Resolución de Estudiosas y Estudiosos de la Violencia y la Criminalidad en Puerto Rico en Contra de la Pena de Muerte

Resolución de Estudiosas y Estudiosos de la Violencia y la Criminalidad en Puerto Rico en Contra de la Pena de Muerte

Este documento, lo suscribe un grupo de personas vinculadas a las disciplinas de criminología, penología, sociología, derecho, psicología, sistemas de justicia, antropología, trabajo social, ciencias sociales y otras ciencias humanas en Puerto Rico así como de la academia.

En múltiples ocasiones el pueblo de Puerto Rico se ha pronunciado en contra de la pena de muerte. Ello desde 1952, al rechazarle expresamente en el texto constitucional, y desde entonces en reiteradas ocasiones por parte de jurados que se han negado a imponerla, en casos procesados en la Corte Federal de Distrito de los Estados Unidos, en Puerto Rico. Sin embargo, actualmente hay tres (3) personas certificadas para pena de muerte en el Tribunal de Distrito Federal de Puerto Rico y once (11) casos pendientes de certificación.

Como criminólogas, criminólogos, victimólogos/as, psicólogos/as, juristas, científicos/as sociales y académicos/os nos oponemos a la pena de muerte por las siguientes razones:

1. La pena de muerte constituye un retroceso en nuestro sistema social y de derecho. La pena de muerte es un síntoma de una cultura de violencia y no una solución a la misma.

2. En 2007, la ONU adoptó una resolución impulsada por la Unión Europea que insta a la declaración de una moratoria internacional en la aplicación de la pena de muerte con miras a abolirla. Esto después de muchos años de investigación, ponderación y evaluación por parte de la comunidad científica particularmente, procedente del campo de la Criminología y Penología contemporáneas.

3. La pena de muerte no previene la reiteración del delito ni constituye un disuasivo para la comisión de crímenes violentos. Las investigaciones criminológicas revelan que la pena de muerte no previene la reiteración del delito, ni constituye un disuasivo para la comisión de crímenes violentos. Al contrario, muchas veces, multiplica los asesinatos para acallar posibles testigos.

4. La pena de muerte tiene efectos deshumanizantes. Esto significa que la misma se convierte en un espectáculo cotidiano generador de más violencia que además, estimula la satisfacción de sentimientos sádicos.

5. Los argumentos basados en la defensa de los derechos humanos constituyen otra forma de demostrar que la pena capital es un mal innecesario. Como ya ha sido señalado por reconocidos criminólogos “si la prisión se desarrolló en parte para sustituir la pena capital, sería absurdo y retrógrado proponerla nuevamente”.

6. La pena de muerte no solo es contraria al derecho a la vida, sino también al principio de la rehabilitación que anima la filosofía de la ley que crea la Administración de Corrección en Puerto Rico.

7. Existe amplia evidencia criminológica de que en la aplicación de sentencias de muerte entran en juego posturas discriminatorias y prejuicios por razones de raza y de clase social. La pena de muerte ha sido aplicada de manera selectiva y discriminatoria contra minorías raciales, étnicas y disidentes políticos y religiosos. Se ha constatado que más de un 90% de las personas sentenciadas a la pena de muerte en Estados Unidos es impuesta a personas pobres que no pueden costear una buena defensa.

8. Estados Unidos es la única potencia industrial occidental donde todavía existe la pena de muerte. Recientemente, el senador demócrata Russ Feingold presentó al Senado estadounidense un proyecto de ley para suprimir la pena en la jurisdicción federal. Feingold recalcó que la pena capital ha sido abolida en ciento veintitrés (123) Estados Naciones del mundo; criticó la discriminación racial que domina su aplicación y el alarmante costo que caracteriza su imposición. Feingold urgió a suprimirla en nombre de los principios de justicia, libertad e igualdad que se supone son los pilares fundacionales de la nación estadounidense.

9. La implantación de la pena de muerte trae implícita la posibilidad de error judicial. La pena de muerte se ha aplicado a personas inocentes y a otras con discapacidad intelectual o mental. Sabemos además que un sistema de justicia penal, es incapaz de decidir siempre con equidad, coherencia e infalibilidad, quién debe vivir y quién debe morir. Sabido es que en los Estados Unidos, entre los años 1900 y 1985, alrededor de 350 personas fueron sentenciadas a muerte y posteriormente se comprobó su inocencia. Está claro que la pena de muerte constituye una pena inhumana, irreparable e irreversible.

En el error judicial intervienen diversidad de factores: representación legal inadecuada; el rol del juez o jurado, quienes determinan la culpabilidad o inocencia de las personas, la pena a imponer, los prejuicios que pueden influir en tales decisiones; las investigaciones policíacas inadecuadas, los casos fabricados y las evaluaciones forenses imprecisas, entre otros.

Lo que se defina como peligroso, estará sujeto a los estigmas y a los prejuicios de los jurados que tengan en su poder la decisión de imponer o no la pena de muerte.

En 1989 la Corte Europea de Derechos Humanos sostuvo que “el fenómeno de la antesala a la pena de muerte constituye un castigo cruel e inhumano”. Se menciona lo doloroso de la espera de la muerte no sólo para la persona condenada, sino también para los familiares y amigos de ésta.

10. Víctimas del crimen también se han pronunciado en contra de esta medida punitiva. Diversas entidades u organizaciones de familiares de víctimas del crimen en contra de la pena de muerte, como Familias de Víctimas de Asesinato pro Derechos Humanos (MVFHR, por sus siglas en inglés de “Murder Victims’ Families for Human Rights”), una organización sin fines de lucro formada en los Estados Unidos por personas que han perdido algún familiar por asesinato o ejecución judicial y quienes se oponen a la pena de muerte en todos los casos. Esta organización sostiene que:

En cualquier parte del mundo, comúnmente, se asume que los familiares de las víctimas de la violencia están a favor de la pena capital. Se presume que las ejecuciones satisfacen las necesidades de justicia en las víctimas del crimen. Ser un oponente a la pena de muerte es visto como estar en contra de la víctima. A través de sus declaraciones, testimonio y material educativo, los miembros de MVFHR demuestran a quienes tienen el cargo de hacer las leyes políticas y al público en general, que sí es posible estar en pro de la víctima e ir en contra de la pena de muerte a la vez. La respuesta a una violación a los derechos humanos no debe ser otra violación. Honramos el dolor de la víctima previniendo la violencia, no perpetuándola (INP, 2008).

La Alianza Laura Aponte por la Paz Social (ALAPAS) es otra organización que ofrece apoyo a familiares de víctimas del crimen en Puerto Rico y que está opuesta a la pena de muerte (ALAPAS, 2011). Así lo ratificó en una resolución y es una de las organizaciones que forma parte de la Coalición Puertorriqueña Contra la Pena de Muerte (CPCPM, 2010).

En Puerto Rico, vale destacar lo reseñado recientemente en uno de los principales rotativos del País sobre la masacre de “La Tómbola”, en Sabana Seca, ocurrida el 17 de octubre de 2009. Se reseñó el padre de una de las víctimas manifestó: “Solo quiero y necesito que se haga justicia. No creo en la pena de muerte. No quiero que la familia sufra como sufrimos nosotros…” (Suárez, 23 de febrero de 2013, p. 34-35).

Estos sectores víctimas del crimen se unen al reclamo de que se haga justicia pero le dicen “no” a la pena de muerte.

11. La pena de muerte resulta más costosa que tener a una persona en prisión 50 años o más. Aún considerando que diversas investigaciones indican lo costosa de esta medida, se afirma que “parece inmoral y deshumanizante discutir la privación de la vida en términos de dólares y centavos”. En promedio una persona sentenciada a pena capital puede estar en el corredor de la muerte de 7 a 8 años. Esto debido a la posibilidad de error judicial y que existe un sistema de apelación que involucra tres niveles de cortes estatales, tres federales y la posibilidad de ofrecer nueva evidencia y empezar una nueva ronda de apelaciones. Pensando en abaratar los costos que conlleva la aplicación de la pena capital, algunos sugieren reducir y limitar el tiempo que tomen las apelaciones. Pero “cuando ese sistema sea apresurado habrá más personas ejecutadas dentro de una nube de dudas”.

12. La implantación de la pena de muerte afecta a los sectores menos aventajados en Puerto Rico, que son además el objetivo ordinario del procesamiento penal en nuestro sistema, que criminaliza la pobreza.

Por estas razones, rechazamos la pena de muerte en Puerto Rico.

Profa. Sylvia M. Álvarez Ramos, Psicóloga Social

Dr. Juan L. Bonilla González, Sociólogo y profesor universitario

Lcdo. Osvaldo Burgos Pérez, Abogado y Profesor universitario

Lcdo. Carmelo Campos Cruz, profesor universitario y doctorando en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales

Prof. Alfredo Carrasquillo Ramírez, Psicoanalista y profesor universitario

Sr. Eduardo Cartagena Figueroa, Presidente de la Fundación Libre de Géneros

Prof. José R. Cepeda, JD y profesor universitario

Lcda. Carmen Cintrón Ferrer, LL.M y profesora universitaria

Lcdo. José Javier Colón, Abogado y profesor universitario

Dr. José F. Córdova Iturregui, profesor universitario

Sr. Alexis Feliciado González, BA en Sistemas de Justicia y estudiante de Derecho

Dr. Víctor I. García Toro, Sociólogo, Trabajador Social y Criminólogo

Dra. Teresa Gracia Agenjo, Psicóloga Social y profesora universitaria

Prof. Gary Gutiérrez, Criminólogo y profesor universitario

Profa. Mayra Hernández, MA en Justicia Criminal y profesora universitaria

Lcdo. José Irizarry Yordán, expresidente Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico

Profa. Zulma Latorre, JD y Profesora universitaria

Profa. Rosalie López Castellanos, M.Ed. EE y JD

Dr. Héctor López Sierra, Psicólogo de las religiones y profesor universitario

Dr. José Luis Marttínez Fernández, Médico Internista y escritor

Dr. Manuel E. Muñiz Fernández, Científico Social y profesor universitario

Dra. Yvette Piovanetti Keelan, Pediatra

Profa. Anuchka Ramos Ruíz, profesora universitaria

Lcdo. Jesús Rivera Delgado, JD y profesor universitario

Sa. Myra Rivera Torres, presidenta de ALAPÁS

Sa. Mercedes Rodríguez, Psicóloga Social

Lcdo. Alexis Rodríguez Ramos, JD, Psicólogo social y profesor universitario

Dra. Madeline Román, Criminóloga y Socióloga y profesora universitaria

Lcdo. Luis E. Romero Nieves, LL.M y profesor universitario

Dra. María E. Santana Grandone, Psicóloga social y profesora universitaria

Profa. Jelitza Soto Román, Trabajo Social y profesora universitaria

Dra. Lina M. Torres Rivera, Criminóloga -Socióloga y profesora universitaria

Profa. Nina Torres Vidal, profesora universitaria

Dra. Sonia Serrano Rivera, Socióloga y Doctora en Derecho y profesora universitaria

Profa. Arelis Veintidós, Mediadora

Contactos:

Dra. Sonia Serraro Rivera -787-448-1285 – soniamserrano@hotmail.com

Dra. Lina M. Torres Rivera- 787-728-1515 Ext.2143 linatorres21@gmail.com

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