Sainete en Valencia, por Joan J. Queralt

Joan J. Queralt

Como ha explicado George Steiner magistralmente en La muerte de la tragedia, este es un género que hace siglos pasó a mejor vida; ahora no hay tragedias, todo lo más dramas, y, me permito añadir, melodramas cuando no culebrones. Algunos políticos con más ego que proyección histórica sí creen, en cambio, que su destino es trágico. Es el caso de Francisco Camps. Llega su primer juicio ante un jurado popular por corrupción, ya dimitido, como expresidente y la cosa no va a parar ahí.

Lo que podía haber tenido cierta épica, menos enjundia jurídica y menor coste político y personal hubiera sido celebrar este juicio, con menos datos, en el 2009; sin embargo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Juan Luis de la Rúa, cuya amistad con Camps, en su expresión, no se podía describir con palabras, decretó el archivo. Mala jugada. El Tribunal Supremo lo revocó, la causa volvió a Valencia, se ahondó la instrucción y en otoño se celebrará la vista.

Con la admisión de culpabilidad, hasta ahora, de dos de los cuatro imputados y la dimisión de Camps, se crea un escenario jurídico-procesal peliagudo. La conformidad prestada, como es de rigor y no infrecuente, supone aceptar la descripción de los hechos que relatan las acusaciones, que quedan como ciertos. De este modo, tanto estos hechos como los testimonios de los confesos y condenados serán hechos valer en el juicio contra los otros acusados y con todo el valor que tiene como prueba una sentencia firme: demoledor.

Si Ricardo Costa o Camps no dimiten como parlamentarios, seguirán siendo aforados, arrastrando a los demás imputados; aunque, al ser un juicio por jurado, poca relevancia tiene el aforamiento. Lo esencial es que todos, los conformados y los no conformados, deberán acudir al juicio público por jurado. Allí, quienes hayan aceptado la culpabilidad recibirán la pena máxima solicitada, se retirarán de la sala y proseguirá la vista contra quienes se oponen a las acusaciones.

Sabidas ya algunas declaraciones vertidas durante la instrucción por empleados y exempleados de las sastrerías proveedoras de los trajes de marras, y reconocida por Camps la existencia de regalos como jerarca del PP, no va a serle fácil zafarse de una condena por el delito de cohecho (impropio); menos aún, si se recuerda la excelente sentencia del Tribunal Supremo que ordenaba la prosecución de las actuaciones, toda una lección en la materia.

Lo que podía haber sido un pasable melodrama provinciano, adquirirá casi con seguridad aires de sainete durante el juicio oral, pues los encausados se verán confrontados a las declaraciones testificales, incluidas las de los ya condenados en firme, la prueba documental (facturas, correos, sentencias laborales) y… el rosario de declaraciones públicas autoexculpatorias contradictorias y bastante inverosímiles.

Con la condena, es decir, con los hechos aceptados y con la eventual sentencia condenatoria que resultará del juicio público y ante jurado contra Camps y, a lo mejor, Costa, se puede crear una gran palanca que acabe de desplazar la losa que cubre la fosa donde se sepultan los demás casos de la trama Gürtel. No solo el pendiente por financiación ilegal del PP en Valencia, visita del Papa incluida, sino sobre la totalidad de las otras causas.

En efecto, quienes más o menos tengan que perder en lo personal.

-la pena que se jueguen, muy especialmente si no son políticos- tenderán al pacto con las acusaciones, vista la suerte que se corra en Valencia, y no a una desnuda conformidad in extremis como ahora. Ese acuerdo comporta una rebaja sustancial de penas a cambio de colaboración efectiva con la justicia en el esclarecimiento de los hechos. Dejarán con sus vergüenzas judiciales al aire a aquellos políticos más enrocados o que tengan todo que perder. Y, para cierta política y ciertos políticos, todo es el cargo.

En fin, vamos a asistir al primer acto de una obra de final impredecible, escrita en esta fase, según todos los indicios, por alguien que se dice especialista en Shakespeare.

Catedrático de Derecho Penal de la UB

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