiscalía General de la Nación y los diferentes planes de acción diseñados a partir de la misma (véase en detalle nuestras Observaciones a la Directiva 001). Por lo tanto, los sujetos y los casos que no lleguen al umbral de responsabilidad (máximos responsables), representatividad e impacto que supone el sistema de selección y priorización no serán, en principio, condenados por CLH o genocidio y, por lo tanto, no podrían considerarse excluidos de participar en política.

3. Los dilemas de la inclusión para participar en política

Las condiciones de exclusión para participar en política planteadas por el Art. transitorio 67 dejan un vacío a la hora de resolver el dilema de exclusión/inclusión de algunos supuestos concretos. Primero, en tanto los requisitos de “selección y condena” son acumulativos, el tenor literal del Art. transitorio 67 CN pareciera no dar lugar a una amplificación del condicionamiento. Por lo tanto, en principio, este ámbito de exclusión para participar en política no podría extenderse a los no seleccionados ni condenados, más allá de si son hipotéticamente responsables de CLH y genocidio. En estos casos (no seleccionados ni priorizados), como se advirtió antes, la posibilidad de participar en política seguiría vigente, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la Corte (verdad y reparación). Sin embargo, es un asunto en el cual la Corte deberá profundizar mucho más.

Segundo, en la impugnación al Art. transitorio 67 CN se reprochó que dicho artículo conducía a que responsables de CLH ejecutados de manera no sistemática pudieran participar en política. Dicho supuesto debe descartarse, es decir, la discusión sobre los responsables de CLH o genocidio que no fueron cometidos de manera sistemática no tiene sentido. Así como lo señalamos en el análisis a la sentencia C-579 de 2013, la mención adicional de la expresión “cometidos de manera sistemática” es antitécnica (véase una síntesis de las críticas en ZIS 4/2014 p. 175). La sistematicidad de los hechos punibles tiene una connotación diferente ya en los CLH o en el genocidio, sin embargo es un elemento connatural de los mismos. En el caso de los CLH, el ataque sistemático es un elemento esencial, es decir, actos aislados o espontáneos no se pueden calificar como CLH. En ese sentido, debe descartarse cualquier consideración sobre responsables de CLH cometidos de manera no sistemática.

Tercero, como se ha dicho, el Art. transitorio 67 CN excluye la posibilidad de participación política frente a los supuestos de CLH y genocidio. Sin embargo, esta posibilidad también podría abarcar crímenes de guerra cuando los mismos puedan ser aplicados junto a genocidio y/o CLH, es decir, en los supuestos de un concurso ideal. Esta hipótesis de concurso ha sido reconocida por la jurisprudencia de diferentes Tribunales penales internacionales y con ello se ha aceptado que una misma conducta puede constituir diferentes delitos (unidad de acción y pluralidad de hechos punibles).

4. De la promulgación de una Ley Estatutaria

Al exhortar a que se adopte una Ley estatutaria que determine qué delitos se consideran conexos al delito político, la Corte advierte que se trataría de un instrumento de carácter excepcional y estaría dirigido a facilitar la terminación del conflicto armado interno y a lograr una paz estable y duradera. Esta primera regla reproduce la primera parte del Art. 3 MJP y lo vincula a la teleología del mismo Marco (Art. 1). Independiente del debate sobre los contenidos de la futura Ley y las discusiones sobre la vigencia de la misma (¿aplicación irretroactiva?), esta pauta de interpretación amerita un comentario. Tal como lo advertíamos en el análisis a la sentencia C-579 de 2013 (véase una síntesis de los comentarios en ZIS 4/2014 p. 169 ss.), la Corte asume una comprensión formal sobre el significado de terminación del conflicto. En la sentencia C-579 aludió al acuerdo de paz como condición para la finalización del mismo. En este segundo pronunciamiento, exhorta a la promulgación de una Ley Estatutaria que regule la participación política de quienes hayan tomado parte en el conflicto. En ese sentido, no sólo se diluye el énfasis que debería dársele al criterio material y determinante (cese real de hostilidades) para la comprensión de la finalización del conflicto, sino que, además, sigue alimentando la falacia normativista que envía el mensaje tan equívoco y tan discutible de que para la paz y, ahora, para la participación política de combatientes bastaría con mecanismos formales y jurídicos.

* John Zuluaga (LL.M) es Doctorando e investigador adscripto al Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano (CEDPAL) de la Georg-August-Universität Göttingen (Alemania).

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Análisis de la sentencia C 577 de 2014 (1)

(Re)definiendo las víctimas del conflicto en Colombia, por John E. Zuluaga T

(Re)definiendo las víctimas del conflicto en Colombia

En el intento de recoger la “voz” de las víctimas del conflicto armado colombiano, se ha dado inicio al llamado “Foro Nacional de Víctimas”. De estos foros se seleccionarán temas y representantes de víctimas que tendrán la oportunidad de discutir en la Habana (Cuba) con los delegados del Estado colombiano y los dirigentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los primeros foros han propiciado desconcertantes debates (v.gr. Panel de “Hora 20” en Caracol Radio, 4.08.2014.), incluso, sobre aspectos tan esenciales como el concepto de víctimas del conflicto armado y la definición de las personas que se consideran protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en un conflicto armado no internacional. Especialmente controvertido ha sido el debate sobre si los miembros de grupos armados organizados pueden ser considerados víctimas de crímenes de guerra. A propósito de estas “revictimizantes” polémicas, resulta urgente discutir sobre lo que podrían ser algunas imprecisiones.

¿Quiénes son víctimas de crímenes del conflicto armado?

La definición de víctimas de crímenes del conflicto armado (crímenes de guerra) tiene como premisa insustituible que se trata de una noción que envuelve a las “personas protegidas” por el derecho de Ginebra. La determinación de las personas que llegan a considerarse protegidas por el DIH, depende del tipo de conflicto, es decir, de si se trata o no de un conflicto armado internacional. En un conflicto no internacional, como es el caso colombiano, una protección mínima sólo se otorga a todas las personas que no participan directamente en las hostilidades (Art. 3 Común a los Convenidos de Ginebra –CG- I a IV). En este ámbito se encuentran, incluso, las personas pertenecientes a partes del conflicto pero que han entregado las armas o están retenidas por la parte enemiga, incluso para integrantes de fuerzas armadas estatales (Ejército, Policía, etc.). Lo mismo vale para aquellos que están fuera de combate en razón, por ejemplo, de enfermedad, heridas, etc. Aparte de ello, en todo caso, siempre es objeto de protección del DIH la población civil.

Es de recordar que en un conflicto armado no internacional, no se diferencia entre combatientes y civiles y tampoco se reconoce formalmente el estatus de combatiente. La facultad para realizar actos bélicos lesivos (inmunidad de combatiente) no se otorga a grupos insurgentes en un conflicto no internacional. En el DIH se considera que la persecución de este tipo de acciones debe definirse soberanamente por cada Estado y a partir de su derecho penal interno. En otras palabras, como no se les reconoce el estatus formal de combatientes son ciudadanos normales, es decir, no tienen derecho a ejecutar acciones armadas. Por otro lado, en principio gozan de la misma protección como ciudadanos, salvo que participen directamente en acciones bélicas.

¿Protege el DIH a combatientes en un conflicto no internacional?

Con fundamento en el Protocolo Adicional (PA) II se considera que en un conflicto no internacional se protege tanto la población civil como los objetos o equipos necesarios para su supervivencia (Arts. 3 ss. PA II). Frente a integrantes de grupos armados organizados (v.gr. FARC) debe decirse que se consideran, como ya lo anotamos, parte de la población civil, es decir, no existe el reconocimiento formal de combatiente. Esta protección desaparece “si participan directamente en hostilidades y mientras dure tal participación” (Art. 13 num. 13 PA II). En otras palabras, si el integrante de un grupo armado organizado se involucra en hostilidades pierde su derecho a protección. En los casos en que sean retenidos por combatientes enemigos, de nuevo, es aplicable el estándar mínimo de protección del DIH (Art. 3 común y Arts. 4-6 PA II). Por ello mismo, la neutralización (asesinato) de “combatientes” civiles no se considera un crimen de guerra, ya que la participación directa en hostilidades de dichos civiles los inhibe de protección por las reglas del DIH (son objetivos militares legítimos). De igual manera, en conflictos armados no internacionales, no se reconoce ningún estatus de prisionero de guerra a aquellos civiles organizados en “grupos rebeldes”, cuando estos se encuentren en manos enemigas. El Art. 5 num. 5 PA II sólo habla de hacer esfuerzos por “conceder la amnistía más amplia posible”.

¿Pueden ser los combatientes, a su vez, víctimas de crímenes del conflicto armado?

Como se ha dicho, la protección del DIH se focaliza frente a aquellas personas que no participan directamente en las hostilidades (Art. 3 Común CG I-IV). En ese sentido, los miembros de grupos armados (incluidos Fuerzas Armadas estatales) que no tomen parte directa en las hostilidades, ya sea por captura, rendición u otra razón análoga, se encuentra en el ámbito de personas protegidas por el DIH. La condición de víctima se concretaría en todos los casos de lesiones ilegítimas a los derechos fundamentales de este tipo de personas protegidas, lo cual constituye una violación grave del DIH y en algunos casos pueden ser consideradas crímenes del conflicto armado (v.gr. tortura, tratos inhumanos, asesinatos fuera de combate, etc.). Los miembros de una parte del conflicto que han sido capturados o que han depuesto las armas son objeto de protección por el DIH.

Esta posición ya ha sido sostenida por la Corte Constitucional colombiana (sentencia C-291 de 2007). Además, el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado ya se ha establecido normativamente en Colombia. El concepto de víctima y sus derechos, en la discusión que desarrolla una idea de justicia transicional y que se diferencia frente al perjudicado-víctima del proceso penal, han sido objeto de una evolución dinámica, especialmente orientada por la jurisprudencia de diferentes Tribunales colombianos (véase nuestro estudio sobre la Ley de Justicia y Paz,  párrs. 285 ss.). Esta evolución se plasma en la Ley 1448 de 2011 (Ley de víctimas), en la que incluso las infracciones del DIH son incorporadas como parte de los criterios de la definición de víctimas (Art. 3 Ley de víctimas).

¿(Re)definiendo las víctimas del conflicto armado colombiano?

En ese sentido, son inconcebibles las polémicas suscitadas sobre el concepto de víctimas de crímenes del conflicto armado, a propósito del inicio de los foros sobre víctimas del conflicto colombiano. Las imprecisiones de los enfoques recreados en estos foros y los debates subsiguientes a los mismos, tienen impactos colaterales. Tanto las negaciones a la condición de víctimas, como también las moderadas relativizaciones de los criterios para reconocer a las mismas, impide distinciones fundamentales de los variados procesos de victimización que han tenido lugar en el conflicto colombiano. Cualquier homogeneización a partir de la abstracción de las víctimas a la manera de “iconos” (Reed, 28.07.2014), no sólo invisibiliza o distrae las responsabilidades de los diferentes participantes en las hostilidades, sino que neutraliza aquellas acciones colectivas que surgen en los procesos de identificación como víctimas.

John Zuluaga, Abogado de la Universidad de Antioquia (Colombia), LL.M y Doctorando de la Georg-August-Universität Göttingen (Alemania).

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Re-definiendo las victimas del conflicto armado colombiano

El Derecho Penal Económico Brasileño en un Análisis Constitucional, por Diego Bayer y Thiago Minagé

El Derecho Penal Económico Brasileño en un Análisis Constitucional, de Diego Augusto Bayer1 y Thiago M. Minagé2

El Centro de Investigación Interdisciplinaria en Derecho Penal Económica, ha actualizado su contenido con el trabajo “El Derecho Penal Económico Brasileño en un Análisis Constitucional”, de  Diego Augusto Bayer1 y Thiago M. Minagé.

Prof. Dr. Gustavo A. Arocena, Codirector del  CIIDPE

Pueden consultar el  texto en el link:

http://www.ciidpe.com.ar/area1/DPEMayerMinage.pdf

Texto en PDF:

DPEMayerMinage

Seminario: “Neurociencias y Derecho Penal”, Universidad de León España.

"Neurociencias y Derecho Penal".

Dejamos  invitación  del  XV Seminario Internacional de Filosofía del Derecho y Derecho Penal, que se celebrará los días 11 y 12 de septiembre de 2014 y versará sobre el tema “Neurociencias y Derecho Penal”. Adjuntamos documento sobre hoteles de León y el cartel del Seminario. Esta información fue facilitada por el Prof. Dr. Miguel Díaz y García Conlledo/Prof. Dr. Juan Antonio García Amado Catedrático de Derecho Penal/Catedrático de Filosofía del Derecho Director del Departamento de Derecho Público Facultad de Derecho Universidad de León Campus de Vegazana s/n 24071 LEÓN (ESPAÑA)

Invitación XV Seminario FDDP (2014)

HotelesSeminario2014

Cartel XV Seminario de FD y DP. Neurociencias y D. Penal definitivo

Conferencia de Sergio Cuarezma en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Pilar, Paraguay.

Conferencia de Sergio Cuarezma en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Pilar, Paraguay

El Vicerrector General del INEJ, dirigiéndose a la comunidad universitaria, autoridades, docente y alumnas y alumnos de los seis años que integran la carrera de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la la Universidad Nacional del Pilar con la conferencia “La función de la teoría del delito en un Estado democrático y social de derecho”. Ciudad del Pilar, Paraguay. Junio 30, 2014

Universidad Nacional del Pilar e INEJ firman Convenio académico y científico

Universidad Nacional del Pilar e INEJ firman Convenio académico y científico

El Señor Decano Víctor Encina Silva de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Pilar, Paraguay y el ]Vicerrector General del INEJ, suscribieron el 30 de junio un Convenio de Colaboración académica y científica, con el objeto de apoyar el proceso de investigación científica y los estudios de posgrados entre ambas Casas de Estudios.

Universidad Nacional de Pilar, Paraguay e INEJ firmarán Convenio Académico y Científico

Universidad Nacional de Pilar, Paraguay e INEJ firmarán Convenio Académico y Científico

Entre los días lunes 30 de junio a viernes 4 de julio el Vicerrrector General del INEJ, Sergio Cuarezma Terán desarrollará una conferencia en la Universidad de San Lorenzo, Asunción, Paraguay y posteriormente llevará a cabo un curso sobre teoría del delito en la Universidad Nacional del Pilar en Ciudad Pilar. También, y en el marco de dicha actividad académica suscribirá en nombre del señor Rector del INEJ un Convenio de Colaboración Académica y Científica con la Universidad Nacional de Pilar.

El Control de Convencionalidad en el Sistema IPDH…, por Mahmad Daud Hasan

El Control de Convencionalidad en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y su Aplicación en Panamá, por Mahmad Daud Hasan

Dejamos  la obra  de: Mahmad Daud Hasan, Control de Convencionalidad en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y su Aplicación en Panamá

Descargar  PDF:

LIBRO_DAUD_2_Actualizado_Junio_2014_

Clausura de I Maestría en Derecho penal en la Corte Suprema de Justicia de Panamá del INEJ

Clausura de I Maestría en Derecho penal en la Corte Suprema de Justicia de Panamá del INEJ

Este viernes 30 de mayo de 2014, se realizó la ceremonia de graduación de la primera maestría en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), en donde se graduaron 75 estudiantes, entre los cuales se destacaban magistrados, jueces y funcionarios del Órgano Judicial. Esta Maestría se hace con la Corte Suprema de Justicia de Panamá y la Escuela Judicial del Órgano Judicial de Panamá.

El acto inicio con las palabras del rector del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), Mario Houed quien se mostró complacido con la culminación de esta maestría, que durante 15 meses permitió que profesionales del derecho salieran fortalecidos con conocimientos que serán aplicado en diferentes regiones del país, ya que en esta capacitación participaron jueces, asistentes, defensores, magistrados de las provincias de Chiriquí, Las Tablas, Veraguas, entre otros.

Luego se procedió a la entrega de diplomas por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jerónimo Mejía y Harry Díaz; el rector y vicerrector general del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), Mario Houed y Sergio Cuarezma Terán, y la directora de la Escuela Judicial de Panamá, Darlene González. También participó el magistrado vicepresidente de la CSJ, Luis Ramón Fábrega.

El acto fue clausurado con unas emotivas palabras por parte del magistrado de la Sala Penal, Jerónimo Mejía quien felicitó a todos aquellos que tomaron esta maestría que fue ofrecida en el marco del Convenio de Cooperación suscrito por la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá y el prestigioso instituto antes mencionado. Explicó que el mismo fue concebido para que fuera accesible a los funcionarios, que con las recientes reformas se hace obligatorio el estudio para entender los cambios que se han llevado a cabo en la región.

Recuperado de: http://www.organojudicial.gob.pa/noticias/75-estudiantes-se-gradúan-de-maestría-en-derecho-penal-y-procesal-penal/

Palabras del Mgdo. Jerónimo Mejía en la Clausura de la Maestría de Derecho penal y Derecho procesal penal, Panamá.

Palabras del Mgdo. Jerónimo Mejía en la Clausura de la Maestría de Derecho penal y Derecho procesal penal, Panamá.

PALABRAS DE CLAUSURA

Viernes 30 de mayo 2014

Muy Buenas Tardes:

Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia,

Doctor Mario Houed, Rector del Instituto de Estudios e Investigación Jurídica,

Doctor Sergio Cuarezma Terán, Vicerrector General del Instituto de Estudios e Investigación Jurídica,

Lcda. Darlene González, Directora de la Escuela Judicial,

Magistrados y Magistradas, Jueces y Juezas, funcionarios judiciales, invitados especiales, damas y caballeros todos:

El Programa de Maestría que hoy se clausura en su primera edición, fue ofrecido en el marco del Convenio de Colaboración Académica y Científica que la Corte Suprema de Justicia de Panamá y el INEJ, suscribieron el 14 de diciembre del 2012, con el objeto de llevar a la práctica un proceso de capacitación continua, a un costo económico, accesible a los funcionarios, bajo la firme convicción de que las reformas de la justicia penal hacen obligatorio el estudio del Derecho penal y Derecho procesal penal para comprender integralmente los cambios que se han llevado a cabo en la región y para su adecuada aplicación en nuestra administración de justicia.

Con ese objetivo, un cuerpo de docentes de alta calificación académica y científica se preocupó por brindar a los estudiantes las herramientas conceptuales, analíticas, operativas y prácticas, necesarias para mejorar su trabajo profesional y contribuir en la solución y avances de la transformación del Estado constitucional de derecho, en el ámbito de la justicia penal.

La modalidad virtual de esta maestría permitió eliminar las fronteras territoriales e integrar a funcionarios de todo el territorio panameño, lo que posibilitó que hoy, 8 de los graduandos, sean de Herrera, 11 de Chiriquí, 6 de Las Tablas, 2 de Penonomé, 32 de Panamá, 4 de Santiago, 2 de Aguadulce, 4 de Colón, 1 de Changuinola  y 1 de Guna Yala.

De igual modo, se pudo incorporar a distintos actores de la administración de justicia, de suerte que en esta primera edición de la maestría que inició el 18 de febrero 2013, se gradúan 71 personas, de las cuales 30 son asistentes de magistrados, 4 defensores públicos, 14 jueces, 4 magistrados, 3 docentes, 5 Oficiales mayores, 3 secretarios, 5 fiscales, y 3 abogados independientes, de los cuales 43 son mujeres y 28 varones.

         A nombre de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá y de su  Escuela Judicial, deseo felicitar a los 71 nuevos master en Derecho Procesal Penal y Derecho Penal que hoy se reciben, luego de 15 meses de arduo trabajo, en el que ha prevalecido la participación activa y sus valiosas contribuciones en los foros de intercambio de ideas.

Ustedes han dispuesto su tiempo, recursos y esfuerzo para aprovechar esta oportunidad académica que contribuye a elevar el nivel de formación en los actores de la administración de justicia y actualizar sus conocimientos, con miras a desarrollar de mejor manera los roles que les correspondan.   Es nuestro deseo que el esfuerzo realizado fructifique en sus vidas personales, en su carrera y en la administración de justicia, que hoy afronta el reto de modernizarse en aras de fortalecer la justicia y el Estado Constitucional de Derecho.

Del mismo modo, agradecemos encarecidamente al Instituto de Estudios e Investigación Jurídica, que nos honra con la presencia de sus máximas autoridades, a  sus profesores y a todo el personal que desde la hermana República de Nicaragua ha trabajado, por todo el empeño y compromiso dispuesto para que este programa de maestrías se lleve a cabo con el nivel de excelencia que hemos experimentado. En realidad estamos muy complacidos y eternamente endeudados por su desinteresada colaboración con la administración de justicia y, por ende, con Panamá. Reciban mi más sincero reconocimiento y gratitud.

Quiero igualmente reconocer a los funcionarios de esta institución que estuvieron vinculados a este evento de clausura, el gran esfuerzo y dedicación invertidos. Son muchas las personas que contribuyeron a hacer de esta una actividad exitosa. A todas ellas mi sincero agradecimiento, en especial al Licenciado Andrés Mojica, Coordinador de Presidencia, al Director de Protocolo, Licenciado Roberto Zúñiga, a la Lcda. Saribeth, a la Doctora Vielza Rios al personal de la Dirección de Prensa y Relaciones Públicas, a la Escuela Judicial y a la doctoranda Iris Díaz de Nicolás, coordinadora de esta Maestría, a quien no sólo quiero reconocerle su colaboración para este acto de clausura, sino destacar su activa y comprometida contribución para que todo el programa de maestría, durante sus diversas etapas,  pudiese funcionar con fluidez.

También quiero reconocer al Rector y fundador del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica, Doctor Mario Houed, quien se encuentra acompañado de su Sra. esposa, por distinguirnos con su presencia en este acto de graduación, por haber creído en este proyecto y compartir como docente y académico de primera línea sus conocimientos en esta maestría.

Finalmente, al doctor Sergio Cuarezma Terán, quiero exaltarlo y honrarlo por todo el esfuerzo que ha  invertido para que todo el programa fuese todo un éxito como lo ha sido. Sin él, no hubiera sido igual.

Aprovecho la oportunidad para desearte en este tu día, un feliz cumpleaños y pedirle a Dios por tu vida y que te siga usando para el beneficio de la humanidad.

Dicho lo anterior, doy por clausurado este acto.

Muchas Gracias a todos y todas.

Jerónimo Mejía

Magistrado

Corte Suprema de Justicia de Panamá

Co-director de la Maestría en Derecho procesal penal y Derecho procesal penal del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ)

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