El Estado contra Garzón

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Ya hay sentencia en el primer juicio contra Baltasar Garzón. El Tribunal Supremo le condena por prevaricación al intervenir las conversaciones telefónicas de los abogados defensores de la trama Gürtel con sus defendidos. Violar el secreto de las comunicaciones entre un acusado y su abogado es contrario al Estado de derecho. Y puede haber habido una extralimitación. Pero se hace muy cuesta arriba –a la espera de leer la sentencia– admitir la prevaricación. Porque la actuación del juez fue avalada por la fiscalía, y el juez posterior siguió su pauta. Cuando varios actúan de igual modo es difícil que el delito sea obra de uno solo.

En otro de los juicios que afronta –la vista oral ha concluido, pero todavía no hay sentencia–, se le acusa también de prevaricación por admitir querellas contra los crímenes del franquismo y la guerra civil. Había muchas víctimas demandantes, algunas de las cuales prestaron testimonios escalofriantes en el juicio, aunque es cierto que Garzón ignoró la ley de amnistía. Pero al priorizar la legislación internacional sobre crímenes contra la humanidad, el juez solo ha seguido la pauta del caso Pinochet. Y, con dicha base, en España se ha condenado a militares argentinos. ¿Puede la justicia española actuar contra Pinochet, pese a la amnistía de Chile, y Garzón arriesgarse aquí a otra condena por admitir las demandas contra los crímenes del franquismo? Parece un contrasentido total.

En realidad, Garzón, con tanto afán de justicia y valentía frente a los poderosos como ansias de estrellato, no ha variado su proceder habitual, basado siempre en una interpretación extensiva de la ley y en una concepción algo mesiánica de su papel. Y toda España le aduló. La prensa le jaleó por sus sumarios contra el narcotráfico. El PSOE le puso de número dos de Felipe González en las elecciones cruciales del 93. La derecha y parte de la izquierda le elevaron a los altares cuando luego, despechado, quiso convertir a Felipe en la X de los GAL. Y casi todo Madrid, Aznar el primero, secundó su tesis de que ETA no se acababa en el terrorismo y que había que ilegalizar Batasuna.

Antes se le consideraba merecedor del Nobel de la Paz y ayer fue condenado por prevaricación, lo peor que le puede pasar a un juez. ¿Por qué? Unos dicen que paga por el caso Gürtel. España aplaude cuando se inspeccionan las cloacas (socialistas) del Estado, pero no tolera que se destapen las miserias de la derecha. Algo de eso puede haber, pero las tribulaciones de Garzón en el Supremo (y en el Consejo General del Poder Judicial) obedecen tanto a la enemistad de la derecha judicial como a la de algunos magistrados de izquierdas (como Luciano Varela ) y más cercanos al PSOE. Quizá sea, pues, que la trama Gürtel –en la que los trajes de Francisco Camps son una anécdota– corrobora aquel refrán español de «tanto va el cántaro a la fuente que al fin se rompe».

Garzón no es el héroe que nos pintaron la derecha (cuando actuó contra el GAL o ETA) y la izquierda (en el proceso a Pinochet ), sino un juez algo excedido y con una colosal soberbia. No merecía ni los grandes aplausos de ayer ni la condena y liquidación que le ha propinado el Supremo. Y el desenlace ya es malo, pase lo que pase en el segundo juicio. El prestigio internacional del alto tribunal español no sale reforzado; ahí está el reciente y durísimo editorial del New York Times. Y algunos jueces pueden hacer suyo el consejo con el que muchas madres de los años 60 advertían a sus hijos: «noi, no t’emboliquis». Mal día el de ayer para el Estado de derecho.

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