Fundamentación

Los estudios de Posgrados del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ) no surgen de forma accidental, sino que son producto de procesos previos de investigación científicas, debates y reflexiones en Congresos, Seminarios, Talleres, tanto nacional como internacional, cuyos resultados fundamentan no solo la justificación sino el contenido temático del Posgrado. En este sentido, y como producto de investigaciones que el INEJ desarrolló, para el caso de Nicaragua, conjuntamente con el Instituto de Naciones Unidas Latinoamericano para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), se construyó la propuesta de Posgrado en Derecho Procesal Penal con mención en Ejecución de Sentencia.

Así, el 11 de Marzo de 2006 bajo la dirección científica del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), con la colaboración de la Escuela Judicial y la Corte Suprema de Justicia, se inició en la ciudad de Managua el Curso de Ejecución de Sentencia, el cual fue impartido a los 19 Jueces de ejecución del país, 16 funcionarios del Sistema Penitenciario Nacional y 4 Jueces de ejecución de la Auditoria Militar, para un total de 39 funcionarios.

El INEJ tuvo el honor de especializar a lo largo de seis meses los funcionarios judiciales que iniciaban, para ese entonces, la labor de ejecución y vigilancia penitenciaria; a los funcionarios penitenciarios a nivel de dirección de los Centros penales del país y a los judiciales militares de la justicia penal militar que les tocó poner en práctica el Libro IV del Código procesal Penal y la legislación penitenciaria vigente.  Estos 39 funcionarios fueron los pioneros en iniciar la aplicación de la Ejecución de Sentencia y de Vigilancia Penitenciaria.

El Posgrado fue todo un éxito. Los 39 participantes que concluyeron la I edición del Posgrado, en la evaluación que hicieron del mismo, lo calificaron de excelente en el cumplimiento de los objetivos, la novedad de su contenido y la utilidad práctica en la actividad profesional de cada uno de ellos, la calificación de 100%.

En este sentido, la II edición del Posgrado en Derecho Procesal Penal con mención en Ejecución de Sentencia, responde a la necesidad de especialización continúa, y nunca mejor, con la reciente aprobada Ley 745/2011, Ley de Ejecución, beneficios y control jurisdiccional de la sanción penal. Esta Ley tiene por “regular el control jurisdiccional de la ejecución de las sanciones penales, la vigilancia penitenciaria, el seguimiento de las medidas de seguridad y establecer el procedimiento para la tramitación y resolución de los incidentes correspondientes, garantizando la finalidad reeducativa de la imposición de la pena y la reinserción en la sociedad de la persona condenada”.

La garantía de ejecución de la sentencia y vigilancia penitenciaria derivada del principio de legalidad penal, expresa que la pena o la consecuencia jurídica impuesta por el juez o tribunal competente a una persona no puede ejecutarse en otra forma que la prescrita por la ley y reglamentos, ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su texto (art. 34, inc. 11; 159 Cn y 402 CPP) y, lo más importante, la misma corresponde al Poder Judicial.

La Constitución Política establece que la “ejecución de lo juzgado corresponde exclusivamente al Poder Judicial” (art. 159), mandato constitucional regulado por el CPP, Título I del Libro Cuarto, art. 402 al 414 y los Acuerdos 111 de 20 de mayo de 2003 y 141 de 17 de junio de 2003 de la Corte Suprema de Justicia, y la recién aprobada Ley 745/2011, Ley de Ejecución, beneficios y control jurisdiccional de la sanción penal.

Para tal efecto, el modelo procesal vigente creó la figura del Juez de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria, como un órgano judicial especializado de garantía y control de la ejecución de la pena, fundamentado en el principio de “judicialización” y la observación (vigilancia) de los principios de supremacía constitucional y del debido proceso en las actuaciones judiciales (art. 4 y 14 LOPJ); tiene el mandato vigilar y proteger los derechos de las personas privadas de libertad, sean acusadas o condenadas (con o sin sentencia firme) en la aplicación del régimen penitenciario.

El hacer ejecutar lo juzgado no puede comprender solo la decisión sobre el principio y el final del cumplimiento de la pena, sino también sobre el modo en que éste se efectúa. Bajo esta orientación constitucional, la Ejecución de la Sentencia, bajo la responsabilidad del Juez de Ejecución de Sentencia y de Vigilancia Penitenciaria, tiene como misión la de fiscalizar la actividad de la administración penitenciaria, salvaguardando los derechos de las personas privadas de libertad y corrigiendo los abusos y desviaciones que pudieran producirse en el régimen penitenciario, pero, por encima de todo esto, tendrán atribuciones para hacer cumplir la pena impuesta y resolver los incidentes o recursos referidos a las modificaciones que pudiera experimentar.

Por estos motivos, es necesario la especialización procesal penal en el ámbito de La Ejecución de la Sentencia y las instituciones que se han creado para asegurarla, como la figura del Juez de ejecución de sentencia y de vigilancia penitenciaria, el nuevo orden institucional y normativo penitenciario, son temas de vital importancia para el desarrollo del proceso penal y el respeto de los derechos de las personas acusadas o condenadas por sentencias firmes, máxime en un Estado social de Derecho que consagra nuestra Constitución Política (art. 130) en el que rige absolutamente el imperio de la Ley como expresión de la voluntad popular y que de forma imperativa deben de someterse al riguroso estudio y análisis, no sólo por lo novísimo, sino por la compleja relación en la que la persona privada de libertad aparece vinculada para su beneficio.

Como expresa la Sentencia No. 219/2005 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, las figuras, de Juez de Ejecución de Sentencia y de Vigilancia Penitenciaria, “confluyen en actividades de orden administrativas y jurisdiccionales (…), la de ejercer el control de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias, para amparo de derechos y beneficios de los privados de libertad (…), la de ser un ejecutor de la pena, y la de ser un contralor y garante del cumplimiento de los derechos fundamentales de los privados de libertad, sean estos procesados o condenados…” (Considerando II).