Palabras de Sergio Cuarezma Terán, presentación de la obra Nuevas Tendencias del Derecho Constitucional

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Presentación de la puesta en circulación del Libro Colectivo:

NUEVAS TENDENCIAS: DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

Por Sergio J. Cuarezma Terán

Buenas  noches

Señor Jottin Cury (Hijo), Magistrado del Tribunal Constitucional y Coautor de la obra,

Maestro, Rafael Luciano Pichardo, Ex Magistrado de la Suprema Corte de Justicia y Codirector de la obra,

Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana

Magistrados del Tribunal Constitucional de la República Dominicana

Abogadas y abogados

Amigas y amigos

Permítanme,  agradecer a la Fundación Global Democracia y  Desarrollo  y a las demás instituciones del sector privado, por el auspicio de la presentación del libro Nuevas  tendencia: derecho constitucional y el derecho procesal constitucional, que después de dos años y medio de duro trabajo felizmente ha sido publicado, y por ello, además agradecer a la librería jurídica internacional,  por haber auspiciado su publicación. También, y de manera especial el INEJ desea agradecer al magistrado Jottin Cury por haber apoyado decididamente la presentación y organización de la obra,  agradecimiento extensivo a Lilian Carrasco y a Alexander Fleming por su empeño para que lo que hoy celebramos se haya hecho realidad y las finezas de sus atenciones. Y a ustedes amigas y amigos, por el cálido recibimiento que le han dado a esta obra colectiva que tengo el honor de haber codirigido con el maestro y amigo Rafael Luciano Pichardo.

En febrero del 2009, conversamos el profesor Rafael Luciano Pichardo y quien les habla, sobre la necesidad de iniciar, desde Santo Domingo  y Managua, un trabajo académico sobre el estado del Derecho Constitucional, sus avances, desafíos y crisis (en muchos casos recurrentes) y los vientos de reformas que se extienden por la región, teniendo como escenario las marchas y contramachas de los procesos democráticos que viven nuestros países. Esta necesidad, nos hacían ver, a lo menos en aquel momento, y creemos que sigue vigente, la necesidad de promover entre los colegas del hemisferio y de Europa, además en el contexto de un mundo global, una abierta y franca discusión sobre los temas propios del derecho constitucional y de aquellos vinculados genética y funcionalmente con éste, lo cual haría sin duda el trabajo, aunque no menos complejo,  más dinámico. Así, en el presente trabajo el lector encontrará las aportaciones no sólo de los expertos en el derecho constitucional, sino civilistas, politólogos, internacionalistas, penalistas, procesalistas y expertos en derechos humanos. La idea se puso en marcha, se hizo saber a un prestigioso grupo de académicos de América y Europa y a lo largo de más de dos años, la obra está, felizmente, publicada, y sobre todo, por una prestigiosa editorial dominicana.

El trabajo tiene un orden interno que se estructura desde las tendencias actuales del derecho público y sus rasgos contemporáneos, los propios del derecho constitucional y sus particularidades; del derecho procesal constitucional o justicia constitucional, terminando en el proceso de integración centroamericana, en el cual, República Dominicana, sin duda, jugará un papel importante, especialmente en los órganos que integran el Sistema de Integración Centroamericana (SICA)

En el trabajo que el lector tendrá en sus manos, permite orientarnos y contextualizarnos en las transformaciones propias de una democracia constitucional. Así el profesor José Luis Cea advierte que estas transformaciones se centran en el hecho de que la persona y su dignidad juegan ahora un papel fundamental en la idea de la constitución, subordinando la potestad estatal suprema a la  misma y sus derechos. Esto mismo, puede observarse en el derecho internacional público clásico, que ahora la figura del Estado como sujeto de responsabilidad, cede, pero sin desaparecer, a la persona como sujeto central del nuevo derecho internacional para la protección de los derechos humanos. También, hay que señalar la apertura de nuevas formas de Gobierno, pues ahora existen neoparlamentarismos y regímenes semipresidenciales. La crisis de la ley enfrenta además, la aparición de nuevos principios y reglas de instituciones supranacionales. Todo lo cual, exige, al interprete, a jueces y magistrados, sobre todos de los tribunales constitucionales, interpretar la constitución política, por muy viejas que esta sea, adecuándolas a estos cambios, pero siempre, en el marco de su sentido literal posible, modernizando al Estado, como imperativo de los actuales tiempos, que debe encontrar siempre a la persona, como su usuario principal, es decir, un Estado siempre al servicio de la persona.

Asimismo, el proceso de liberación económica pone de manifiesto una relación más estrecha entre el derecho público y el derecho privado, sobre todo en aquellos ámbitos indeclinables del Estado como los servicios básicos, la salud, la educación, entre otros. Este fenómeno obliga al derecho constitucional armonizar y hacer posible la coexistencia, en los casos que pueda hacerlo, derechos sociales o económicos que sólo el Estado tiene el deber de garantizarlos, pero que además debe regularlos cuando pasan a manos del sector privado, para evitar que las expectativas de la población se frustren y además proveer de seguridad jurídica a las inversiones. Todo un desafío, sobre todo, porque en algunos casos, hay que hacer compatibles instituciones jurídicas del sistema continental europeo con el anglo norteamericano, como en el caso de la justicia.

En los últimos tiempos nuestros países han experimentado cambios sustanciales y positivos, tales como el paso de la guerra a la paz, y ha situado sus expectativas frente al fuerte desafío de trascender hacia la democracia y de esta al desarrollo sostenible, pero en un contexto de grandes limitaciones de desarrollo económico, para lo cual, como apuntan los autores en la obra,  se vuelve imprescindible trabajar siempre en el marco constitucional por el fortalecimiento institucional, el reconocimiento, la promoción y defensa de los derechos humanos y el fomento de la estabilidad y armonía política. Esto, tomando además el hecho de las transformaciones que ha experimentado el mundo  obliga a la región a su integración a fin de poder afrontar estos desafíos, con  el reto de surgimientos de nuevas instituciones de carácter supranacionales, creando en algunos casos crisis o reacomodamientos institucionales internas, por la ausencia de experiencia de este nuevo orden institucional comunitario.

El derecho constitucional además, debe de tomar en consideración, y particularmente en naciones emergentes, que los pueblos de la región han optado con determinación por un nuevo orden construido en torno a la no confrontación, cuyo objetivo final es alcanzar la democracia con desarrollo y justicia para el mayor número de personas y la construcción o consolidación del Estado de derecho constitucional, con la finalidad de garantizar un espacio mínimo de convivencia y de desarrollo humano y económico. Existen, siempre en la población, ciertas tendencias cada vez más fuertes que podrían desembocar en el surgimiento de una cultura política regional que tiene como principales rasgos característicos la pacificación, la democratización, la consolidación de instituciones nacionales, nuevas formas de gobiernos, el surgimiento de instituciones democráticas supranacionales, todo esto dentro de un contexto de integración regional. No obstante, y a pesar de todo este esfuerzo y expectativas de las sociedades, y alimentado por el poco desarrollo económico de algunas naciones, se han profundizado las contradicciones económicas y sociales, la pobreza ha aumentado, la iniquidad y la violencia social, no ha desaparecido, aunque siempre se explicaron en el pasado como un producto de la ausencia de regímenes no democráticos, que además se alimentaba de la propia pobreza.

Un aspecto fundamental dentro de las Nuevas Tendencias del Derecho Constitucional, como lo expresan los coautores de la obra, es la sociedad civil. La participación de la sociedad organizada juega un rol estratégico y fundamental en el proceso de transformación del Estado, en la creación, promoción y gestión de las políticas públicas y el diseño del sistema de vida político, ya que a través de ella se canaliza el interés en la construcción de una sociedad democrática y la reconstrucción del Estado para promover y mejorar la participación de la misma, es decir la gestión en los intereses colectivos desde el marco de la ciudadanía. No asumir esta realidad solo genera tensiones innecesarias e improductivas.

Pero hay que indicar o es necesario tener en cuenta que, ante la vertebración y la madurez de la sociedad civil, algunas de las características de los gobiernos del pasado no han desaparecido, aunque no existen ya las dictaduras ni los regímenes militares se advierte una peligrosa tendencia a la exclusión de las personas en la actividad pública, las personas tienen muy poca injerencia en los temas públicos, como si luego de elegir hubieran delegado a los funcionarios sus derechos políticos, lo que hace que las grandes mayorías queden de nuevo excluidas de la  esfera del poder y de los espacios de tomas de decisiones, contrario  a la idea de participación democrática; también se aprecia el desmantelamiento del Estado de derecho, degradándolo en muchos casos al Estado de policía, un poder fuera de control, desbordado, convirtiéndose en muchos casos, en naciones que no tienen de forma material, una constitución. De forma visionaria lo proclamó la Declaración de los Derechos del hombre y el ciudadano en 1789, que UNA SOCIEDAD EN LA QUE LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS NO ESTÁ ASEGURADA, NI LA SEPARACIÓN DE PODERES DEFINIDA, NO TIENE CONSTITUCIÓN. Pero, como dicen algunos de lo autores de la presente obra de forma implícita, no basta tener una Constitución Política, es más, tenerla en muchos casos no sirve de nada, sino tenemos una Corte o Tribunal Constitucional que la aplique y la interprete, adecuándola además a los tiempo, pero respetando la voluntad del soberano. Precisamente el magistrado Jottin Cury, señala esta necesidad como la judicialización de la política. Para el magistrado Cury, esta judicialización consiste en ajustar las actividades de los actores políticos para que se circunscriban a la norma suprema, esto es, a la Carta Sustantiva. Palabras visionarias que se constituyeron en lo que hoy es el Tribunal constitucional de la República Dominicana, que como él mismo indica, su aprobación significaría para el país, y no se equivoco, un gran avance para la consolidación de las instituciones democráticas.

Este es el reto. Garantizar elementos básicos para la constitución de una sociedad políticamente organizada, supremacía constitucional, división e independencia de poderes, control constitucional, respeto a los derechos humanos y participación democrática de la sociedad civil, y aseguramiento de la inversión económica. Cuando no hay independencia de poderes, el poder judicial no tiene nada que controlar, la sociedad de desarticula y se convierte en una sociedad primitiva, como la llamaba Rousseau.

Pero para que lo anterior sea una realidad, y sobre todo en el ámbito de la justicia, nos deja como lección la obra, que sin decisión política no es posible estructurar un Poder Judicial democrático, institución esencial del Estado de Derecho. Hay que recordar que los jueces italianos de las «manos limpias», no nacieron de una incubadora, sino de una estructura judicial democrática, como lo expresa el profesor Zaffaroni, fundador del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica. Sin justicia independiente el Estado de Derecho se degrada a Estado de policía, con el consiguiente costo para la seguridad jurídica y para el pueblo, porque esta última es condición o premisa para el desarrollo no sólo económico sino también humano. Nadie invierte sin seguridad, y cuando lo hace en condiciones de inseguridad la compensa con réditos desproporcionados en la relación con la inversión.

La obra pone de manifiesto que la solidez de las instituciones del Estado de Derecho constitucional en cualquier país, constituyen la base del buen funcionamiento de las instituciones políticas y de los procedimientos democráticos.  Todos los autores sea de forma expresa o implícita, coinciden que hay un vínculo axiológico y práctico entre la calidad del Estado de Derecho, la estabilidad política y el desarrollo económico y social del Estado, para que uno pueda darse necesita de la existencia del otro, indispensablemente. Sino tendremos Estados y sociedades democráticas fallidas.

La promoción del Estado de Derecho constitucional también permite a los sectores menos favorecidos o vulnerables la reivindicación y defensa de sus derechos y libertades con la promoción de la seguridad jurídica, producto de la garantía de la independencia de la justicia y la no concentración del poder.  Por tanto, se deben aunar esfuerzos según arroja la recomendación de este trabajo, para las próximas décadas una estrategia para fortalecer y profundizar el proceso de construcción o transformación del Estado de Derecho constitucional, la participación ciudadana y los espacios para el diálogo democrático de carácter «real y horizontal» y no «formal y vertical».

Por esta razón, y para finalizar, los países deben de centrarse estratégicamente en promover el aseguramiento de las condiciones básicas de vida para la persona y su personalidad jurídica (seguridad humana), para ello de la creación y fortalecimiento de instituciones propias del Estado de derecho constitucional, que permitirán, el desarrollo económico, la erradicación de la pobreza, la participación social, propiciar la creación de espacios de democratización, y el reconocimiento y tutela de los derechos fundamentales de las personas. Los esfuerzos dirigidos hacia la creación y fortalecimiento de las condiciones para el respecto de estos principios significan el cimiento para lograr un desarrollo integral en nuestros países, ya que éstos permitirían ofrecer condiciones para la gobernanza y la estabilidad en el proceso democrático que actualmente vivimos. Muchas gracias.-

2 comentarios

  1. Eddy dice:

    Me llamo la atención doctor, que en su discurso menciona los términos neo-parlamentario e instituciones supranacionales, este termino lo utiliza tres veces, estas instituciones, por decirlo así, se debe entender como producto de situación interna de cada país o como producto del proceso de integración regional, por que considero, dependiendo de esas situaciones tienen connotaciones distintas.

  2. Son productos de procesos de integración, me refiero, por ejemplo a la CCJ, o al Parlacem, etc., que, algunos países de la región resisten de tomarlos en consideración, aún en el nuestro…, y este sólo es el inicio…creo. Gracias por sus letras, saludos

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