III Diplomado en Derecho procesal penal, con mención en los principios, garantías y reglas constitucionales que fundamenta el modelo acusatorio

INEJ

Declaración del grupo latinoamericano de estudios de derecho Penal internacional sobre el tratamiento jurídico del terrorismo

Declaración del grupo latinoamericano de estudios de derecho Penal internacional sobre el tratamiento jurídico del terrorismo

Compartimos la Declaración de Lima del Grupo Latinoamericano de Estudios sobre Derecho Penal Internacional (GLEDPI)

Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano  CEDPA

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DeclaracionGLEDPI

¿Es viable y necesaria la creación de la Corte Penal de Unasur?, por Diego Fernando Tarapués Sandino

¿Es viable y necesaria la creación de la Corte Penal de Unasur?, Por Diego Fernando Tarapués Sandino

Desde hace unos años se viene gestando la idea de crear una corte penal en el ámbito regional suramericano. La propuesta es liderada por el fiscal ecuatoriano Galo Chiriboga quien lleva tres años impulsando la creación de esta instancia que estaría adscrita a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y que “debería” entrar a regir el próximo año. Dentro de la campaña de socialización de su propuesta, el fiscal general de Ecuador ha conversado sobre el asunto con algunos de sus homólogos en la región e incluso luego de una reunión entre las fiscalías de Colombia y Ecuador (en agosto de 2014) se decidió crear una comisión técnica para establecer los delitos que estarían bajo competencia de este tribunal. La hasta ahora denominada “Corte Penal de Unasur” está pensada para atender básicamente casos concernientes al crimen organizado transnacional. En ese sentido, los delitos transnacionales que azotan a los países de la región como narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, trata de personas, etc., serían los casos que conocería esta “novedosa” corte, cuyo objetivo fundamental “es que seamos mucho más eficaces, creando situaciones de seguridad para todos los ciudadanos de la región”, según apunta el defensor de esta propuesta.

 

Como era de esperarse tal iniciativa ha generado críticas y apoyos a lo largo y ancho del subcontinente. Por esta razón, entre más se comparte el proyecto con las autoridades nacionales y regionales así como con los medios, más se debe aclarar la “naturaleza” y “alcances” de esta corte. De esta forma, el fiscal Chiriboga ha tenido que explicar reiteradamente, entre otras cosas, que esta corte no sustituiría la competencia de los tribunales nacionales, no colisionaría con la competencia de otros tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la Corte Penal Internacional (CPI) e incluso ha tenido que sortear interrogantes sobre la posibilidad de que esta corte investigue y procese judicialmente a jefes de Estado. Es comprensible que la formulación de una propuesta de esta naturaleza genere éstas y otras dudas, pues se trata de un caso de “ingeniería institucional” que claramente puede bordear las fronteras de la “improvisación institucional” en la creación de organismos judiciales supranacionales de orden regional. En este orden de ideas, sería bueno hacer una breve revisión sobre la eventual creación de dicha corte penal suramericana.

 

Si bien es cierto que los índices de delincuencia organizada transnacional en los países suramericanos son muy elevados y que se deben promover mayores medidas en la lucha contra las diversas expresiones criminales asociadas a redes delincuenciales que operan en dos o más países, la propuesta de crear una jurisdicción penal de orden regional para “hacer justicia” en estos casos no resulta del todo convincente. A las constantes críticas e inquietudes que se han suscitado en los diversos medios hay que sumarle argumentos basados en experiencias internacionales que demuestran las dificultades para la creación y el funcionamiento de un organismo judicial supranacional de esta naturaleza.

 

En primer lugar, desde el punto de vista teórico-jurídico sería bueno preguntarse por la fundamentación y finalidad de este tribunal penal. Aunque aún no se conoce el documento oficial de este proyecto –un borrador del mismo se daría a conocer apenas en diciembre de este año–, en diversas entrevistas su promotor ha insistido en que el tribunal se basaría en la voluntad de los Estados de crear una corte que combata estos delitos sin quitarle competencia a las jurisdicciones penales nacionales cuando el delito no sea transnacional. Así las cosas, se requeriría la suscripción de un tratado internacional de los países miembros de Unasur que constituya dicho tribunal. Además, su finalidad se centraría en generar una mayor eficacia a la hora de investigar y juzgar aquellas conductas criminales transnacionales. Sobre esta fundamentación y finalidad se deben hacer algunos reparos. No solo se trata de una argumentación muy superficial, sino que muestra rasgos de ingenuidad o desconocimiento de demás experiencias, ya que parece ignorar la complejidad de justificar el ius puniendi que actualmente ejerce la CPI en el ámbito del derecho penal internacional. Trabajos como el del penalista internacional Kai Ambos intentan elaborar un sustento teórico que fundamente la existencia de un derecho a punir en un ámbito supranacional sin la existencia de un soberano (¿Castigo sin soberano? La cuestión del ius puniendi en derecho penal internacional, 2013). La solución teórica que plantea este experto alemán se basa en derivar un “ius puniendi supranacional” de la protección de derechos humanos universales, en un escenario asociado al reconocimiento de una “sociedad mundial” (de Estados soberanos) conformada por “ciudadanos mundiales” (que son sujetos de derechos).

 

Pese a las dificultades teóricas para sustentar de manera consistente el derecho a castigar de un tribunal penal a nivel supraestatal, podemos ver que existe una justificación para casos de violaciones de derechos humanos universales. Ya que los defensores de la corte penal suramericana han insistido en que no se trataría de un tribunal que “reemplazaría el trabajo de la CIDH o de la CPI” y que por tanto “no afectaría el Sistema Interamericano de Derechos Humanos porque no busca sancionar a los Estados, sino a las personas vinculadas a delitos”, sería bueno preguntarse entonces cuál sería la fundamentación del ius puniendi de la Corte Penal de Unasur para perseguir y castigar delitos que no son crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra, ni de agresión.

 

Ahora bien, dado que la finalidad de crear la Corte Penal de Unasur devela una visión optimista y esperanzadora, según la cual mediante este tribunal los países sudamericanos serían “mucho más eficaces” para judicializar las redes delincuenciales transnacionales, es apropiado traer a colación lo que ha sido el trabajo adelantado por la CPI, con el propósito de demostrar mediante cifras que no se puede esperar mucho –en términos cuantitativos– de “eficacia judicial” por parte de un tribunal penal supranacional. Desde el 2003, año en que finalmente el fiscal y los jueces asumieron sus cargos, la Fiscalía de la CPI ha formulado 36 acusaciones en el marco de las nueve situaciones que investiga formalmente, ha adelantado 13 investigaciones preliminares (de las cuales ya cuatro se han concluido, denegando la apertura de un proceso) y se han proferido solamente tres sentencias: las condenas de Thomas Lubanga en julio de 2012 a 14 años de prisión y de Germain Katanga en mayo de 2014 a 12 años de prisión, así como la absolución de Mathieu Ngudjolo en diciembre de 2012. Si bien la labor de un tribunal no se puede resumir en la cantidad de sentencias que dicta, la justificación de la necesidad de crear un tribunal penal para América del Sur debería moderar su énfasis en la “mayor eficacia” que traería dicha corte y no seguir “ofertándola” como la panacea para judicializar el crimen transnacional que padece la región.

 

Esta promesa de ser un organismo judicial supranacional que ayudará notoriamente a contener los fenómenos delincuenciales transnacionales incluso resulta contradictoria con otros argumentos que se han brindado para insistir en la viabilidad de su creación. Pues bien, se ha dicho que esta corte “no aumentaría la burocracia en la región y tampoco generaría grandes costos para los países porque los mismos investigadores y uniformados que hoy investigan delitos transnacionales en cada país serían asignados a los casos que asumiría el tribunal”. Sobre este punto es pertinente volver al ejemplo de la CPI, ya que esta tampoco cuenta con policías, cárceles, etc., y pese a que solo lleva “pocos casos”, emplea más de €100.000.000 por año para su sostenimiento. Supongo que en el caso suramericano no se estaría dimensionando ni la infraestructura ni los recursos que tiene la CPI, por lo cual estaríamos quizás hablando de una “mini corte penal” en relación y proporción a lo que estamos en capacidad material de hacer y solventar; por ello –insisto– no se debe ignorar o pasar por alto las experiencias que ha brindado el tribunal penal con sede en La Haya para revisar y repensar la propuesta que se trabaja ahora para América del Sur.

 

Por supuesto que hay que insistir en la importancia de luchar contra el crimen organizado transnacional, el cual sin duda alguna constituye la principal amenaza que enfrentan hoy en día los países latinoamericanos no solo en términos de seguridad, sino también para la consolidación de sus democracias. Sin embargo, se debería repensar la necesidad de crear dicho tribunal penal suramericano y más bien insistir en avanzar en la creación de un derecho de cooperación y asistencia judicial en materia penal, tal como lo ha desarrollado Europa. Ni siquiera en el marco de la Unión Europea, que a todas luces es un proceso de integración mucho más avanzado que Unasur y que a diferencia del incipiente “derecho comunitario” suramericano cuenta con lo que se suele denominar un “derecho penal europeo”, se ha fijado en su agenda la creación de un tribunal penal europeo.

 

Unasur debería fortalecer el recién creado “Consejo Suramericano en materia de Seguridad Ciudadana, Justicia y Coordinación de Acciones contra la Delincuencia Organizada Trasnacional” (noviembre de 2012), además debería articular en la práctica las labores de este consejo con el “Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas” e incluso con el “Consejo de Defensa Suramericano” antes de pensar en crear nuevas instituciones, nuevas funciones, nuevos cargos, etc. También podría articular sus actividades con las que adelantan la Comunidad de Policías de América (Ameripol), que combate a la delincuencia organizada transnacional del continente, o reforzar el trabajo antilavados del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), etc. Asimismo, debería promover medidas de armonización de la legislación tanto penal como policial para lograr un consenso mínimo en la definición de crimen organizado y de las respectivas conductas que comprende. Debería promover la facilitación de los procedimientos de investigación policiales, judiciales, de extinción de dominio, de extradición, entre otros, de sus países miembros y que lo puede hacer sin necesidad de crear organismos judiciales supranacionales. En especial sería maravilloso si Unasur impulsara la creación y puesta en funcionamiento de un mecanismo similar al de la orden de detención y entrega europea (la denominada Euroorden­). En suma, Unasur y las autoridades de los países que la integran deberían priorizar un enfoque técnico y concentrarse en acuerdos eminentemente ejecutivos y operacionales, puesto que en el ámbito político ya existe un consenso claro de fortalecer la cooperación y la lucha conjunta contra el crimen transnacional.

 

Diego Tarapués es profesor de la Universidad Santiago de Cali (Colombia), LL.M. y doctorando de la Universidad de Göttingen (Alemania).

Foto tomada de: https://www.google.com.ni/search?q=Corte+Penal+de+Unasur&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=waFrVL-fAYamgwT3sIPoAg&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1600&bih=756

Anotaciones preliminares sobre la sentencia C-577 de 2014. A propósito de la participación política de combatientes, por John Zuluaga

Anotaciones preliminares sobre la sentencia C-577 de 2014. A propósito de la participación política de combatientes, por John Zuluaga

El pasado 06.08.2014 la Corte Constitucional presentó su decisión sobre la segunda acción de inconstitucionalidad instaurada contra el Marco Jurídico para la Paz (MJP), en la que se demandó el Artículo transitorio 67 de la Constitución Nacional de Colombia (CN), incorporado por el Artículo 3 del Acto Legislativo 01 de 2012 o MJP (véase comunicado de prensa 31). El problema discutido fue si había una sustitución de los parámetros constitucionales de participación democrática a raíz de la no inclusión de los “crímenes de guerra, los delitos transnacionales el narcotráficos, y los actos de terrorismo como límites al legislador al momento de determinar qué delitos son conexos al delito político para efectos de participación en política” (Nr. 3. Síntesis de los fundamentos). La decisión de la Corte es especialmente relevante, por un lado, en la delimitación del alcance del mismo MJP acerca de las reglas introducidas para la participación política de integrantes de grupos armados organizados al margen de la ley (GAOML). Por otro lado, complementa la sentencia C-579 de 2013 sobre el MJP. Este último fallo, que ya hemos analizado extensamente en otro momento (véase nuestro estudio sobre la sentencia C-579 de 2013), abordó la discusión sobre la aplicación de criterios de selección y priorización en la judicialización de crímenes internacionales ejecutados durante el conflicto colombiano. Si bien el comunicado de prensa permite sólo un acercamiento a los aspectos esenciales de la sentencia, delimita el alcance del Art. transitorio 67 CN, lo cual ameritaría unos comentarios preliminares:

1. (Re) delimitación de la conexidad con el delito político

Siguiendo el tenor literal del Art. transitorio 67 CN, la Corte ratifica la definición negativa del delito político, es decir, determina qué no se puede entender como delito político. A partir de ello excluye la conexidad del mismo con “los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática”. Al tratarse de una delimitación negativa – no incluyente, sino excluyente de esas dos connotaciones punibles -, debe decirse que no se restringe una discusión más amplia sobre la tipificación o no de otros delitos políticos. En otras palabras, la definición sobre los ámbitos de conexidad del delito político esta aún en manos del legislador (libertad de configuración legislativa). Así lo ratifica la Corte al exhortar a la adopción de una Ley estatutaria – de rango constitucional – que determine qué delitos se consideran conexos al delito político. La definición de los delitos conexos permitiría concretar los ámbitos de reproche penal que no excluirían la posibilidad de participación en política de quienes hayan tomado parte en el conflicto.

Esta primera delimitación dada por el Art. transitorio 67 CN y ratificada por la Corte, debería necesariamente establecer cuál es el fundamento de exclusión de los crímenes de lesa humanidad (CLH) y genocidio como conexos al delito político. Una respuesta a ello no se encuentra ni en la exposición de motivos del MJP, ni en el comunicado de prensa dado por la Corte. En la normatividad internacional, aunque la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados en el Art. 1 lit. F delimita algunos hechos punibles por los cuales no es aplicable dicha Convención, es decir, por los que se negaría la condición de refugiado (de cierta manera análoga a la de los perseguidos por delitos políticos), tampoco existe una expresa prescripción normativa internacional a partir de la cual se establezca la exclusión de conexidad aludida en el Art. transitorio 67. De una interpretación sistemática del Acto Legislativo 01 de 2012 se podría deducir que el MJP busca un tratamiento (reproche) especial a los máximos responsables de CLH, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. Así se desprende del Art. 1 inc. 4 MJP (Art. transitorio 66) que concreta el ámbito material y subjetivo de aplicación del MJP. En ese sentido, las reglas que incorpora el Art. transitorio 67 CN presentarían por lo menos dos incoherencias frente a dichos ámbitos de aplicación del MJP. Primero, la delimitación negativa de conexidad no vincula los crímenes de guerra. Segundo, la exclusión aludida no se concreta sólo frente a los máximos responsables, sino que, al contrario, subordina esa decisión a la libertad de configuración legislativa. Si bien no se puede equiparar el régimen procesal penal (Art. transitorio 66) con el régimen de participación política que desarrolla el MJP (Art. transitorio 67), la reproducción del tenor literal del Art. transitorio 67 por parte de la Corte incurre en la misma generalización del contenido de dicho artículo. Ello desconoce, en principio, el alcance de los instrumentos de Justicia transicional (criterios de priorización y selección) que precisamente incorporó el Art. transitorio 66 CN ante la imposibilidad de investigaciones y juzgamientos exhaustivos (véase al respecto nuestro análisis en ZIS 4/2014 pp. 171 ss.). En ese sentido, ante la ausencia de criterios de armonización entre estos dos regímenes, se desprenden dos preguntas que deberán profundizarse una vez que se haga la publicación integra de la sentencia: ¿estarían excluidos de participar en política aquellos que no son máximos responsables de CLH y genocidio? ¿Debería el sistema de justicia transicional descifrar todos los responsables de CLH y genocidio para determinar quienes están excluidos para participar en política?

2. De las condiciones de exclusión para participar en política       

Reproduciendo el Art. transitorio 67 CN, la Corte afirma que “no podrán participar en política quienes, en el marco de los instrumentos de justicia transicional previstos por el artículo transitorio 66 de la Constitución, hayan sido seleccionados y condenados por estos delitos” (CLH y genocidio cometidos de manera sistemática). Esta regla de aplicación del Art. transitorio 67 prevé la “selección y condena” como condiciones para la determinación de quienes no podrán participar en política. En ese sentido, esto supone que la exclusión de participación se tramita y se define a partir del sistema de selección y priorización, que fue elevado a rango constitucional por el MJP. En otras palabras, la aplicación de los criterios de selección y priorización representaría el “filtro” que conduce a la decisión de condena y negación de los derechos políticos de integrantes de GAOML. Esto daría a entender, de entrada, que no todos los vinculados a hechos representativos de CLH o genocidio serán judicializados. Así se desprende no sólo del MJP, sino también de la Directiva 001 de 2012 de la Fiscalía General de la Nación y los diferentes planes de acción diseñados a partir de la misma (véase en detalle nuestras Observaciones a la Directiva 001). Por lo tanto, los sujetos y los casos que no lleguen al umbral de responsabilidad (máximos responsables), representatividad e impacto que supone el sistema de selección y priorización no serán, en principio, condenados por CLH o genocidio y, por lo tanto, no podrían considerarse excluidos de participar en política.

3. Los dilemas de la inclusión para participar en política

Las condiciones de exclusión para participar en política planteadas por el Art. transitorio 67 dejan un vacío a la hora de resolver el dilema de exclusión/inclusión de algunos supuestos concretos. Primero, en tanto los requisitos de “selección y condena” son acumulativos, el tenor literal del Art. transitorio 67 CN pareciera no dar lugar a una amplificación del condicionamiento. Por lo tanto, en principio, este ámbito de exclusión para participar en política no podría extenderse a los no seleccionados ni condenados, más allá de si son hipotéticamente responsables de CLH y genocidio. En estos casos (no seleccionados ni priorizados), como se advirtió antes, la posibilidad de participar en política seguiría vigente, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la Corte (verdad y reparación). Sin embargo, es un asunto en el cual la Corte deberá profundizar mucho más.

Segundo, en la impugnación al Art. transitorio 67 CN se reprochó que dicho artículo conducía a que responsables de CLH ejecutados de manera no sistemática pudieran participar en política. Dicho supuesto debe descartarse, es decir, la discusión sobre los responsables de CLH o genocidio que no fueron cometidos de manera sistemática no tiene sentido. Así como lo señalamos en el análisis a la sentencia C-579 de 2013, la mención adicional de la expresión “cometidos de manera sistemática” es antitécnica (véase una síntesis de las críticas en ZIS 4/2014 p. 175). La sistematicidad de los hechos punibles tiene una connotación diferente ya en los CLH o en el genocidio, sin embargo es un elemento connatural de los mismos. En el caso de los CLH, el ataque sistemático es un elemento esencial, es decir, actos aislados o espontáneos no se pueden calificar como CLH. En ese sentido, debe descartarse cualquier consideración sobre responsables de CLH cometidos de manera no sistemática.

Tercero, como se ha dicho, el Art. transitorio 67 CN excluye la posibilidad de participación política frente a los supuestos de CLH y genocidio. Sin embargo, esta posibilidad también podría abarcar crímenes de guerra cuando los mismos puedan ser aplicados junto a genocidio y/o CLH, es decir, en los supuestos de un concurso ideal. Esta hipótesis de concurso ha sido reconocida por la jurisprudencia de diferentes Tribunales penales internacionales y con ello se ha aceptado que una misma conducta puede constituir diferentes delitos (unidad de acción y pluralidad de hechos punibles).

4. De la promulgación de una Ley Estatutaria

Al exhortar a que se adopte una Ley estatutaria que determine qué delitos se consideran conexos al delito político, la Corte advierte que se trataría de un instrumento de carácter excepcional y estaría dirigido a facilitar la terminación del conflicto armado interno y a lograr una paz estable y duradera. Esta primera regla reproduce la primera parte del Art. 3 MJP y lo vincula a la teleología del mismo Marco (Art. 1). Independiente del debate sobre los contenidos de la futura Ley y las discusiones sobre la vigencia de la misma (¿aplicación irretroactiva?), esta pauta de interpretación amerita un comentario. Tal como lo advertíamos en el análisis a la sentencia C-579 de 2013 (véase una síntesis de los comentarios en ZIS 4/2014 p. 169 ss.), la Corte asume una comprensión formal sobre el significado de terminación del conflicto. En la sentencia C-579 aludió al acuerdo de paz como condición para la finalización del mismo. En este segundo pronunciamiento, exhorta a la promulgación de una Ley Estatutaria que regule la participación política de quienes hayan tomado parte en el conflicto. En ese sentido, no sólo se diluye el énfasis que debería dársele al criterio material y determinante (cese real de hostilidades) para la comprensión de la finalización del conflicto, sino que, además, sigue alimentando la falacia normativista que envía el mensaje tan equívoco y tan discutible de que para la paz y, ahora, para la participación política de combatientes bastaría con mecanismos formales y jurídicos.

* John Zuluaga (LL.M) es Doctorando e investigador adscripto al Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano (CEDPAL) de la Georg-August-Universität Göttingen (Alemania).

Documento PDF:

Análisis de la sentencia C 577 de 2014 (1)

El Derecho Penal Económico Brasileño en un Análisis Constitucional, por Diego Bayer y Thiago Minagé

El Derecho Penal Económico Brasileño en un Análisis Constitucional, de Diego Augusto Bayer1 y Thiago M. Minagé2

El Centro de Investigación Interdisciplinaria en Derecho Penal Económica, ha actualizado su contenido con el trabajo “El Derecho Penal Económico Brasileño en un Análisis Constitucional”, de  Diego Augusto Bayer1 y Thiago M. Minagé.

Prof. Dr. Gustavo A. Arocena, Codirector del  CIIDPE

Pueden consultar el  texto en el link:

http://www.ciidpe.com.ar/area1/DPEMayerMinage.pdf

Texto en PDF:

DPEMayerMinage

Seminario: “Neurociencias y Derecho Penal”, Universidad de León España.

"Neurociencias y Derecho Penal".

Dejamos  invitación  del  XV Seminario Internacional de Filosofía del Derecho y Derecho Penal, que se celebrará los días 11 y 12 de septiembre de 2014 y versará sobre el tema “Neurociencias y Derecho Penal”. Adjuntamos documento sobre hoteles de León y el cartel del Seminario. Esta información fue facilitada por el Prof. Dr. Miguel Díaz y García Conlledo/Prof. Dr. Juan Antonio García Amado Catedrático de Derecho Penal/Catedrático de Filosofía del Derecho Director del Departamento de Derecho Público Facultad de Derecho Universidad de León Campus de Vegazana s/n 24071 LEÓN (ESPAÑA)

Invitación XV Seminario FDDP (2014)

HotelesSeminario2014

Cartel XV Seminario de FD y DP. Neurociencias y D. Penal definitivo

Universidad Nacional del Pilar e INEJ firman Convenio académico y científico

Universidad Nacional del Pilar e INEJ firman Convenio académico y científico

El Señor Decano Víctor Encina Silva de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Pilar, Paraguay y el ]Vicerrector General del INEJ, suscribieron el 30 de junio un Convenio de Colaboración académica y científica, con el objeto de apoyar el proceso de investigación científica y los estudios de posgrados entre ambas Casas de Estudios.

El Control de Convencionalidad en el Sistema IPDH…, por Mahmad Daud Hasan

El Control de Convencionalidad en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y su Aplicación en Panamá, por Mahmad Daud Hasan

Dejamos  la obra  de: Mahmad Daud Hasan, Control de Convencionalidad en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y su Aplicación en Panamá

Descargar  PDF:

LIBRO_DAUD_2_Actualizado_Junio_2014_

Clausura de I Maestría en Derecho penal en la Corte Suprema de Justicia de Panamá del INEJ

Clausura de I Maestría en Derecho penal en la Corte Suprema de Justicia de Panamá del INEJ

Este viernes 30 de mayo de 2014, se realizó la ceremonia de graduación de la primera maestría en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), en donde se graduaron 75 estudiantes, entre los cuales se destacaban magistrados, jueces y funcionarios del Órgano Judicial. Esta Maestría se hace con la Corte Suprema de Justicia de Panamá y la Escuela Judicial del Órgano Judicial de Panamá.

El acto inicio con las palabras del rector del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), Mario Houed quien se mostró complacido con la culminación de esta maestría, que durante 15 meses permitió que profesionales del derecho salieran fortalecidos con conocimientos que serán aplicado en diferentes regiones del país, ya que en esta capacitación participaron jueces, asistentes, defensores, magistrados de las provincias de Chiriquí, Las Tablas, Veraguas, entre otros.

Luego se procedió a la entrega de diplomas por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jerónimo Mejía y Harry Díaz; el rector y vicerrector general del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), Mario Houed y Sergio Cuarezma Terán, y la directora de la Escuela Judicial de Panamá, Darlene González. También participó el magistrado vicepresidente de la CSJ, Luis Ramón Fábrega.

El acto fue clausurado con unas emotivas palabras por parte del magistrado de la Sala Penal, Jerónimo Mejía quien felicitó a todos aquellos que tomaron esta maestría que fue ofrecida en el marco del Convenio de Cooperación suscrito por la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá y el prestigioso instituto antes mencionado. Explicó que el mismo fue concebido para que fuera accesible a los funcionarios, que con las recientes reformas se hace obligatorio el estudio para entender los cambios que se han llevado a cabo en la región.

Recuperado de: http://www.organojudicial.gob.pa/noticias/75-estudiantes-se-gradúan-de-maestría-en-derecho-penal-y-procesal-penal/

Palabras del Mgdo. Jerónimo Mejía en la Clausura de la Maestría de Derecho penal y Derecho procesal penal, Panamá.

Palabras del Mgdo. Jerónimo Mejía en la Clausura de la Maestría de Derecho penal y Derecho procesal penal, Panamá.

PALABRAS DE CLAUSURA

Viernes 30 de mayo 2014

Muy Buenas Tardes:

Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia,

Doctor Mario Houed, Rector del Instituto de Estudios e Investigación Jurídica,

Doctor Sergio Cuarezma Terán, Vicerrector General del Instituto de Estudios e Investigación Jurídica,

Lcda. Darlene González, Directora de la Escuela Judicial,

Magistrados y Magistradas, Jueces y Juezas, funcionarios judiciales, invitados especiales, damas y caballeros todos:

El Programa de Maestría que hoy se clausura en su primera edición, fue ofrecido en el marco del Convenio de Colaboración Académica y Científica que la Corte Suprema de Justicia de Panamá y el INEJ, suscribieron el 14 de diciembre del 2012, con el objeto de llevar a la práctica un proceso de capacitación continua, a un costo económico, accesible a los funcionarios, bajo la firme convicción de que las reformas de la justicia penal hacen obligatorio el estudio del Derecho penal y Derecho procesal penal para comprender integralmente los cambios que se han llevado a cabo en la región y para su adecuada aplicación en nuestra administración de justicia.

Con ese objetivo, un cuerpo de docentes de alta calificación académica y científica se preocupó por brindar a los estudiantes las herramientas conceptuales, analíticas, operativas y prácticas, necesarias para mejorar su trabajo profesional y contribuir en la solución y avances de la transformación del Estado constitucional de derecho, en el ámbito de la justicia penal.

La modalidad virtual de esta maestría permitió eliminar las fronteras territoriales e integrar a funcionarios de todo el territorio panameño, lo que posibilitó que hoy, 8 de los graduandos, sean de Herrera, 11 de Chiriquí, 6 de Las Tablas, 2 de Penonomé, 32 de Panamá, 4 de Santiago, 2 de Aguadulce, 4 de Colón, 1 de Changuinola  y 1 de Guna Yala.

De igual modo, se pudo incorporar a distintos actores de la administración de justicia, de suerte que en esta primera edición de la maestría que inició el 18 de febrero 2013, se gradúan 71 personas, de las cuales 30 son asistentes de magistrados, 4 defensores públicos, 14 jueces, 4 magistrados, 3 docentes, 5 Oficiales mayores, 3 secretarios, 5 fiscales, y 3 abogados independientes, de los cuales 43 son mujeres y 28 varones.

         A nombre de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá y de su  Escuela Judicial, deseo felicitar a los 71 nuevos master en Derecho Procesal Penal y Derecho Penal que hoy se reciben, luego de 15 meses de arduo trabajo, en el que ha prevalecido la participación activa y sus valiosas contribuciones en los foros de intercambio de ideas.

Ustedes han dispuesto su tiempo, recursos y esfuerzo para aprovechar esta oportunidad académica que contribuye a elevar el nivel de formación en los actores de la administración de justicia y actualizar sus conocimientos, con miras a desarrollar de mejor manera los roles que les correspondan.   Es nuestro deseo que el esfuerzo realizado fructifique en sus vidas personales, en su carrera y en la administración de justicia, que hoy afronta el reto de modernizarse en aras de fortalecer la justicia y el Estado Constitucional de Derecho.

Del mismo modo, agradecemos encarecidamente al Instituto de Estudios e Investigación Jurídica, que nos honra con la presencia de sus máximas autoridades, a  sus profesores y a todo el personal que desde la hermana República de Nicaragua ha trabajado, por todo el empeño y compromiso dispuesto para que este programa de maestrías se lleve a cabo con el nivel de excelencia que hemos experimentado. En realidad estamos muy complacidos y eternamente endeudados por su desinteresada colaboración con la administración de justicia y, por ende, con Panamá. Reciban mi más sincero reconocimiento y gratitud.

Quiero igualmente reconocer a los funcionarios de esta institución que estuvieron vinculados a este evento de clausura, el gran esfuerzo y dedicación invertidos. Son muchas las personas que contribuyeron a hacer de esta una actividad exitosa. A todas ellas mi sincero agradecimiento, en especial al Licenciado Andrés Mojica, Coordinador de Presidencia, al Director de Protocolo, Licenciado Roberto Zúñiga, a la Lcda. Saribeth, a la Doctora Vielza Rios al personal de la Dirección de Prensa y Relaciones Públicas, a la Escuela Judicial y a la doctoranda Iris Díaz de Nicolás, coordinadora de esta Maestría, a quien no sólo quiero reconocerle su colaboración para este acto de clausura, sino destacar su activa y comprometida contribución para que todo el programa de maestría, durante sus diversas etapas,  pudiese funcionar con fluidez.

También quiero reconocer al Rector y fundador del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica, Doctor Mario Houed, quien se encuentra acompañado de su Sra. esposa, por distinguirnos con su presencia en este acto de graduación, por haber creído en este proyecto y compartir como docente y académico de primera línea sus conocimientos en esta maestría.

Finalmente, al doctor Sergio Cuarezma Terán, quiero exaltarlo y honrarlo por todo el esfuerzo que ha  invertido para que todo el programa fuese todo un éxito como lo ha sido. Sin él, no hubiera sido igual.

Aprovecho la oportunidad para desearte en este tu día, un feliz cumpleaños y pedirle a Dios por tu vida y que te siga usando para el beneficio de la humanidad.

Dicho lo anterior, doy por clausurado este acto.

Muchas Gracias a todos y todas.

Jerónimo Mejía

Magistrado

Corte Suprema de Justicia de Panamá

Co-director de la Maestría en Derecho procesal penal y Derecho procesal penal del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ)

Marco jurídico para la paz, delito político conexo y participación en política, Por Diego Fernando Tarapués Sandino

Marco jurídico para la paz, delito político conexo y participación en política, Por Diego Fernando Tarapués Sandino

El pasado 27 de mayo, la Corte Constitucional llevó a cabo la audiencia pública sobre “Participación en Política de Grupos Armados al Margen de la Ley” dentro del proceso de constitucionalidad en contra del art. 3° del denominado Marco Jurídico para la Paz. En dicha audiencia participaron el demandante, los representantes de diferentes entidades del Estado y miembros de la sociedad civil (ONG’s y académicos). De las tres preguntas que orientaron las intervenciones, quizás la de mayor peso para la decisión que deberá tomar la Corte a finales de julio es la tercera: ¿Sustituye la Constitución que por medio de Acto Legislativo se deje a la libertad de configuración del legislador la definición de los crímenes de guerra, los actos de terrorismo, el narcotráfico u otros delitos transnacionales como delitos conexos al delito político? Si bien las otras dos interrogantes –sobre los límites derivados del DDHH y del DIH a la participación de desmovilizados, así como sus implicaciones en los derechos de las víctimas– son importantes para una revisión integral de la norma, dicha pregunta plantea la cuestión en la que posiblemente se centrará el análisis estricto de sustitución. Por esta razón, a continuación se expondrán algunas ideas que buscan contribuir al debate sobre este punto, partiendo de la constitucionalidad de aquella potestad del legislador de definir libremente el delito político conexo a efectos de regular la participación en política.

Lo primero que se debe aclarar es que el art. 3° del Acto Legislativo 1 de 2012 no está autorizando ni exhortando a que los crímenes de guerra, los actos de terrorismo, el narcotráfico u otros delitos transnacionales sean definidos como delitos políticos conexos. Por lo menos eso no se desprende de manera expresa del texto de la norma acusada. Esta reforma constitucional tampoco está creando o ampliando la libertad de configuración del legislador para que defina las conductas conexas al delito político, por el contrario le está colocando límites. La prohibición constitucional expresa de que los crímenes de lesa humanidad y de genocidio puedan llegar a ser valorados como delitos políticos conexos es un hecho sin precedentes tanto en el derecho colombiano como en el derecho comparado. Pues bien, la potestad de regular las conductas que sean punibles y a la vez de determinar cuáles delitos son políticos o comunes es una competencia que siempre ha estado a cargo del legislador. Es la ley la que se encarga de esto, incluso lo ha hecho desde antes de entrar en vigencia la actual Constitución; una muestra de ello es el Código Penal de 1980, el cual en su art. 127 fijaba un tratamiento jurídico-penal privilegiado al delito político conexo al señalar: “Los rebeldes o sediciosos no quedarán sujetos a pena por los hechos punibles cometidos en combate, siempre que no constituyan actos de ferocidad, barbarie o terrorismo”.

Si bien por diversas razones (especialmente políticas y político-criminales), el legislador nunca ha regulado por medio de prescripciones normativas taxativas los tipos penales que pueden llegar a ser delitos políticos conexos, esto no ha sido porque faltase un artículo constitucional que le facultara a hacerlo. Hasta ahora su potestad de definir los delitos conexos al delito político solo ha sido empleada por medio de formulaciones en las que se precisa qué conductas no pueden ser tomadas como delito político; un ejemplo claro es el art. 19 de la Ley 782 de 2002, donde hace uso de su libertad de configuración para definir la conexidad de los delitos políticos a efectos de beneficiar con indulto a aquellos que hayan sido condenados por la comisión de “hechos constitutivos de delito político”, siempre y cuando los delitos cometidos no sean “conductas constitutivas de actos atroces de ferocidad o barbarie, terrorismo, secuestro, genocidio, homicidio cometido fuera de combate o colocando a la víctima en estado de indefensión”. En este orden de ideas, estamos ahora –dada la coyuntura– ante la posibilidad de que el legislador defina por primera vez explícitamente las conductas que pueden ser consideradas como conexas al delito político con dos restricciones claves que le ha fijado el art. transitorio 67: (i) que sea solo “para efectos de la posibilidad de participar en política”; y (ii) que se excluyan “los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática” (art. transitorio 67).

Aquella libertad de configuración del legislador para definir los delitos políticos conexos encuentra sustento en la doctrina tanto nacional como internacional que reconoce la inexistencia de un concepto universal de delito político que condicione o excluya determinadas conductas. La doctrina internacional coincide en que el delito político es algo que varía según el país, el sistema político y el tiempo (Schneider); asimismo se sostiene que dada su naturaleza debería ser definido por el legislador (Ferrari). A nivel nacional, Luis Carlos Pérez señalaba que hace falta “una definición legal” de “cuáles son los hechos a que se refiere tanto la Constitución como el Código, bajo el nombre de delitos políticos” y por eso surge la necesidad de “remitirse a la doctrina jurídica”. En efecto, la elaboración del concepto de delito político se ha desarrollado básicamente en la doctrina y la jurisprudencia, donde ha oscilado entre teorías objetivas, subjetivas, mixtas restrictivas y mixtas extensivas, definiendo sus alcances a partir de diversos criterios. Por su parte, en la práctica la aplicación de esta figura ha dependido tradicionalmente del sistema político y del momento histórico. Por lo tanto, lo que un Estado bajo un momento preciso ha considerado que no constituye delito político, puede ser replanteado si las circunstancias políticas e históricas han variado, ya que el Estado es el que le da función y contenido al delito político. En el caso colombiano, el delito político ha sido definido para delimitar las conductas que pueden gozar de un trato privilegiado que parte de la misma Constitución; por esta razón hemos optado por restringir legal, jurisprudencial y doctrinariamente el alcance de esta figura. Sin embargo, si el Estado considera que estamos frente a nuevas circunstancias históricas y políticas que instan a replantear el grado de restricción o ampliación del delito político, éste lo puede hacer sin objeción alguna, siendo el legislador el más autorizado para hacerlo por ser la institución con mayor legitimación democrática dentro de nuestro sistema político.

Un aspecto adicional que no debemos pasar por alto es el hecho de que según los compromisos internacionales adquiridos por Colombia, los Estados pueden definir libre y soberanamente los casos en que se limitan los derechos políticos de sus ciudadanos atendiendo a las situaciones que la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé (art. 23), siempre y cuando lo haga la ley (esto incluye los casos por condena penal). Al tratarse de la libertad de configuración del legislador para definir estos delitos exclusivamente para efectos de la posibilidad de participar en política –lo cual representa una decisión sobre la suspensión o no de los derechos políticos– el legislador encuentra un sustento adicional amparado en el derecho internacional que le permite libremente definir como regulará y limitará los derechos políticos de estos ciudadanos. En este sentido, la doctrina y la jurisprudencia pueden ser útiles para orientar el debate del legislador, pero nunca podrán condicionar ni remplazar esta potestad de regulación que ostenta el órgano legislativo incluso desde antes de la existencia misma del art. transitorio 67.

Por último, a efectos de comprender cabalmente la razón de ser del art. transitorio 67 es necesario remitirnos a la larga tradición constitucional de vincular estrechamente al delito político con la búsqueda de la paz para fundamentar un tratamiento privilegiado que le distinga del dado a la delincuencia común (véase por ejemplo el art. 5 de la Constitución de 1853, art. 29 de la Constitución de 1858 y arts. 30, 76 y 119 de la Constitución de 1886). Incluso el mismo proceso de elaboración de la Constitución de 1991 evidenció que este tratamiento diferenciado le permite a los delincuentes políticos reincorporarse por medio de un gran acuerdo nacional donde se les brinde espacios políticos de inclusión, de tal forma que la vía armada sea descartada como alternativa para el acceso al poder y sean reconsideradas las vías institucionales y democráticas. Previendo esta situación, el constituyente dejó consignadas las herramientas necesarias para que se pudiese llevar a cabo un nuevo pacto de paz y reconciliación con los sectores que por diversas razones quedaron por fuera de aquel acuerdo en 1991, sin necesidad de promover o convocar una nueva asamblea constituyente. Estos antecedentes constitucionales y el proceso mismo de elaboración de la Constitución de 1991 fueron determinantes para el diseño del tratamiento actual del delito político. En dicho modelo, la participación política de excombatientes juega un rol muy importante, al ser una clausula de inclusión dirigida a reintegrar social y políticamente a aquellos que han cometido delitos políticos.

Si se tiene en cuenta todo lo anterior, es posible sostener que el art. 3° del Marco Jurídico para la Paz en lugar de representar una amenaza de sustitución a la Constitución, lo que hace es advertirle al legislador que ha llegado el momento para poner en práctica esa valiosa herramienta que le dio el constituyente en 1991, para que por medio de la definición de los delitos políticos conexos establezca límites racionales a la posibilidad de participar en política. Esto indudablemente concuerda con el espíritu democrático e incluyente asociado con la búsqueda de la paz y la reconciliación definido en nuestra Constitución y por lo tanto no contraría disposición alguna del marco jurídico democrático.

Diego Tarapués es profesor de la Universidad Santiago de Cali, LL.M., doctorando e investigador de la Universidad de Göttingen (Alemania).

Foto tomada de: internet



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