Posgrado en Derecho Procesal Penal con Mención a los Principios, Garantías y Reglas Constitucionales que Fundamenta el Sistema Acusatorio (Tercera Edición)

INEJ

AN: Aprueba Ley de reforma y adición a la Ley General de Educación

AN: Aprueba Ley

El  26 de marzo la Asamblea Nacional, discutió y aprobó  “PROYECTO DE LEY DE REFORMAS Y ADICIONES  A LA LEY  No. 582, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN”, iniciativa Registro No. 20138062, de forma  unánime con 88 votos presentes del plenario de la Asamblea Nacional.

El objeto de la  Ley  es regular  la emisión de certificados, diplomas y títulos que en materia de formación continua  actualización y estudios profesionales de postgrado en los niveles  de especialización, maestrías y doctorados  imparten los centros e institutos de estudio e investigación, creados de conformidad a la Ley No. 582, Ley General de Educación, publicada en la Gaceta.  Diario Oficial  No 150 del 3 de agosto del 2006”. (art. 1)

Esta reforma no afecta a los Institutos o Centros creados previamente: El Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (Inej), el Instituto Iberoamericano de Estudios e Investigación (Ibesi), el Instituto de Administración y Políticas Públicas (IAP) y el Centro de Estudios Tributarios, Administrativos y Empresariales (Cetae), creados por ley en la Asamblea Nacional y, según indica la reforma a la Ley General de Educación, estos continuarán en el desarrollo de sus funciones, finalidades y actividades de estudio e investigación científica conforme a sus respectivas leyes creadoras, transcribimos la disposición tal y como fue aprobada:

“Articulo  Cuatro. Disposición especial. Se adiciona un nuevo artículo, el que deberá ubicarse posterior al artículo 132 de la ley No 582, ley General de educación, el que se leerá  así:

Artículo 132 bis. En el caso particular de los centros o institutos de estudio e investigación que han sido  aprobados por la Asamblea Nacional  bajo el amparo de la Ley  No 582, Ley General de educación. Estos continuaran de acuerdo  al artículo 38 de la Constitución  Política en el desarrollo de sus funciones, finalidades  y actividades de estudio e investigación  científica conforme a sus  respectivas leyes creadoras  siendo única disposición  aplicable de la presente Ley a tales  centros e institutos.”

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Proyecto de ley de reforma adiciones Asamblea nacional (1)

País tiene 17 nuevos másteres

País tiene 17 nuevos másteres

 La Maestría contribuye, según el rector del INEJ, no solo en lo teórico, sino en el ejercicio del Derecho Público. LA PRENSA/ CORTESÍA

 Roy Moncada

Después de 15 meses de estudio, 17 profesionales nicaragüenses culminaron la Maestría en Derecho Público, realizada por el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ).

En la clausura, Mario Houed Vega, rector del INEJ, manifestó que la Maestría contribuye no solo en lo teórico, sino en el ejercicio del Derecho Público, y viene a fortalecer la institucionalidad de nuestro país y la región.

“Para el INEJ es un honor contribuir con la preparación de profesionales con conocimiento novedoso para el fortalecimiento del Estado social de derecho y proceso democrático que experimenta la región y Nicaragua, sin perjuicio de sus retos internos”, aseguró Houed durante el acto de graduación.

En la clausura fueron reconocidos los tres primeros estudiantes que alcanzaron la puntuación más alta. El promedio más alto de la Maestría fue compartido entre el abogado Aníbal Baldizón Fletes e Iván Lacayo Berríos.

Obligados a la docencia

El abogado Aníbal Baldizón Fletes dijo que “el grado de máster nos obliga a la docencia, a la cátedra, al intercambio de ideas y compartir conocimientos, a un mejor ejercicio de la profesión, contribuyendo con ello a mejorar nuestro sistema jurídico en todos sus niveles”.

Por su parte, Iván Lacayo destacó que el método de la Maestría requirió “más disciplina, más orden, más compromiso, y que con toda certeza aprendieron mucho”.

Baldizón Fletes manifestó que el método aplicado en la Maestría — que fue semipresencial— fue “novedoso, práctico, acucioso, formador en todo el sentido de la palabra (…) y que lograron recibir abundantes conocimientos de un magnífico claustro de profesores y de sus cátedras”

Recuperado de: http://www.laprensa.com.ni/2014/03/14/ambito/186643-pais-17-nuevos-masteres?movil

INEJ capacita a personal del INE

INEJ capacita a personal del INE

Funcionarios formados en especialidad de derecho administrativo

Más de 25 funcionarios del Instituto de Energía Eléctrica (INE) se graduaron en la especialidad de Derecho Administrativo que el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ) llevó a cabo a lo largo de 12 meses en Managua.

Esta especialidad, que el INEJ ganó en una licitación de contratación menor, tenía como objetivo “proporcionar al funcionario del INE una perspectiva conceptual y práctica del Derecho Administrativo contemporáneo y formar profesionales del Derecho Administrativo a través de concienciación y capacitación, para que utilicen dichos conocimientos en su actividad profesional y funcionarial y así fortalezcan un normal y adecuado desarrollo del servicio público para la configuración de las necesidades del administrado y la protección de sus derechos fundamentales”, expresó el rector del INEJ, el doctor Mario Houed Vega.

En la actividad se otorgaron diplomas de honor a los alumnos con más alto promedio, tal es el caso del ingeniero y abogado Hjalmar Ruiz Tückler con 99, quien además expresó a las autoridades del INEJ, “que el contenido y desarrollo de la especialidad, así como la preparación y experiencia de los miembros del instituto han sobrepasado nuestras expectativas”.

Recuperado de: http://www.laprensa.com.ni/2014/03/12/ambito/186309-inej-capacita-a-personal

 

Ley No. 854/2014, Ley de reforma a la Constitución Política de la República de Nicaragua.

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Para su información y uso, dejamos el texto escaneado de la Ley No. 854/2014, Ley de reforma a la Constitución Política de la República de Nicaragua.

Descargar: Ley de reforma a la constitución

Revista Justicia de la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras

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Revista Justicia, Asociación de Jueces por la Democracia. II Época, Año 6, Nº 13, Diciembre, Tegucigalpa, Honduras.

Descargar revista completa:

Revista Justicia 2a época Año 6 No 13 Honduras (1)


“La Justicia (independiente) como presupuesto para el desarrollo de los derechos humanos y de la economía”, por Sergio Cuarezma Terán

Honduras conferenica

Ponencia presentada en Tegucigalpa, Honduras, última y primera semana de octubre y noviembre del 2013, en un Encuentro de Juristas Europeos y Centroamericanos sobre «Experiencias sobre la defensa de la Independencia Judicial».

Descargar  Artículo :

Revista la justicia independiente como presupuesto para el desarrollo

Análisis del fallo sobre el Marco Jurídico para la Paz, por Kai Ambos y John Zuluaga

COLOMBIA DESMOVILIZACION PARAMILITARES

Análisis del fallo sobre el Marco Jurídico para la Paz*

Kai Ambos y John Zuluaga**

La sentencia de la Corte Constitucional sobre el llamado Marco Jurídico para la Paz (MJP) resolvió la demanda planteada a las expresiones “máximos”, “cometidos de manera sistemática” y “todos los”, contenidas en el artículo 1º del Acto Legislativo 01 del 2012. La decisión es de especial relevancia, pues aborda la discusión sobre la constitucionalización de mecanismos de justicia transicional (JT), concretamente de la aplicación de criterios de selección y priorización en la judicialización de crímenes internacionales.

En una sentencia muy extensa (más de 400 págs.) y sin antecedentes en Latinoamérica, la Corte declaró la exequibilidad de las expresiones demandadas. El fallo es un aporte muy importante para la comprensión de mecanismos de JT, incluso más allá del caso colombiano. En ella, la Corte intenta plantear unas líneas de interpretación que comprometan tanto el respeto de la obligación de investigar y juzgar, como también los derechos de las víctimas y el fin de la “paz estable”.

Sin embargo, es necesario abordar algunos puntos de la sentencia que hacen difícil establecer el alcance de las expresiones demandadas y del mismo MJP. Por razones de espacio, comentaremos solo algunos puntos especialmente relevantes.

Sobre el uso del “juicio de sustitución”

La Corte, siguiendo la doctrina del juicio de sustitución, se pregunta si el MJP sustituye un pilar fundamental de la Constitución, o sea, concretamente como premisa mayor, el deber de investigar y juzgar adecuadamente todas las graves violaciones de derechos humanos (DD HH) y las infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario (DIH) (párr. 3). Mientras que, en la demanda, se afirmó que este pilar fundamental constituye una regla y, por lo tanto, no admite restricción, la Corte sostiene que tiene el carácter de principio y, por ello, puede ser objeto de ponderación.

Como resultado, la Corte encontró que la incorporación a la Constitución de la estrategia de seleccionar y priorizar en la investigación de graves violaciones de DD HH en los así denominados “macroprocesos”, e imputarlas a sus máximos responsables (premisa menor) se encuentra justificada. La Corte alude a dos razones: por una parte, dicha estrategia contribuye de manera eficaz al logro de la garantía de no repetición. Por otra parte, se justifica, dado que no significa “que se dejen de investigar todos los delitos (…), sino que permite que sean imputados solo quienes cumplieron un rol esencial en su comisión”. Adicionalmente, la Corte determinó que se debe asegurar, como mínimo, que se enjuiciarán los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática.

Al analizar la renuncia condicionada a la persecución penal (también parte de la premisa menor), la Corte sostuvo que ello se justifica, dado que se encuentra limitada al no ser aplicable a los máximos responsables de los crímenes graves mencionados. Para la Corte, la renuncia condicionada se justifica como resultado de la ponderación entre la obligación de investigar, juzgar y sancionar las violaciones a los DD HH y al DIH, con la garantía de no repetición de dichas violaciones. La Corte afirma que las medidas orientadas a una ejecución “alternativa” del castigo (suspensión condicional de ejecución de la pena, sanciones extrajudiciales, penas alternativas y modalidades especiales de cumplimiento) no implican por sí solas una sustitución de la Constitución. El fundamento de esta conclusión es la orientación de dichas medidas a la satisfacción de los derechos de las víctimas (verdad, justicia, reparación y no repetición).

Del juicio de sustitución como método de análisis y del uso del mismo dado por la Corte se podría discrepar en diferentes aspectos: primero, su fundamento se encuentra en una norma constitucional que solo hace referencia al control formal de las reformas constitucionales. Segundo, resulta peculiar el hecho de que sea la misma Corte la que establezca cuáles aspectos constituyen pilares fundamentales o elementos definitorios de la Constitución (límites del juicio de sustitución), los cuales, por consiguiente, no pueden ser modificados sin que se incurra en una “sustitución”. En síntesis, la aplicación de dicho método de análisis debe dar cuenta de componentes argumentativos más estrictos en su sistemática (premisa mayor, menor y análisis de sustitución), para que el mismo no se tergiverse como un discurso formal o superficial en una decisión de constitucionalidad.

Constitucionalización de la JT

La elevación a rango constitucional de la JT no solo es aceptada por la Corte, sino que en la sentencia se establecen algunos aspectos fundamentales para la comprensión de la categoría JT en el modelo constitucional. Por un lado, la declaración de los derechos de las víctimas como derechos constitucionales y, por el otro, el concepto de JT bajo la idea de un modelo holístico en donde el juez constitucional debe encontrar un balance entre los intereses y valores enfrentados. Sin embargo, las consideraciones de la Corte son discutibles, por lo menos, en dos aspectos.

En cuanto a los objetivos de la JT, la sentencia presenta una valoración incompleta de dos temas: reconciliación y fortalecimiento de la democracia. En cuanto al primer punto, se extraña una referencia al propio debate constitucional que se abrió cuando, precisamente, se presentó una demanda contra el concepto de reconciliación de la Ley 975 del 2005, y que la Corte resolvió en la Sentencia C-1199 del 2009. Sobre el segundo punto, es discutible si el fortalecimiento democrático – propio de la agenda de un Estado de derecho moderno y de los principios de “buen gobierno” – debe hacer parte de la agenda de transición, mucho más si se tiene en cuenta que la transición colombiana es más hacia el cese de la violencia que de una transición a la democrática.

Frente a los mecanismos de JT, la sentencia parece confundir el sustento de justicia que justifica su creación con los mecanismos propiamente dichos. La sentencia señala como mecanismos de JT: la justicia penal, histórica, reparadora, administrativa y “otras medidas”. La forma como la Corte aborda estos mecanismos no deja claro si a lo que se hace referencia es a las necesidades de justicia, frente a las que se busca dar respuesta con estos mecanismos, o a los mecanismos específicos a través de los cuales se expresa la JT. Por otro lado, el estudio comparado sobre procesos transicionales realizado por la Corte no resulta útil ni genera una conclusión que sea de provecho para el resto de la sentencia. La Corte efectúa una descripción superficial de cada uno de los casos sin establecer ejes o instituciones comparativas. Tampoco menciona, en su análisis comparado, medidas como las comisiones de verdad u otras que han sido de vital importancia para el desarrollo de estos procesos en las experiencias nacionales.

Consideraciones sobre el análisis de sustitución

(i) De la paz estable y duradera

Para la Corte, el derecho a la paz impone el deber de prevención de la guerra y morigerar (solucionar) los efectos del conflicto. Sin embargo, la Corte misma deja abierta la pregunta: ¿cómo y cuándo se considera solucionado el conflicto armado? De las consideraciones de la sentencia, así como de la exposición de motivos se deduce la prevalencia de una interpretación basada en un criterio formal (acuerdo de paz) para entender la terminación del conflicto.

A nivel de las discusiones sobre consolidación de la paz como consecuencia de la terminación del conflicto, la Corte descuida que el criterio determinante para definir la terminación de un conflicto no internacional es el cese real de hostilidades. Independiente de un acuerdo de paz, el DIH sigue siendo aplicable, si las condiciones de la violencia llegan al umbral del conflicto armado.

La comprensión sobre el momento a partir del cual se considera terminado el conflicto armado colombiano, más allá de un acuerdo de paz, tiene otras importantes repercusiones en la forma como se entenderá la continuidad de la violencia, especialmente de los grupos guerrilleros que no lleguen a desmovilizarse en caso de un acuerdo de paz. Se plantea la pregunta de si aquellos grupos no desmovilizados (como Bacrim) pueden llegar a ser considerados partes del conflicto (¿combatientes o delincuentes?).

(ii) Selección y priorización

Respecto al análisis de los criterios para una estrategia de selección y priorización, puede decirse que la Corte se desentiende de una plataforma conceptual previa que ya había sido desarrollada fundamentalmente a partir de la Directiva 001 de la Fiscalía General de la Nación (FGN) y que anticipó, incluso, la ley estatutaria que debe expedirse para tales fines.

En las justificaciones para la adopción de criterios de priorización, la Corte aborda cuatro temas de especial relevancia: (i) impacto externo e interno de las estrategias de priorización, (ii) contexto y gravedad del hecho punible como fundamento para la definición de criterios, (iii) profesionalismo y objetividad de los criterios y (iv) legitimidad del proceso. Sin embargo, las razones expuestas resultan discutibles en el siguiente sentido: primero, la idea de comunicación y manejo de expectativas de la población de ningún modo resulta determinada por la formulación de un criterio de priorización. Segundo, el argumento sobre el nivel de realidad que se encuentra detrás de la adopción de criterios es vago. La expresión “ambiente politizado” usada por la Corte no representa ningún concepto analítico.

Tercero, la discusión sobre la limitación de la discrecionalidad en la investigación penal no se puede reducir a categorías inocuas como “profesional” y “objetivo”. La Corte omitió introducir un análisis más amplio de la base estatutaria o legal que regula la discrecionalidad en el ejercicio de la investigación penal. Cuarto, resulta inapropiada la relación directa entre absolución (falta de castigo) y sensación de abandono de ciertos grupos. La privación de libertad solo es un medio “histórico contingente” y superable, para plasmar el contenido simbólico-expresivo de la reacción a comportamientos criminales expresada en el proceso penal a través de la sentencia.

(iii) La expresión “cometidos de manera sistemática”

La Corte equipara equivocadamente el significado de la expresión “cometidos sistemáticamente” al elemento contextual material que caracteriza a los crímenes de guerra. Los crímenes de guerra por definición son conductas ligadas a un conflicto armado; no requieren  un patrón o línea de conducta, es decir, una práctica sistemática, tal como ocurre con los crímenes de lesa humanidad. Si la expresión “cometidos sistemáticamente” realmente equivaliese al nexo que debe existir entre el crimen y un conflicto armado, no tendría ningún sentido haberla incluido en el texto del artículo 1º del MJP. Esta postura tendría, además, consecuencias problemáticas en la interpretación de los delitos del Código Penal, en donde se sancionan infracciones al DIH.

(iv) Máximos responsables

Esta expresión puede ser entendida de dos maneras: ya sea como los jefes máximos de la organización, o bien como las personas con mayor jerarquía o poder de mando en cuanto a los hechos concretos a ser imputados penalmente. En el primer caso se estaría hablando, por ejemplo, de la investigación penal en contra de los miembros del secretariado del grupo guerrillero FARC. En el segundo caso se estaría haciendo alusión también a mandos medios o, incluso, a eslabones más bajos de la cadena de mando. La Corte utiliza de manera indiferenciada estas dos formas de comprensión. Sin embargo, cualquiera de los dos sentidos conduce a restricciones, pues no todas las conductas pueden ser imputadas a jefes máximos y porque los miembros de menor jerarquía no serían en principio un objeto relevante de investigación penal.

Hubiese sido más consistente con la finalidad del MJP aceptar que la FGN puede seleccionar del universo de conductas que constituyen crímenes de guerra únicamente las que fueron cometidas de manera sistemática -entendiendo la sistematicidad solo como un criterio que señala la gravedad que las conductas deben tener, precisamente, para ser seleccionadas-. De esta manera, los esfuerzos de investigación se podrían concentrar en quienes desde las instancias más altas organizaron su perpetración, acogiendo entonces la primera interpretación aquí expuesta de la noción “máximos responsables”.

*Este artículo se basa en las conclusiones generales del seminario Análisis de la sentencia de la Corte Constitucional sobre el Marco Jurídico para la Paz, que se realizó el pasado 7 de enero, en el Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano (CEDPAL) de la Georg-August-Universität Göttingen (Alemania); véase en http://cedpal.uni-goettingen.de/index.php/2013-12-29-19-06-16/seminarios.

**Kai Ambos es catedrático de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Comparado y Derecho Penal Internacional en la Georg-August-Universität Göttingen (Alemania); Juez del Tribunal Estadual (Landgericht) y Director del CEDPAL. John Zuluaga (LL. M) es doctorando e investigador adscripto al CEDPAL.

Recuperado: http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti140127-06_analisis_del_fallo_sobre_el_marco_juridico_para_la_paz/noti140127-06_analisis_del_fallo_sobre_el_marco_juridico_para_la_paz.asp?Miga=1

Winfried Hassemer: un discrepante a favor de las libertades, por John Zuluaga

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Winfried Hassemer: un discrepante a favor de las libertades , po John Zuluaga

(17.02.1940 – 9.01.2014)

1. El profesor Hassemer fue un pensador preocupado por advertir los peligros de un Derecho penal libre de las ataduras del Estado de derecho. Su reserva y su precaución frente a los agudos y sensibles instrumentos del Derecho penal los sintetizó en el concepto de “formalización del control social” (Formalisierung der sozialen Kontrolle), clave importante para discutir en torno a la justificación del derecho penal.

Se destacan dos momentos en la concepción de su metodología de análisis. Por un lado, su trabajo de habilitación – “Teoría y sociología del delito (1992)” – marcó la apertura de sus reflexiones sobre el Derecho penal desde una perspectiva sociológica. Por otro lado, durante su carrera como Catedrático en la Johann Wolfgang Goethe-Univertsität de Frankfurt, desarrolló muchos de sus planteamientos teórico-penales bajo la forma de un Derecho penal constitucional, en uno y en otro caso, subrayando siempre la importancia de las clásicas categorías limitadoras del Derecho penal como, por ejemplo, el principio de culpa en el contexto de una discusión orientada por la proporcionalidad y el respeto de los derechos fundamentales. Herzog y Neumann (Festschrift 2010, p. IX s.) logran una síntesis de las características fundamentales del pensamiento de Hassemer:

“-Inamovible de la crítica fundamental del abolicionismo y discrepante frente a las indicaciones estrictas de la criminología crítica referidas al sufrimiento traído por el sistema de justicia criminal;

“- Distante frente a un paternalismo terapéutico irreflexivo aparentemente progresista en la ejecución de la pena;

- No perturbado por la colocación del Derecho penal como un lado oscuro del poder llevada a cabo por Foucault y sus discípulos;

- Claramente distanciado del funcionalismo teórico penal y frente al racionamiento instrumental en cuestiones de política criminal;

- De arraigo definido en la creencia sobre lo indisponible y la determinabilidad del Derecho penal, lo que en su ejecución refleja un injusto flagrante;

- Claro en la defensa del fundamento liberal del Derecho procesal penal al frente de la ´contrarreforma´;

- Decidido por un Derecho penal vinculado a la protección del bien jurídico, en el que se preserve el principio de ultima ratio y el principio in dubio pro libertate y que, por ende, es proporcionalmente justo.” (Traducción propia)

2. A pesar de su importante carrera académica, fue mucho más visible para la opinión pública como Magistrado del Tribunal Constitucional alemán con sede en Kalsruhe. Allí prestó sus servicios desde 1996, siendo su Vicepresidente hasta el 2008, momento en el que cerró su período en dicho Tribunal. En su paso por el Tribunal Constitucional alemán dejó constancia de la importancia de reflexionar sobre el Derecho penal y el proceso penal, más allá de cada detalle de teoría y práctica, por medio de preguntas fundamentales como ¿para qué el Derecho penal?. De manera especial se puede mencionar dos sentencias que dejan una gran constancia de sus reflexiones. Por un lado, su aislada posición contra la punibilidad del incesto (Inzestverbot) que se dio al final de su periodo en el Tribunal Constitucional. En esa ocasión se opuso por medio de un voto disidente, con el que demostró exhaustivamente por qué la prohibición de incesto era inconstitucional desde el punto de vista de los fines del Derecho penal y del principio de proporcionalidad. Hassemer sustentó por qué no hay violación de un bien jurídico cuando se trata de una relación voluntaria y por ello  entendía que se trataba de un tipo inconstitucional. Por otro lado, la sentencia relativa a los allanamientos en los casos de peligro por la demora (Wohnungsdurchsuchungen in Fällen von Gefahr im Verzug). La facultad policial de ejercer un allanamiento sin orden judicial previa, que el Código procesal penal alemán prevé como excepción en casos de “peligro por la demora”, en la Alemania de los años 90 se habia convertido en regla. Hassemer reiteró la importancia de la reserva judicial y orientó a una interpretación estricta del peligro en la demora (Art. 13 (2) GG). Esta posición fue un soporte fundamental para que el Tribunal constitucional alemán declarara en el año 2001 como inconstitucional el tratamiento laxo de la reserva judicial. Asimismo, la sentencia sobre la interceptación satelital de supuestos autores de hechos punibles por medio de GPS (satellitengestützte Überwachung). En ésta sentencia se determinó que con la introducción de modernos métodos de investigación, los órganos de investigación penal tienen que atender altas exigencias procesales y tener especial consideración del peligro potencial “aditivo” inherente a la intervención en derechos fundamentales.

También deben ser mencionados dos fallos relevantes en los que abordó diferentes temas sobre DD.HH. y DIH. Primero, la sentencia sobre el Caso Görgülü (Rechtssache Görgülü), en la que encausó la discusión sobre los fundamentos metodológicos para la consideración de la Convención Europea de Derechos Humanos en el marco del ordenamiento jurídico alemán. Segundo, en su último acto oficial antes de dejar el servicio en el Tribunal Constitucional, la sentencia acerca del uso de los aviones AWACS, durante la guerra de Irak en 2003 (Einsatz deutscher Soldaten in AWACS-Flugzeugen der NATO), en la se restringió la competencia de decisión militar del ejecutivo y se reiteró la importancia de discusión parlamentaria para la decisión de intervenciones militares en conflictos internacionales.

3. Fue elogiado con múltiples títulos Honoris Causa y el reconocimiento a su trayectoria tuvo una escala global. En 2008 recibió la Große Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband por parte de la República Federal de Alemania y asimismo la Wilhelm-Leuschner-Medaille¸ el reconocimiento más importante que se entrega en el Estado de Hessen (Alemania). Después de su fallecimiento uno de los mejores reconocimientos que se podría realizar en memoria de Hassemer pasa por la continuidad en el planteamiento de preguntas directamente relacionadas sobre el sentido y fin del Derecho penal y de la pena. En tiempos de vigilancia aparentemente absoluta (e.g. NSA) y de narrativas políticas que invocan concepciones absolutas de valores constitucionales (e.g. seguridad, paz, justicia), vale recordar la razón imperturbable de Hassemer y su lucha tenaz por las libertades de los ciudadanos frente al poder estatal.

John Zuluaga (LL.M) es Doctorando e investigador adscripto al Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano (CEDPAL) de la Georg-August-Universität Göttingen (Alemania).

No prestar asistencia letrada a detenidos si la policía oculta su rostro en el interrogatorio

Testigo rostro cubierto

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid:

EL COLEGIO PIDE A SUS ABOGADOS NO PRESTAR ASISTENCIA LETRADA A LOS DETENIDOS SI LA POLICÍA OCULTA SU ROSTRO EN EL INTERROGATORIO

Traslada la denuncia al Defensor del Pueblo, Ministerio del Interior, Fiscalía General del Estado, Consejo General del Poder Judicial y Consejo General de la Abogacía

Madrid, 13 de enero de 2014.- La Junta de Gobierno del ICAM, ha interpuesto ante el Defensor del Pueblo una queja por los interrogatorios  a detenidos por parte de policías encapuchados y la reiterada negativa de la Dirección General de la Policía de incorporar dichas recomendaciones en sus normas de actuación en la instrucción de atestados.

La Junta recomienda a sus abogados que en las asistencias letradas al detenido, en sede policial, se ajusten siempre con pleno respeto a su libertad e independencia reconocida en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y en el Estatuto General de la Abogacía (EGAE).

(*) Artículos 542 (LOPJ) y 33(EGAE)

Por todo ello, la Junta de Gobierno ofrecerá su amparo y protección de la libertad e independencia de los letrados que actúen conforme a la Ley.

Estas recomendaciones de la Junta han sido trasladadas al Consejo General de la Abogacía Española, a la Defensora del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Ministerio del Interior y al Consejo General del Poder Judicial para su conocimiento y efectos.

También se pide la implantación de la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre, pidiendo la colaboración de todos  y solicitando de los abogados su colaboración para recibir todas las incidencias que se produzcan.

Estas acciones responden a una petición de la Asociación Libre de Abogados (ALA) que solicitó la adopción de medidas para garantizar el Derecho de Defensa, tras las irregularidades ocurridas en las detenciones de ciudadanos, en febrero de 2012, con ocasión de su participación en actos reivindicativos, en los cuales los agentes encargados de la toma de declaraciones ocultaron sus rasgos con diferentes tipos de prendas.

En su momento, la Defensora del Pueblo se mostró en contra de estas prácticas y solicitó a la Dirección General de la Policía que se dieran las instrucciones oportunas para que no se volvieran a repetir estas actuaciones.

(*) Artículos 542 (LOPJ) y 33(EGAE) dice que: “El abogado, de libre designación o por asistencia de Turno de Oficio, solicitará, cuándo alguno o todos los agentes encargados de la instrucción del atestado policial oculten su rostro con prendas que no forman parte de la uniformidad reglamentaria que se ajusten a las recomendaciones realizadas por la Defensora del Pueblo, negándose a la prestación de la asistencia si dicha recomendación no fuera atendida”.

Además, “El abogado que, ante la negativa de losa gentes a cumplir las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, se niegue a la prestación de la asistencia en dichas condiciones habrá de solicitar que conste dicha circunstancia en el atestado mediante la oportuna diligencia de comparecencia, comunicándolo de forma inmediata al Servicio de Asistencia Letrada al Detenido para que se ponga en conocimiento del diputado de Guardia a los efectos de no proceder al envío de nueva asistencia letrada si a tal fin fuera requerido el colegio de Abogados. En ese supuesto, el letrado habrá de articular las medidas necesarias para evitar cualquier prolongación indebida de la privación de libertad poniéndolo en conocimiento del Juez de Guardia mediante la fórmula que entienda más ajustada a la defensa de los derechos de su defendido. Los letrados, cuándo hayan actuado de conformidad con lo previsto en este apartado, una vez finalizada su asistencia, comunicarán a la Junta de Gobierno el resultado de las actuaciones e incidencias acontecidas si así lo estimaran pertinente”.

Recuperado de: http://www.icam.es/web3/cache/P_NOT_20140113_329.html

Foto de: Ernesto García | Nuevo Diario

Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano.Nueva institución de la Universidad de Göttingen

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Comunicado de prensa. Nr. /2014 – 2014

Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano. Nueva institución en la Facultad de Derecho de la Universidad de Göttingen, Alemania.

Promover la investigación y la enseñanza del derecho penal y la justicia penal, a través de diversas modalidades, es el objetivo de un nuevo Centro de Estudios instituido en la Universidad de Göttingen. El Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano – CEDPAL (Forschungsstelle für lateinamerikanisches Straf- und Strafprozessrecht) es una entidad autónoma del Instituto de Ciencias Criminales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Göttingen y parte integrante del Departamento para Derecho Penal Extranjero e Internacional. En el marco de un seminario sobre la reciente sentencia de la Corte Constitucional colombiana sobre el proceso de paz en Colombia comenzó el CEDPAL a inicios de este año sus actividades. El seminario fue organizado en cooperación con el Programa Estado de Derecho para América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

El nuevo Centro de Estudios cuenta con un Consejo Científico integrado por calificados científicos de América Latina, Europa y los Estados Unidos de Norteamérica. El Centro posee una biblioteca especializada en derecho penal extranjero e internacional con más de 12.000 títulos y 100 revistas extranjeras, de los cuales cerca de la mitad corresponden a obras del derecho penal latinoamericano, español y portugués. Para este año están planeados otros dos seminarios. Uno, sobre el rol de la policía en Brasil y, el otro, sobre temas de lavado de dinero y “compliance“ en Perú. También para este año está proyectado un curso sobre problemas fundamentales del derecho penal y procesal penal para juristas brasileros y en 2015 tendrá lugar nuevamente la Escuela de Verano para juristas de toda América Latina. Además, el Centro elabora dictámenes sobre cuestiones de derecho penal y procesal penal latinoamericano. Los idiomas de trabajo del CEDPAL son español y portugués.

Dirección de contacto:

Prof. Dr. Dr. h.c. Kai Ambos
Universidad Georg-August de Göttingen

Facultad de Derecho – Instituto de Ciencias Criminales

CEDPAL – Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano

Platz der Göttinger Sieben 5, 37073 Göttingen

Teléfono (0551) 39-7430, E-Mail: cedpal@uni-goettingen.de

Internet: www.cedpal.uni-goettingen.de/



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