Posgrado en Derecho Procesal Penal con Mención a los Principios, Garantías y Reglas Constitucionales que Fundamenta el Sistema Acusatorio (Tercera Edición)

PUERTO RICO: POSICIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS (INIPRODEH) SOBRE EL REFERÉNDUM DEL 19 DE AGOSTO DE 2012

PUERTO RICO: POSICIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS (INIPRODEH) SOBRE EL REFERÉNDUM DEL 19 DE AGOSTO DE 2012

San Juan- El Instituto de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (INIPRODEH) es una organización co-educativa y de fines no lucrativos adscrita a la Facultad Interdisciplinaria de Estudios Humanísticos y Sociales de la Universidad del Sagrado Corazón. El INIPRODEH tiene como proyecto identificar las violaciones de derechos humanos en Puerto Rico y proponer alternativas dirigidas al fortalecimiento y el respeto de estos derechos, como también la difusión de los principios de una democracia representativa, inclusiva y participativa.

El INIPRODEH cumpliendo con su misión y principios presenta su posición a las reformas constitucionales propuestas en la próxima consulta electoral, del 19 de agosto de 2012, para limitar el derecho constitucional a la libertad bajo fianza para personas acusadas de asesinatos.

La protección a la vida y a la libertad son derechos humanos de particular importancia porque son indispensables para el disfrute de los demás derechos humanos. A su vez, son derechos humanos las garantías judiciales, como la presunción de inocencia, el debido proceso de ley y el derecho a un juicio justo, por ser uno de los canales por los cuales podemos reclamar y proteger nuestros derechos frente a actos de terceros o acciones arbitrarias del gobierno.

Los estándares internacionales de derechos humanos contenidos en los tratados y decisiones de los tribunales internacionales, establecen que los gobiernos tienen como principal obligación garantizar el disfrute de los derechos humanos de las personas que viven en su territorio. Con este fin, los Estados tienen la obligación afirmativa de actuar con la debida diligencia para prevenir y sancionar actos de violencia, además de proteger y reparar a las víctimas.

Siguiendo estos principios, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, principal institución regional en materia de derechos humanos, en su Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos reconoció que la seguridad ciudadana involucra la interrelación de múltiples actores, condiciones y factores entre los cuales se cuentan la historia y la estructura del Estado y la sociedad; las políticas y programas de los gobiernos; la vigencia de los derechos económicos, sociales, culturales; y el escenario regional e internacional.

De igual manera, la Comisión indicó que los gobiernos tienen que cumplir con sus obligaciones internacionales respecto a la protección y garantía del derecho al debido proceso y a un juicio justo a la hora de implementar las acciones integradas a sus políticas de prevención y control de hechos violentos o delictivos.

En el caso del derecho a la libertad el consenso internacional plasmado en los tratados internacionales, es que la detención preventiva debe ser una medida excepcional y con el único objetivo de asegurar la comparecencia del acusado o de la acusada a juicio, pero luego de que se intenten otros medios que respeten el derecho a la libertad y la presunción de inocencia que debe cobijar a toda persona acusada de delito.

Lo anterior se basa en como bien ha expresado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Tibi v. Ecuador, “la prisión preventiva es la medida más severa que se le puede aplicar al imputado de delito” y en virtud de que se encuentra limitada  por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, principios indispensable en una sociedad democrática.

En ese sentido, organismos regionales, que monitorean el tema en todos los países de las Américas, también han señalado que las políticas que propician el empleo de la privación de la libertad como instrumento para la disminución de los niveles de violencia y las tasas de delincuencia no han probado ser eficientes y solo han generado incrementos en la población penitenciaria.

Un examen de la situación actual demuestra que la limitación al derecho a la fianza poco tiene que ver con la prevención y control de la violencia. Se observa que Puerto Rico, al igual que muchos países de la región, hoy presentan algunos de los índices de criminalidad más altos del mundo pero además, altas tasas de encarcelamiento y altos niveles de impunidad donde 1 de cada 3 asesinatos son investigados según datos de la Administración de Tribunales. A su vez, organizaciones que ofrecen representación legal a personas acusadas de delitos han informado que es mínimo el número de personas que delinquen luego de ser dejados libres bajo fianza.

Por otro lado, el INIPRODEH observa con preocupación que las condiciones carcelarias en la Isla distan de ser las mejores. Desde su fundación, el INIPRODEH ha podido observar de primera mano la grandes fallas del sistema correccional puertorriqueño. Asimismo, organizaciones como la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) en su Informe sobre la Muertes de Confinados en la Cárcel de Guerrero, documentó decenas de muertes de detenidos en espera de juicio que no recibieron los servicios de salud necesarios en dicho centro de detención. También el País fue testigo de la muerte de 8 confinados durante un traslado al tribunal, grupo de reclusos que incluía personas detenidas en espera de juicio.

De igual forma, el INIPRODEH urge al gobierno a que atienda la deficiencias en el sistema de justicia penal y genere la capacidad institucional en el sector público para el diseño y la ejecución de los planes y programas que componen la política pública sobre seguridad ciudadana, disponiendo los recursos humanos, técnicos y económicos adecuados.

En materia de recomendaciones, el INIPRODEH hace nota de que las mejores prácticas a nivel regional incluyen políticas que aseguren la gobernabilidad democrática de la seguridad ciudadana a base de consensos políticos y sociales. Así, dichas políticas deben ser sometidas a evaluación y rendición de cuentas permanentes mediante mecanismos de control internos y externos que favorezcan la transparencia en el ejercicio de la función pública y combatan la impunidad y la corrupción.

Por todo lo anterior, el INIPRODEH NO favorece cualquier limitación al derecho a la fianza y reitera que las medidas que los gobiernos adopten para prevenir, disuadir y reprimir legítimamente los hechos violentos y delictivos deben desarrollarse dentro del marco que consagra el ordenamiento jurídico internacional sobre protección y garantía de los derechos humanos.

Contacto:

Dra. Lina M. Torres Rivera

Coordinadora INIPRODEH

iniprodeh@sagrado.edu

Foto recuperada de: http://www.politicaenelmundo.com/wp-content/uploads/2012/06/referendum-puertorico-2012-votar.gif

Dejar un comentario

*



Desarrollo y hospedaje por Desarrollo y hospedaje por Vive Nicaragua