Las víctimas y la justicia transicional: ¿Están cumpliendo los Estados latinoamericanos con los estándares internacionales?, por FDPL

las victimas y la justicia transicional

Los procesos de justicia transicional buscan, en general, lograr cambios estructurales en aspectos relacionados con la justicia, la verdad, la reparación y la memoria, para dejar atrás los diseños institucionales, las normas y las prácticas –tanto políticas como judiciales– que contribuyeron a generar el conflicto armado o el gobierno autoritario –o ambos– y transitar hacia la democracia.

En América Latina, las instituciones y las categorías conceptuales de la justicia transicional han llegado a formar parte del debate público no sólo en países que han puesto fin a un conflicto armado –como El Salvador, Guatemala y Perú– o a una dictadura –como Chile, Argentina, Perú y Uruguay– sino también en aquellos –como Colombia– donde la confrontación armada continúa y la existencia misma de una verdadera transición1 es puesta en cuestión por “varios sectores sociales y organizaciones de derechos humanos” (Guzmán, Sánchez y Uprimny, en este libro).

Más allá de que el escenario sea el de una verdadera transición o el de una transición parcial, limitada o incompleta, en cualquiera de estas situaciones los sistemas de justicia cumplen un rol
esencial, al menos en dos aspectos que están íntimamente relacionados: 1) la protección de los derechos de las víctimas y 2) la consolidación de Estados y democracias donde no exista espacio para la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos, especialmente cuando éstas constituyen crímenes internacionales. Ambos aspectos son claves para que la transición sea sólida y el nuevo régimen político sea capaz de evitar la repetición de los hechos del pasado.

En las transiciones democráticas, los poderes judiciales tienen entonces la doble y trascendental función de evitar la impunidad y garantizar los derechos de las víctimas. Dado este importantísimo rol, luego de transcurridos varios años –y en algunos países varias décadas– desde el inicio de los procesos de justicia transicional, cabe preguntarse si los Estados, y en concreto los poderes o sistemas judiciales, están cumpliendo con los estándares internacionales.

En este marco, la Fundación para el Debido Proceso Legal –en adelante DPLF, por sus siglas en inglés– emprendió un proyecto para evaluar el cumplimiento de los estándares internacionales
en materia de justicia y derechos de las víctimas en siete países de la región: Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Perú y Uruguay.

Tomado: http://www.dplf.org/

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