Declaración de ALPEC en relación a las causas iniciadas para castigar los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el conflicto armado en Guatemala.

Declaración de ALPEC en relación a las causas iniciadas para castigar los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el conflicto armado en Guatemala.

La Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología (ALPEC) considera esencial que se continúe avanzando en el esclarecimiento de todas las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en nuestro continente en ocasión del terrorismo de estado.

Por la presente queremos manifestar nuestro pleno respaldo a las investigaciones que se llevan a cabo actualmente en Guatemala en el juzgamiento de los crímenes cometidos por las dictaduras de ese país y exhortar a las autoridades recientemente electas a respaldar la tarea que se viene desarrollando a tal fin desde la justicia.

En ese sentido, constituye un valiosísimo precedente la sentencia aplicada por el Tribunal de Alto impacto de Guatemala el 2 de agosto de 2011 contra ex miembros de las fuerzas especiales guatemaltecas o “kaibiles” por la llamada masacre de Dos Erres en 1982, cuando 201 personas fueron asesinadas en la región norteña del Petén.

También cabe destacar en estos últimos meses la detención del general retirado Héctor Mario López Fuentes,  acusado de ser el autor intelectual de 12 masacres y varios casos de asesinato que habrían dejado más de 300 víctimas, por las cuales, el Ministerio Público, por primera vez en su historia, ha formulado cargos de genocidio contra un militar de tan alto rango. En similar sentido pueden mencionarse, la reciente detención del ex Director de la Policía Nacional, Héctor Bol de la Cruz, sindicado por la comisión de desapariciones de estudiantes, profesores y dirigentes sindicales, como asimismo la detención del ex jefe policial guatemalteco Pedro García Arredondo y la detención del general Humberto Mejía Victores señalado como responsable de los planes Sofía y Victoria, destinados a arrasar y desaparecer poblaciones indígenas.

En esa lucha contra la impunidad, valoramos y respaldamos la tarea de la Fiscal General Claudia Paz y Paz, quien ha impulsado y agilizado los procesos y ha desarrollado una incansable tarea contra el crimen organizado, demostrando un inquebrantable compromiso en defensa de los Derechos Humanos y por la consagración de la justicia. Su actuación ha merecido el respaldo de diversas organizaciones civiles y de Derechos Humanos, por lo cual unimos nuestra voz al reclamo para que las autoridades recientemente electas cumplan con el compromiso asumido de garantizar su continuidad en el cargo y brindarle pleno respaldo en el ejercicio de sus funciones.

Esta Asociación Latinoamericana no cesará en su reclamo de justicia para que se impulsen los procesos que permitan juzgar a los responsables de los asesinatos de Guillermo Monzón Paz,  Jorge Palacios Motta, Mario López Larrave, Adolfo Mijangos y Manuel Colom Argueta, entre otros casos emblemáticos de violencia institucional.

Como bien ha señalado Marielos Monzón, destacada periodista e hija del jurista y criminólogo Guillermo Monzón Paz, asesinado en el año 1981, “el futuro democrático de un país solamente puede construirse sobre la base de la memoria, la verdad y la justicia, lo que significa que los responsables de las atrocidades cometidas durante las dictaduras sean juzgados y respondan por sus actos; y que el pueblo sepa lo que pasó para que nunca más se repita”.

Foto: http://noticias.com.gt/

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