Presentación

América Latina experimenta un extendido proceso de democratización política y liberación económica de sus mercados que plantea relevantes exigencias de reformas institucionales. Esas reformas son necesarias para asentar estratégicamente esos procesos y, a la vez, para hacer frente a las múltiples desigualdades sociales heredadas y provocadas por modelos económicos desprovistos de un perfil humanístico en su esencia de funcionamiento.

Los países de la región necesitan reformar los sistemas y sus instituciones de justicia para consolidar sus proyectos de desarrollo sostenible. Un modelo de desarrollo económico que concede un espacio prioritario al sistema de mercado, requiere de instituciones de justicias eficientes, eficaces, suficientes e imparciales. Lo contrario, puede constituir para un país una desventaja estratégica para su reactivación plena e integral después de una década de tensiones militares, políticas y económicas, así como para su crecimiento económico y desarrollo.

En este caso, la reforma de los códigos penales representa un gran desafío para el proceso de consolidación de la institucionalidad en nuestros países y, sin duda, su estudio es un mayor reto. En materia penal sustantiva, se construye la teoría del delito en la dogmática penal democrática moderna y, en la procesal penal, se deroga el sistema de instrucción criminal del siglo XIX, dando paso al modelo procesal acusatorio, la definición de los roles procesales, el principio de oportunidad o la justicia negociada, el juicio oral y púbico, la ejecución de la sentencia. Esto implica una nueva forma de acceder y administrar la justicia y, por tanto, la necesidad de generar acciones para la preparación de las personas que tienen que ver con su aplicación, a saber, magistrados, jueces, defensores públicos, fiscales, abogados y policías.

 

Directores

Prof. Dr. Dionisio Rodríguez
Presidente
Colegio Nacional de Abogados de Panamá

Sergio J. Cuarezma Terán
Vicerrector General
Instituto de Investigación Jurídica, Nicaragua