Sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel, España, sobre la ablación de la hija de un matrimonio de Gambia

37693-620-282

En esta sentencia de la AUDIENCIA PROVINCIAL DE TERUEL, ROLLO PENAL Nº 12/2011, SUMARIO Nº 3/2010 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1 DE Alcañiz, se condena a los acusados como responsable en concepto de autor de un delito de lesiones, mutilación genital. En la misma se trata el error vencible de prohibición.

“Expuso así mismo el letrado de la defensa por vía de informe la concurrencia en los procesados de un error de prohibición que excluiría o aminoraría su responsabilidad criminal, y ello en base a lo dispuesto en el artículo 14 del Código Penal con arreglo al cual “1. El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, fuera vencible, la infracción será castigada en su caso como imprudente. 2. El error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia agravante, impedirá su apreciación. 3. El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en uno o dos grados”.

“Debe partirse en primer lugar de que toda norma, y concretamente la norma penal, contiene varias funciones. Por la primera, función de valoración, la norma valora de forma negativa un concreto hecho, pues el legislador penal la incluye en un catálogo de conductas negativas para la convivencia social. Desde la perspectiva de lesividad al bien jurídico, constituye el mínimo exigible para la concurrencia. En segundo término, la función de sanción, por la que se comunica al juez que, en el caso de que concurra el supuesto tipificado los reprima con la consecuencia que ha señalado. En tercer término, la norma contiene una función de determinación por la que se ordena a los ciudadanos que realicen o se abstengan de realizar una conducta. Es una función motivadora al ciudadano para que sea fiel al derecho, ordenando su conducta de acuerdo a la norma general de convivencia.

La jurisprudencia de la Sala II del Tribunal Supremo ha señalado sobre el error de prohibición que éste se constituye, como reverso de la conciencia de la antijuridicidad, como un elemento constitutivo de la culpabilidad y exige que el autor de la infracción penal concreta ignore que su conducta es contraria a derecho o, expresado de otro modo, que actúe en la creencia de estar obrando lícitamente. No cabe extenderlo a los supuestos en los que el autor crea que la sanción penal era de menor gravedad y tampoco a los supuestos de desconocimiento de la norma concreta infringida y únicamente se excluye, o atenúa, la responsabilidad cuando se cree obrar conforme a derecho (STS 1141/97, de 14 de noviembre -RJ 1997, 7860- ).”

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