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Anotaciones preliminares sobre la sentencia C-577 de 2014. A propósito de la participación política de combatientes, por John Zuluaga

Anotaciones preliminares sobre la sentencia C-577 de 2014. A propósito de la participación política de combatientes, por John Zuluaga

El pasado 06.08.2014 la Corte Constitucional presentó su decisión sobre la segunda acción de inconstitucionalidad instaurada contra el Marco Jurídico para la Paz (MJP), en la que se demandó el Artículo transitorio 67 de la Constitución Nacional de Colombia (CN), incorporado por el Artículo 3 del Acto Legislativo 01 de 2012 o MJP (véase comunicado de prensa 31). El problema discutido fue si había una sustitución de los parámetros constitucionales de participación democrática a raíz de la no inclusión de los “crímenes de guerra, los delitos transnacionales el narcotráficos, y los actos de terrorismo como límites al legislador al momento de determinar qué delitos son conexos al delito político para efectos de participación en política” (Nr. 3. Síntesis de los fundamentos). La decisión de la Corte es especialmente relevante, por un lado, en la delimitación del alcance del mismo MJP acerca de las reglas introducidas para la participación política de integrantes de grupos armados organizados al margen de la ley (GAOML). Por otro lado, complementa la sentencia C-579 de 2013 sobre el MJP. Este último fallo, que ya hemos analizado extensamente en otro momento (véase nuestro estudio sobre la sentencia C-579 de 2013), abordó la discusión sobre la aplicación de criterios de selección y priorización en la judicialización de crímenes internacionales ejecutados durante el conflicto colombiano. Si bien el comunicado de prensa permite sólo un acercamiento a los aspectos esenciales de la sentencia, delimita el alcance del Art. transitorio 67 CN, lo cual ameritaría unos comentarios preliminares:

1. (Re) delimitación de la conexidad con el delito político

Siguiendo el tenor literal del Art. transitorio 67 CN, la Corte ratifica la definición negativa del delito político, es decir, determina qué no se puede entender como delito político. A partir de ello excluye la conexidad del mismo con “los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática”. Al tratarse de una delimitación negativa – no incluyente, sino excluyente de esas dos connotaciones punibles -, debe decirse que no se restringe una discusión más amplia sobre la tipificación o no de otros delitos políticos. En otras palabras, la definición sobre los ámbitos de conexidad del delito político esta aún en manos del legislador (libertad de configuración legislativa). Así lo ratifica la Corte al exhortar a la adopción de una Ley estatutaria – de rango constitucional – que determine qué delitos se consideran conexos al delito político. La definición de los delitos conexos permitiría concretar los ámbitos de reproche penal que no excluirían la posibilidad de participación en política de quienes hayan tomado parte en el conflicto.

Esta primera delimitación dada por el Art. transitorio 67 CN y ratificada por la Corte, debería necesariamente establecer cuál es el fundamento de exclusión de los crímenes de lesa humanidad (CLH) y genocidio como conexos al delito político. Una respuesta a ello no se encuentra ni en la exposición de motivos del MJP, ni en el comunicado de prensa dado por la Corte. En la normatividad internacional, aunque la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados en el Art. 1 lit. F delimita algunos hechos punibles por los cuales no es aplicable dicha Convención, es decir, por los que se negaría la condición de refugiado (de cierta manera análoga a la de los perseguidos por delitos políticos), tampoco existe una expresa prescripción normativa internacional a partir de la cual se establezca la exclusión de conexidad aludida en el Art. transitorio 67. De una interpretación sistemática del Acto Legislativo 01 de 2012 se podría deducir que el MJP busca un tratamiento (reproche) especial a los máximos responsables de CLH, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. Así se desprende del Art. 1 inc. 4 MJP (Art. transitorio 66) que concreta el ámbito material y subjetivo de aplicación del MJP. En ese sentido, las reglas que incorpora el Art. transitorio 67 CN presentarían por lo menos dos incoherencias frente a dichos ámbitos de aplicación del MJP. Primero, la delimitación negativa de conexidad no vincula los crímenes de guerra. Segundo, la exclusión aludida no se concreta sólo frente a los máximos responsables, sino que, al contrario, subordina esa decisión a la libertad de configuración legislativa. Si bien no se puede equiparar el régimen procesal penal (Art. transitorio 66) con el régimen de participación política que desarrolla el MJP (Art. transitorio 67), la reproducción del tenor literal del Art. transitorio 67 por parte de la Corte incurre en la misma generalización del contenido de dicho artículo. Ello desconoce, en principio, el alcance de los instrumentos de Justicia transicional (criterios de priorización y selección) que precisamente incorporó el Art. transitorio 66 CN ante la imposibilidad de investigaciones y juzgamientos exhaustivos (véase al respecto nuestro análisis en ZIS 4/2014 pp. 171 ss.). En ese sentido, ante la ausencia de criterios de armonización entre estos dos regímenes, se desprenden dos preguntas que deberán profundizarse una vez que se haga la publicación integra de la sentencia: ¿estarían excluidos de participar en política aquellos que no son máximos responsables de CLH y genocidio? ¿Debería el sistema de justicia transicional descifrar todos los responsables de CLH y genocidio para determinar quienes están excluidos para participar en política?

2. De las condiciones de exclusión para participar en política       

Reproduciendo el Art. transitorio 67 CN, la Corte afirma que “no podrán participar en política quienes, en el marco de los instrumentos de justicia transicional previstos por el artículo transitorio 66 de la Constitución, hayan sido seleccionados y condenados por estos delitos” (CLH y genocidio cometidos de manera sistemática). Esta regla de aplicación del Art. transitorio 67 prevé la “selección y condena” como condiciones para la determinación de quienes no podrán participar en política. En ese sentido, esto supone que la exclusión de participación se tramita y se define a partir del sistema de selección y priorización, que fue elevado a rango constitucional por el MJP. En otras palabras, la aplicación de los criterios de selección y priorización representaría el “filtro” que conduce a la decisión de condena y negación de los derechos políticos de integrantes de GAOML. Esto daría a entender, de entrada, que no todos los vinculados a hechos representativos de CLH o genocidio serán judicializados. Así se desprende no sólo del MJP, sino también de la Directiva 001 de 2012 de la Fiscalía General de la Nación y los diferentes planes de acción diseñados a partir de la misma (véase en detalle nuestras Observaciones a la Directiva 001). Por lo tanto, los sujetos y los casos que no lleguen al umbral de responsabilidad (máximos responsables), representatividad e impacto que supone el sistema de selección y priorización no serán, en principio, condenados por CLH o genocidio y, por lo tanto, no podrían considerarse excluidos de participar en política.

3. Los dilemas de la inclusión para participar en política

Las condiciones de exclusión para participar en política planteadas por el Art. transitorio 67 dejan un vacío a la hora de resolver el dilema de exclusión/inclusión de algunos supuestos concretos. Primero, en tanto los requisitos de “selección y condena” son acumulativos, el tenor literal del Art. transitorio 67 CN pareciera no dar lugar a una amplificación del condicionamiento. Por lo tanto, en principio, este ámbito de exclusión para participar en política no podría extenderse a los no seleccionados ni condenados, más allá de si son hipotéticamente responsables de CLH y genocidio. En estos casos (no seleccionados ni priorizados), como se advirtió antes, la posibilidad de participar en política seguiría vigente, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la Corte (verdad y reparación). Sin embargo, es un asunto en el cual la Corte deberá profundizar mucho más.

Segundo, en la impugnación al Art. transitorio 67 CN se reprochó que dicho artículo conducía a que responsables de CLH ejecutados de manera no sistemática pudieran participar en política. Dicho supuesto debe descartarse, es decir, la discusión sobre los responsables de CLH o genocidio que no fueron cometidos de manera sistemática no tiene sentido. Así como lo señalamos en el análisis a la sentencia C-579 de 2013, la mención adicional de la expresión “cometidos de manera sistemática” es antitécnica (véase una síntesis de las críticas en ZIS 4/2014 p. 175). La sistematicidad de los hechos punibles tiene una connotación diferente ya en los CLH o en el genocidio, sin embargo es un elemento connatural de los mismos. En el caso de los CLH, el ataque sistemático es un elemento esencial, es decir, actos aislados o espontáneos no se pueden calificar como CLH. En ese sentido, debe descartarse cualquier consideración sobre responsables de CLH cometidos de manera no sistemática.

Tercero, como se ha dicho, el Art. transitorio 67 CN excluye la posibilidad de participación política frente a los supuestos de CLH y genocidio. Sin embargo, esta posibilidad también podría abarcar crímenes de guerra cuando los mismos puedan ser aplicados junto a genocidio y/o CLH, es decir, en los supuestos de un concurso ideal. Esta hipótesis de concurso ha sido reconocida por la jurisprudencia de diferentes Tribunales penales internacionales y con ello se ha aceptado que una misma conducta puede constituir diferentes delitos (unidad de acción y pluralidad de hechos punibles).

4. De la promulgación de una Ley Estatutaria

Al exhortar a que se adopte una Ley estatutaria que determine qué delitos se consideran conexos al delito político, la Corte advierte que se trataría de un instrumento de carácter excepcional y estaría dirigido a facilitar la terminación del conflicto armado interno y a lograr una paz estable y duradera. Esta primera regla reproduce la primera parte del Art. 3 MJP y lo vincula a la teleología del mismo Marco (Art. 1). Independiente del debate sobre los contenidos de la futura Ley y las discusiones sobre la vigencia de la misma (¿aplicación irretroactiva?), esta pauta de interpretación amerita un comentario. Tal como lo advertíamos en el análisis a la sentencia C-579 de 2013 (véase una síntesis de los comentarios en ZIS 4/2014 p. 169 ss.), la Corte asume una comprensión formal sobre el significado de terminación del conflicto. En la sentencia C-579 aludió al acuerdo de paz como condición para la finalización del mismo. En este segundo pronunciamiento, exhorta a la promulgación de una Ley Estatutaria que regule la participación política de quienes hayan tomado parte en el conflicto. En ese sentido, no sólo se diluye el énfasis que debería dársele al criterio material y determinante (cese real de hostilidades) para la comprensión de la finalización del conflicto, sino que, además, sigue alimentando la falacia normativista que envía el mensaje tan equívoco y tan discutible de que para la paz y, ahora, para la participación política de combatientes bastaría con mecanismos formales y jurídicos.

* John Zuluaga (LL.M) es Doctorando e investigador adscripto al Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano (CEDPAL) de la Georg-August-Universität Göttingen (Alemania).

Documento PDF:

Análisis de la sentencia C 577 de 2014 (1)

El Derecho Penal Económico Brasileño en un Análisis Constitucional, por Diego Bayer y Thiago Minagé

El Derecho Penal Económico Brasileño en un Análisis Constitucional, de Diego Augusto Bayer1 y Thiago M. Minagé2

El Centro de Investigación Interdisciplinaria en Derecho Penal Económica, ha actualizado su contenido con el trabajo “El Derecho Penal Económico Brasileño en un Análisis Constitucional”, de  Diego Augusto Bayer1 y Thiago M. Minagé.

Prof. Dr. Gustavo A. Arocena, Codirector del  CIIDPE

Pueden consultar el  texto en el link:

http://www.ciidpe.com.ar/area1/DPEMayerMinage.pdf

Texto en PDF:

DPEMayerMinage

Seminario: “Neurociencias y Derecho Penal”, Universidad de León España.

"Neurociencias y Derecho Penal".

Dejamos  invitación  del  XV Seminario Internacional de Filosofía del Derecho y Derecho Penal, que se celebrará los días 11 y 12 de septiembre de 2014 y versará sobre el tema “Neurociencias y Derecho Penal”. Adjuntamos documento sobre hoteles de León y el cartel del Seminario. Esta información fue facilitada por el Prof. Dr. Miguel Díaz y García Conlledo/Prof. Dr. Juan Antonio García Amado Catedrático de Derecho Penal/Catedrático de Filosofía del Derecho Director del Departamento de Derecho Público Facultad de Derecho Universidad de León Campus de Vegazana s/n 24071 LEÓN (ESPAÑA)

Invitación XV Seminario FDDP (2014)

HotelesSeminario2014

Cartel XV Seminario de FD y DP. Neurociencias y D. Penal definitivo

Universidad Nacional del Pilar e INEJ firman Convenio académico y científico

Universidad Nacional del Pilar e INEJ firman Convenio académico y científico

El Señor Decano Víctor Encina Silva de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Pilar, Paraguay y el ]Vicerrector General del INEJ, suscribieron el 30 de junio un Convenio de Colaboración académica y científica, con el objeto de apoyar el proceso de investigación científica y los estudios de posgrados entre ambas Casas de Estudios.

El Control de Convencionalidad en el Sistema IPDH…, por Mahmad Daud Hasan

El Control de Convencionalidad en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y su Aplicación en Panamá, por Mahmad Daud Hasan

Dejamos  la obra  de: Mahmad Daud Hasan, Control de Convencionalidad en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y su Aplicación en Panamá

Descargar  PDF:

LIBRO_DAUD_2_Actualizado_Junio_2014_

Clausura de I Maestría en Derecho penal en la Corte Suprema de Justicia de Panamá del INEJ

Clausura de I Maestría en Derecho penal en la Corte Suprema de Justicia de Panamá del INEJ

Este viernes 30 de mayo de 2014, se realizó la ceremonia de graduación de la primera maestría en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), en donde se graduaron 75 estudiantes, entre los cuales se destacaban magistrados, jueces y funcionarios del Órgano Judicial. Esta Maestría se hace con la Corte Suprema de Justicia de Panamá y la Escuela Judicial del Órgano Judicial de Panamá.

El acto inicio con las palabras del rector del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), Mario Houed quien se mostró complacido con la culminación de esta maestría, que durante 15 meses permitió que profesionales del derecho salieran fortalecidos con conocimientos que serán aplicado en diferentes regiones del país, ya que en esta capacitación participaron jueces, asistentes, defensores, magistrados de las provincias de Chiriquí, Las Tablas, Veraguas, entre otros.

Luego se procedió a la entrega de diplomas por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jerónimo Mejía y Harry Díaz; el rector y vicerrector general del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), Mario Houed y Sergio Cuarezma Terán, y la directora de la Escuela Judicial de Panamá, Darlene González. También participó el magistrado vicepresidente de la CSJ, Luis Ramón Fábrega.

El acto fue clausurado con unas emotivas palabras por parte del magistrado de la Sala Penal, Jerónimo Mejía quien felicitó a todos aquellos que tomaron esta maestría que fue ofrecida en el marco del Convenio de Cooperación suscrito por la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá y el prestigioso instituto antes mencionado. Explicó que el mismo fue concebido para que fuera accesible a los funcionarios, que con las recientes reformas se hace obligatorio el estudio para entender los cambios que se han llevado a cabo en la región.

Recuperado de: http://www.organojudicial.gob.pa/noticias/75-estudiantes-se-gradúan-de-maestría-en-derecho-penal-y-procesal-penal/

Palabras del Mgdo. Jerónimo Mejía en la Clausura de la Maestría de Derecho penal y Derecho procesal penal, Panamá.

Palabras del Mgdo. Jerónimo Mejía en la Clausura de la Maestría de Derecho penal y Derecho procesal penal, Panamá.

PALABRAS DE CLAUSURA

Viernes 30 de mayo 2014

Muy Buenas Tardes:

Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia,

Doctor Mario Houed, Rector del Instituto de Estudios e Investigación Jurídica,

Doctor Sergio Cuarezma Terán, Vicerrector General del Instituto de Estudios e Investigación Jurídica,

Lcda. Darlene González, Directora de la Escuela Judicial,

Magistrados y Magistradas, Jueces y Juezas, funcionarios judiciales, invitados especiales, damas y caballeros todos:

El Programa de Maestría que hoy se clausura en su primera edición, fue ofrecido en el marco del Convenio de Colaboración Académica y Científica que la Corte Suprema de Justicia de Panamá y el INEJ, suscribieron el 14 de diciembre del 2012, con el objeto de llevar a la práctica un proceso de capacitación continua, a un costo económico, accesible a los funcionarios, bajo la firme convicción de que las reformas de la justicia penal hacen obligatorio el estudio del Derecho penal y Derecho procesal penal para comprender integralmente los cambios que se han llevado a cabo en la región y para su adecuada aplicación en nuestra administración de justicia.

Con ese objetivo, un cuerpo de docentes de alta calificación académica y científica se preocupó por brindar a los estudiantes las herramientas conceptuales, analíticas, operativas y prácticas, necesarias para mejorar su trabajo profesional y contribuir en la solución y avances de la transformación del Estado constitucional de derecho, en el ámbito de la justicia penal.

La modalidad virtual de esta maestría permitió eliminar las fronteras territoriales e integrar a funcionarios de todo el territorio panameño, lo que posibilitó que hoy, 8 de los graduandos, sean de Herrera, 11 de Chiriquí, 6 de Las Tablas, 2 de Penonomé, 32 de Panamá, 4 de Santiago, 2 de Aguadulce, 4 de Colón, 1 de Changuinola  y 1 de Guna Yala.

De igual modo, se pudo incorporar a distintos actores de la administración de justicia, de suerte que en esta primera edición de la maestría que inició el 18 de febrero 2013, se gradúan 71 personas, de las cuales 30 son asistentes de magistrados, 4 defensores públicos, 14 jueces, 4 magistrados, 3 docentes, 5 Oficiales mayores, 3 secretarios, 5 fiscales, y 3 abogados independientes, de los cuales 43 son mujeres y 28 varones.

         A nombre de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá y de su  Escuela Judicial, deseo felicitar a los 71 nuevos master en Derecho Procesal Penal y Derecho Penal que hoy se reciben, luego de 15 meses de arduo trabajo, en el que ha prevalecido la participación activa y sus valiosas contribuciones en los foros de intercambio de ideas.

Ustedes han dispuesto su tiempo, recursos y esfuerzo para aprovechar esta oportunidad académica que contribuye a elevar el nivel de formación en los actores de la administración de justicia y actualizar sus conocimientos, con miras a desarrollar de mejor manera los roles que les correspondan.   Es nuestro deseo que el esfuerzo realizado fructifique en sus vidas personales, en su carrera y en la administración de justicia, que hoy afronta el reto de modernizarse en aras de fortalecer la justicia y el Estado Constitucional de Derecho.

Del mismo modo, agradecemos encarecidamente al Instituto de Estudios e Investigación Jurídica, que nos honra con la presencia de sus máximas autoridades, a  sus profesores y a todo el personal que desde la hermana República de Nicaragua ha trabajado, por todo el empeño y compromiso dispuesto para que este programa de maestrías se lleve a cabo con el nivel de excelencia que hemos experimentado. En realidad estamos muy complacidos y eternamente endeudados por su desinteresada colaboración con la administración de justicia y, por ende, con Panamá. Reciban mi más sincero reconocimiento y gratitud.

Quiero igualmente reconocer a los funcionarios de esta institución que estuvieron vinculados a este evento de clausura, el gran esfuerzo y dedicación invertidos. Son muchas las personas que contribuyeron a hacer de esta una actividad exitosa. A todas ellas mi sincero agradecimiento, en especial al Licenciado Andrés Mojica, Coordinador de Presidencia, al Director de Protocolo, Licenciado Roberto Zúñiga, a la Lcda. Saribeth, a la Doctora Vielza Rios al personal de la Dirección de Prensa y Relaciones Públicas, a la Escuela Judicial y a la doctoranda Iris Díaz de Nicolás, coordinadora de esta Maestría, a quien no sólo quiero reconocerle su colaboración para este acto de clausura, sino destacar su activa y comprometida contribución para que todo el programa de maestría, durante sus diversas etapas,  pudiese funcionar con fluidez.

También quiero reconocer al Rector y fundador del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica, Doctor Mario Houed, quien se encuentra acompañado de su Sra. esposa, por distinguirnos con su presencia en este acto de graduación, por haber creído en este proyecto y compartir como docente y académico de primera línea sus conocimientos en esta maestría.

Finalmente, al doctor Sergio Cuarezma Terán, quiero exaltarlo y honrarlo por todo el esfuerzo que ha  invertido para que todo el programa fuese todo un éxito como lo ha sido. Sin él, no hubiera sido igual.

Aprovecho la oportunidad para desearte en este tu día, un feliz cumpleaños y pedirle a Dios por tu vida y que te siga usando para el beneficio de la humanidad.

Dicho lo anterior, doy por clausurado este acto.

Muchas Gracias a todos y todas.

Jerónimo Mejía

Magistrado

Corte Suprema de Justicia de Panamá

Co-director de la Maestría en Derecho procesal penal y Derecho procesal penal del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ)

Marco jurídico para la paz, delito político conexo y participación en política, Por Diego Fernando Tarapués Sandino

Marco jurídico para la paz, delito político conexo y participación en política, Por Diego Fernando Tarapués Sandino

El pasado 27 de mayo, la Corte Constitucional llevó a cabo la audiencia pública sobre “Participación en Política de Grupos Armados al Margen de la Ley” dentro del proceso de constitucionalidad en contra del art. 3° del denominado Marco Jurídico para la Paz. En dicha audiencia participaron el demandante, los representantes de diferentes entidades del Estado y miembros de la sociedad civil (ONG’s y académicos). De las tres preguntas que orientaron las intervenciones, quizás la de mayor peso para la decisión que deberá tomar la Corte a finales de julio es la tercera: ¿Sustituye la Constitución que por medio de Acto Legislativo se deje a la libertad de configuración del legislador la definición de los crímenes de guerra, los actos de terrorismo, el narcotráfico u otros delitos transnacionales como delitos conexos al delito político? Si bien las otras dos interrogantes –sobre los límites derivados del DDHH y del DIH a la participación de desmovilizados, así como sus implicaciones en los derechos de las víctimas– son importantes para una revisión integral de la norma, dicha pregunta plantea la cuestión en la que posiblemente se centrará el análisis estricto de sustitución. Por esta razón, a continuación se expondrán algunas ideas que buscan contribuir al debate sobre este punto, partiendo de la constitucionalidad de aquella potestad del legislador de definir libremente el delito político conexo a efectos de regular la participación en política.

Lo primero que se debe aclarar es que el art. 3° del Acto Legislativo 1 de 2012 no está autorizando ni exhortando a que los crímenes de guerra, los actos de terrorismo, el narcotráfico u otros delitos transnacionales sean definidos como delitos políticos conexos. Por lo menos eso no se desprende de manera expresa del texto de la norma acusada. Esta reforma constitucional tampoco está creando o ampliando la libertad de configuración del legislador para que defina las conductas conexas al delito político, por el contrario le está colocando límites. La prohibición constitucional expresa de que los crímenes de lesa humanidad y de genocidio puedan llegar a ser valorados como delitos políticos conexos es un hecho sin precedentes tanto en el derecho colombiano como en el derecho comparado. Pues bien, la potestad de regular las conductas que sean punibles y a la vez de determinar cuáles delitos son políticos o comunes es una competencia que siempre ha estado a cargo del legislador. Es la ley la que se encarga de esto, incluso lo ha hecho desde antes de entrar en vigencia la actual Constitución; una muestra de ello es el Código Penal de 1980, el cual en su art. 127 fijaba un tratamiento jurídico-penal privilegiado al delito político conexo al señalar: “Los rebeldes o sediciosos no quedarán sujetos a pena por los hechos punibles cometidos en combate, siempre que no constituyan actos de ferocidad, barbarie o terrorismo”.

Si bien por diversas razones (especialmente políticas y político-criminales), el legislador nunca ha regulado por medio de prescripciones normativas taxativas los tipos penales que pueden llegar a ser delitos políticos conexos, esto no ha sido porque faltase un artículo constitucional que le facultara a hacerlo. Hasta ahora su potestad de definir los delitos conexos al delito político solo ha sido empleada por medio de formulaciones en las que se precisa qué conductas no pueden ser tomadas como delito político; un ejemplo claro es el art. 19 de la Ley 782 de 2002, donde hace uso de su libertad de configuración para definir la conexidad de los delitos políticos a efectos de beneficiar con indulto a aquellos que hayan sido condenados por la comisión de “hechos constitutivos de delito político”, siempre y cuando los delitos cometidos no sean “conductas constitutivas de actos atroces de ferocidad o barbarie, terrorismo, secuestro, genocidio, homicidio cometido fuera de combate o colocando a la víctima en estado de indefensión”. En este orden de ideas, estamos ahora –dada la coyuntura– ante la posibilidad de que el legislador defina por primera vez explícitamente las conductas que pueden ser consideradas como conexas al delito político con dos restricciones claves que le ha fijado el art. transitorio 67: (i) que sea solo “para efectos de la posibilidad de participar en política”; y (ii) que se excluyan “los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática” (art. transitorio 67).

Aquella libertad de configuración del legislador para definir los delitos políticos conexos encuentra sustento en la doctrina tanto nacional como internacional que reconoce la inexistencia de un concepto universal de delito político que condicione o excluya determinadas conductas. La doctrina internacional coincide en que el delito político es algo que varía según el país, el sistema político y el tiempo (Schneider); asimismo se sostiene que dada su naturaleza debería ser definido por el legislador (Ferrari). A nivel nacional, Luis Carlos Pérez señalaba que hace falta “una definición legal” de “cuáles son los hechos a que se refiere tanto la Constitución como el Código, bajo el nombre de delitos políticos” y por eso surge la necesidad de “remitirse a la doctrina jurídica”. En efecto, la elaboración del concepto de delito político se ha desarrollado básicamente en la doctrina y la jurisprudencia, donde ha oscilado entre teorías objetivas, subjetivas, mixtas restrictivas y mixtas extensivas, definiendo sus alcances a partir de diversos criterios. Por su parte, en la práctica la aplicación de esta figura ha dependido tradicionalmente del sistema político y del momento histórico. Por lo tanto, lo que un Estado bajo un momento preciso ha considerado que no constituye delito político, puede ser replanteado si las circunstancias políticas e históricas han variado, ya que el Estado es el que le da función y contenido al delito político. En el caso colombiano, el delito político ha sido definido para delimitar las conductas que pueden gozar de un trato privilegiado que parte de la misma Constitución; por esta razón hemos optado por restringir legal, jurisprudencial y doctrinariamente el alcance de esta figura. Sin embargo, si el Estado considera que estamos frente a nuevas circunstancias históricas y políticas que instan a replantear el grado de restricción o ampliación del delito político, éste lo puede hacer sin objeción alguna, siendo el legislador el más autorizado para hacerlo por ser la institución con mayor legitimación democrática dentro de nuestro sistema político.

Un aspecto adicional que no debemos pasar por alto es el hecho de que según los compromisos internacionales adquiridos por Colombia, los Estados pueden definir libre y soberanamente los casos en que se limitan los derechos políticos de sus ciudadanos atendiendo a las situaciones que la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé (art. 23), siempre y cuando lo haga la ley (esto incluye los casos por condena penal). Al tratarse de la libertad de configuración del legislador para definir estos delitos exclusivamente para efectos de la posibilidad de participar en política –lo cual representa una decisión sobre la suspensión o no de los derechos políticos– el legislador encuentra un sustento adicional amparado en el derecho internacional que le permite libremente definir como regulará y limitará los derechos políticos de estos ciudadanos. En este sentido, la doctrina y la jurisprudencia pueden ser útiles para orientar el debate del legislador, pero nunca podrán condicionar ni remplazar esta potestad de regulación que ostenta el órgano legislativo incluso desde antes de la existencia misma del art. transitorio 67.

Por último, a efectos de comprender cabalmente la razón de ser del art. transitorio 67 es necesario remitirnos a la larga tradición constitucional de vincular estrechamente al delito político con la búsqueda de la paz para fundamentar un tratamiento privilegiado que le distinga del dado a la delincuencia común (véase por ejemplo el art. 5 de la Constitución de 1853, art. 29 de la Constitución de 1858 y arts. 30, 76 y 119 de la Constitución de 1886). Incluso el mismo proceso de elaboración de la Constitución de 1991 evidenció que este tratamiento diferenciado le permite a los delincuentes políticos reincorporarse por medio de un gran acuerdo nacional donde se les brinde espacios políticos de inclusión, de tal forma que la vía armada sea descartada como alternativa para el acceso al poder y sean reconsideradas las vías institucionales y democráticas. Previendo esta situación, el constituyente dejó consignadas las herramientas necesarias para que se pudiese llevar a cabo un nuevo pacto de paz y reconciliación con los sectores que por diversas razones quedaron por fuera de aquel acuerdo en 1991, sin necesidad de promover o convocar una nueva asamblea constituyente. Estos antecedentes constitucionales y el proceso mismo de elaboración de la Constitución de 1991 fueron determinantes para el diseño del tratamiento actual del delito político. En dicho modelo, la participación política de excombatientes juega un rol muy importante, al ser una clausula de inclusión dirigida a reintegrar social y políticamente a aquellos que han cometido delitos políticos.

Si se tiene en cuenta todo lo anterior, es posible sostener que el art. 3° del Marco Jurídico para la Paz en lugar de representar una amenaza de sustitución a la Constitución, lo que hace es advertirle al legislador que ha llegado el momento para poner en práctica esa valiosa herramienta que le dio el constituyente en 1991, para que por medio de la definición de los delitos políticos conexos establezca límites racionales a la posibilidad de participar en política. Esto indudablemente concuerda con el espíritu democrático e incluyente asociado con la búsqueda de la paz y la reconciliación definido en nuestra Constitución y por lo tanto no contraría disposición alguna del marco jurídico democrático.

Diego Tarapués es profesor de la Universidad Santiago de Cali, LL.M., doctorando e investigador de la Universidad de Göttingen (Alemania).

Foto tomada de: internet

Carta del Papa Francisco a ALPEC

Carta del Papa Francisco a ALPEC

Dejamos la Carta que el Papa Francisco remitiera a la Asociación Latinoamericana de Derecho penal y Criminología.

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Carta Papa Francisco

Declaración sobre: “Policía e investigación en Brasil”,en Göttingen

Declaración sobre: "Policía e investigación en Brasil"

Declaración derivada del seminario sobre “Policía e Investigación en Brasil”, que tuvo lugar en la Universidad de Göttingen, Alemania, Abril 14 e 15 de 2014.

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DeclaracionGottingen



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