Directrices para la obtención de sus objetivos

Momentos antes de la lectura de la Declaración de Constitución de ALPEC, en Guatemala, el viernes 15 de abril de 2011. En la foto, el Dr. César Landelino Franco (izq.), Juan Carlos Carbonell (centro) y la Dra. Mayra Goite Pierre (dcha.)

Momentos antes de la lectura de la Declaración de Constitución de ALPEC, en Guatemala, el viernes 15 de abril de 2011. En la foto, el Dr. César Landelino Franco (izq.), Juan Carlos Carbonell (centro) y la Dra. Mayra Goite Pierre (dcha.)

La ALPEC no se constituye como una entidad científica con pretensiones de asepsia o neutralidad valorativa. Sus miembros son conscientes de que las ciencias penales y criminológicas no son neutras frente al poder, precisamente porque se ocupan de fenómenos del poder. Por consiguiente, la realización de sus objetivos estará enmarcada en una mayor y mejor realización de los Derechos Humanos en la región y en especial en el sistema penal. La defensa de la dignidad del ser humano, la exclusión y denuncia de todos los prejuicios discriminadores o jerarquizantes de seres humanos y la consiguiente promoción del respeto al derecho a ser diferente, son principios que rigen sin excepción toda su actividad.

Es innegable que las sociedades latinoamericanas padecen graves estratificaciones, polarización de riqueza, exclusión social y, en definitiva, disparidad enorme de oportunidades para la realización personal de sus habitantes. Las mismas fuerzas que han retardado, detenido y aún regresado su desarrollo, se refugian en una publicidad única de segurismo con aspiración totalitaria, dominante en los medios de comunicación social, que amenaza los precarios estados de derecho e invade los discursos políticos hasta hacer desaparecer de ellos cualquier otro contenido programático, ante la impotencia de los protagonistas atrapados entre el temor y el oportunismo. La manipulación del miedo llega a los propios trabajos jurídicos y se traduce en cierto beneplácito de algunos ámbitos académicos que es menester denunciar, poniendo de manifiesto su sentido autoritario y regresivo. Ante esta realidad, la actividad científica responsable en la región no puede menos que asumir una actitud crítica, para lo cual siempre acudirá al paradigma de los derechos humanos positivizados en las constituciones y en las convenciones y tratados regionales y universales.

La indiferencia frente a la violencia entre las personas que pertenecen de los segmentos más desfavorecidos de la población, es tan criminal como funcional al sostenimiento de su condición, y ello será materia de preferencial atención en los trabajos de la ALPEC.

Sesión de trabajo el jueves 14 de abril de 2011, para la aprobación del Estatuto y Declaración de Guatemala, en la Universidad San Carlos de Guatemala.

Sesión de trabajo el jueves 14 de abril de 2011, para la aprobación del Estatuto y Declaración de Guatemala, en la Universidad San Carlos de Guatemala.

La ALPEC observará atentamente los intentos de desvinculación de los estados respecto de sus responsabilidades en el sistema penal, especialmente en lo que hace a la privatización de la seguridad o abandono del servicio público de seguridad, privatización de las prisiones y establecimientos análogos en sus diversas variables y cualquier otra renuncia, que con pretexto de mayor eficacia, lleve a cabo en favor de concesionarios o empresas privadas. Por el contrario, fomentará con especial cuidado el perfeccionamiento y profesionalización de los servicios policiales y penitenciarios, el respeto de sus elementales derechos laborales de salario justo, descanso adecuado, capacitación adecuada, carrera y estabilidad laboral, asistencia social y cuidado de su salud e integridad física, sindicalización y formación en el respeto a la dignidad humana.

Observará atentamente las reformas procesales en la región, así como la creación de fueros especializados y sus leyes respectivas, cuidando que éstas no introduzcan expresa o encubiertamente instituciones inquisitoriales, que pudieran facilitar situaciones tales como tortura física y psíquica, violación de las garantías de privacidad y defensa, con el pretexto de la eficacia y el pragmatismo, delegación policial de funciones jurisdiccionales, policización de los ministerios públicos, extorsión con pretexto de negociación y brevedad, introducción de pruebas obtenidas en forma ilegal y multiplicación de resabios premodernos del tipo de los pretendidos arrepentidos y agentes encubiertos o cualquier otra forma de agente provocador o instigadores oficializados.

Se tendrá en cuenta el sistema de garantías que rodea la legislación de menor cuantía, cuidando que se preserven las mismas, en particular en todo aspecto que permita convertirla en un instrumento de penalización de la pobreza.

El actual uso generalizado de la prisión preventiva como pena – al punto de que casi no se emplean las penas del código penal, como lo demuestra que la amplia mayoría de presos de la región no estén condenados – debe revertirse, y debe denunciarse cualquier manipulación de esta institución, la que debe reducirse a la mínima expresión de coerción directa indispensable.

La preservación de la independencia, imparcialidad y pluralismo del poder judicial es fundamental en la región. Con este objeto, se denunciarán todas las tentativas de coaccionar a los jueces por parte de cualquier poder político, económico o mediático. Se promoverán los mejores medios para la selección, reclutamiento y formación de los magistrados y del personal judicial en general. Cualquier lesión a los poderes que son propios de la jurisdicción, en especial la tendencia a la administrativización de funciones judiciales, debe ser denunciada y seriamente criticada. El funcionamiento del poder judicial con aplicación de técnicas empresariales, debe ser cuidadosamente analizada y oportunamente criticado, teniendo en cuenta que no se trata de producir un mayor número de sentencias sino de mejorar la calidad de éstas y de superar las demoras procesales.

Universidad San Carlos de Guatemala, martes 11 de abril de 2011.

Universidad San Carlos de Guatemala, martes 11 de abril de 2011.

El estado actual de la codificación penal en la región es calamitoso. Se ha producido un verdadero retroceso a los tiempos de la precodificación, con la demolición de los códigos penales mediante reformas puntuales inconsultas que desbaratan todo su sistema: fijación de penas que no mantienen relación con la afectación del bien jurídico, introducción de delitos sin peligro (peligro abstracto o presunción de peligro), delitos sin afectación de bien jurídico mediante la espiritualización o clonación de éste y una amplísima legislación penal especial no codificada. La ALPEC promoverá comisiones y jornadas de legislación y derecho comparado y convocará a los especialistas para establecer reglas comunes de codificación penal, procesal y de ejecución penal en la región. También colaborará con los estudiosos de los países que se encuentren trabajando en procesos de recodificación penal.

La ALPEC promoverá las investigaciones de campo que sean necesarias para una mejor y más clara comprensión de la operatividad de sus sistemas penales y del control social punitivo en la región. El segurismo totalitario promueve reformas sin ninguna base fáctica, pues se trata de pura propaganda política sin contenido. Sólo las investigaciones de campo pueden neutralizar sus dogmas reiterativos. Por otra parte, sin duda existe en la región una considerable conflictividad violenta que en su casi totalidad es producto de las tristes alternativas de su desarrollo en las últimas décadas del siglo pasado. Si bien en buena medida esta conflictividad se resolverá con la vuelta a ritmos acelerados de desarrollo y oportunidades, en tanto debe diagnosticarse el cuadro de situación a efectos de paliar su violencia y acelerar la superación de la exclusión y marginalidad sociales. Esta empresa es imposible sin investigación orientada a ese objetivo.

En particular la ALPEC se opone a las tendencias que procuran, en base a investigaciones genéticas, reducir la criminología nuevamente a un biologismo que inevitablemente lleva a una nueva jerarquización de seres humanos. La región padeció largamente el reduccionismo biologicista con el positivismo criminológico del siglo XIX, y primera parte del pasado, con su carga de racismo y clasismo, legitimante de toda clase de abusos policiales y prácticas selectivas que, en último término, tienden a la supresión de seres humanos y a la cancelación misma del concepto de persona. La triste expansión de programas de origen veterinario al ser humano, comenzada en los Estados Unidos hace más de un siglo, con leyes de esterilización forzada que impidieron el nacimiento de miles de personas y que culminaron en la Alemania nazista con la supresión física de varios millones, debe poner en alerta a la criminología regional frente a este nuevo avance del reduccionismo.

Prof. Dr. E. Raúl Zaffaroni, exponiendo sobre ALPEC, junto a la Prof. Dra. Lola Aniyar de Castro, coordinadora del Grupo de Trabajo, martes 12 de abril de 2011.

Prof. Dr. E. Raúl Zaffaroni, exponiendo sobre ALPEC, junto a la Prof. Dra. Lola Aniyar de Castro, coordinadora del Grupo de Trabajo, martes 12 de abril de 2011.

Igualmente, la ALPEC debe denunciar cualquier tentativa de introducir en la región una pretendida criminología económica o pragmática, que sólo tome en cuenta variables de costos y eficacia.

En el plano jurídico deberá evitar las construcciones que se refugien en un idealismo pretendidamente apto para cualquier país del mundo y que, por ende, pase por alto los datos concretos de realidad, dejando de lado que cualquier construcción es un proyecto de jurisprudencia que se traduce en inevitables efectos sociales e individuales.

La victimización en la región se reparte tan inequitativa y selectivamente como la criminalización y, por desgracia, suele recaer sobre los propios sectores excluidos y marginados. El análisis de la victimización y los estudios de campo al respecto, son indispensables, como también lo es todo lo que sea posible para aliviar la situación de las víctimas y reducir sus riesgos.

Es innegable que existe en la región una tendencia que, fuera y en contra del marco del derecho internacional, procura criminalizar brutalmente a los niños y adolescentes de las clases más desfavorecidas y marginadas, imponiéndoles las mismas penas que a los adultos, arrojándolos a cárceles disimuladas de alto nivel de crueldad de trato, condicionando irreversibles carreras criminales y, por ende, procurando un efecto claramente reproductor del sistema, sin tomar en cuenta la menor posibilidad de reproche en razón de su innegable etapa evolutiva. La ALPEC enfrentará abiertamente esta tendencia y fomentará las legislaciones especializadas enmarcadas en los principios internacionales y en el respeto que los niños y adolescentes merecen como personas y, por ende, acreedores de las mismas garantías que los adultos.

La ALPEC apoyará todas las iniciativas que perfeccionen el sistema regional de Derechos Humanos y el avance de la justicia penal internacional contra crímenes de estado, en el sentido de una mayor y mejor transparencia e imparcialidad.