Nuevo Código Penal: así afecta a las empresas, por Jaime Campaner

Nuevo Código Penal: así afecta a las empresas, por Jaime Campaner

Esta semana ha entrado en vigor el nuevo Código Penal. Trae con él novedades en lo que se refiere a la responsabilidad penal de las empresa. A éstas, a partir de ahora, se les exige, para estar exentas de responsabilidad penal, una especie de Plan de Prevención de riesgos penales para prevenir delitos y luchar contra la corrupción.

Pero, ¿qué supone esto en la práctica?¿Cómo afecta, por ejemplo, a una cadena hotelera? Repasamos junto con Jaime Campaner, doctor en Derecho Procesal por la UCM y responsable de Formación Penal del Colegio de Abogados de Baleares, Icaib, las novedades del Código. Primero, definiciones: ¿Qué es la responsabilidad penal para una empresa ante delitos como la apropiación indebida, estafa, insolvencia punible, alzamiento de bienes…? «La responsabilidad penal de empresa implica que ésta puede ser sujeto pasivo de un procedimiento penal y se le pueden imponer penas (y, previamente, medidas cautelares) que van desde la multa, pasando por el cierre de establecimientos o la intervención judicial, hasta la pena de muerte para la empresa (su disolución), explica el abogado.

Entre los cambios, Campaner señala como uno de los más transcendentales la posibilidad de instaurar un programa de prevención de delitos penales. «Se recoge por primera vez en nuestro Derecho la figura del compliance officer (una persona de la empresa a la que el órgano de administración le confía poderes autónomos de control del cumplimiento normativo), lo cual supone un reto a nivel formativo así como la necesidad de que las empresas se asesoren debidamente en materia penal», señala el letrado. Ahora, destaca, «para que una persona jurídica quede exenta de responsabilidad criminal, no basta con que compre un compliance program y designe a un compliance officer, sino que tal exención requiere más: que el programa preventivo sea personalizado -no valen aquí los modelos- y eficaz, así como que la empresa realice verificaciones periódicas del programa preventivo, incluso modificaciones cuando se ponga de manifiesto alguna carencia o se detecte algún nuevo peligro».

Se abre un nuevo abanico laboral para los abogados:«Al penalista siempre se le ha considerado un médico de urgencias, alguien que trata de poner remedio a un problema», explica Campaner. Con esta reforma será además médico preventivo. Ahora bien, el abogado recuerda que «no cualquiera está en condiciones de implantar un compliance program». Este tipo de «protocolos preventivos» ya «funcionan en otros países que tienen más arraigada la cultura preventiva», si bien, en España, indica, «desde 2010, venimos implantando por imperativo de la Ley de Blanqueo de Capitales protocolos de prevención de esta concreta tipología delictiva a empresas de diversos sectores de riesgo y, realmente, no es tan distinto».

Este Plan de Prevención no es obligatorio, pero sí recomendable, puesto que el Código prevé que la empresa que lo tenga quedará exenta de responsabilidad penal en caso de delito.

Una empresa hotelera, por ejemplo, ¿qué tendrá que cambiar en su departamento legal?

Digamos que tendrá que reforzarlo: formar específicamente a sus componentes y designar a un compliance officer. Posiblemente incluso no sea suficiente con esto, sino que deberán asesorarse permanentemente con expertos en responsabilidad penal de empresa.

El Código, ¿simplifica o complica la política empresarial de nuestro país? Y centrándonos en Baleares, con la de empresas turísticas que operan internacionalmente, ¿qué ventajas y desventajas ofrece?

Se obliga a la empresa a invertir en prevención pero se le garantiza seguridad jurídica. El Estado ha decidido regular una autorregulación empresarial, lanzando un mensaje muy claro, aplicable también, obviamente, a empresas turísticas baleares: autodiagnostíquese, establezca normas y controles internos, canales de denuncias y procedimientos para la imposición de sanciones a sus componentes y yo le garantizo que si ha ejercido el debido control y ha seleccionado a los profesionales idóneos para llevar a cabo esta autorregulación no sufrirá ninguna consecuencia penal ni reputacional.

Campaner está seguro de que con esta nueva regulación vamos a ver empresas más responsables:«Sin duda, esta reforma fomenta la ética empresarial y el buen gobierno corporativo», dice. Es más, asegura que con estas normas se evitarán grandes pufos empresariales, como los que hemos vivido con la descapitalizada Marsans. «En efecto, así es. Con un debido control interno, difícilmente se habrían dado estos supuestos, o, al menos, se habrían detectado a tiempo», desgrana.

Ahora bien, se muestra más «escéptico» cuando se le pregunta si con estos planes de prevención se va a recuperar más dinero en caso de fraude. Aunque sí confía en que «tal vez se defraudará menos dinero». Respecto a esa recuperación, hace hincapié en que «la reforma de los delitos fiscales, contra la seguridad social y fraude de subvenciones, incorpora un régimen de suspensión de la ejecución de las penas, exigiendo al defraudador el abono de la deuda para no ingresar en prisión (aunque no sea superior a dos años y carezca de antecedentes penales)».Es decir, se fomenta la recuperación del dinero.

Como abogado, ¿qué recomienda a las empresas baleares?

Que estudien en profundidad la reforma y que entiendan que, en materia penal, más vale prevenir que curar, aunque ello suponga una inversión inicial a la hora de instaurar un compliance program, designar un officer y una partida anual para asesoramiento externo y verificaciones periódicas del modelo preventivo. Y que tengan claro que la detección de riesgos penales en una empresa y la implantación de los programas preventivos no es como comprar un antivirus: cada empresa requiere un estudio y tratamiento específico y singular, por lo que huiría de determinadas ofertas económicas pero vacías de contenido real.

@mfuentealamo

Cambios para las empresas y partidos

El ‘compliance program’. Como si de un Plan de riesgos laborales se tratara, las empresas pueden contar a partir de ahora con un Plan de prevención de riesgos penales:un ‘compliance program’. El plan servirá para eximirla de culpabilidad en caso de delito de un trabajador o directivo. Autorregulación. Es la base de la normativa: «El mensaje es muy claro, autodiagnostíquese, establezca normas y controles internos y si ha ejercido el debido control, no sufrirá ninguna consecuencia penal ni reputacional», explica Jaime Campaner. Financiación ilegal de partidos políticos. Se introduce un nuevo delito consistente en la financiación ilegal de partidos políticos que castiga la aceptación y recepción de donaciones ilegales. La novedad es el castigo penal de estas conductas. Se prohíben donaciones anónimas, o de una misma persona por más de 50.000 euros al año y donaciones de personas jurídicas o entes sin personalidad jurídica.

Tomado de:

http://www.elmundo.es/baleares/2015/07/05/5598f09a22601d95118b4572.html#comentarios

 

Dejar un comentario

*