Presentación

América Latina experimenta un extendido proceso de democratización política y liberación económica de sus mercados que plantea relevantes exigencias de reformas institucionales. Esas reformas son necesarias para asentar estratégicamente esos procesos y, a la vez, para hacer frente a las múltiples desigualdades sociales heredadas y provocadas por modelos económicos desprovistos de un perfil humanístico en su esencia de funcionamiento.

Los países de la región necesitan, para consolidar sus proyectos de desarrollo sostenible, reformar los sistemas y sus instituciones de justicia. Un modelo de desarrollo económico que concede un espacio prioritario al sistema de mercado, requiere de instituciones de justicias eficientes, eficaces, suficientes e imparciales. Lo contrario, puede constituir para un país en una desventaja estratégica para su reactivación plena e integral después de una década de tensiones militares, políticas y económicas, así como para su crecimiento económico y desarrollo.

Las desventajas institucionales de nuestros países pueden, además transformarse en definitivas desventajas sociales y en un obstáculo para la consolidación democrática. Los grados de gobernabilidad y de ciudadanía que la democracia puede ser capaz de exhibir, dependen, particularmente, de la fortaleza de sus instituciones, y en especial, de la de justicia. Las transformaciones legales e institucionales aparecen así como una inversión positiva en desarrollo político y en legitimidad.

La transformación y modernización de la justicia penal en Centroamérica constituye un desafío de grandes proporciones, que va más allá del marco formal del funcionamiento del Estado de Derecho y sus componentes, implica asumir la necesidad de señalar, constituir y fortalecer una nueva cultura donde el respeto de los derechos fundamentales sea no sólo un principio, sino una práctica efectiva. En este proceso la transformación y modernización de la justicia penal obliga a la creación y recreación de aquellas condiciones que hacen que la misma se identifique inequívocamente con la tutela y defensa de esos derechos de la persona humana.

La transformación de la justicia penal no puede tener como único objetivo la mera resolución de problemas puntuales, sino que debe tener, como ha dicho algún autor, la vocación y la fuerza para torcer el curso histórico del desenvolvimiento del sistema inquisitivo sentando al mismo tiempo las bases para la transformación y modernización de la administración de justicia, en una justicia democrática y respetuosa de la dignidad humana. Este es un objetivo que debe orientar las acciones concretas y las estrategias de cambios, alimentadas, además, por programas concretos que den respuesta a los conflictos, reduzca la respuesta punitiva, y rechace las ficciones normativistas. Por ello se debe construir, sobre bases de un Estado de derecho y democrático republicano, un nuevo modelo de justicia penal, nuevas formas de procedimiento y una nueva cultura jurídica para los países de la región. Transformación que no será nada fácil y sencilla, ni tendrá quizás resultados abundantes en el corto y mediano plazo; pero que sin duda alguna, tendrá éxito a largo plazo. Para este reto, el conocimiento especializado, es vital.