IV Parte: Conversación entre juez y fiscal obliga declarar nulo el juicio por falta de imparcialidad

Conversación entre juez y fiscal obliga declarar nulo el juicio por falta de imparcialidad

 

Audiencia Provincial de Murcia, Sección 2ª, Sentencia de 24 Ene. 2012, rec. 504/2009

Ponente: Poza Cisneros, María del Carmen.

Nº de Sentencia: 29/2012

Nº de Recurso: 504/2009

Jurisdicción: PENAL

Diario La Ley, Nº 7817, Sección La Sentencia del día, 13 Mar. 2012, Año XXXIII, Editorial LA LEY

LA LEY 4900/2012

Texto

AUD.PROVINCIAL SECCIÓN N. 2 MURCIA

SENTENCIA NÚM. 29/12

ILMOS. SRS.

  1. ÁLVARO CASTAÑO PENALVA

PRESIDENTE

DÑA. MARIA POZA CISNEROS

DÑA. BEATRIZ L. CARRILLO CARRILLO

MAGISTRADAS

En la Ciudad de Murcia, a veinticuatro de enero de dos mil doce.

Habiendo visto, en grado de apelación, la Sección Segunda de esta Ilustrísima Audiencia Provincial, el Proceso Abreviado que, por delito de LESIONES, se ha seguido en el Juzgado de lo Penal número Dos de los de Lorca, bajo el núm. 504/09, y antes en el Juzgado de Instrucción núm. Tres de Totana como Procedimiento Abreviado núm. 15/09 y, antes, como Diligencias Previas núm. 1367/08 contra Pascual, representado por el Procurador D. Pascual Aguirre Soubrier y defendido por el Letrado Don Pascual María Campoy Camacho; contra Cándido, representado por el Procurador D. Juan Cantero Meseguer y defendido por el Letrado don Juan Alberto Negroles Paredes; y, por FALTAS DE LESIONES, contra Juana, representada por el Procurador D. Juan Alberto Cañizares Millán y defendida por el Letrado don Juan Carlos Peñarrubia Blanch, y contra Alberto, Javier, Carlos y Tamara, todos ellos representados por el Procurador D. Pascual Serrano Caro y defendidos por el Letrado don Pascual Francisco Rocamora Sánchez, habiendo sido partes en esta alzada el Ministerio Fiscal que actúa como apelado, así como los acusados Cándido y Pascual que lo hacen como apelantes. Es ponente la Iltma. Sra. Magistrada Dña. María Poza Cisneros, que expresa la convicción del Tribunal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de lo Penal citado dictó en los referidos autos sentencia con fecha 9 de octubre de 2010, sentando como hechos probados los siguientes:

«PRIMERO.- Resulta probado, y así se declara, que en la Playa de Bahía de Puerto de Mazarrón, Partido judicial de Totana, a una hora no determinada de la mañana del día 23 de junio de 2008, se encontraron, por un lado, Tamara, mayor de edad (nacida el día 5 de julio de 1989), con DNI, y sin antecedentes penales, y su novio Alberto, también mayor de edad (nacido el día 17 de agosto de 1981), con DNI, y con antecedentes penales no computables al efecto de la agravante de reincidencia, y, por otro lado, Juana, mayor de edad (nacida el día 5 de enero de 1982), con DNI, y sin antecedentes penales, que había estado casada anteriormente con Alberto, manteniendo desde la ruptura matrimonial una profunda enemistad, y la pareja de amigos de ésta, compuesta por Isabel y Pascual, mayor de edad (nacido el día 26 de abril de 1985), con DNI, y con antecedentes penales no computables al efecto de la agravante de reincidencia.

Y por causa de la enemistad que existe entre Juana y Alberto, se entabló una discusión entre la actual pareja de éste Tamara y Juana, que derivó en un violento altercado físico entre ellas, con el resultado de lesiones en ambas, que han renunciado al ejercicio de cualquier acción derivada del mismo.

Posteriormente, acudieron todos ellos al Puesto de la Guardia Civil de Mazarrón con la intención de interponer las correspondientes denuncias por los hechos ocurridos en la Playa de Bahía y al encontrarse se increparon mutuamente miembros de los dos grupos, fundamentalmente por la enemistad que existe desde tiempo atrás y por causas no suficientemente acreditadas entre las familias de Pascual y de Alberto, y teniendo los Agentes de la Guardia Civil de servicio que intervenir para calmar los ánimos, y quienes informaron a Tamara y a Alberto de que, puesto que aquélla presentaba lesiones, debían acudir primeramente, antes de formular la denuncia, a recibir asistencia en un centro médico, donde se le facilitaría el oportuno parte de lesiones, por lo que Tamara y Alberto decidieron dirigirse a la casa de éste último con la finalidad de que ésta cogiera la cartilla sanitaria para luego dirigirse al Centro de Salud de Mazarrón; si bien, antes de hacerlo, Alberto llamó por teléfono a su hermano Javier, mayor de edad (nacido el día 12 de marzo de 1990), con DNI, y sin antecedentes penales, y le dijo que se encontraba con su novia en el Cuartel de la Guardia Civil, por la pelea habida, y que se dirigían a la casa a recoger la cartilla sanitaria para luego acudir al centro médico de Mazarrón. Tras la llamada, Javier y su hermano Carlos, mayor de edad (nacido el día 16 de abril de 1987), con DNI, y sin antecedentes penales, decidieron dirigirse al Puesto de la Guardia Civil, para ver a su hermano Alberto.

Por su parte, Pascual llamó también por teléfono a su hermano Cándido, mayor de edad (nacido el día 21 de octubre de 1981), con DNI, y sin antecedentes penales, diciéndole que «se encontraba en el Cuartel de la Guardia Civil y que le habían pegado y que le iban a volver a pegar»; lo que motivó que Cándido acudiera inmediatamente al Puesto de la Guardia Civil, pero al llegar al mismo ya no se encontraban allí Tamara y Alberto, que habían ido al domicilio de éste a recoger la cartilla sanitaria; por lo que Cándido y Pascual, dejando en el Puesto de la Guardia Civil a Isabel y a Juana, con la intención de enfrentarse a Alberto, se dirigieron hasta el domicilio de éste, sito en el número 10 de la calle Melilla de Puerto de Mazarrón (Mazarrón).

Mientras tanto, Javier y Carlos llegaron al Puesto de la Guardia Civil, donde no vieron a su hermano Alberto y a su novia, por lo que decidieron de nuevo regresar a la casa del número 10 de la calle Melilla.

A la llegada de Pascual y Cándido a dicha vivienda, Tamara se encontraba en su interior cogiendo la cartilla sanitaria y Alberto la esperaba, mientras hablaba con su hermana Berta, que contaba con 15 años de edad, que encontraba en el interior del vehículo en el que iban a trasladarse al centro médico y a través de la ventanilla del mismo.

Los hermanos Cándido y Pascual se apearon del vehículo en el que viajaban, llevando Pascual en la mano una fusta, de color marrón de unos 63 centímetros de larga, y Cándido un regle o nivel metálico, de los que se emplean en la construcción, de unos 83 centímetros de largo, con los que tenían intención de golpear a Alberto, al que se dirigieron; y cuando habían llegado a su altura, Berta que veía a los hermanos Cándido y Pascual acercarse con dichos instrumentos, alertó a su hermano Alberto de la presencia de aquéllos y al girarse éste, fue golpeado en la cabeza con el regle metálico por Cándido, partiéndose el regle y cayendo Alberto a consecuencia del golpe directamente al suelo, donde continuaron golpeándole Pascual y Pascual; y salió del vehículo Berta para auxiliar a su hermano Alberto, que continuaba en el suelo, interponiéndose entre éste y Pascual y Pascual, por lo que fue golpeada igualmente por Pascual con la fusta que llevaba.

En ese momento llegaron, procedentes del Cuartel de la Guardia Civil, Javier y Carlos, que al presenciar cómo Pascual y Cándido golpeaban a su hermano Alberto, que estaba en el suelo, y a su hermana Florentina, se apresuraron a separar a aquellos acusados de sus hermanos, recibiendo de esa manera también golpes de aquéllos, y procediendo Carlos y Javier igualmente a golpear a Pascual y Cándido con la intención de dañarles físicamente.

En un momento determinado del altercado, Pascual se dirigió hasta el turismo Renault Laguna en el que se había desplazado con su hermano hasta allí y lo puso en marcha, se dirigió hasta donde se encontraba su hermano Pascual, que se subió también en el vehículo, y cuando ya se marchaban del lugar, realizaron un giro y se dirigieron nuevamente hacia sus contrarios, a pesar de que Cándido intentaba desviar la trayectoria que quería seguir su hermano Pascual, golpeando, finalmente, con el vehículo a Carlos levemente en una rodilla e también de manera frontal a Berta, que se encontraba sobre la acera, provocando que la misma saltara e impactara contra el parabrisas delantero; y marchándose seguidamente del lugar Pascual y Cándido.

SEGUNDO.- Resultaron a consecuencia de los hechos relatados lesiones en la persona de Alberto, consistentes en policontusiones, esguince cervical y traumatismo cráneo-encefálico sin alteraciones neurológicas, para cuya curación preciso, además de la primera asistencia facultativa, tratamiento médico-quirúrgico con puntos de sutura sobre herida en región frontal izquierda, y de las que tardó en curar 107 días, durante los que permaneció impedido para el desempeño de sus ocupaciones habituales, quedándole como secuela algia postraumática, valorada en un punto en informe médico-forense; lesiones también en la persona de Berta, consistentes en policontusiones y esguince cervical, para cuya curación preciso, además de la primera asistencia facultativa, tratamiento rehabilitador, y de las que tardó en curar 90 días, permaneciendo durante 60 de ellos impedida para el desempeño de sus ocupaciones habituales, y quedándole como secuela síndrome postraumático cervical, valorado en un punto.

Igualmente resultaron lesiones en la persona de Javier, consistentes en cervicalgia, para cuya curación precisó una única asistencia facultativa, y de las que tardó en curar 10 días, permaneciendo durante 5 de ellos impedido para el desempeño de sus ocupaciones habituales, sin que le quedaran secuelas, y lesiones en la persona de Carlos, consistentes en contusiones en rodilla y espalda, para cuya curación precisó sólo la primera asistencia facultativa, y de las que tardó en curar 5 días, permaneciendo durante 2 de ellos impedido para el desempeño de sus ocupaciones habituales, sin que le quedaran secuelas.

Asimismo, resultaron lesiones en la persona de Pascual, consistentes en contusión en brazo izquierdo y cervicalgia postraumática, para cuya curación precisó una sola asistencia facultativa, y de las que tardó en curar 10 días, permaneciendo durante 7 de ellos impedido para el desempeño de sus ocupaciones habituales, sin que le quedaran secuelas; y, finalmente, lesiones en la persona de Cándido, consistentes en policontusiones, escoriaciones en espalda y antebrazo izquierdo y herida inciso-contusa en deltoides izquierdo, para cuya curación precisó una sola asistencia facultativa, y de las que tardó en curar 7 días, permaneciendo durante 3 de ellos impedido para el desempeño de sus ocupaciones habituales, sin secuelas

SEGUNDO.- Estimando el Juzgador recurrido que los referidos hechos probados eran constitutivos de delito, dictó el siguiente «FALLO: Que debo condenar y condeno Pascual, como responsable criminalmente en concepto de autor de un delito de lesiones, con empleo de instrumento peligroso, ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de dos años y nueve meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y, en el orden civil, a que indemnice a Alberto en la cantidad de seis mil trescientos veintitrés, con cincuenta y cuatro, euros (6.323,54 €.), por los perjuicios derivados de su incapacidad temporal; y, asimismo, debo condenar y condeno a Cándido, como responsable criminalmente en concepto de autor de un delito de lesiones, con empleo de instrumento peligroso, también definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de dos años y nueve meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y, en el orden civil, a que indemnice a Berta en la cantidad de cuatro mil setecientos sesenta y dos, con diez, euros (4.762,10 €.-), por los perjuicios derivados de su incapacidad temporal.

Que debo condenar y condeno a Pascual y a Cándido, como responsables criminalmente en concepto de autor de dos faltas de lesiones cada uno de ellos, también definidas, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de dos meses de multa, a razón de una cuota diaria de cinco euros, con la responsabilidad personal subsidiaria día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, por cada una de las faltas, y, en el orden civil, a que indemnicen conjunta y solidariamente a Javier en la cantidad de cuatrocientos tres, con sesenta y cinco, euros (403,65 €.-), por los perjuicios derivados de las lesiones que sufrió, y a Carlos en la cantidad de ciento ochenta y nueve, con setenta y dos, euros (189,72 €.-), también por los perjuicios derivados de las lesiones sufridas.

Que debo condenar y condeno a Javier y a Carlos, como responsables criminalmente en concepto de autor de dos faltas de lesiones cada uno de ellos, también definidas, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de un mes de multa, a razón de una cuota diaria de cinco euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, por cada una de las faltas, y, en el orden civil, a que indemnicen conjunta y solidariamente a Pascual en la cantidad de cuatrocientos cincuenta y dos, con siete, euros (452,07 €.-), por los perjuicios derivados de las lesiones que sufrió, y a Cándido en la cantidad de doscientos setenta, con cuarenta y cinco, euros (270,45 €.-), también por los perjuicios derivados de las lesiones sufridas.

Y todo ello, con imposición a Pascual y a Cándido de una cuarta parte de las costas causadas en este procedimiento a cada uno de ellos, y a Javier y a Carlos de una cuarta parte de las costas causadas a ambos; y con aplicación sobre las cantidades fijadas como responsabilidad de lo establecido en cuanto a intereses por el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Finalmente, debo absolver y absuelvo a Alberto, a Juana y a Tamara de las faltas de lesiones de que se les acusaba, con declaración de la cuarta parte de las costas causadas de oficio.».

TERCERO.- Contra la anterior sentencia, en tiempo y forma, la representación de Pascual y Pascual interpuso recurso de apelación, del que se dio traslado a las demás partes, oponiéndose el Ministerio Fiscal, que impugnó ambos recursos. Teniéndose por interpuesto el recurso en ambos efectos, se remitieron por el Juzgado las diligencias originales a esta Audiencia, en la que se formó el oportuno Rollo bajo el núm. 136/11. Por providencia de 16.1.12, se señaló la deliberación, votación y fallo de la causa para el 24.1.12 siguiente, en que ha tenido lugar.

CUARTO.- En la substanciación de ambas instancias se han observado las prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS

ÚNICO.- No se admite la declaración de hechos probados de la sentencia recurrida, que ha quedado transcrita, por los motivos que a continuación se exponen.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

No se aceptan los de la sentencia de instancia.

PRIMERO.- Contra la sentencia de instancia, reacciona la representación procesal de los condenados Pascual y Pascual, invocando, en recursos sustancialmente idénticos, en primer lugar, la nulidad del juicio, por ausencia de imparcialidad en el juez, causante de indefensión, y, en segundo lugar, error en la apreciación de la prueba. En particular, la invocada nulidad traería causa de la conversación que habría tenido lugar inmediatamente después de terminar la celebración del juicio oral, el día 7 octubre 2010, en el Juzgado de lo Penal Número dos de Lorca, en el mismo momento en el que el Letrado de los recurrentes abandonaba la Sala de Vistas, junto a uno de sus clientes, Cándido. Esta conversación, por no haber sido interrumpido oportunamente el dispositivo tecnológico que permite la grabación de juicios, quedó también registrada, con imagen y sonido, a continuación del juicio. El tenor de esta conversación, en el que intervendrían, además del Juzgador, la representante del Ministerio Fiscal y la Sra. Secretaría Judicial, demostraría, para los recurrentes, que el juzgador, lejos de adoptar una posición imparcial, habría prejuzgado lo sucedido.

SEGUNDO.- Una vez delimitado el concreto objeto devolutivo, es preciso proceder a su análisis, teniendo en cuenta que, una vez examinada la documentación videográfica y, en concreto, la que se refiere a lo sucedido inmediatamente después de concluido el juicio, se comprueba que, en efecto, la transcripción que la recurrente realiza de lo que se dijo en esos breves momentos es fiel reflejo de lo sucedido. Así, tras urgir, de alguna manera, al letrado de la recurrente, para que abandonase la sala de vistas, ya solos en ella el Juzgador, la representante del Ministerio Fiscal y la Secretaria judicial, el primero dice, en tono coloquial, «de verdad… que una cosa,… qué juicio…, a mí me agotan estas cosas…a mí me agotan… la sentencia la pongo esta tarde, porque si no, de pensar en ver esto otra vez…». A continuación, la representante del Ministerio Fiscal observa «y a mí, a mi me desespera… uno en contra de todos», interviniendo la Secretaria Judicial, con el comentario «ay, ay, ay,…¿ y la última testigo?…». El juez, en este momento, interviene de nuevo: «¿Y la testigo? La última, era camionera total, camionera… pero bueno, ¿no ha venido un poco borracha, no habéis visto vosotros un punto raro?» La Secretaria añade «como si fuera a lo suyo». El Juez, nuevamente, interviene, con el comentario «pero claro, si se han contradicho éstos, porque yo no me estudiado las declaraciones a ese límite, y ésta viene ratificando lo que han dicho después, es mentira todo… vamos no venía a defenderlos… dice bueno uno o el otro o el otro alguno le había dicho que estaba como de aquí a aquí, uno de esos testigos elaborados… pero qué mala pinta me ha causado ella y, cuando la he visto entrar con esos pantalones…» A continuación, se suceden determinados comentarios referidos a los letrados. En palabras del Juez, en referencia a uno de los abogados, afirma que es correctísimo, «pero éste… (al parecer en referencia al letrado de los recurrentes)…éste se extiende… éste lo temo ya yo un poco», añadiendo (lo que omite el recurrente) «y es muy agradable y todo…», a lo que añade la Secretaria «sí, éste es más peligroso, a mi me parece éste está más en su sitio». Procede, pues, examinar si esta conversación vulnera, de alguna manera, el derecho a un proceso con todas sus garantías y, en concreto, el derecho a ser enjuiciado por juez imparcial que asiste a los recurrentes, con el consiguiente efecto de nulidad del juicio que se pretende.

TERCERO.- La imparcialidad del Juez o Tribunal sentenciador representa el primer atributo y presupuesto del mismo juzgador, consagrado tanto en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, cuyo art. 6.1 dispone que «toda persona tiene derecho a que su causa sea conocida… por un Tribunal independiente e imparcial», y en el art. 24.2 de nuestra Carta Magna , que lo incluye en el haz de derechos inherentes a un proceso con todas las garantías. Una consolidada doctrina del Tribunal Constitucional ha afirmado que la imparcialidad del Tribunal forma parte de las garantías básicas del proceso (art. 24.2 CE ), constituyendo, incluso, «la primera de ellas: ser tercero entre partes, permanecer ajeno a los intereses en litigio y someterse exclusivamente al ordenamiento jurídico como criterio de juicio, lo que son notas esenciales que caracterizan la función jurisdiccional desempeñada por Jueces y Magistrados, de modo que sin juez imparcial no hay, propiamente, proceso judicial» (ATS de 3.2.11). La dimensión más evidente de la imparcialidad judicial se refiere a la ausencia de una relación del juez con las partes que pueda suscitar un interés previo en favorecerlas o perjudicarlas. Junto a ella convive su vertiente objetiva, que se dirige a asegurar que los jueces y magistrados que intervengan en la resolución de una causa se acerquen a la misma sin prevenciones ni prejuicios que en su ánimo pudieran quizá existir a raíz de una relación o contacto previo con el objeto del proceso, vertiente de imparcialidad objetiva sobre la que, conforme a una consolidada doctrina, no pueden establecerse parámetros generales, sino que habrá de analizarse caso a caso, a la luz de sus concretas características y bajo los presupuestos de que en principio la imparcialidad del juez ha de presumirse y los datos que puedan objetivamente poner en cuestión su idoneidad han de ser, por una parte, probados, y de que, por razones obvias de estricta y peculiar vinculación del juez a la Ley, tal imparcialidad es especialmente exigible en el ámbito penal (por todas, SSTC 39/2004, de 22 de marzo, F. 3; 41/2005, de 28 de febrero, F. 3; 202/2005, de 18 de julio; 240/2005, de 10 de octubre, F. 3; 306/2005, de 12 de diciembre, F. 3). También ha declarado el Tribunal Constitucional en la STC 41/2005, de 28 de febrero, con cita de la STC 39/2004, de 22 de marzo, que: «la imparcialidad judicial, además de reconocida explícitamente en el art. 6.1 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, está implícita en el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE ), constituyendo una exigencia que condiciona la existencia misma de la función jurisdiccional, con una especial trascendencia en el ámbito penal. El reconocimiento de este derecho exige –por estar en juego la confianza que los Tribunales deben inspirar en una sociedad democrática–, que se garantice al acusado que no concurre ninguna duda razonable sobre la existencia de prejuicios o prevenciones en el órgano judicial». En segundo lugar, resulta esencial destacar, como sugería ya la STC 145/1988, de 12 de julio, la importancia de evitar, incluso, la mera «impresión de que el Juez no acomete la función de juzgar sin (con) la plena plena imparcialidad que le es exigible». Por ello, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su decisión sobre el caso «De Cubber», de 26 de octubre de 1984, y ya antes en la recaída sobre el caso «Piersack», de 1 de octubre de 1982, ha insistido en la importancia que en esta materia tienen las apariencias, de forma que debe abstenerse todo Juez del que puedan temerse legítimamente una falta de imparcialidad , pues va en ello la confianza que los Tribunales de una sociedad democrática han de inspirar a los justiciables, comenzando, en lo penal, por los mismos acusados». Son estas apariencias, precisamente y no, obviamente, las dudas acerca de la imparcialidad real del Juzgador, ni tampoco los errados argumentos de las recurrentes relativos a una anunciada dejación de una inexistente obligación de visionado de la grabación del juicio por el Juez, las que resultan, a juicio de la Sala, decisivas para la anulación del juicio.

CUARTO.- Comenzando por las últimas consideraciones que son, sustancialmente, las de las recurrentes, se argumenta en el recurso, que el prejuicio que se imputa al juzgador se revelaría por su anuncio de que pondría la sentencia ahora recurrida, esa misma tarde, sin haber estudiado, en sus propias palabras, en profundidad, las previas declaraciones, y sin ver nuevamente la grabación del juicio. Frente a lo que parecen sugerir las recurrentes, no existe obligación alguna de visionado de la grabación, con carácter previo a la redacción de la sentencia, representando aquélla una forma, prioritaria, pero no necesariamente obligatoria, de documentación del acto, que representa una garantía, en especial, para las partes, al objeto de someter al sistema de recursos, en las mejores condiciones, la decisión de la causa en sentencia, facilitando, eventualmente, con el limitado efecto que la doctrina constitucional le confiere ya a este visionado, la labor del tribunal de segunda instancia. Pero nada impide, obviamente, que el juzgador de instancia, en especial cuando, como es el caso, anuncia una redacción inmediata de la sentencia, prescinda absolutamente de un visionado innecesario, en cuanto conserva memoria de lo sucedido en el acto del juicio y en concreto, del resultado de la prueba practicada. De hecho, por ejemplo en STS de 24.2.11, la inmediatez en la redacción de la sentencia, con eventual recurso al auxilio de notas o grabación, merece un juicio lógicamente positivo en esta reflexión: «En cuanto al derecho a un proceso con todas las garantías, la alegación del recurrente se basa en una suposición según la cual el Tribunal habría abandonado cualquier consulta, estudio, consideración o deliberación sobre lo actuado en el proceso tras la finalización del juicio oral. Es claro que tratándose de cuestiones complejas nada impide que el Tribunal, ayudándose de las notas tomadas, del acta y, en su caso, de la grabación realizada conforme a medios técnicos más avanzados, prolongue la deliberación manteniendo vivo el recuerdo del juicio e incluso precise de un tiempo mayor del habitual para alcanzar una redacción de la sentencia que sea aceptada por todos los componentes de la Sala. Estas consideraciones no son contrarias a la constatación de la conveniencia de evitar el transcurso de un tiempo excesivo entre la finalización del juicio oral y el dictado de la sentencia». No existe, por tanto, en este anuncio, en las palabras iniciales del juzgador, en el segmento de conversación que se somete a examen, atisbo alguno de parcialidad, ni real, ni aparente. Una valoración que, sin embargo, por los motivos que a continuación se exponen, no puede extenderse a la totalidad de dicha conversación.

QUINTO.- En principio, parece que debería prestarse mayor atención a lo que el juez dice que a lo que el juez escucha. Bajo esta premisa, son relevantes los comentarios relativos a una testigo de la defensa y a los respectivos abogados de las partes. Respecto de la primera, el juez, más allá de expresar lo que ya es, prácticamente, una convicción posterior a la práctica de la totalidad de la prueba, realiza determinados comentarios respecto al atuendo, aspecto y posible intoxicación etílica de una testigo que se afirma ha causado, nada más entrar, por su vestimenta, una mala impresión en el juzgador. En la sentencia, la declaración de la testigo en cuestión, Ana, es objeto de descalificación, en la valoración conjunta de la prueba, calificándola de evidencia de la falsedad de la versión ofrecida por los ahora recurrentes, por razón de su proposición en el acto del juicio, sin tener noticia de ella anteriormente, afirmando que «existen motivos para dudar de las manifestaciones de una testigo que en ningún momento ha sido mencionada, pese a los graves hechos enjuiciados». Más adelante, se afirma que esta testigo negó la existencia de atropello alguno «con la misma seguridad en sus manifestaciones de la que Ana quiso hacer gala en todo momento», cuestionando, en fin, el apoyo de sus manifestaciones a la versión de los recurrentes, calificando su actitud de posicionamiento junto a los hermanos Cándido y Pascual y «defensa a ultranza de la conducta de éstos». No se duda que este juicio se corresponda, exactamente, con una cabal valoración de la prueba en su conjunto y del testimonio en particular. Pero parece evidente que estas afirmaciones, precedidas del conocimiento de comentarios relativos al aspecto y aparente embriaguez de la testigo, inmediatamente después del juicio, antes de ser dictada sentencia y con referencia, incluso, a una primera impresión negativa, antes de comenzar la declaración, generan, en el hombre medio, una impresión, una apariencia, de prejuicio y, por tanto, de parcialidad. No se juzga, por el contrario, trascendente, el comentario relativo a la comparación de los letrados, en el que los recurrentes omiten, deliberadamente, el reconocimiento positivo del carácter o trato «agradable» de un letrado, al que si algo, manifiesta temer el juzgador.

SEXTO.- En cualquier caso, como recuerda la STS 2.2.11«no se trata de primar los deseos o preferencias del justiciable respecto a la composición personal del órgano de enjuiciamiento, ni tampoco de atender sus dudas basadas en meras apreciaciones o impresiones personales, sino que para que pueda afirmarse que un Tribunal puede no ser imparcial es preciso que las dudas sobre la imparcialidad estén objetivamente justificadas». Pero, nuevamente, las apariencias son importantes, aunque las dudas sobre la imparcialidad, para ser atendidas, no puedan basarse en meras impresiones, exigiendo una justificación objetiva (SSTC 69/2001, de 17 de marzo, FFJJ 14 y 16; 140/2004, de 13 de septiembre, FJ 4). La imparcialidad del Juez ha de presumirse y las sospechas sobre su idoneidad han de ser probadas (SSTC 170/1993, de 27 de mayo, FJ 3;162/1999, de 27 de septiembre, FJ 5). Como señala la reciente y conocida STS 2.2.11, «el Juez ha de ser, y ha de aparecer, como alguien que no tenga respecto a la cuestión concreta sobre la que ha de resolver y en cuanto a las personas interesadas en ella, ninguna idea preconcebida ni ninguna relación que pueda enturbiar su imparcialidad. El TEDH se ha referido al punto de vista del acusado respecto de la imparcialidad del Tribunal, para decir que aunque su visión de la cuestión es importante, no es sin embargo decisiva. Mayor importancia ha concedido al hecho de que sus sospechas puedan valorarse como objetivamente justificadas. (Entre otras en la STEDH de 25 septiembre 2001, Caso Kizilöz contra Turquía; en la STEDH de 25 julio 2002 Caso Perote Pellón contra España, y en la STEDH de 17 de junio de 2003, Caso Pescador Valero c. España). La misma línea ha seguido el Tribunal Constitucional, que en la STC 69/2001, de 17 de marzo, con cita de otras muchas resoluciones, recordaba que «para que, en garantía de la imparcialidad, un Juez pueda ser apartado del conocimiento concreto de un asunto, es siempre preciso que existan sospechas objetivamente justificadas, es decir, exteriorizadas y apoyadas en datos objetivos, que permitan afirmar fundadamente que el Juez no es ajeno a la causa, o que permitan temer que, por cualquier relación con el caso concreto, no utilizará como criterio de juicio el previsto por la Ley, sino otras consideraciones ajenas al Ordenamiento jurídico. Por más que hayamos reconocido que en este ámbito las apariencias son importantes, porque lo que está en juego es la confianza que, en una sociedad democrática, los Tribunales deben inspirar al acusado y al resto de los ciudadanos, no basta para apartar a un determinado Juez del conocimiento de un asunto que las sospechas o dudas sobre su imparcialidad surjan en la mente de quien recusa, sino que es preciso determinar, caso a caso, más allá de la simple opinión del acusado, si las mismas alcanzan una consistencia tal que permita afirmar que se hallan objetiva y legítimamente justificadas». Como señala en la STC 60/2008, entre otras, «la imparcialidad judicial se encuentra dirigida, en efecto, a asegurar que la pretensión sea decidida por un tercero ajeno a las partes y a los intereses en litigio y que se someta exclusivamente al Ordenamiento jurídico como criterio de juicio. Esta sujeción estricta a la Ley supone que la libertad de criterio en que estriba la independencia judicial no sea orientada a priori por simpatías o antipatías personales o ideológicas, por convicciones e incluso por prejuicios o, lo que es lo mismo, por motivos ajenos a la aplicación del Derecho. En definitiva, la obligación de ser ajeno al litigio puede resumirse en dos reglas: primera, que el Juez no puede asumir procesalmente funciones de parte; segunda, que no puede realizar actos ni mantener con las partes relaciones jurídicas o conexiones de hecho que puedan poner de manifiesto o exteriorizar una previa toma de posición anímica a su favor o en contra (STC 5/2004, de 16 de enero, FJ 2»). En aplicación de esta doctrina caso, debemos comenzar por advertir que, frente a lo que pudiera sugerir alguna referencia incidental contenida en la misma sentencia que se transcribe, relativa a un comentario de una magistrada durante la declaración de un acusado, la circunstancia de que la conversación, el comentario, haya tenido lugar, en este caso, cuando el juicio oral había concluido ya, no es decisiva, pues, a) no siendo públicos esa conversación ni esos comentarios, han sido conocidos por terceros y, en concreto, por la otra parte en el juicio y b) hasta que, se insiste, no se anticipa oralmente una sentencia, con suficiente motivación, sin perjuicio de su ulterior documentación por escrito o hasta que no se firma por el Juez o Tribunal, no ha concluido, en rigor, el juicio en la instancia (e incluso, cabe prolongar esta fase a través de eventuales aclaraciones).

Y ello sin contar con que, en relación con la testigo, el Juzgador admite la existencia de un cierto prejuicio durante el juicio, basada en una primera impresión. Por mantener el paralelismo, se exterioriza y se conoce, sin la voluntad del Juzgador en este caso, después del juicio, pero se admite que existía antes de que llegara a su fin y se corresponde, aunque no se sugiere en modo alguno que en relación causal, con una valoración negativa y contraria a los intereses de los recurrentes, del testimonio en cuestión. En estas circunstancias, las dudas de los recurrentes sobre la imparcialidad del Juzgador deben considerarse objetivamente justificadas.

SÉPTIMO.- Y, con todo, el aspecto más preocupante, en términos de apariencia de parcialidad, que revela el visionado de este pequeño segmento, se refiere a la posible interferencia, en una decisión todavía no formalizada, de lo que las recurrentes denominan comentarios de otras personas, ya sean secretarios, fiscales etc., pese a conectar esta reflexión con la insistencia en el visionado de la grabación del juicio con carácter previo a la redacción de la sentencia. Pero sucede que, precisamente, esta posible interferencia, provocada al entrar en conversación, por distendida e informal que sea, inmediatamente después del juicio, con quien era todavía parte en el mismo, esto es, con la representante del Ministerio Fiscal que acababa de tomar parte en él, vulnera el derecho a la igualdad de armas y genera, a la vez, para el observador, y, en este caso, para los enjuiciados, una importante apariencia de parcialidad. En la conversación, el juez se dirige, fundamentalmente, en sus reflexiones, a la representante del Ministerio Fiscal, que, además de hacer visibles gestos de asentimiento, introduce algún comentario, valorando el resultado de la práctica de la prueba, considerando que se trataba de un caso de «todos contra uno». El juzgador, al permitir, sin atisbo de mala voluntad, sin apartarse de lo que, con toda probabilidad, es manifestación de un hábito forense arraigado, que una de las partes, en ausencia de la otra, concluidos los informes que tienen por objeto la valoración de la prueba, está concediendo a una de las partes, a la acusación, una posición de ventaja, una capacidad de influir, eventualmente, en su convicción, de la que carece la otra parte. Y lo permite en un momento todavía «sensible» en términos de imparcialidad, esto es, con carácter previo a la redacción de una sentencia, que concluye el juicio, sólo cuando es suscrita por la firma del juzgador, sin que importe, a estos efectos, que aparentemente la íntima convicción esté formada ya al concluir el acto del juicio oral, en cuanto cabe siempre la posibilidad de modificarla, tras proceder al examen de toda la causa e, incluso al hilo de la redacción, de la argumentación escrita, que puede revelar, por ejemplo, que la convicción alcanzada no resiste el contraste con el proceso de motivación de la prueba. Si esta oportunidad concedida sólo a una de las partes afecta al principio de igualdad, a la vez, para el espectador medio, la confianza y el privilegio para una de las partes que esta conversación aparenta, compromete, desde el punto de vista, relevante, de las apariencias, la imparcialidad del juzgador. No desconoce la Sala que la reiterada coincidencia de jueces y fiscales en la celebración de juicios, en especial en localidades relativamente pequeñas, así como, desde un punto de vista orgánico y constitucional, la propia función de defensa de la legalidad que atribuye el ordenamiento al Ministerio Fiscal, propicia relaciones de mayor confianza y proximidad entre aquéllos, que las que, en la mayoría de los casos, establecen los jueces con los profesionales de la Abogacía, más numerosos, y comprometidos siempre en la defensa de su cliente. Esta evidencia no permite ignorar, sin embargo, que cuando un justiciable, como es el caso, tiene acceso directo, mediante el visionado de una grabación, al modo en que esa relación de confianza se extiende al tratamiento de lo sucedido en juicio, antes de ser juzgado y en ausencia de su propio letrado, es razonable que cuestione la imparcialidad de quien todavía no ha emitido un juicio sobre los hechos que le han sido sometidos y del que depende su absolución o condena. Este involuntario acceso a lo que de ordinario se tolera por jueces, fiscales y hasta por los propios letrados, revela una apariencia que, para el ciudadano, en cuya confianza en la imparcialidad de los jueces descansa, en buena medida, la fiabilidad del sistema de justicia, pone en tela de juicio esa imparcialidad. Una apariencia que, una vez revelada, ha de ser objeto de tan lamentable como enérgica y necesaria reacción como la representada por la declaración de nulidad del juicio y su necesaria repetición ante juez distinto, sin entrar, obviamente, a considerar otros motivos de los recursos.

VISTOS los preceptos legales citados en la sentencia y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de SU MAJESTAD EL REY DON JUAN CARLOS PRIMERO DE ESPAÑA,

F A L L A M O S

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por Juan Cantero Meseguer y Antonio Aguirre Soubrier, en nombre y representación de Cándido y Pascual, respectivamente, contra la sentencia dictada en el Procedimiento Abreviado número 504/09 seguido ante el Juzgado de lo Penal núm. Dos de Lorca, y desestimando la oposición al recurso sostenida por el Ministerio Fiscal, debemos REVOCAR Y REVOCAMOS ÍNTEGRAMENTE DICHA RESOLUCIÓN, con declaración de la NULIDAD DEL JUICIO del que trae causa y que deberá repetirse ante Juez distinto, declarando de oficio las costas causadas en este recurso.

Notifíquese la presente resolución y llévese certificación de la misma al Rollo de esta Sala y a los autos del Juzgado, al que se devolverán para su ejecución y cumplimiento.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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