INEJ

Manifiesto con ocasión de la asunción de Néstor Humberto Martínez Neira, como Fiscal General de la Nación

MANIFIESTO CON OCASIÓN DE LA ASUNCIÓN DE NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA, COMO FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN

 

Preámbulo

Los abajo firmantes, profesores de Derecho penal, Derecho procesal penal y Teoría del derecho penal, vinculados a Universidades de todo el país, presentamos a la opinión pública el siguiente manifiesto, motivado en la gravísima situación que afronta la justicia criminal en Colombia, porque entendemos que la posesión del nuevo Fiscal General representa una magnífica oportunidad para revisar múltiples desarrollos y prácticas judiciales que impactan a la justicia penal y que ponen en riesgo su acomodo a los postulados propios del Estado de Derecho Social y Democrático.

De forma concreta, queremos resaltar la urgente necesidad de revisar y replantear problemáticas como las siguientes: en primer lugar, la orientación político criminal del sistema de justicia penal; en segundo lugar, el fortalecimiento del sistema procesal penal de tendencia acusatoria. Así mismo, en tercer lugar, la intervención del aparato de justicia penal en los mecanismos de justicia transicional previstos para la reintegración a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la Ley; y, en cuarto lugar, el direccionamiento de la Fiscalía General de la Nación como entidad autónoma desde el punto de vista administrativo y presupuestal.

  1. 1. LA ORIENTACIÓN POLÍTICO CRIMINAL.

Creemos que la política criminal a desarrollar por parte de la Fiscalía General de la Nación tiene que respetar los principios constitucionales y los derechos humanos que condiciona su validez y que, además, determinan la orientación de la función punitiva del Estado. El proyecto de convivencia social que sintetiza la Constitución política de Colombia y, especialmente, los derechos fundamentales como garantías de legitimidad y eficacia del mismo, tienen que ser el ideario que guíe las relaciones entre el Estado y el ciudadano. El programa político criminal que se desprende y restringe a ese paradigma no puede ser socavado por impulsos procesales penales reactivos, sustentados en encasillamientos mediáticos, presiones gubernamentales o de tipo político partidista.

El sustento empírico de las decisiones político criminales y la evaluación constante del impacto de dichas medidas, deben ser presupuestos para disuadir el carácter reactivo e inconstitucional de la política criminal colombiana. Es urgente, por ende, anteponer estudios de impacto de muchos de los desenlaces político criminales para contrarrestar el marcado populismo punitivo y la eficacia puramente simbólica de la ley penal que hoy caracteriza el proyecto de persecución penal colombiano. La preocupación por las cargas de trabajo para los funcionarios judiciales, por la sobrepoblación del sistema penitenciario y, más importante aún, por un enfoque basado en el respeto de los derechos humanos, no pueden continuar omitiéndose en los procesos de toma de las decisiones político criminales.

Especial consideración deben tener los efectos de aquel diseño político criminal en la configuración y despliegue del sistema procesal penal y, específicamente, de la Fiscalía General de la Nación. La introducción del sistema procesal penal de tendencia acusatoria ha descuidado en sus ejercicios de investigación y juzgamiento un patrón democrático de investigación penal y respetuoso de las garantías fundamentales de muchos de los sometidos a la misma. Entre algunos de los aspectos más apremiantes a revisar, creemos que se encuentran los mencionados a continuación.

  1. 2. EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE TENDENCIA ACUSATORIA

2.1. El abuso de la detención preventiva.

Desentendida de las aspiraciones plasmadas tanto en el artículo 250 de la Constitución Política como en el artículo 295 del Código de Procedimiento Penal, la solicitud de restricción de la libertad de los sometidos a investigación penal es una regla general y práctica cotidiana de la Fiscalía General a través de sus delegados. La desmedida preocupación por la “cantidad” de órdenes de captura solicitadas y, efectivamente libradas, tiene un grave impacto no sólo en la concreción de un patrón democrático de investigación penal sino que, además, transmite el mensaje tan equívoco y lejano de un proyecto acusatorio de proceso penal, según el cual la eficiencia de éste se mide a partir de la capacidad de limitar las garantías fundamentales de los investigados, especialmente de su libertad.

2.2. Las prácticas de recolección de los elementos materiales probatorios y de evidencia física.

En tanto muchas de las preocupaciones del ente investigador se sintetizan en la consecución de una efectiva restricción de la libertad, el curso de la fase investigativa toma cuerpo en el trámite de acuerdos y negociaciones, incluidas las propias de la aplicación del “principio” de oportunidad, como formas llamadas a evitar el proceso penal. Bajo estas claves se estimula un desarrollo de las investigaciones penales que enfatiza y se soporta en las confesiones de los perseguidos y en cierta preponderancia de la prueba testimonial, de cara al logro de un “proceso penal” sin verdadero proceso.

Por ello, es apremiante fortalecer el sistema de investigación y reorientarlo a prácticas de recolección de los elementos materiales probatorios y de evidencias físicas que no se sostengan en los efectos de la negación de la libertad y en la afectación y menoscabo de la dignidad humana. Asimismo, debe evaluarse la instalación del proyecto de oralidad y, con la misma, de la efectiva realización de la inmediación, la concentración y la contradicción en las audiencias preliminares. Descuidada la satisfacción de necesidades básicas del aparato operativo y logístico del proyecto acusatorio, la oralidad como principio orientador del sistema ha quedado rezagada ante cierto retorno al escrituralismo y a la apropiación del mismo en muchas prácticas de impulso procesal.

2.3. La Policía judicial.

El cumplimiento del mandato contenido en el artículo 250 de la Constitución para la Fiscalía

(“3. Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen

la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley”) ha sido constantemente prorrogado y es, actualmente, un asunto pendiente de realización. Es necesario, entonces, poner en marcha una policía judicial técnica, unificada y profesional. La actual dispersión de operadores institucionales con funciones de policía judicial –que ha llevado, incluso, a que por ley esa función se le atribuya hasta los bomberos– impacta los desenlaces de las investigaciones penales y evita la posible realización del principio acusatorio en la investigación penal.

Es indispensable, pues, diseñar mecanismos idóneos para que haya una mejor coordinación interinstitucional, especialmente con la Policía Nacional de Colombia y unidades especializadas como la SIJIN. La instalación de un cuerpo de Policía Judicial no debe descuidar las dolencias técnicas y presupuestales del Cuerpo Técnico de Investigación, así como la disponibilidad de recursos humanos y técnicos de la Policía Nacional, instituciones con las cuales solo una debida coordinación interinstitucional podría propiciar una mejor realización de la función de policía judicial. A esos propósitos urge activar el Consejo Nacional de Policía Judicial – presidida por el señor Fiscal General de la Nación y del que también hacen parte la Policía Nacional-SIJIN, el Cuerpo Técnico de Investigación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – como instancia articuladora y escenario propio para la orientación de los entes que intervienen en el ejercicio de funciones de policía judicial.

2.4. La infraestructura y el recurso humano para el sistema acusatorio.

El ensanchamiento burocrático de la Fiscalía General de la Nación, por ejemplo, por medio del desmesurado crecimiento de Direcciones y Subdirecciones, dejan la constancia de un ámbito de prioridades que no corresponden a las necesidades inmediatas del sistema acusatorio. Tanto el descuido en la formación de los intervinientes en el sistema acusatorio, como la sobrecarga de funcionarios por medio de la confrontación con esquemas contextuales de investigación, bajo el modelo de rotación de personal según las fases del proceso y, más delicado aún, con una peculiar restricción de la autonomía de los inferiores jerárquicos en la conducción de procesos, parecieran no dejar espacio para la disuasión de una progresiva politización del ente investigador y de las prácticas de investigación penal.

  1. 3. LA JUSTICIA TRANSICIONAL

La evolución de esta forma de administrar justicia penal en Colombia encuentra en el Acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, un escenario crucial para el desenlace del conflicto armado colombiano. Para su concreción legal y puesta en marcha, la Fiscalía General de la Nación tendrá un papel fundamental que cumplir, esencialmente en lo que a la investigación de los delitos cometidos en ese marco se refiere. Por supuesto, si bien reconocemos la importancia de superar algunas claves ordinarias de comprensión del derecho penal y procesal penal para el trámite de la macrocriminalidad y las violaciones masivas a derechos humanos, también advertimos la importancia de discutir pública y abiertamente aquellos mecanismos que asumirán las cargas judiciales de transición hacia una situación pacífica. A propósito de la política de investigación que viene desarrollando la Fiscalía General en este ámbito, resulta trascendental una reflexión más amplia por lo menos en relación con los dos siguientes puntos:

3.1. La selección y priorización de los casos.

En el ámbito de la Jurisdicción Especial para la Paz resulta indispensable hacer un seguimiento detallado a la incorporación de criterios de selección y priorización de casos. Ante la desbordada dimensión ratione materiae y a la sub-especialización procesal dentro de esa jurisdicción (en caso de reconocimiento o no de la verdad por parte de los combatientes involucrados en el conflicto), las cláusulas del acuerdo sobre ese asunto relativas a la selección y priorización no asumen la dimensión de pautas de compensación a la sobrecarga procesal que se avizora.

Por ello, con miras a asegurar una política de investigación coherente, resulta relevante que el desarrollo de criterios de selección y priorización de casos en el marco de esa jurisdicción se interprete de forma sistemática y en correspondencia a los equivalentes normativos propios del Artículo transitorio 66 de la Constitución. En el ámbito práctico y en tanto la Fiscalía General de la Nación está llamada a soportar el flujo de información en la que se basará el desarrollo de la Jurisdicción especial, no se debe descuidar, por ejemplo, la importancia de las estrategias globales de investigación, la valoración unificada y contextualizada de procesos contra varios postulados y la necesidad de asegurar una participación eficaz de las víctimas por medio de procedimientos ágiles.

3.2. Las alternativas al derecho penal.

La definición sobre el sí, cuándo y cómo juzgar los hechos punibles vinculados al conflicto armado debe ponderarse con el propósito de lograr su superación. En ese sentido, la Jurisdicción Especial para la Paz no debe tornarse ni en una instancia de revisión del poder judicial colombiano ni en un escenario donde el procedimiento penal asuma un rol protagonista, que termine por extraer y minimizar la maniobrabilidad y las posibilidades adaptativas de otras condiciones para la resolución del conflicto armado.

De igual manera, ante la notoria inconstitucionalidad de la políticas y prácticas carcelarias en Colombia, la justicia transicional y su concreción por medio de dicha jurisdicción, deben estimular las discusiones sobre las posibilidades de brindar alternativas a la pena privativa de libertad para los condenados. Evidentemente, el sistema de penas existente es caduco, anticuado e injusto, máxime si solo piensa en la pena privativa de la libertad como única forma de reacción penal por parte del Estado. Ello debe ser un rendimiento de la justicia transicional frente a todo el sistema penal, por supuesto, sin descuidar la trascendencia del debido proceso penal para el logro de la superación del castigo penal ordinario, la promoción de alternativas a la pena y a la inconstitucionalidad de su ejecución.

El aseguramiento de unas debidas claves procesales debe anteceder y asegurar aquella apuesta por la alternatividad. En ese sentido, en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, resulta fundamental un permanente seguimiento y discusión tanto a los criterios con base en los cuales se definen la procedencia del otorgamiento de las amnistías e indultos como a las formas de verificación de los presupuestos de concesión de las mismas. Asimismo, se debe proceder en relación con los problemas de interpretación que se derivan de las diferentes cláusulas relativas a la conexidad con el delito político, la forma de elección de los magistrados del Tribunal para la paz y los medios de reconocimiento de la verdad y la responsabilidad, entre otros aspectos.

  1. 4. EL DIRECCIONAMIENTO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

De igual forma, es necesario consolidar la credibilidad de todos los ciudadanos en la Fiscalía General de la Nación y, por supuesto, en la Administración de Justicia. Por ello, son indispensables las iniciativas encaminadas a desburocratizar y, en contra de las prácticas de contratación antecedentes, a la instauración de una verdadera carrera fiscal. Esta última se debe poner en marcha a la mayor brevedad posible para que, en el marco de un concurso de méritos serio y objetivo, se puedan proveer las plazas con el recurso humano más idóneo. De nada serviría una simulación de meritocracia para encubrir prebendas, compromisos con los electores y corruptelas, si no se atacan los males de fondo y se dota a ese ente de investigadores y fiscales probos, capaces y comprometidos con la administración de justicia y el estado de derecho.

Además, es necesario sanear las finanzas y propiciar una administración más transparente del presupuesto de la entidad. En ese sentido, pues, es prioritario la construcción de un diseño claro y preciso que permita la viabilidad presupuestal de la Fiscalía y asegure que ella podrá cumplir con sus importantes funciones sin contratiempos de tipo material.

En fin, Señor Fiscal, creemos que la consigna de su despacho debe ser la de velar por el fortalecimiento de la Administración de Justicia en todos sus frentes porque ello resulta perentorio para construir el Estado de Derecho Social y Democrático que quiere la Constitución y anhelamos todos los colombianos. La debida justicia penal es condición para que advenga la verdadera paz, la única que puede posibilitar en el futuro la convivencia de todos en una sociedad armónica, democrática, participativa y justa. El papel de la Fiscalía General de la Nación para que esas metas se puedan lograr es, pues, fundamental y a ello se deben enderezar todos los esfuerzos; pero, para lograrlo, ella misma tiene que construirse con autonomía presupuestal y administrativa, independencia y fortaleza democrática.

Respetuosamente,

(en orden alfabético)

ARMANDO LUÍS CALLE CALDERÓN (Universidad de Antioquia).

CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO (Universidad Sergio Arboleda). CARLOS GUILLERMO CASTRO CUENCA (Universidad del Rosario)

CESAR ALEJANDRO OSORIO MORENO (Universidad Autónoma Latinoamericana). CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ LONDOÑO (Universidad de Caldas).

FERNANDO VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ (Universidad Sergio Arboleda). GUILLERMO OSPINA LÓPEZ (Universidad Autónoma del Cauca). HERNÁN GONZALO JIMÉNEZ B. (Universidad Sergio Arboleda).

HERNANDO LEÓN LONDOÑO BERRÍO (Universidad de Antioquia). JOHN E. ZULUAGA TABORDA (Universidad de Antioquia).

JORGE IVÁN GARCÉS VÁSQUEZ (Universidad de Envigado). JOSÉ FERNANDO BOTERO (Universidad de Medellín).

JUAN DAVID JARAMILLO (Universidad Sergio Arboleda) JUAN OBERTO SOTOMAYOR ACOSTA (Universidad EAFIT). JUAN PABLO SIERRA PIÑEROS (Universidad Sergio Arboleda).

LEONEL MAURICIO PEÑA SOLANO (Universidad Nacional de Colombia) MGUEL ANGEL PEDRAZA JAIMES (Consultor privado)

MIGUEL LAMADRID LUENGAS (Universidad Sergio Arboleda).

NAPOLEÓN  BOTACHE  DÍAZ  (Universidad  Incca  de  Colombia/Universidad  Sergio

Arboleda).

RICARDO ECHAVARRÍA RAMÍREZ (Universidad EAFIT) RICARDO MOLINA LÓPEZ (Universidad Pontificia Bolivariana).

RESPALDOS INTERNACIONALES

ERNESTO ABRIL (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina) JEAN PIERRE MATUS A. (Universidad de Chile)

SERGIO CUAREZMA TERÁN (Instituto de Estudio e Investigación Jurídica -INEJ-), Nicaragua

ASOCIACION GUATEMALTECA DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

Siete de agosto de 2016.

Manifiesto-Profesores-Derecho-penal-y-procesal-penal-Colombia

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El plebiscito para la paz: jurídicamente innecesario, políticamente indispensable, por Diego Fernando Tarapués Sandino

El plebiscito para la paz: jurídicamente innecesario, políticamente indispensable, por Diego Fernando Tarapués Sandino

 

La legitimación ciudadana

La declaración de exequibilidad del proyecto de ley estatutaria que regula el plebiscito para la paz pone fin a un debate sobre uno de los temas más controvertidos del proceso de La Habana: el mecanismo de refrendación popular de los acuerdos y los alcances de dicho mecanismo.

El plebiscito fue el instrumento elegido por el gobierno para validar lo acordado con las FARC mediante el voto ciudadano, para superar la presión de algunos sectores políticos y medios de comunicación que inicialmente se inclinaron por la convocatoria de un referendo. Igualmente, el plebiscito se sobrepuso a la propuesta insistente de las FARC de convocar una asamblea nacional constituyente.

Ya se han logrado acuerdos sobre los cinco primeros puntos de la agenda de La Habana y solo falta completar lo atinente al punto sexto sobre implementación, verificación y refrendación. En un comunicado reciente, las partes anunciaron su voluntad de someterse al  mecanismo que decidiera la Corte Constitucional para refrendar los acuerdos.

Con la Sentencia C-379 de 2016, el gobierno avanza en su propósito de someter a refrendación popular el acuerdo final que se suscribiría en los próximos meses. Al convocar  al “plebiscito para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, el presidente Santos no solo quiere cumplir la  promesa electoral de su campaña de reelección, sino legitimar el que sería el acuerdo de paz más importante de la historia colombiana.

Este es un hecho trascendente, no solo por la magnitud y duración del conflicto entre el Estado y la guerrilla más grande y antigua del continente, sino porque nunca antes se había planificado y desarrollado en Colombia un proceso de paz bajo las exigencias nacionales e internacionales que han rodeado al proceso de La Habana.

Hay que insistir en que el gobierno no está jurídicamente obligado a convocar al pueblo para concluir un proceso de paz, ya que la Constitución le otorga al presidente facultades para “conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado”. Basados en esta potestad, casi todos sus predecesores en las tres últimas décadas han adelantado y finalizado procesos de paz con diferentes guerrillas e incluso con grupos paramilitares sin recurrir a un mecanismo de participación ciudadana que avale los acuerdos.

No obstante, el gobierno Santos se ha propuesto desde el comienzo realizar un proceso que nos lleve por primera vez a lo que teóricamente se denomina una “transición democráticamente legitimada”, según la clasificación procedimental de las experiencias comparadas, Por este motivo, el uso de un mecanismo de refrendación ciudadana se ha vuelto un recurso político indispensable.

La discusión jurídica

La voluntad política del gobierno de consultar a la ciudadanía, sumada a la confusión mediática y política alrededor de los términos “refrendar”, “referendo” y “plebiscito”, así como las discusiones en el Congreso sobre la reglamentación y los alcances de la Ley estatutaria, condujeron a que el tema pasara a un nuevo escenario de discusión, pero esta vez con argumentos de carácter jurídico.

En ese sentido, surgieron posturas como la del magistrado Alberto Rojas en su salvamento parcial del voto, donde sostiene que el derecho fundamental a la paz no puede someterse a la decisión de la mayoría, aclarando que: “La doctrina constitucional contemporánea afirma que la paz constituye un valor supremo o fundamental que posibilita (sic) la convivencia civil y, por su gran importancia, presenta un carácter contra-mayoritario, esto es, no está sujeto a la regla de las mayorías”.

Otra postura crítica provino de la Fiscalía General de la Nación, que solicitó la declaratoria de inexequibilidad del plebiscito y subrayó que “las facultades del presidente de la República para alcanzar la paz [no pueden] estar condicionadas al veredicto de la ciudadanía”.

No menos polémico fue el tema del umbral aprobatorio del 13 por ciento del censo electoral vigente. Sobre este punto, la Corte precisó que la Constitución no contempla expresamente un umbral de participación o de aprobación para el plebiscito, sino exclusivamente para los referendos, lo cual implica delegar en el Congreso la competencia para definir tanto el umbral como el procedimiento para un plebiscito. El Congreso ha ejercido esta función mediante las Leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015, concernientes a los mecanismos de participación ciudadana. Ahora complementa esa labor con esta nueva Ley estatutaria que tendría efectos solo en lo concerniente al plebiscito para la paz.

Sobre este umbral en particular, la Corte considera que “es una medida idónea para cumplir con el fin de promover la participación, pues genera incentivos para que quienes apoyan o rechazan el Acuerdo Final expresen sus preferencias y las mismas sean identificables, lo que a su vez redunda en la legitimidad de la decisión en uno u otro sentido”. A esto se añade la opinión de la Corte en el sentido de que el nuevo umbral se ajusta a nuestra realidad social y política, pues reconoce que en Colombia no existe un precedente donde el 50 por ciento de las personas que conforman el censo hayan acudido a las urnas.

Un plebiscito sin efectos normativos

La Corte Constitucional separó las consecuencias políticas del plebiscito del proceso de adopción o desarrollo jurídico de los acuerdo entre el gobierno y las FARC. En efecto la sentencia precisó que el resultado del plebiscito será obligatorio para el presidente de la República pero no para los demás poderes públicos. Y esto a pesar de que la ley estatutaria que había aprobado el Congreso al igual que la ponencia inicial ante la propia Corte señalaban que el veredicto popular surtía efectos para “el desarrollo constitucional y legal del acuerdo”, obligando por tanto a los distintos órganos, instituciones y funcionarios del Estado.

Al declarar inexequible el inciso segundo del artículo 3 de la Ley, la Corte despejó todas las dudas jurídicas en torno a los alcances del plebiscito, pues el fallo establece que este mecanismo de participación tiene un “carácter exclusivamente político y relativo a un mandato de implementación del Acuerdo Final”, de modo que su resultado “no tiene un efecto normativo, esto es, de adición o modificación de norma jurídica alguna, entre ellas la Constitución”.

Para la Corte está claro que el plebiscito tiene elementos particulares que lo distinguen de los demás mecanismos de participación previstos en la Constitución del 91: solo puede ser convocado por el presidente con el propósito de buscar un respaldo ciudadano, que se traduce en un mayor grado de legitimación sobre decisiones en asuntos políticos que le competen al gobierno nacional.

El  plebiscito no es pues un instrumento para realizar reformas legales o constitucionales, como el referendo. Al ser un mecanismo para indagar en la voluntad ciudadana sobre un tema de política que le compete al presidente de la República, sus efectos se circunscriben  al plano social y político pero no pasan al plano de lo jurídico.

Aunque habrá que esperar la publicación del texto completo de la sentencia para conocer los detalles y condiciones, el presidente cuenta ahora con un valioso instrumento para la refrendación.

Y aunque el Congreso y la Corte hayan aprobado la Ley estatutaria, aún sigue siendo una potestad discrecional del gobierno nacional el “someter a consideración del pueblo el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, mediante plebiscito”. Algo que sin duda debe ocurrir, no tanto por su necesidad jurídica, sino por la importancia de la legitimación democrática luego de meses de discusiones sobre el tema que han despertado tanta expectativa entre los colombianos.

*Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Cali. LL.M. y Doctorando de la Universidad de Göttingen e investigador externo del Cedpal (Alemania). Página personal: www.tarapues.info

Publicado originalmente en Razón Pública:

http://www.razonpublica.com/index.php/escriben-en-razonpublica/384-diego-tarapu%C3%A9s

Foto tomada de internet

Del acuerdo de paz en Colombia y sus (re)formas procesales, por John Zuluaga

Del acuerdo de paz en Colombia y sus (re)formas procesales John Zuluaga

 

La primera promoción pública de la llamada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se complementa ahora con la presentación del Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto realizada el 15.12.2015 por el gobierno colombiano y las FARC-EP. Este acuerdo desarrolla en detalle los contenidos de la JEP y, a diferencia de lo expuesto en el Comunicado del 23.09.2015, concibe a la misma junto a otros mecanismos y medidas dirigidos a componer el llamado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). Se trata de una estructura judicial (penal) que incorpora las claves legales y procesales para satisfacer las expectativas ético-jurídicas vinculadas al sistema de justicia transicional. En el SIVJRNR se desarrollan en detalle tanto los parámetros procedimentales y las competencias de la JEP, como las reglas y principios que orientan el funcionamiento de la misma. Determinante resulta la específica consagración de la paz como principio orientador a los fines de influir procesos concretos de investigación y decisión judicial, acogiéndola no sólo como regla de decisión (pág. 45, num. 75), sino, incluso, como finalidad de la sanción (pág. 39, num. 60).

El dualismo procesal

Sumado a la dicotomía que irriga la composición de la JEP (salas de justicia y tribunal de paz), el proceso de la JEP es dualista en la reacción frente al “grado de contribución” de los procesados. Como lo advertí en otro momento, pareciera que el juego de etiquetas se apropia de la estructura judicial para concebir la bifurcación de sus rendimientos en materia de judicialización y sanción (véase mi columna del 6.11.2015). Ahora se confirma que el tipo de tratamiento en el marco de la JEP será concordante con el grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad (pág. 25, num. 28). Así se consagra tanto en las dos fórmulas procedimentales que concibe la JEP (pág. 29, num. 45), como en el tipo de consecuencias jurídicas que se siguen de estos trámites  (véase pág. 45 ss., listado de sanciones I a III). Precisamente por concebir la continuidad del trámite ante la existencia o ausencia de reconocimiento es que el dualismo procesal se consagra como esencial a la JEP. No será como otrora en la Ley de justicia y paz (LJP) donde, a partir de la estructura de la misma Ley, se derivaron cláusulas de exclusión en los casos de no contribución (véase nuestro trabajo sobre la LJP párr. 118 ss.). Al contrario, ahora la continuidad del sujeto procesal es preponderante frente a la pretensión de verdad y la permanencia del mismo prima sobre ésta, de tal manera que el reconocimiento de verdad y responsabilidad podría terminar siendo prescindible.

La ambigüedad en la delimitación del objeto procesal que arrastra aquel dualismo, sin duda, impactará los rendimientos de la JEP. No solo porque la JEP se propone abordar los delitos cometidos en el marco del conflicto armado colombiano, sino, además, por la necesidad que habría de investigarlos y juzgarlos ante la falta de reconocimiento de los mismos. A la (desbordada) dimensión ratione materiae y a la sub-especialización procesal dentro de la JEP, se suma el retorno del escriturismo como método de reconocimiento de verdad y responsabilidad (pág. 30 num. 47; pág. 32, num. 48 (g)). Ante la marcha triunfal que ha tenido el proyecto de oralidad introducido por el Acto Legislativo 03 de 2002, el retorno del escriturismo significa un replanteamiento, entre otras cosas, a la capacidad realizativa de principios como la inmediación, concentración y publicidad. De ese modo, en el intento de despersonalizar las audiencias en los procesos de la JEP de la verificación crítica por medio de la oralidad, la vocación minimizadora de la discrecionalidad de los intervinientes perdería contenido.

Selección y priorización de casos

La relativización de los rendimientos de la JEP tampoco encuentra en las cláusulas del acuerdo relativas a la selección y priorización de casos un parámetro de compensación procesal. Si bien el acuerdo concibe que la sala de definición de situaciones jurídicas podrá determinar “mecanismos procesales de selección y priorización para quienes no reconozcan verdad y responsabilidad” (pág. 34, num. 50 (c) y (g)), no hay claridad sobre la definición y alcance de estos mecanismos ni sobre las causales para la renuncia al ejercicio de la acción penal o disciplinaria que el mismo acuerdo concibe (pág. 35, num. 50 (f)). La interpretación de las cláusulas abiertas sobre criterios de selección y priorización de casos no solo exige cierta complementariedad con los parámetros normativos vigentes sobre dichos criterios, sino, también, conduce a que el futuro desarrollo legislativo del acuerdo integre sistemáticamente todas estas pautas. La pregunta es hasta qué punto el acuerdo es susceptible de una integración normativa, por ejemplo, con el Artículo transitorio 66 de la Constitución Nacional (CN) (véase al respecto nuestro trabajo sobre justicia transicional y Constitución pp. 168 ss.). Si así fuese, el desarrollo legislativo del acuerdo debería someterse a la Ley Estatutaria que debe regular el inciso 4 del Art. trans. 66 CN y, asimismo y a los fines de asegurar una mínima coordinación interinstitucional, la sala de definición de situaciones jurídicas no deberá descuidar en sus prácticas la lectura de las pautas de selección y priorización en clave de lo que las directivas institucionales de la Fiscalía General de la Nación (FGN) han ofrecido al respecto (véase nuestra columna sobre la Directiva 001 de 2012). La prevalencia que predica el SIVJRNR (pág. 23, num. 9; pág. 24, num 15 inc. 2; pág. 26, num. 33) no debe comprenderse como un factor de revisión del poder judicial, sino de integración y coordinación con los diferentes actores judiciales.

Respecto a la integración normativa del futuro desarrollo legislativo del acuerdo, resulta algo problemática la concepción de la responsabilidad por mando y, en ese sentido, la determinación de máximos responsables que promueve el acuerdo (pág. 29, num. 44; pág. 39, num. 59). Ya no se trata del cumplimiento de un rol esencial en la organización criminal como lo define la Corte Constitucional (véase nuestro trabajo sobre la sentencia C-579 de 2013, pp. 255 ss.), ni de la previsión razonable de la comisión del delito bajo las claves del nivel extendido del joint criminal enterprise en su variante III, como lo prevé la FGN en su directiva institucional (véase nuestra columna sobre la Directiva 001 de 2012). El acuerdo establece que no habrá responsabilidad por mando fundada en rango, jerarquía o ámbito de jurisdicción, sino, basada en el control efectivo y el conocimiento suficiente de la conducta de sus subordinados (pág. 29, num. 44; pág. 39 num. 59). En ese sentido, bajo los criterios de “control efectivo” y “conocimiento suficiente de la conducta”, parecería que la noción de máximo responsable se equipara a la de autor de acuerdo al criterio del dominio del hecho, lo cual excluiría a los determinadores como máximos responsables. De esta manera sigue siendo una definición abierta, indeterminada e igualmente problemática para los operadores judiciales. Es bastante polémico, también, porque en esa medida excluye a muchos agentes del Estado y del mismo secretariado de las FARC-EP, en tanto plantea una conexión entre el mando de las Fuerzas Armadas/guerrillas y sus operadores/subordinados a partir de un control efectivo y de información suficiente sobre las conductas de los mismos.

Delimitaciones pre-procesales

Last but not least deben examinarse las condiciones que se derivan del SIVJRNR para la definición de los ámbitos de aplicación de la JEP. En la determinación de estos ámbitos se concretan los núcleos de verdad que sobre el conflicto serán reconocidos y verificados en el procedimiento de la JEP. El asunto esencial en la JEP – así como en el trámite de la LJP – es la definición de los sujetos que se vincularán a dicha jurisdicción y en los que se soporta el reconocimiento de verdad y responsabilidad. Más allá de los roles en las estructuras armadas, por ejemplo el de máximo responsable, el SIVJRNR no incorpora las claves con las que se defina en la práctica la vinculación de los sujetos (procesales) fijados por el ámbito de aplicación ratione personae. Si bien la forma de vinculación, como condición preparatoria del proceso, es un asunto que debe resolverse aún en el acuerdo relativo al fin del conflicto y los procesos de desmovilización, desarme y reinserción (DDR), para el caso de los grupos guerrilleros se pueden encontrar elementos que contribuyen a establecer la manera como se determinará la pertenencia al grupo. Se trata de la nominación por medio de listado, conforme a lo que se establezca entre las partes para su verificación (pág. 27, num. 38). Si bien al respecto se plantea de nuevo un escenario de integración normativa, especialmente con los decretos 4760 de 2005 y 4417 de 2006, el problema de las nominaciones por medio de listado es fundamentalmente práctico. En los procesos de DDR predecesores, dichas nominaciones han mostrado múltiples dificultades en la determinación de los nombres a incluir, especialmente en los casos que se elaboraron de forma concomitante a la concentración de combatientes. Frente a esto será determinante tanto la intervención del mecanismo tripartito aprobado en la Resolución 2261 del 25.01.2016 (párag. 2) del Consejo de Seguridad de la ONU (véase al respecto Ambos, 01.02.2016), como también el diseño de un adecuado mecanismo de verificación de identidades por parte de los organismos judiciales y administrativos que intervengan en la fase de concentración y desmovilización.

 

John Zuluaga, LL.M y Doctorando de la Georg-August-Universität Göttingen (Alemania). Investigador adscripto al Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano (CEDPAL) de la misma Universidad.

 

Fotografía tomada de internet

“Mitos y realidades sobre la legislación de niñas, niños y adolescentes de Nicaragua”, por Sergio J. Cuarezma Terán

“Mitos y realidades sobre la legislación de niñas, niños y adolescentes de Nicaragua”, por Sergio J. Cuarezma Terán

Dejamos a su disposición el trabajo “Mitos y realidades sobre la legislación de niñas, niños y adolescentes de Nicaragua”, de Sergio J Cuarezma Terán. Publicado en el libro Justicia penal, política criminal y Estado social de  derecho en el siglo XXI, Tomo I, “Homenaje a Elías Carranza”, Coordinado por el Dr. Carlos Tiffer, Editorial EDIAR, Argentina, 2014, pp. 95 – 131

Descargar PDF:

Mitos-y-realidades-de-niñas-y-niños-y-adolescente-de-Nicaragua.pdf

Congreso internacional sobre criminalidad y sistemas de justicia penal en América Latina y el Caribe

Congreso internacional sobre criminalidad y sistemas de justicia penal en América Latina y el Caribe

Dejamos a su disposición el Programa del Congreso internacional sobre criminalidad y sistemas de justicia penal en América Latina y el Caribe, a celebrarse en el mes de Octubre 5, 6 y 7 de 2015, San José, Costa Rica, en el marco de la celebración de los 40 Aniversarios del Instituto de Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD).

El INEJ participará con la presentación de una Conferencia sobre La reforma de la justicia penal en América Latina, avances y desafíos

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Narcotraficantes y narcodependientes, por Osman Soza Mendoza

Narcotraficantes y narcodependientes. Breves consideraciones sobre el art. 358 y 561 CP, por Osman Soza Mendoza

Ponemos a su disposición el interesante articulo sobre Narcotraficantes y narcodependientes. Breves consideraciones sobre  el art. 358 y 561 CP de Nicaragua, del profesor Osman Soza Mendoza, Juez I Local Penal de Masaya, Nicaragua, docente del Instituto de Altos Estudios Judiciales (IAEJ-CSJ), de 4 de junio del 2015.

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Narcotraficantes y narcodependientes.

 

II Parte: Jueces, fiscales y juicios: ÉTICA Y ESTÉTICA

II Parte: Jueces, fiscales y juicios: ÉTICA Y ESTÉTICA

Leía hace nada en estas mismas páginas –o mejor dicho, pantallas- un interesante artículo de opinión acerca de la estética de los juicios, y en particular del modo en que jueces y fiscales se sitúan en los momentos previos al mismo y la impresión que ello puede producir. Y digo interesante porque tal me parecen todas las opiniones, aunque no las comparta, como es el caso, siempre que sean respetuosas. Y de todo se aprende.

Pero como la libertad de expresión es lo que tiene, por fortuna, decidí ejercitar la mía, y contar por qué no comparto tales afirmaciones, o la mayoría de ellas. Y he de reconocer que mi sugerencia fue recibida al instante. Así que ahí va.

A jueces y fiscales se nos atribuye una costumbre como antiestética, la de estar o permanecer en la sala de vistas antes que los letrados, y que éstos nos encuentren allí en amigable conversación. En cuanto a lo primero, justo es reconocer que es lo que ocurre habitualmente, aunque no sea exactamente una costumbre, como veremos. En cuanto a lo segundo, ni siempre ocurre ni tiene por qué ocurrir. Ni siempre hay conversación ni siempre es amigable. Pero ésa es otra cuestión.

Lo bien cierto es que al decir que puede generar cierta desconfianza al justiciable observar que juez y fiscal están, por así decirlo, a partir un piñón, parece olvidarse la misión del Ministerio Fiscal en nuestro Derecho y, desde luego, que tener buena sintonía no empece en absoluto la imparcialidad ni la profesionalidad de uno u otro, como tampoco la obstaculiza tenerla con uno o varios de los Letrados. Pero vayamos por partes.

Parece que se está partiendo de un supuesto concreto: los juicios penales, en que hay un solo señalamiento. Y que, además, se toma el cliché que muchos conocen a través de la cultura audiovisual de películas y series americanas, cuyo modelo jurídico es bien diferente al nuestro. Y se está olvidando que un altísimo porcentaje de los juicios que se celebran en España no son en salas de vistas de los más altos tribunales ni en sesión única. Qué más quisiéramos, la verdad. La mayoría de nuestro trabajo se desarrolla en salas de vistas de pueblos y ciudades que celebran una docena de juicios –si hablamos de Juzgados de lo Penal- o hasta treinta o cuarenta –si se trata de juicios de faltas, que pronto se convertirán en juicios por delitos leves, o mejor “levitos”- por sesión diaria. ¿Se imaginan al fiscal saliendo y entrando cuarenta veces de la sala, teniendo en cuenta que no tiene despacho en esa sede? ¿Qué puede hacer si no tiene ni una triste silla en el ínterin entre juicio y juicio si hay alguna suspensión? ¿Y cómo combinamos esto con el hecho de que los fiscales estén adscritos a un juzgado, precisamente ése donde están celebrando?. No parece razonable ni operativo, por más que se aleguen motivos estéticos.

Pero la cuestión es mucho más profunda, además de estos inconvenientes meramente logísticos. Y es que el Ministerio Fiscal, tal como lo configura nuestra Constitución, no es una parte sin másHace ya mucho tiempo que se superó la figura del fiscal como un mero acusador público, y su papel es asumir la defensa de la legalidad. Y no solo en el procedimiento penal. Los fiscales también intervenimos en el proceso civil, en el de Menores –con un papel esencial, ya que nos corresponde la instrucción- y en multitud de materias donde lo que se ventila es un interés público o la defensa de los derechos, como ocurre en materia contencioso administrativa o social. Y este papel es lo que nos convierte en algo diferente de una parte del procedimiento. No se es más ni menos, sino diferente, o, dicho en términos más pedantes, no es un plus sino un aliud. Por eso precisamente la propia ley establece que el Ministerio Fiscal está integrado con autonomía en el poder judicial. Por más que algunos no lo crean.

Ciertamente, no estamos en Estados Unidos. Y los países de nuestro entorno jurídico contemplan la figura del Ministerio Fiscal en pie de igualdad con la de los jueces, como miembros de una carrera única, y con pasarelas de ida y vuelta a una y otra carrera. Nuestro sistema no llega a esos extremos, pero la oposición es única, y se elige una vez aprobado la pertenencia a uno u otro cuerpo. Y en el ámbito militar, por ejemplo, sí que hay carrera única. Por eso se puede afirmar que no se trata de una parte sin más, sino que es una función que va mucho más allá y como tal debe tratarse. En todo, incluido el vestuario, por supuesto, toga, placa y puñetas o no según la categoría. Y es precisamente la Ley Orgánica del Poder Judicial la que afirma sin género de dudas que jueces y fiscales son iguales en cargos, honores y tratamientos. Y otro tanto ocurre en los actos públicos, donde las más altas autoridades de ambas carreras deben ocupar sitio parejo, lo que algunas veces ha ocasionado algún desacuerdo, por cierto. ¿Acaso se imagina alguien a la Fiscal General del Estado saliendo de un acto público hasta que entren todos los magistrados? Pues eso.

Pero es que, además, la ley no establece eso. Nuestro ya vetusto Reglamento –de 1969, nada menos- establecía que el fiscal esperaría en su despacho hasta ser avisado para acudir a la Sala. Y en los principios de mi actividad profesional, alguna vez ví hacerlo así, aunque hace mucho tiempo que de eso nada de nada, porque además es inviable. El despacho del fiscal puede estar perfectamente a cien kilómetros de la sala de vistas en cuestión.

Pero como todo no va a ser echarnos flores, también hay que hacer autocrítica, o sana crítica, si se prefiere. Porque una cosa es una conversación educada, y otra que nos encuentren en franco compadreo, risas incluidas, al llegar abogados o imputados. Y eso sí que no, que las formas y el respeto hay que cuidarlos, como es de sentido común.Recuerdo hace años que una juez contaba que, desde que oyó como los médicos que la operaban de menisco, con anestesia local, discutían sobre fútbol en lugar de fijarse en su rodilla, decidió ser más cuidadosa en la sala por no causar el mismo efecto. Afortunadamente, he de decir que tanto ella como su rodilla siguen perfectamente. Pero el ejemplo es muy gráfico. Tampoco parece razonable permanecer en la sala mientras los magistrados deliberan, o que ellos lo hagan en presencia del fiscal, pero esto es pura sensatez. Y también lo es permitir que letrados y fiscal puedan pactar una conformidad sin la presencia del juez que ha de juzgar, sea él quien se retire, o seamos los otros. Y así me consta que se hace en muchos casos.

No obstante, quizás si nos retrotraemos a un momento anterior al juicio, podamos tener una perspectiva diferente que nos permita vislumbrar la especialidad de nuestra labor. Y así, en la guardia, el fiscal aún no puede ser parte, porque todavía no ha tomado una decisión. Está presente en la declaración, hace sus preguntas, escucha las de lo demás y, a la vista de todo ello, toma la decisión que proceda sobre si acusa o pide el sobreseimiento, o si pide prisión o libertad, o solicita una orden de protección o no lo hace. Y esa decisión es esencial para determinar la marcha del procedimiento. Se siente donde se siente. Es más, incluso ambos, juez y fiscal, nos salimos discretamente cuando traen al detenido para que pueda entrevistarse reservadamente con su Letrado, porque hacerlo en un pasillo poco tiene de reservado. Así que somos nosotros quienes vamos al pasillo, y tampoco pasa nada. Ni se nos caen los anillos, vaya que no.ç

Por todo ello, hay que concluir que no se pueden simplificar las cosas y pretender que los juicios sean como los que vemos en televisión, porque nada es del todo blanco o del todo negro. Salvo las togas, claro. Del juez, del fiscal y del secretario judicial, pero también del abogado y del procurador.

Y así son las cosas, a mi entender. Tal vez sea orgullo, pero tampoco pasa nada por enorgullecerse de la profesión que una ejerce lo mejor que puede. Probablemente, estaría igual de orgullosa de ser juez, o secretaria judicial, y hasta tornero fresador, pero no es el caso. Y si nosotros mismos no nos reivindicamos, no creo que nadie vaya a venir a hacerlo. Pero igual me equivoco.

Tomado de: http://www.confilegal.com/susana-gisbert/jueces-fiscales-juicios-etica-estetica-02062015-0837

Foto Recuperada: https://www.google.com.ni/search?q=Jueces,+fiscales+y+juicios:+%C3%89TICA+Y+EST%C3%89TICA&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=QXlwVYvVMcHfoASAtIN4&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=Jueces%2C+fiscales&imgrc=ifqVZMYPppl9CM%253A%3BknzlVjZPhwjHbM%3Bhttps%253A%252F%252Fnoticiasmicrojuris.files.wordpress.com%252F2013%252F10%252Fshutterstock_138223571.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Faldia.microjuris.com%252Ftag%252Ffiscales%252F%3B1000%3B667

III Parte: REFLEXIÓN sobre jueces, fiscales y APARIENCIAS

IV Parte: REFLEXIÓN sobre jueces, fiscales y APARIENCIAS

En Confilegal ha surgido una interesante polemica sobre el comportamiento habitual de jueces y fiscales de estar en la sala de vistas normalmente conversando entre sí, antes de que entren los justiciables y sus abogados. Y de permanecer en ella entre los distintos juicios.

La tesis de Carlos Berbell director de este medio -con gran experiencia periodistica en los juzgados y tribunales- es que eso crea en los justiciables la idea de que existe una preeminencia del fiscal sobre los abogados. Con la consecuencia de la consiguiente merma de la confianza publica en la imparcialidad del sistema.

Esta praxis contrasta con la de numerosos países, y precisa, según mi opinión, que sea corregida mediante la normativa adecuada.

A esta tesis se opone la fiscal Susana Gisbert que, en síntesis, contraargumenta, de un lado, con la relevancia de la función del fiscal y su equiparación estatutaria a los jueces. Y aduce razones logísticas y operativas para mantenerla.

Alude Gisbert a otras actuaciones del Ministerio Fiscal, más allá de las vistas penales.

Pero eso es extralimitar la polémica referida.

Por ello, solo me centraré sólo a las vistas penales.

Hay un hecho cierto que ambos aceptan, y es la existencia de dicha practica, que es un hecho evidente y notorio, constatable por cualquiera que se acerque a un juzgado un día de vistas, en cualquier pueblo o ciudad.

Discrepo, a efectos dialécticos del planteamiento de Gisbert, que, en síntesis dice que, a diferencia de los Estados Unidos, el Ministerio Fiscal no es una parte del proceso sin más, pues actúa en defensa de la legalidad.

No es un plus sino un aliud, integrado con autonomía en el Poder Judicial. Sus miembros tienen similitud de estatus a jueces y magistrados (oposición idéntica, honores, sueldo, rango, etc).

La regulación del Ministerio Fiscal, sin embargo, debe verse a nivel constitucional y de legislación orgánica y ordinaria.

Según el artículo 125 de la Constitución, el Ministerio Fiscal tiene como misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos, etc., ejerciendo sus funciones por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad y dependencia jerárquica. Y dice que la Ley regulara su estatuto orgánico.

El artículo 126 se refiere, por su parte, a la dependencia de la policía judicial de jueces y tribunales y del Ministerio Fiscal. El artículo 127 establece sus incompatibilidades y las asimila a las de los jueces.

Finalmente, el 172 le atribuye la legitimación para interponer el recurso de amparo. 

No hay mas referencias al Ministerio Fiscal en la Carta Magna.

Me pregunto ahora, ¿supone eso equiparar el Ministerio Fiscal al Poder Judicial? En mi opinión, no.

De los jueces sí dice la Constitución, en su artículo 117, que sí son independientes. Entre ellos no hay jerarquía de mando, salvo, como es lógico, la procesal, de instancias superiores de resolución vía recurso.

Lo más importante es que la Constitución dice de forma expresa y clara que la potestad jurisdiccional en todo tipo de proceso corresponde “exclusivamente” a los juzgados y tribunales, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado.

Por tanto, pese al estatus funcionarial idéntico –por rango legal no constitucional- la diferencia es sustancial. Pues sólo juzgan los jueces, y solo éstos son personalmente independientes, dentro de la legalidad.

Los fiscales, por el contrario, están sometidos al principio de jerarquía.

Según el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de 1981, reformado en 2003 y 2007, el, o la, fiscal general del Estado puede darles instrucciones generales y específicas.

Otro artículo, el 26, dice que puede llamarles a su presencia y darles instrucciones. El Ministerio Fiscal es, por lo tanto –mutatis mutandi- un “ejército jurídico”.

El fiscal general, como todos sabemos, es nombrado por S.M. el Rey a propuesta del Gobierno.

Por otro lado, la equiparación del estatus jurídico funcionarial no la hacen ni la Constitución Española ni la Ley Orgánica del Poder Judicial que, en su artículo 541, remite al Estatuto Orgánico. El ya citado, de 1981. Ley ordinaria que sí establece la mencionada equiparación, no de funciones en que prevalece, sin duda, la judicial, pues es quien, en definitiva, decide.

En esta polémica, sin embargo, nos olvidamos de algo muy importante. Vital. Fundamental: la relevancia constitucional del Abogado, recogida en el artículo 24 de la Constitución, que habla de la asistencia de letrado. Y del 125, que menciona la acción popular, importantísima en España, que convierte al ciudadano en figura acusadora, como verdadero fiscal independiente del Poder.

Una función que tiene que ejercer a través de un letrado, contemplado en el artículo 162, en cuanto legitima a interponer recurso de amparo, y en el reconocimiento de los colegios profesionales, del artículo 36, recogido a instancias del entonces decano del Colegio de Abogados de Madrid y senador real en las Cortes Constituyentes, Pedrol Rius.

Volviendo al debate planteado, la apariencia de imparcialidad e independencia del juez del Ministerio Fiscal exige que se modifique el escenario de celebración del juicio.

La aparente complicidad de jueces y fiscales atenta gravemente, sí, contra la percepción popular sobre la imparcialidad y neutralidad del sistema, aunque sus protagonistas, encerrados en su burbuja, en su mundo, no se enteren o no quieran enterarse.

No legitima la costumbre las deficiencias de instalaciones, asunto en el que acierta la fiscal Gisbert. Esto exige respuestas materiales de las autoridades competentes, que tienen la obligación de proveer de medios a la Administración de Justicia, que se haya inmersa en un caos administrativo por la absurda distribución de competencias materiales entre el Ministerio de Justicia, las Comunidades Autónomas y el Consejo General del Poder Judicial.

De otro lado, se debería hacer ya un protocolo procesal de actuaciones en estrados que haga visible la separación de poderes e influencias en las salas de vistas.

Ni al Juez ni al Ministerio Fiscal le beneficia esa imagen de compadreo de la que hablaba Berbell en su artículo, por lo que suscribo su planteamiento de acabar con ello. O de limitarlo, en lo posible.

La impresión puede ser falsa, es cierto, pero basta con que la ciudadanía la dé por verdadera, por la mera observación directa, para que se cierne la sombra de la duda sobre la confianza pública que debe existir, hacia el trabajo de ambos.

Por eso, hay que cuidar tanto, o más, las formas que el fondo.

Quiero, por último, recordar la preocupación expresada en los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, aprobado en la Haya en 2002, basados fundamentalmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también hacen referencia a la confianza publica en la independencia judicial.

La Administración de Justicia es la última trinchera en la defensa del sistema democrático. Se está demostrando que es así en estos tiempos de corrupción generalizada.

¿Por qué, entonces, ponerla en peligro de esta manera, con costumbres como estas, que no son las adecuadas?

Tomado de: http://www.confilegal.com/reflexion-jueces-fiscales-apariencias-04062015-0046

IX Congreso Internacional de Derecho Procesal, Instituto para la Promoción del Derecho Procesal Costa Rica

IX  Congreso  Internacional  De Derecho Procesal  San Vito De Coto Brus Costa Rica

Amigos  y amigas: El Colegio de Abogados de Costa Rica, la Asociación de abogados y abogadas de la zona sur  y el Instituto para la Promoción del Derecho procesal  invitan  a  su   IX congreso internacional  de derecho procesal  que se realizará los días 28, 29 y 30 de mayo en Costa Rica.

Descargar  aquí programa del  congreso PDF.

PROGRAMA IX CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO PROCESAL (1)

 

Las propuestas de Unasur para acompañar el proceso de paz en Colombia, por Diego Fernando Tarapués Sandino

Las propuestas de Unasur para acompañar el proceso de paz en Colombia, por Diego Fernando Tarapués Sandino

El miércoles  8de abril se llevó a cabo una conferencia en la sede de Unasur, en la cual el Fiscal Eduardo Montealegre departió con los miembros de este organismo sobre el modelo de justicia transicional que viene diseñando el Estado colombiano para facilitar la terminación del conflicto armado y lograr la tan anhelada paz. De la conferencia surgieron algunas propuestas, las cuales tuvieron una mayor difusión gracias a las entrevistas que realizaron los medios colombianos al Secretario General de Unasur, Ernesto Samper, y al Fiscal General de Colombia. Estas propuestas se centran en la posibilidad de crear una comisión de la verdad de composición mixta y en la eventual colaboración de un contingente militar adscrito al organismo con el fin de participar en procesos como el de desarme.

Una comisión de la verdad mixta para el caso colombiano
El Secretario General de Unasur ha puesto sobre la mesa la posibilidad de crear una comisión dirigida a establecer “la verdad social” sobre el conflicto colombiano. Esta comisión estaría conformada por destacados miembros tanto colombianos, como de los demás países sudamericanos. Frente a estos planteamientos, el Fiscal Montealegre ha tildado la propuesta de “muy interesante” y ha enfatizado en que “cualquier esfuerzo regional que pueda contribuir a esclarecer las verdades del conflicto, sin lugar a dudas, va a ser de gran utilidad”. Si bien esta iniciativa surge de un ex mandatario colombiano y cuenta con el beneplácito del máximo jefe del ente acusador, constituye aún una propuesta muy incipiente que a duras penas ha sido conversada informalmente con el presidente Juan Manuel Santos y que, ante todo, exige el pleno convencimiento del Estado colombiano de la conveniencia de una comisión de estas características antes de proceder a una solicitud formal para tal efecto. En relación con esta propuesta surgen algunas inquietudes que desde ya exigen respuestas para tomarla como un planteamiento serio y evitar que se quede en el mundo de las especulaciones.
Indiscutiblemente, Colombia requiere de una comisión de la verdad que ayude a esclarecer los hechos de violencia y, en general, a identificar el por qué de las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas durante un largo periodo de tiempo por los diferentes actores armados institucionales, parainstitucionales y contrainstitucionales. En ese sentido, resulta necesario trabajar en torno a la reconstrucción y narración histórica del conflicto, de modo que las causas y consecuencias del conflicto sean explicadas con claridad y credibilidad. Ya al término del vigésimo segundo ciclo de los diálogos de paz en La Habana se evidenció el interés del gobierno y de la guerrilla en crear una comisión para estos fines, aunque las partes negociadoras difieren del momento de su implementación. Para el gobierno, esta comisión debe crearse “después de que se alcance un acuerdo definitivo de paz”, mientras que los insurgentes consideran que debe conformarse inmediatamente. Además de la controversia relacionada con el momento de inicio, muy seguramente esta comisión también generará diferencias en lo concerniente a su composición. De hecho este factor ya se tuvo en cuenta en la conformación de la “Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas”, cuyo informe -hay que advertirlo- no remplaza la labor que deberá hacer la comisión de la verdad. En ese sentido, la propuesta surgida desde la Secretaría General de Unasur puede constituir una alternativa interesante, ya que este organismo representa un actor internacional en el que ambas partes confían.
No obstante, la comisión no debe orientarse por cuestiones políticas o por salidas conciliatorias entre las partes, sino que debe atender a aspectos jurídicos y a estándares y experiencias comparadas de reconstrucción de la verdad y de la memoria histórica. Desde el plano jurídico, ya existe una disposición constitucional que además de instar a la aplicación de “mecanismos de carácter extra-judicial para el esclarecimiento de la verdad”, faculta, y a la vez compromete, al legislador a “crear una Comisión de la Verdad y [a] definir su objeto, composición, atribuciones y funciones”. De acuerdo a estas directrices fijadas en el artículo transitorio 66 de la Constitución, incorporado por el Marco Jurídico para la Paz, en Colombia existirá sí o sí una comisión de la verdad, pero sus características serán definidas exclusivamente por la Ley. En este orden de ideas, la propuesta surgida desde la Secretaría General de Unasur no solo debe esperar, sino también ajustarse a lo que el legislador determine en esta materia, no al revés. Por consiguiente, el carácter mixto o regional de la comisión así como también la idea de limitarla a un escenario de construcción de la verdad exclusivamente social, principales rasgos de la propuesta de Unasur, deben contar con la venia del Congreso, mas no es suficiente la mera solicitud del Gobierno Nacional a la Secretaría General y a la Presidencia pro tempore de Unasur, tal como lo ha señalado Samper.
Más allá de los formalismos legales y de los buenos gestos de los países de la región en acompañar el proceso de paz, la creación de una comisión de la verdad debe gozar de amplia legitimidad social y esta solo se tendrá con el vivo testimonio de las víctimas que han experimentado los horrores del conflicto y que tienen interés de reconstruir la memoria de lo sucedido. El proceso de creación de la comisión de la verdad exige, por consiguiente, que prime la confianza por parte de las víctimas y de la sociedad por encima de la confianza que pueda despertar Unasur en las partes negociadoras.

El papel de la Fuerza de Paz Cruz del Sur en el posacuerdo

La segunda propuesta consiste en la eventual participación de una fuerza militar de Unasur en situaciones que se darán después de la firma del acuerdo de paz, lo cual constituye una iniciativa más viable que la primera. En concreto, se ha planteado la posibilidad de que la “Fuerza de Paz Binacional Cruz del Sur”, creada inicialmente por Argentina y Chile hace menos de una década y que se encuentra a disposición de la ONU para operaciones de mantenimiento de la paz, pueda acompañar el proceso de desarme y desmovilización de la guerrilla producto de los compromisos derivados de un acuerdo de paz. Esta es una labor operativa donde la confianza que tenga el gobierno y, sobre todo, la guerrilla es determinante para la realización efectiva de estos compromisos. El acompañamiento de organismos internacionales o de ciertos Estados en cuestiones operativas ligadas a hechos de paz no es nada novedoso en nuestro contexto. El acompañamiento de la Cruz Roja Internacional y de países amigos en procesos de liberación de secuestrados, hasta programas como la Misión de Apoyo al Proceso de Paz realizado por la OEA en el proceso con los paramilitares, son comunes y no distan mucho de lo que se plantea con esta posible participación de Unasur en el proceso de desarme y de verificación de los acuerdos. Aquí la confianza, la garantía y la voluntad políticas son claves.

La propuesta que hace el Secretario General de Unasur es muy valiosa, pero obviamente solo es un gesto que demuestra el compromiso e interés de acompañar, ya que la solicitud debe venir directamente del Gobierno y deberá tramitarse por medio del Consejo Suramericano de Defensa. En todo caso, Unasur debería enfocarse primeramente en fortalecer la representación de más países dentro de la Fuerza de Paz Cruz del Sur, para que en realidad pase a ser una verdadera institución con sentido de región, pues hoy en día sigue siendo una fuerza binacional bajo el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU. Mientras llega el momento de la firma del deseado acuerdo de paz, Unasur debería encargarse de organizar adecuadamente esta fuerza a partir de un modelo regional y así mostrar la capacidad para llevar a cabo esta interesante propuesta de manera autónoma. Es decir, la viabilidad de que esta iniciativa se materialice depende más de la capacidad y la garantía técnica y operativa que demuestre, que de la voluntad y la confianza política que le depositen las partes negociadoras.

El mito de la Corte Penal de Unasur

Por último, producto de la formulación de estas nuevas propuestas, se ha especulado nuevamente alrededor del rol que jugaría una hipotética Corte Penal de Unasur en el proceso de paz colombiano. Sobre este punto, tanto el Secretario General de Unasur, como también el Fiscal General han sido tajantes al descartar cualquier competencia de un tribunal regional supranacional en casos vinculados a los hechos de macrocriminalidad cometidos en el conflicto armado colombiano. Esta Corte, si es que verdaderamente se crea (ver análisis al respecto), solo estaría facultada para judicializar casos de crimen organizado transnacional en la región que no se equiparan a los crímenes internacionales que bajo las estrategias de selección y priorización busca investigar y judicializar la justicia transicional colombiana. Por lo tanto, las iniciativas de Unasur de apoyar la creación de una comisión de la verdad mixta y de brindar acompañamiento al proceso de desarme y protección de desmovilizados mediante una fuerza de paz, deben ser vistas por fuera de la propuesta en curso de crear un tribunal penal en América del Sur.

*Profesor de la Universidad Santiago de Cali (Colombia), LL.M. y doctorando de la Universidad de Göttingen e investigador del Cedpal (Alemania). www.tarapues.info

Foto tomada de internet